domingo, 24 de noviembre de 2013

Masivas protestas en Ucrania contra el giro del Gobierno sobre la Unión Europea

KIEV.- Decenas de miles de ucranianos con banderas de la Unión Europea y entonando "¡abajo con la banda!" se manifestaron el domingo en la capital para denunciar el vuelco en la política del presidente Viktor Yanukovich en favor de Rusia.

En la mayor manifestación callejera en Kiev desde la Revolución Naranja de hace nueve años, los dirigentes de la oposición pidieron a Yanukovich que siga adelante con la firma de un acuerdo histórico con la Unión Europea el 29 de noviembre, tal y como estaba planeado originalmente.
El Gobierno del primer ministro, Mykola Azarov, que dejó pasmados a los dirigentes europeos el jueves al anunciar que suspendía los preparativos para la firma de un pacto clave con la UE tras años de conversaciones e iba a reactivar las negociaciones comerciales y económicas con Rusia, debería dimitir, dijeron.
La firma del llamado acuerdo de asociación, que podría significar que la antigua república soviética también entraría en una zona de libre comercio con la UE, iba a ser el punto fuerte de una cumbre de la Unión Europea en la capital lituana, Vilna, el próximo viernes.
Además habría marcado un histórico cambio hacia Occidente y lejos de Rusia, el antiguo amo soviético de Ucrania, y había molestado al Kremlin, que amenazó con tomar represalias comerciales y generó temores sobre el recorte de los estratégicos suministros de gas.
Azarov, que defendió la medida el viernes, dijo que el Gobierno se vio obligado a hacer una "pausa" en sus avances hacia una integración con Europa y a reanimar el diálogo con Rusia y la Unión Aduanera, liderada por Moscú, por necesidades económicas.
La opositores dijo que Yanukovich en realidad nunca tuvo intención de llevar a cabo la firma en Vilna y usó el largo proceso de negociaciones como tapadera para sellar un acuerdo lucrativo con Rusia, lo que podría también asegurar su reelección en 2015.
Los manifestantes, algunos de los cuales portaban una enorme bandera azul con el emblema nacional de Ucrania dentro del aro de la Unión Europea de estrellas amarillas, marcharon dos kilómetros desde el parque Taras Shevchenko Park, en el centro de Kiev, hasta la plaza Europa, donde escucharon discursos de líderes opositores.
Más tarde avanzaron hacia la sede central del Gobierno y el edificio de la administración presidencial.
La participación fue de unos 100.000 manifestantes, según la agencia de noticias Interfax. Miles más acudieron a las marchas en ciudades como Lvov y Jarkov.

Miles de personas protestan en Barcelona y Andalucía contra los recortes y la reforma de las pensiones

BARCELONA/SEVILLA.- Miles de personas --200.000, según los sindicatos, y 12.000, según la Guardia Urbana-- han salido a las calles de Barcelona para protestar contra los presupuestos de 2014, los recortes en servicios sociales, la precariedad laboral y la reforma de las pensiones, en una marcha organizada por la Plataforma 'Prou Retallades' --que engloba a sindicatos, entidades y asociaciones, entre otros--, y que ha tenido réplicas en otras ciudades españolas.

   La marcha se ha iniciado pasadas las 12.00 horas de este domingo en el paseo de Gràcia y ha terminado en Pla del Palau, donde los convocantes han leído un manifiesto crítico con la "obediencia" del Gobierno central y del Govern con la Troika desde el año 2008.
   Los participantes han mostrado pancartas y han lanzado consignas como 'Que paguen la crisis sus responsables', 'Las pensiones, a la Constitución. Referéndum ya', 'No a los recortes', 'Políticos mentirosos: ni catalanes ni forasteros', 'Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra', 'No es una crisis, es una estafa', 'Si quieres ganar, lucha sin descanso' y 'Huelga general'.
   "Los presupuestos son antisociales: ni ayudarán a mejorar la economía ni mejorarán la situación de las personas", ha afirmado en declaraciones a los medios el secretario general de CC.OO. de Catalunya, Joan Carles Gallego, que ha cargado contra la reforma de las pensiones y la ley para limitar el derecho a manifestación que pretende aprobar el Gobierno central.
   En esa línea, ha exigido un cambio radical de políticas para que estén "al servicio de las personas y no de la banca y los intereses financieros".
   Sobre la posibilidad de convocar una huelga general, su homólogo en UGT, Josep Maria Àlvarez, ha asegurado que hay motivos suficientes y que "no se puede descartar nada", si bien ha apuntado a la necesidad de medir bien los tiempos.
   "Debe ser un instrumento que se use en el momento más oportuno para doblegar las políticas del gobierno. No será una cuestión de razones, sino de que haya condiciones para que la gente pueda seguirla y podamos tumbar la políticas", ha argumentado.
   También ha confiado en que el éxito de las marchas celebradas esta semana contra los recortes sirvan para que el Gobierno recapacite en sus planes de introducir cambios en la reforma laboral: "Hay que esperar a conocer la reforma, pero según como sea, con toda probabilidad será un elemento más para la huelga general".
   El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona, Lluís Rabell, ha destacado que a pesar de ser una marcha vertebrada por los sindicatos, ha contado con el respaldo de multitud de sectores sociales.
   "Es la expresión de la magnitud del malestar que han generado estas políticas y de la posibilidad de aplicar medidas alternativas", ha afirmado.
   La manifestación también ha contado con la presencia de trabajadores de empresas afectadas por expedientes de regulación de empleo (ERE), como Alstom, Panrico y Delphi.

