martes, 29 de abril de 2014

Más españoles que extranjeros piden ayuda a Cáritas para encontrar empleo

MADRID.- La organización caritativa de la Iglesia católica Cáritas ayudó a buscar trabajo a 77.072 personas en 2013, que por primera vez han sido en su mayoría de nacionalidad española, lo que muestra la evolución del impacto social de la crisis en España en los últimos cinco años, informó el grupo el martes.

Los servicios de Empleo y Economía Social de Cáritas ayudaron a encontrar un trabajo a 12.028, un 15 por ciento de los atendidos, que fueron en un 53 por ciento españoles y en un 47 por ciento, extranjeros.
Esto supone una inversión de los porcentajes del año anterior y un aumento mucho más elevado respecto a 2009, cuando los españoles suponían el 25 por ciento de los ciudadanos atendidos por los programas de empleo de la organización no gubernamental.
"El retroceso en el acceso a un derecho fundamental como es el trabajo empieza golpeando a las personas más vulnerables", señaló Félix Miguel Sánchez, coordinador del Programa de Empleo de Cáritas, en la presentación del informe en Madrid.
"En la medida en que sigue avanzando la crisis convirtiéndose ya en una situación estructural, va afectando a nuevas capas sociales", añadió.
De las personas que en 2013 solicitaron ayuda a Cáritas para encontrar trabajo, seis de cada diez eran mujeres, el 70 por ciento no superaba el nivel de enseñanza secundaria obligatoria y la mayoría tenía entre 25 y 36 años.
Cáritas señaló que los puestos de trabajo conseguidos se correspondían mayoritariamente con contratos temporales "próximos a la precariedad", en la "tónica general de la contratación que se está llevando a cabo en España actualmente", lamentó Sánchez.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidos el martes, el mercado laboral español destruyó empleo entre enero y marzo, aunque lo hizo al ritmo más bajo desde el inicio de la crisis en 2008. La tasa de desempleo a finales de marzo era del 25,9 por ciento de la población activa.
La memoria de Cáritas llega después de la polémica abierta entre la ONG y el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, por la publicación de un informe que aseguraba que España es el segundo país de la UE con más pobreza infantil, sólo por detrás de Rumanía. Montoro acusó a Cáritas de provocar un debate que no se corresponde con la realidad.
"No tenemos ninguna preocupación por que (nuestro informe) guste más o menos a personas, sean del Gobierno o de fuera del Gobierno", aseguró Sebastián Mora, secretario general de Cáritas España.
"Nuestra única lealtad es a los pobres", añadió.
Asimismo, Cáritas hizo un llamamiento a la ciudadanía a participar en las próximas elecciones europeas para contribuir a superar la "crisis" que está sufriendo el modelo social europeo. Aunque no señaló la orientación del voto, el responsable de Cáritas reclamó un voto "responsable y comprometido" con los más de 80 millones de europeos empobrecidos.

Entidades sociales abogan por potenciar las habilidades sociales y la formación para salir de la exclusión

LA CORUÑA.- Representantes de entidades sociales han abogado por potenciar las habilidades sociales y la formación para salir de la exclusión social o de las dificultades económicas generadas por el actual contexto económico, según han puesto de manifiesto en una jornada organizada por Cruz Roja, en la sede de la Fundación ONCE, sobre 'Herramientas personales para afrontar la crisis'.

