Carromero confirma a la familia de Oswaldo Payá que un coche les embistió

MADRID.- El dirigente de Nuevas Generaciones del PP Ángel Carromero ha confirmado, durante un reciente encuentro con la familia del cubano Oswaldo Payá, que otro vehículo les embistió por detrás antes del accidente de tráfico que costó la vida a este opositor y al también disidente Harold Cepero.

   Así lo ha asegurado este jueves la hija del antiguo líder del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), Rosa María Payá, que ha reclamado una investigación por el "probable asesinato" de su padre y de Cepero y que no descarta emprender acciones legales para esclarecer las circunstancias del siniestro, ocurrido el pasado mes de julio cerca de la localidad de Bayamo, en el sureste de Cuba.

   El encuentro entre la hija del opositor fallecido y Carromero se produjo el pasado 16 de febrero, fecha de llegada a España de Rosa María Payá. La joven ha reconocido que confía en que Carromero explique públicamente los detalles que ha transmitido a la familia, aunque entiende que se sienta "presionado".

   Rosa María Payá se ha mostrado extrañada por el trato recibido por Carromero desde su vuelta a España --"el de un condenado"--, ya que no da ninguna validez al juicio celebrado en Cuba y en el que el dirigente de NNGG fue sentenciado a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente.

   La hija del antiguo líder del MCL ha reclamado una investigación internacional sobre la muerte de su padre y de Cepero, para lo cual la familia ya se ha puesto en contacto con varias instituciones.

   También estudian emprender acciones legales en España, país del que Payá tenía la nacionalidad. "No descartamos nada", ha apuntado su hija, que sin entrar en detalles ha sugerido como una opción sobre la mesa la presentación de una querella ante la Audiencia Nacional por el "posible asesinato de un ciudadano español".

El fiscal rechaza que el Supremo concluya la investigación sobre Blanco

MADRID.- La Fiscalía del Tribunal Supremo ha recurrido la decisión del magistrado instructor por la que se declara conclusa la investigación contra el exministro José Blanco por el 'caso Campeón' al estimar que no se dan los "elementos necesarios" que permitan dar por cerrada esta fase procesal.

   En un escrito, el fiscal Manuel Dolz entiende que no es todavía posible concluir la investigación hasta que se conozca el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) comisionado por el propio juez en una providencia dicatada el pasado 13 de enero.

   El Ministerio Público pide dejar sin efecto la providencia del juez instructor José Ramón Soriano por la que el pasado 7 de febrero se declaraba conclusa la instrucción de la causa contra el ex ministro de Fomento socialista, investigado por un supuesto cohecho y tráfico de influencias relacionado con una trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas.

   Materialmente entiende que no se dan los elementos necesarios que permitan finalizar la investigación y formalmente afirma que, en todo caso, el acto de conclusión de una instrucción judicial debe efectuarse mediante auto y no a través de una "mera" y "simple" providencia.

   "El declarar la conclusión de una instrucción judicial es una decisión que afecta a un presupuesto procesal y no puede entenderse como mera ordenación material del proceso, por lo que la resolución que adopte esta decisión debe tener forma de auto", esgrime.  

   Recuerda que en el presente procedimiento se investiga a un diputado que goza de la condición de aforado, por lo que para su imputación se requiere la autorización del Congreso de los Diputados mediante suplicatorio, por lo que "considerándose que el auto de transformación del procedimiento abreviado equivaldría a una imputación contra el aforado si se dedicidiera seguir la causa contra él, es previo al dictado del auto la tramitación de dicho suplicatorio y la autorización del Congreso conforme a la doctrina mayoritaria".

   La Fiscalía constata que a día de hoy no se ha formalizado el "debido" suplicatorio al no encontrarse el aforado inculpado o procesado y haber solicitado comparecer voluntariamente ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, añade que ello no supone una renuncia al suplicatorio, "la cual no es posible por no tratarse de un privilegio personal del aforado sino de una prerrogativa de las Cortes Generales".

   Según dice, la jurisprudencia constitucional avala que la Sala pueda admitir la toma de declaración voluntaria del aforado sin solicitar previamente el suplicatorio al no estar todavía inculpado o procesado en la causa.