También en Andalucía

  Más de 38.000 personas, según UGT y CC.OO, se han manifestado este domingo en toda Andalucía para protestar contra las políticas de "recortes" que está llevando a cabo el Gobierno central, presidido por Mariano Rajoy, así como contra las "privatizaciones" y "el ataque a los derechos tanto sociales como laborales de las personas".
   Los andaluces se han manifestado en las distintas provincias de la comunidad autónoma durante la jornada de este domingo, a excepción de Córdoba, donde la movilización se celebró este pasado sábado, a la que acudieron unas 4.000 personas. Así, este domingo en Almería se han congregado unas 1.500 personas; en Cádiz, 3.000; Granada, 5.000; Huelva, 5.000; Jaén, 1.500; Málaga, 8.000; y en Sevilla, la más multitudinaria, unas 10.000; según los datos aportados por los sindicatos CCOO-A y UGT-A.
   En declaración a los medios durante su participación en la manifestación de Sevilla, que ha partido desde el Prado de San Sebastián y ha recorrido las calles del centro de la capital hasta llegar a la Plaza Nueva, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha señalado la necesidad de movilizarse contra la Troika y contra las políticas de recortes que lleva a cabo el Ejecutivo central, ya que, a su juicio, "se trata de una política que lleva a privatizaciones".
   "Esta situación viene determinada por esa reforma fatal del artículo 135 de la Constitución Española (CE), que antepuso como prioridad absoluta el pago de la deuda", ha asegurado Maíllo, quien ha añadido que "hay que cuestionarse ese pago de la deuda y sólo estar sometidos al pago de la deuda legítima" y, por tanto, "al pago de la deuda que contrajo el Estado para mantener los servicios públicos, que ahora están amenazados".
 "No se puede anteponer en las políticas de los gobiernos la prioridad del pago de una deuda, cuando parte de la misma es absolutamente ilegítima", ha precisado.
   En este sentido, ha indicado que "hay que plantear una clara defensa de los servicios públicos, porque defender los servicios públicos es defender la igualdad de derechos de todos los ciudadanos". Y es que, según ha insistido el dirigente de la federación de izquierdas, defienden el pago de la deuda "pero no a costa de la creación de empleo, ni de las inversiones, no a costa de los servicios públicos".
   En este punto, el dirigente de la federación de izquierdas ha afirmado que "no basta sólo con derribar el Gobierno del PP, sino que hace también falta derribar las políticas que lo sustentan", y para ello ha incidido en que "es clave una mayor representatividad de IU para cambiar realmente esas políticas".
   Para Maíllo, "cuanto mayor capacidad tenga IU a nivel institucional, mayor capacidad tendrá para cambiar unas políticas en favor de la mayoría social y en favor de la reactivación del empleo, y sobre todo, de un Estado inversor que sea el que inicie la capacidad de recuperación que solamente será creíble si viene acompañada de una creación de empleo neto".
   Por su parte, el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, ha destacado a los medios en Sevilla que "es hora de un cambio de política económica", puesto que las políticas que está haciendo el Gobierno central "es un ataque a los derechos tanto laborales como sociales de las personas". "La política de recorte permanente lleva cada día a más pobreza, más paro y más deterioro de lo público" y, en definitiva, "es una política contra las personas".
   Igualmente, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha subrayado el "deterioro" del sistema público de pensiones y el hecho de que el Ejecutivo central "siga empobreciendo a la gente y siga metiendo a este país en la ruina para que, en beneficio de lo privado, sigan ganando dinero".
   Mientras, los portavoces de la Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados y de Izquierda Unida en el Parlamento de Andalucía, José Luis Centella y José Antonio Castro, respectivamente, han participado en la manifestación de Málaga, donde han criticado al Gobierno del PP y han mostrado su rechazo a la "forma de gobernar" de los 'populares'.
   Así, Centella ha señalado que es un día de movilización contra un Ejecutivo que "nos da más motivos cuando dice que va a dar una nueva vuelta de tuerca a la reforma laboral"; una afirmación que "supone reconocer que su política ha fracasado". Además, ha criticado que se gobierne de "espaldas al Parlamento y que "engañen" a la población cuando se dice "que no hay rescate pero la 'troika' obliga a hacer más recortes".
   Castro, por su parte, ha sostenido que esa "nueva tuerca" de la reforma laboral y la "posible reforma del Código Penal para perseguir a aquellos que protestan" son motivos suficientes para movilizarse contra el Ejecutivo central, al que ha acusado de hacer "un recorte brutal de derechos". "La movilización es fundamental, a nuevas vueltas de tuerca debe haber nuevas movilizaciones que exijan que esto se pare y no hay otra manera que no sea la dimisión del Gobierno del PP", ha finalizado.

