MADRID.- La juez de Instrucción nº 8 de Madrid ha
ordenado el ingreso en prisión de uno de los 35 detenidos el pasado
martes durante los incidentes ocurridos en los alrededores del Congreso
de los Diputados, si bien ha fijado una fianza de 1.000 euros para que
pueda eludir su ingreso en prisión preventiva.
En un auto, la magistrada ordena
el ingreso en prisión comunicada y con fianza de 1.000 euros de Manuel
R.O., quien habría causado destrozos al mobiliario en la estación de
Atocha.
La resolución recoge que el imputado se encontraba con un grupo de
personas sin identificar "causando diversos destrozos en el mobiliario
de dicha estación", según las manifestaciones de los vigilantes de
seguridad.
"Dichas personas al observar la presencia de los policías
comenzaron a correr en dirección a los andenes de RENFE cruzando las
vías y deteniendo el tráfico ferroviario". Una vez fuera de la estación,
según el auto, estas personas lanzaron objetos contra los agentes y se
encerraron en un bar.
Dentro del bar, los policías procedieron a la identificación de
las personas y a la detención de Manuel R.O. después de que lanzara un
vaso a uno de los agentes.
Según la juez, los hechos constituyen dos delitos de atentado y
uno de desórdenes públicos, pudiendo recaer por cada uno de los
delitos una pena de hasta tres años de prisión.
Pasada la medianoche se hizo público el auto en el que la juez
dejó en libertad con cargos al resto de los detenidos. A su
juicio, "existen motivos bastantes" para estimar que los detenidos
cometieron un delito contra las Instituciones del Estado en el auto en
el que, a pesar de esta consideración, les deja en libertad.
"En el presente caso, si bien existen motivos bastantes para
estimar responsable del delito de atentado, resistencia y delito contra
las instituciones del Estado a los detenidos, procede decretar su
libertad provisional sin fianza", señala el auto en el único apartado que figura en los fundamentos jurídicos.
Este jueves, el juez central de Instrucción nº 1 de la
Audiencia Nacional rechazó tomar declaración a los detenidos después de
recibir un informe de la propia Policía en el que tan solo se acusaba a
los arrestados de los delitos de atentado, lesiones, resistencia a la
autoridad, desobediencia y desórdenes públicos.
Dado que la Policía tampoco contemplaba el delito contra las
instituciones del Estado, el juez respondió a las Fuerzas de Seguridad
que esta causa no era de su competencia, razón por la que los detenidos
fueron trasladados a los juzgados de Plaza de Castilla.