   Llegados a este punto, "si el instructor entiende que el estado de la investigación permite proununciarse sobre la procedencia o no de tramitar el suplicatorio mediante su proposición a la Sala a instancias de este Ministerio Fiscal, no debería haber dictado la providencia recurrida sino otra por la que se diera traslado a las partes para que se pronunciaran sobre este extremo", concluye.

El juez imputa al 'broker' de Bárcenas en Ginebra

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a Iván Yáñez Velasco, apoderado y 'broker' del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas ante los bancos suizos en los que llegó a ocultar 38 millones de euros, y ha solicitado ampliar la comisión rogatoria a las autoridades helvéticas para acreditar todos los fondos de los que era titular. 

   Así consta en un auto, en el que el magistrado acuerda, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, llamar a declarar en calidad de imputado a Yáñez el próximo 8 de marzo, a partir de las 10.00 horas, por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales.

   El juez sospecha, partiendo de los datos contenidos en la comisión rogatoria sobre los movimientos de Bárcenas en el Dresdner Bank de Ginebra, que Yáñez "habría gestionado la cartera de valores y las cuentas en Suiza cuya titularidad corresponde a Luis Bárcenas Gutiérrez a partir de febrero de 2009, precisamente tras conocerse que estaba siendo investigado por delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública" en el marco del 'caso Gürtel'.

   Esta gestión, según el auto, habría comprendido "la transferencia de fondos desde las cuentas a nombre de la Fundación Sinequanon a otras en Suiza así como en Estados Unidos, movimientos que actualmente no se encuentran en investigación mediante las comisiones rogatorias cursadas al efecto".

   El auto, que acuerda una serie de diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción después de la declaración ante el juez que Bárcenas realizó el pasado lunes, también resuelve ampliar la comisión rogatoria dirigida a las autoridades de Suiza, a propuesta de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía.

   El juez reclama, en concreto, información sobre una nueva cuenta que Bárcenas tendría en la Banca della Svizzera Italiana (BSI), con sede en Lugano, y sobre un apunte que bajo la denominación '10.Collateral' revelaría que disponía de un saldo de 7.248.765,95 euros en el Lombard Odier de Ginebra.

   El juez Ruz, que envía a Suiza el escrito de Bárcenas en el que reconoce que se acogió a la amnistía fiscal, también solicita datos complementarios a los que ya obran en la causa sobre las dos cuentas que Bárcenas tenía en el Dresdner Bank vinculadas a la Fundación Sinequanon, de las que se solicitan los titulares, apoderados y beneficiarios de las mismas, así como si tenían aparejados créditos, hipótecas, depósitos, tarjetas de crédito o cajas de seguridad.

   De igual modo, el instructor quiere aclarar cinco importes de entre 15.628 y 40.000 euros que Bárcenas recibió en estas cuentas entre 2006 y 2008. Según fuentes jurídicas, Bárcenas vinculó en su declaración estos ingresos a la devolución un préstamo que había hecho a "una persona muy significada" aunque no aclaró, preguntado por las fiscales Concha Sabadell y Miriam Segura, si el beneficiario fue el exsenador del PP Luis Fraga.

   Además, Ruz ha citado a declarar como testigos el próximo 8 de marzo a Pedro Hernández de Zárate y Susana Mantecón Gayo, para que expliquen si, como declaró Bárcenas, participaron en la venta de una serie de cuadros con la que el extesorero pretendió justificar sus ingresos en Suiza.

   De igual modo, reclama a Bárcenas varios documentos para que acredite "el origen de sus fondos" en el país helvético, así como el fundamento de algunas de las operaciones efectuadas desde las cuentas de ese país o de otras que se habrían reflejado en las declaraciones del IRPF tanto suyas como de su esposa".

   De esta forma, pide a la Agencia Tributaria las declaraciones del IRPF y el Impuesto de Patrimonio de Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, así como las presentadas por la sociedad Tesedul, a través de la cual se acogió a la amnistía fiscal en diciembre pasado.

   Bárcenas también tendrá que entregar al juez la documentación que acredite los préstamos que justificarían sus transferencias a Brixco (una parte de los 4,5 millones que desvió a Estados Unidos en 2009), los ingresos que recibió en la cuenta de Tesedul en el Dresdner Bank y los servicios contratados con Yáñez.