El Gobierno español justifica el "celo" de las entidades financieras a la hora de conceder crédito a pymes

MADRID.- El Gobierno español cree que el "celo" que están mostrando las entidades financieras a la hora de conceder crédito a las pequeñas y medianas empresas está justificado, recordando que su función es "la concesión de financiación a la demanda solvente" para no poner en riesgo su propia estabilidad.

   Así lo señala en respuesta al diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) por Asturias, Gaspar Llamazares, quien en una pregunta parlamentaria criticaba que los bancos se "preocupen más de la posible morosidad de los beneficiarios que de la concesión de créditos" e instaba al Ejecutivo a tomar medidas para que la liquidez llegue a pymes y microempresas, proponiendo por ejemplo un fondo estatal de microcréditos gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con la ayuda de las entidades nacionalizadas.
   En su respuesta, el Ejecutivo recuerda que las entidades financieras deben conceder crédito a proyectos solventes, más si cabe en el caso de los bancos nacionalizados, que tienen que ajustar sus decisiones a los planes de reestructuración aprobados por la Comisión Europea (CE).
   "Un celo insuficiente respecto de la solvencia de sus clientes podría aumentar las ratios individuales de morosidad, comprometiendo de nuevo su grado de capitalización y, en última instancia, su valor de mercado y los recursos que pueda recuperar el contribuyente ante una eventual venta por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)", añade el Gobierno.
   El Gobierno también defiende las altas garantías patrimoniales que exigen los bancos para acceder a las líneas ICO, recordando que el instituto está sujeto a una normativa de equilibrio financiero y que "cualquier quebranto" que se produjera en sus cuentas por sufrir un "elevado número de préstamos impagados debería ser compensado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado", lo que implicaría "distribuir el coste de una mala gestión financiera entre todos los contribuyentes".
   "Cabe destacar que se han modificado los términos de colaboración entre las entidades de crédito y el ICO para aumentar los incentivos de las primeras a intermediar y consumir las líneas de mediación", añade la respuesta parlamentaria.
   Asimismo, no ve "oportuno" crear un fondo como el que propone Llamazares dado que "no existe ningún importe mínimo para las operaciones" que pueden financiar las líneas de mediación del instituto, por lo que "los microcréditos a autónomos y emprendedores pueden ser actualmente tramitados".
    En otra respuesta parlamentaria, dirigida en este caso al diputado de CHA, Chesús Yuste, el Gobierno argumenta por qué no se potencia la actividad del ICO obteniendo dinero barato del Banco Central Europeo (BCE) para prestarlo a las administraciones públicas y a las empresas con el objetivo de conseguir que fluya el crédito.
   En el texto, el Gobierno recuerda que la gestión del ICO debe ser "sólida" e "integral" en todo lo que se refiere a los riesgos que asume, lo que es particularmente importante en relación con las refinanciaciones de créditos, con las que se debe "asegurar en todo momento un adecuado equilibrio entre los plazos de la actividad de préstamo y los de la financiación".
   Sin embargo, los préstamos del BCE son a corto plazo, de unos tres meses como máximo, por lo que la financiación sistemática de las operaciones del ICO (de medio y largo plazo) por esta vía provocaría "un notable riesgo" para su balance, lo que podría incluso "afectar a la capacidad del instituto para poder seguir ofreciendo de forma recurrente financiación al tejido productivo en condiciones preferentes".
   No obstante, el Gobierno recuerda que en diciembre de 2011 y febrero de 2012 el ICO accedió "de forma puntual" a una operación excepcional de crédito del BCE con plazos de tres años, atendiendo tanto al coste de la financiación como a que "no implicaba riesgo de refinanciación ya que un plazo de tres años casa adecuadamente con el vencimiento medio de las operaciones de préstamo" del instituto.