jueves, 3 de enero de 2013

Democracia Real Ya se querella mañana contra diputados que perciben dietas a pesar de tener casa en Madrid

MADRID.- La Asociación Democracia Real Ya (DRY) va a presentar este viernes una querella en el Tribunal Supremo contra 63 diputados que, según denuncian, perciben dietas de desplazamiento y manutención a pesar de disponer de una o varias viviendas en Madrid.

   Según ha explicado uno de los letrados integrantes del Equipo Jurídico de la Asociación, Miguel Ángel Jiménez, esos 63 diputados están percibiendo dietas por valor de 1823,86 euros "en concepto de pernoctación", aun teniendo una vivienda en la capital.
   "Esa cantidad le correspondería a diputados que realmente lo necesitasen, pero según el Registro de Propiedad y las declaraciones de bienes que presentaron en el Congreso, todos tienen uno o más pisos en Madrid, y muchos de ellos viven en Madrid", ha denunciado, para añadir que el propio presidente del Gobierno también estaría percibiendo dietas "de manera ilegítima".
   Por todo ello, la Asociación DRY les acusa en su querella de los delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida. Asimismo, quieren que "devuelvan el dinero que no les corresponde", sobre todo teniendo en cuenta que "los recortes están trayendo por la calle de la amargura a la mayoría de los españoles".
   "Esta querella pretende ser un paso más en el camino a recorrer para devolver la justicia a la sociedad, para poner freno a la decadencia de unos políticos que, comprados por las grandes oligarquías, están desangrando a los ciudadanos a los que dicen representar", aseguran en un comunicado, en el que también informan de que ofrecerán más detalles este viernes a las 11.30 frente al Tribunal Supremo.

Una constructora ofrece en Valencia viviendas en alquiler para desahuciados a 50 euros mensuales

VALENCIA.- Una empresa constructora ofrece en la localidad valenciana de Carlet 27 viviendas para desahuciados por el simbólico alquiler 50 o 60 euros mensuales, según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.

   El promotor, Hermanos Felipe S.L., y la Fundación Todo Ayuda ponen a disposición de los vecinos de Carlet desahuciados por impago de hipotecas estas viviendas a estrenar.
   Los requisitos para optar al contrato de alquiler social son residir en Carlet y haber sido desahuciado por impago de la hipoteca de la primera y única vivienda a partir de 2010.
   El importe que pagarán los inquilinos por la ocupación de las viviendas será destinado por una parte a fines solidarios y a la obra social que lleva a cabo el patronato de la Fundación Todo Ayuda y por otra a sufragar parte de los gastos de la comunidad.
   Los impulsores de esta iniciativa se comprometen a mantener estas condiciones durante dos años prorrogables según la situación. Pasado este periodo de tiempo, los pisos se pondrán a la venta y sus inquilinos podrán tener preferencias a la hora de comprar la vivienda. Todas las personas interesadas deberán dirigirse al Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Carlet a partir del día 7 de enero.
   El promotor y miembros de la Fundación Todo Ayuda se han reunido este jueves en el Ayuntamiento de Carlet con la alcaldesa, María Ángeles Crespo, para concretar esta propuesta.
   "He recibido esta noticia con mucha alegría. Pienso en las familias que han sido desahuciadas y creo que este será un gran regalo para ellas. Como alcaldesa presto todo mi apoyo para que esta iniciativa solidaria se lleve a cabo de la mejor manera posible y se pueda ofrecer una vivienda digna a personas que lo necesitan. Ojalá tomen ejemplo otros promotores y entidades bancarias", ha señalado la alcaldesa.

Carromero terminará de cumplir condena el 21 de julio de 2016, según la Audiencia Nacional

MADRID.- El vicesecretario de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ángel Carromero, condenado a cuatro años de cárcel en Cuba por el accidente de tráfico en el que fallecieron los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, terminará de cumplir condena el 21 de julio de 2016, según informaron fuentes jurídicas. 

   Así consta en la liquidación de condena provisional que ha realizado la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que establece que Carromero permaneció en una cárcel cubana entre el 23 de julio y el 28 de diciembre de 2012, es decir, 159 días de los 1.460 a los que fue condenado. De esta forma, el dirigente 'popular' tendría pendiente una pena de 1.301 días.
   El cálculo ha sido remitido por el tribunal, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que informe al respecto. Cuando tenga su visto bueno, será enviado a la prisión de Segovia, en la que Carromero se encuentra recluido desde el pasado 29 de diciembre.
   La liquidación de condena es el primer paso para que la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia inicie los trámites para solicitar el tercer grado penitenciario, que concede la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior.
   En caso de obtener el tercer grado, Carromero disfrutaría de un régimen abierto que le permitiría acudir a la cárcel sólo para dormir. También existe una modalidad, según el Reglamento Penitenciario, por la que un preso puede estar vigilado mediante control telemático y ni siquiera tiene que dormir en la cárcel.
   A la hora de conceder un tercer grado, se tienen en cuenta aspectos como el arraigo, el hecho de tener un trabajo o que no represente riesgo para la sociedad o que no sea reincidente, elementos que serían de aplicación en el caso de Carromero, según informaron fuentes penitenciarias.
   El Consejo de Ministros autorizó el pasado 14 de diciembre el traslado a España de Carromero, después del acuerdo alcanzado con Cuba ocho días antes, para que éste cumpla en España la condena impuesta por las autoridades cubanas.
   Las fuentes penitenciarias consultadas advierten que este tipo de gestiones no suelen hacerse de un día para otro, por lo que es posible que Carromero tuviese que permanecer un tiempo en prisión mientras se realizan estos trámites.
   Cuando un ciudadano español preso en Cuba pide su traslado a España, este país tiene que ofrecer a las autoridades de la isla una "indicación aproximada de cómo se cumplirá la condena en el Estado de cumplimiento y la fecha de extinción de la pena o medida", según establece el convenio bilateral de traslado de condenados entre España y Cuba.
   Este acuerdo permitiría deducir "íntegramente" a la condena el tiempo que Carromero ha pasado en prisión provisional en la isla, según estipula el artículo 12 de ese convenio.