   Asimismo, tendrá que explicar los movimientos de entre 52.395 y 149.000 euros que él y su mujer realizaron entre 2004 y 2005, la mayoría como ingresos, y que el extesorero justificó alegando que provenía de la compra y venta de cuadros.

España, monarquía y gobierno: corrupción, engaño y derroche / Sergio Rodríguez Gelfenstein *

A través de la historia, España ha sido un país que no se puede vanagloriar de una clase política que haya estado a la altura de las necesidades de su desarrollo y crecimiento como nación autónoma. Su presencia en el escenario global siempre ha ido de la mano de su subordinación y dependencia  de otros actores internacionales.

Desde hace varias centurias, puntualmente a partir de 1700 la familia Borbón (proveniente de Francia) ha “conducido” los destinos del Estado español con sólo dos breves interrupciones en 1808 y 1868 y un interregno mayor en el siglo XX período en el cual desde 1936 hasta 1975 estuvo en el poder  Francisco Franco quien instauró una dictadura fascista, caracterizada por la represión contra el movimiento popular y su apoyo a la Alemania nazi. Al finalizar la segunda guerra mundial con la derrota de Alemania y sus aliados, España estuvo sometida al aislamiento internacional sin que su economía pudiera despegar durante décadas. Su condición anti democrática significó que se mantuviera al margen de las primeras iniciativas de integración europeas.

Un alto dirigente franquista, Manuel Fraga quien fue titular de información y turismo, de gobernación y vicepresidente durante la dictadura  creó en 1976  la Alianza Popular uniendo diversas fuerzas de la ultra derecha conservadora y fascista. En 1989, Fraga y otros líderes franquistas la transforman en el actual  Partido Popular de España.

De esta manera, dictadura franquista, monarquía y Partido Popular configuran diferentes expresiones del mismo poder político que se estableció a partir de un origen común y un desarrollo paralelo. La novedad de los últimos años ha sido que a esa tenebrosa trilogía se le ha venido a adicionar un nuevo actor que surgió y se mantuvo al margen durante décadas hasta que ya en democracia y bajo el liderazgo de Felipe González, inició su travestismo político: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

González lideró al PSOE durante 22 años y fue presidente del Estado español durante 14, desde 1982 hasta 1996. En ese período, aparentemente logró sacar a España del marasmo económico al que estuvo sometida por siglos, a cambio de una nueva subordinación dependiente de la Unión Europea (UE).  Para ello, incurrió en una gigantesca deuda pública,  en la solicitud de concesión a España  de la mitad  de los recursos financieros de la UE  disponibles en los Fondos de Desarrollo, así como de importantes recursos provenientes de los Fondos de Cohesión y  de la Política Agrícola Común de la UE. Eso hizo que se creara en el país ibérico una falsa sensación de prosperidad y la suposición de que concurrían al siglo XXI con una fortaleza económica que le permitiría actuar en el escenario internacional en igualdad de condiciones que las grandes potencias.  En realidad, habían comenzado a flotar en una burbuja que los condujo a un nuevo sometimiento a la UE y en particular a Alemania. Los acontecimientos recientes reflejan que no han podido salir de la inercia ahora sostenida por esta nueva tríada perversa: monarquía, PSOE y PP.

Hoy, la monarquía ha sido ampliamente cuestionada por sus actuaciones públicas y por el involucramiento de varios de sus representantes en hechos de corrupción o cuando menos de dudoso comportamiento moral para quien ejerce funciones en la cúpula del Estado. Aunque desde hace un tiempo las acciones poco éticas de la monarquía son de común dominio de la opinión pública española, es desde el año pasado cuando han adquirido notoriedad a nivel global.

En abril de 2012 se reportó que mientras la tasa de desempleo se encontraba cercana al 25% y aproximada al 50% para los jóvenes en edad laboral, el Rey se encontraba en un safari para cazar elefantes en Botswana. El costo de dicha  diversión monárquica es superior al salario que percibe durante todo un año la mayoría de los españoles y el doble del salario promedio anual.