   La inauguración de esta jornada ha contado con el presidente provincial de Cruz Roja en La Coruña, Alfonso García, y el delegado territorial de la ONCE en Galicia, Manuel Martínez. Posteriormente, ha tenido lugar la intervención de la psicóloga y escritora Begoña Ibarrola, quien ha abordado la importancia de potenciar la "inteligencia emocional" desde edades tempranas para saber superar las circunstancias difíciles.
   Esta cuestión ha centrado también la mesa redonda en la que han intervenido representantes de FSC Inserta, Cáritas, Cruz Roja y la Fundación Secretariado Gitano, además del Ayuntamiento de La Coruña y en la que se han analizado las fórmulas para 'Mantenerse activo en la búsqueda de empleo', título en torno al que se centraron las intervenciones.
   En la misma, la adjunta a la dirección de FSC Inserta Galicia, Belén Almagro, ha expuesto los objetivos de la Fundación ONCE y, en particular, de FSC Inserta, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad.
   En concreto, Almagro ha aludido al empleo como "la principal vía de inclusión de las personas" y ha insistido en que, para ello, FSC Inserta trabaja a través de iniciativas como el 'Programa por Talento', que se prolongará hasta 2015 y que incluye la realización de campañas de sensibilización, estudios de investigación y también la puesta en contacto de empresas con posibles candidatos a un puesto de trabajo.
   Para ello, ha explicado que FSC Inserta lleva a cabo también itinerarios de inserción laboral y talleres de habilidades sociales, mientras que en el ámbito empresarial trabaja "dando a conocer la realidad de las personas con discapacidad", ha precisado. A ello, ha indicado que se suman iniciativas como la potenciación entre este colectivo de las "capacidades emprendedoras".
   Almagro ha recordado que en 2012 la tasa de paro entre las personas con discapacidad se situó en torno al 33 por ciento y ha remarcado también la importancia de establecer "redes de colaboración" con las administraciones públicas para lograr la integración laboral.   
   En la misma línea, los demás ponentes han coincidido en la necesidad de trabajar "en la capacidad de las personas" para favorecer su integración y evitar la exclusión social.
   Por su parte, la representante de los programas de Empleo de Cáritas Galicia, Iria Sande, ha aludido a la existencia de "colectivos vulnerables" como los inmigrantes o los emigrantes retornados, pero también los jóvenes "de entre 18 y 30 años que nunca han trabajando ni estudiado", a los que ha sumado los parados de larga duración o las mujeres solas con cargas familiares, "un colectivo con un índice de pobreza muy alto", ha advertido.
   Mientras, el técnico del departamento de Empleo de Cruz Roja en La Coruña, Ignacio Álvarez, ha subrayado el trabajo que realizan desde esta entidad con psicólogos y, a través de talleres "transversales", para que las personas recuperen la "confianza" y facilitar su búsqueda de empleo.

La ONU renueva su misión para el Sahara sin vigilancia de derechos humanos

NUEVA YORK.- El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó el martes una misión de paz del organismo en el territorio del norte de África en disputa del Sahara Occidental por un año más, y urgió a todas las partes a respetar los derechos humanos, pero no pidió a la ONU que vigile los abusos como abogaban grupos de derechos.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como los grupos de defensa de los derechos humanos, había pedido que la misión de paz de la ONU, conocida como MINURSO, vigilase e informase sobre abusos de los derechos humanos en el territorio pero, respaldado por Francia, Marruecos rechaza la idea.
Marruecos se hizo con el control de la mayoría del territorio en 1975 tras la retirada de España de su colonia, desencadenando el movimiento de independencia del Frente Polisario que libró una guerra de guerrillas hasta 1991, cuando Naciones Unidas negoció un alto el fuego y envió la MINURSO a la zona.
El Polisario dirige ahora los campamentos de refugiados en Tinduf, Argelia.
La decisión adoptada el martes por unanimidad hizo que el Consejo de Seguridad de la ONU "subraye la importancia de mejorar la situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y los campamentos de Tinduf, y anima a las partes a trabajar con la comunidad internacional para desarrollar e implementar medidas independientes y creíbles para asegurar el pleno respeto de los derechos humanos".
A principios de este mes, Ban renovó sus llamamientos para una vigilancia constante de los derechos humanos en el Sahara Occidental y advirtió contra la injusta explotación de los recursos naturales de la región.
Sin embargo, la resolución redactada por Estados Unidos, que diplomáticos del Consejo dijeron que fue cuidadosamente negociada con Marruecos, no prestó atención a la petición de Ban.
Human Rights Watch (HRW), un grupo de defensa de derechos con sede en Nueva York, acusó a Francia de ayudar a Marruecos a superar la presión internacional para añadir un componente de vigilancia sobre estos derechos a la MINURSO.
"La verdad: durante años Francia ha permitido la alergia contraproducente de Marruecos a la vigilancia de derechos por Naciones Unidas", escribió Philippe Bolopion, director de Naciones Unidas de HRW, al enviado francés Gerard Araud en Twitter. Araud rechazó la acusación diciendo, también en Twitter: "Marruecos puede defender sus intereses y la ONU puede hacer sus propuestas cuando quiere. No necesitan a Francia".
Araud ha negado en repetidas ocasiones la amenaza del uso del poder veto por parte de Francia para bloquear un mecanismo de derechos de la ONU para el Sahara Occidental, pero dos diplomáticos del Consejo dijeron a principios de este mes que creían que París estaría lista para usar este poder para apoyar a Marruecos.
La renovación del mandato de la fuerza de paz marca la batalla anual en el Consejo de Seguridad entre Francia, que defiende la posición marroquí, y varios países africanos como Argelia y el Polisario.
Rabat quiere que el Sahara Occidental sea una región autónoma de Marruecos mientras que el Polisario quiere el referéndum ampliamente prometido entre la etnia saharaui de la región que incluya la opción de la independencia. No hay acuerdo entre las partes sobre quienes participarían en la votación.

