Y van tres. Primero fue Garzón, condenado por prevaricación y apartado de la carrera judicial por su forma de instruir el caso Gürtel.
Luego fue el turno del juez Silva, igualmente inhabilitado por su forma
de instruir el caso Bankia. Ahora le toca al juez Ruz por el caso
Gürtel de nuevo y el de Bárcenas. No se le reprocha ilicitud alguna,
pero se le aparta de hecho del caso con un pretexto puramente formal,
legalista, contra todo sentido de funcionamiento racional de la
administración de justicia y envuelto en explicaciones torticeras y
engañosas. Mañana puede ser el juez Castro, instructor del caso
Urdangarin y según lo que decida en cuanto a la infanta Cristina.
Ocuparse
de los casos en los que el gobierno y su partido tienen un interés
directo es una línea de peligro para los jueces. Aunque no para todos
sino solamente para los independientes que proceden según criterio
propio y no según órdenes de arriba o intereses extrajudiciales.
Aquellos otros que exoneran a acusados a quienes tienen que volver a
encausar, los que tratan a los corruptos con miramientos y privilegios,
dan carpetazo a las causas o favorecen los indultos de los condenados,
no padecen problema ni persecución ninguna.
La
injerencia del poder político en la justicia es escandalosa. No
solamente visible en el modo en que el gobierno y su partido ha poblado
de militantes y simpatizantes puestos claves de la magistratura, del
Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial sino en
la forma beligerante en que arremeten contra los jueces incómodos e
independientes. Se les busca las vueltas como sea, aprovechando las
circunstancias que sean y, entre tanto, se los vapulea en los medios a
cargo de tertulianos afines o también militantes, generalmente pagados
con dineros públicos.
Todo
el mundo sabe que no se respeta la independencia judicial y que el
gobierno y su partido presionan a los jueces y los persiguen cuando no
se doblegan. De los fiscales no es preciso ni hablar. Es lógico que se
sepa porque es exactamente el fin perseguido por el gobierno: que se
sepa. Si un juez se pone escrupuloso, investiga en serio la corrupción y
señala a los responsables en el gobierno y en el partido y al partido
mismo como tal, se sabe que, probablemente, tenga los días contados como
juez. Los escarmientos tienen un efecto paralizador sobre la voluntad
del resto de la judicatura de cumplir con su deber de independencia.
Para ello deben ser públicos y debe saberse, cuando menos
intuirse, quién los ha impuesto. Basta con la sospecha: si te enfrentas
al Príncipe, este, como Herodías, pedirá tu cabeza, juececillo.
Al
mismo tiempo, el gobierno, su partido y su aparato de propaganda hablan
sin parar de respeto a la ley, a la labor judicial, a la exquisita
separación de poderes, a la legalidad escrupulosa de la acción del
gobierno, a la transparencia, al principio de inocencia y al resto de
piezas que componen ese delicado equilibrio del Estado democrático de
derecho. Lo de social, que incluye la aclamada Constitución vigente, lo dejo fuera por pertenecer al reino de la fábula.
La conversión de la justicia en justicia del Príncipe, al servicio del poderoso, y en contra del débil destruye el fundamento mismo del Estado de derecho y la democracia que los gobernantes dicen defender. Lo dicen y también sin mucha convicción porque no les hace falta. Que Cospedal salga por la televisión afirmando que el PP es el partido que más ha hecho contra la corrupción no puede refutarse en el terreno empírico de los hechos porque la buena señora se obstina en asegurar que son lo contrario de ellos mismos con la misma cómica seguridad con que el Sombrerero Loco explica a Alicia que allí no se celebra una fiesta de cumpleaños sino de no-cumpleaños.
Paralizar el proceso de la Gürtel hasta después de las elecciones, como interesa al gobierno y su partido, presupone la idea de que, de aquí al día de la votación, la gente se olvidará de la corrupción y del hecho verdaderamente escandaloso de que sean sus responsables quienes le soliciten el voto. Suena absurdo, ¿verdad? Pero también suena absurdo que alguna vez haya podido oírse el grito de ¡vivan las caenas! Y se oyó. Él y alguna variante todavía más aleccionadora sobre la mentalidad del pueblo español como el de ¡Vivan las caenas y muera la Nación!
La conversión de la justicia en justicia del Príncipe, al servicio del poderoso, y en contra del débil destruye el fundamento mismo del Estado de derecho y la democracia que los gobernantes dicen defender. Lo dicen y también sin mucha convicción porque no les hace falta. Que Cospedal salga por la televisión afirmando que el PP es el partido que más ha hecho contra la corrupción no puede refutarse en el terreno empírico de los hechos porque la buena señora se obstina en asegurar que son lo contrario de ellos mismos con la misma cómica seguridad con que el Sombrerero Loco explica a Alicia que allí no se celebra una fiesta de cumpleaños sino de no-cumpleaños.
Paralizar el proceso de la Gürtel hasta después de las elecciones, como interesa al gobierno y su partido, presupone la idea de que, de aquí al día de la votación, la gente se olvidará de la corrupción y del hecho verdaderamente escandaloso de que sean sus responsables quienes le soliciten el voto. Suena absurdo, ¿verdad? Pero también suena absurdo que alguna vez haya podido oírse el grito de ¡vivan las caenas! Y se oyó. Él y alguna variante todavía más aleccionadora sobre la mentalidad del pueblo español como el de ¡Vivan las caenas y muera la Nación!
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED
