Fundado por Francisco Poveda* y un grupo de sociólogos para contribuir a la regeneración de la vida pública española con toda aquella información u opinión de interés general que sirva de motor para la inevitable catarsis del sistema tras ser carcomido por la codicia y la impostura... indignadosyporlaregeneracion@gmail.com (*) Periodista y profesor
domingo, 6 de octubre de 2013
¿Qué hay que hacer para que la justicia funcione contra la corrupción en España? / Alfonso Villagómez *
Con el actual marco legislativo no se puede afirmar que exista impunidad para todos aquellos que se corrompen o que corrompen. Sin embargo, es cierto que hay lentitud en la respuesta judicial en el ámbito represivo de estas conductas execrables. Por eso mismo, lo más importante a la hora de pensar en medidas eficaces contra la corrupción no pueda ser otra que agilizar y dotar de mayor rapidez a nuestros órganos jurisdiccionales, antes que tratar el problema sobre la óptica de un aumento o una innovación en las penas y las sanciones establecidas en la legislación penal.
La lectura más preocupante de la sentencia en el llamado 'caso Malaya' son los pasajes de la misma que ponen de manifiesto la atenuación de la gravedad de los delitos aferrándose los procesados a irregularidades y dilaciones en la propia administración de justicia. Sin duda que no se pueden consentir situaciones de indefensión material en que, a veces, parece quedar el sometido a un procedimiento penal en estas infracciones. Pero, la respuesta judicial llega tarde y mal cuando se refiere a delitos de corrupción muy complejos con gran dispersión de las responsabilidades de los encausados.
Con nuestra vigente ley de enjuiciamiento criminal, cuya estructura de funcionamiento de finales del siglo XIX, la respuesta judicial se demora años porque hay que esperar a que esté sustanciada todo en el mismo procedimiento, precisamente por mor del vetusto principio que predica la llamada "incontinencia de la causa". De esta manera, las investigaciones judiciales se eternizan y se produce un indeseable efecto de estrangulamiento de todo el proceso.
La lentitud del trabajo en tribunales afecta la vida cotidiana de quienes esperan justicia y demora -y, lo que es más grave- puede anular o minusvalorar las investigaciones por corrupción. Por eso, para agilizar nuestro sistema “arcaico” sólo hace falta decisión política. La organización de nuestra justicia no puede seguir asentada en las bases de la irracionalidad y escapando al sentido común de la gente. Hay causas que demoran años en investigarse y otro tanto en llegar a juicio. Muchas casos de corrupción prescriben y los tribunales colapsan por acumulación de expedientes.
La lectura más preocupante de la sentencia en el llamado 'caso Malaya' son los pasajes de la misma que ponen de manifiesto la atenuación de la gravedad de los delitos aferrándose los procesados a irregularidades y dilaciones en la propia administración de justicia. Sin duda que no se pueden consentir situaciones de indefensión material en que, a veces, parece quedar el sometido a un procedimiento penal en estas infracciones. Pero, la respuesta judicial llega tarde y mal cuando se refiere a delitos de corrupción muy complejos con gran dispersión de las responsabilidades de los encausados.
Con nuestra vigente ley de enjuiciamiento criminal, cuya estructura de funcionamiento de finales del siglo XIX, la respuesta judicial se demora años porque hay que esperar a que esté sustanciada todo en el mismo procedimiento, precisamente por mor del vetusto principio que predica la llamada "incontinencia de la causa". De esta manera, las investigaciones judiciales se eternizan y se produce un indeseable efecto de estrangulamiento de todo el proceso.
La lentitud del trabajo en tribunales afecta la vida cotidiana de quienes esperan justicia y demora -y, lo que es más grave- puede anular o minusvalorar las investigaciones por corrupción. Por eso, para agilizar nuestro sistema “arcaico” sólo hace falta decisión política. La organización de nuestra justicia no puede seguir asentada en las bases de la irracionalidad y escapando al sentido común de la gente. Hay causas que demoran años en investigarse y otro tanto en llegar a juicio. Muchas casos de corrupción prescriben y los tribunales colapsan por acumulación de expedientes.
Una de las medidas que propongo para que pueda funcionar la justicia
contra la corrupción sería así que se puedan ir enjuiciando "por
separado" los distintos hechos delictivos y de que de esta manera
pudieran irse dictándo las correspondientes sentencias según se vaya
juzgando cada delito. El proceso ganaría mucha más rapidez y los
ciudadanos verían una respuesta judicial a tiempo Hay que
racionalizar el trabajo judicial. No es cuestión de más medios –que
también– sino de utilizar mejor los existentes.
Si este tipo de delitos son complicados de investigar para los
jueces y los fiscales, y hay que tender a la máxima especialización
jurisdiccional y economía de los medios, ¿por qué no concentrar estas
causas en una Audiencia Nacional bien dotada?
(*) Magistrado y doctor en Derecho por la USC. Ha sido Letrado del TC y
asesor del Defensor del Pueblo. Formó parte del Gabinete del Ministerio
de Justicia entre 2004 y 2008.
http://www.mundiario.com/articulo/a-fondo/que-hacer-justicia-funcione-corrupcion-espana/20131006125930011080.html
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