Justicia gratuita a asociaciones ecologistas con independencia de sus recursos

MADRID.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este martes que se ampliará el beneficio de la justicia gratuita a las entidades medioambientales con independencia de sus recursos económicos.

   En el debate de las enmiendas de totalidad presentadas por seis grupos de la oposición al proyecto de justicia gratuita, el ministro ha adelantado que el PP presentará varias enmiendas al articulado para extender este derecho a las asociaciones medioambientales "definidas en su propia normativa" y a los trabajadores, quienes solo serán condenados en costas cuando el juez aprecie temeridad o mala fe.
   "Ambas cosas las vamos a hacer con independencia de los recursos de que se disponga", ha indicado Gallardón, para defender que su norma supone un "avance social considerable".
 "Creo que la solidaridad debe extenderse más allá del criterio monetario", ha remachado.
   Las organizaciones ecologistas se suman así a sindicatos, Cruz Roja y asociaciones de discapacitados, de consumidores y de víctimas de terrorismo ya incluidas en el proyecto. A título individual, el texto también reconoce el derecho a las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata, menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos.
   Según ha dicho, el PP presentará una enmienda para que las administraciones puedan suscribir convenios con los colegios de abogados para prestar este servicio en centros penitenciarios. Los colegios de letrados contarán también con turnos especializados para víctimas de violencia de género, que dispondrán de asesoramiento previo gratuito previo a la interposición de la denuncia y querella en todos los órdenes jurisdiccionales.
   Gallardón ha explicado que un colegio de abogados propuso al Ministerio que las víctimas reintegrasen el coste de la prestación recibida en caso de que su agresor resultara absuelto. Sin embargo, ha dicho, "no podemos permitir que la duda sobre el éxito o el fracaso en la vía judicial se convierta en un elemento de disuasión ante la posibilidad de tener que reintegrar esas cantidades".
   El titular de Justicia ha explicado que ninguna comunidad autónoma pagará "ni un euro más" como consecuencia de la extensión de la justicia gratuita a nuevos colectivos y ha propuesto que "la cuantía máxima de aportación estatal no suponga más del triple de la desviación media en las cinco comunidades autónomas gestionadas por el territorio del Ministerio Justicia".
   Gallardón, que ha dicho que los presupuestos de 2015 incluirán el abono por esta partida para cada comunidad, ha recalcado que la relación entre las tasas judiciales y la asistencia jurídica gratuita "no es de afectación pero sí de vinculación".
 "El coste efectivo real de la justicia gratuita estará garantizado y cubierto", ha remachado.
   El umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el SMI (14.910,28 euros) a 2,5 veces el IPREM (15.975,33 euros). En familias de cuatro o más miembros, se accederá con 19.170,39 euros, y  ante circunstancias especiales familiares, de salud o discapacidad, tendrán cobertura las unidades familiares con ingresos de hasta cinco veces el IPREM, es decir con 31.950 euros.