En su momento, esta situación llevó a Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM) a decir que “Ha llegado el momento de que la Casa Real se plantee, en este caso el jefe del Estado, que tiene que elegir entre las obligaciones y las servidumbres de las responsabilidades públicas o una abdicación que le permita disfrutar de una vida diferente”. Tal opinión ha sido refrendada por el primer secretario del Partido Socialista de Cataluña Pere Navarro,  quien  el pasado miércoles 20 pidió que el Rey Juan Carlos abdique y que su hijo, el príncipe Felipe encabece una “segunda transición” política en España.

En el trasfondo, se respira el ambiente maligno creado por el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, duque de Palma, quien utilizando su condición de miembro de la monarquía,  se aprovechó para desviar millones de euros de fondos públicos al Instituto Nóos que presidía. Por esta causa, la Fiscalía está indagando su involucramiento en delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

El manejo mediático de la investigación ha puesto el énfasis en tratar de descubrir si hubo conocimiento o vínculo de la monarquía con tales delitos. A pesar que el propio Urdangarin ha negado tal relación, la prensa española ha divulgado  correos electrónicos en los que se liga al esposo de la hija del Rey en negocios con Corinna Sayn-Wittgenstein, quien según la misma prensa es la amante de Juan Carlos y lo acompañaba en su tour de cacería en Botswana. Como señala el periódico El Mundo de Madrid de 18 de febrero pasado “En la mayoría de estos correos, tanto Urdangarin, como Corinna hacen referencia a que Juan Carlos estaba al corriente de estas ´operaciones` como, las califica el duque”. Incluso, en otros correos aportados por el ex socio de Urdangarin a la justicia, -refiriéndose a los negocios de éste- se indica la mediación directa del Rey en el mismo. En uno de esos correos, el yerno real cuenta que su suegro prometió “toda su ayuda para encontrar ayuda financiera” (SIC).

En otro ámbito, no es mejor la situación de los otros dos eslabones de la tríada que se hunden y, hunden en la putrefacción a la política española. Mientras una marea ciudadana protestaba en varias ciudades contra la corrupción y las medidas restrictivas en materia social, -en un país minado por la recesión y por un desempleo que alcanza los 6 millones de parados- el PP y el PSOE se trenzaron en  un absurdo debate para tratar de demostrar cuál de los dos es más culpable de la crisis.

En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados con motivo de su informe anual sobre el estado de la nación el presidente Mariano Rajoy señaló que “ya pasó lo peor” y vaticinó una inminente salida de la crisis. Con total hipocresía dijo que a pesar de todo “el barco no se ha hundido”. Ante el estupor de los españoles obvió decir que en su año de gobierno la paupérrima  situación económica heredada de los socialistas ha empeorado. La tasa de desempleo ha alcanzado el 25,4%, en los últimos 14 meses se han eliminado 900 mil empleos  a razón de 8 mil 500 por día, debido en gran medida a una reforma laboral que favoreció  a los empresarios. En ese mismo período más de 400 mil familias españolas han perdido sus viviendas y 12 personas se han suicidado por tal motivo.

En su defensa el gobernante de derecha informó que a pesar de la pérdida de empleo y la magnitud de la crisis, el déficit público cerró  por debajo del 7%, inferior al 9% del año anterior. Evitó decir que no alcanzó la meta propuesta de 6,3% con la que se comprometió con la Unión Europea. También soslayó referirse a los escándalos de corrupción que afectan a su partido. Por el contrario refutó  a la principal agrupación opositora afirmando que el PP no ha sido sometido a juicio, a diferencia del PSOE.

Las tibias intervenciones del líder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba -quien acusó a Rajoy de demagogo y de no tener credibilidad-,  se encaminaron a poner el acento en el tema de la corrupción. A partir de ello ambos políticos evidenciaron el hedor nauseabundo que despide la clase política española al involucrarse en una tan estéril como absurda discusión, no exenta de recriminaciones personales que pusieron en el tapete la certeza de que ninguno de los dos es garantía cierta para salir de la crisis, por lo menos en condiciones de que la mayoría de los españoles puedan retomar estándares aceptables de vida. Vale decir que ambos partidos en conjunto tienen menos del 50% de aprobación de la ciudadanía.

Algo pasa en España, ante la crisis y la charlatanería de la clase política el movimiento popular se moviliza de manera creciente. Sería deseable que tal espíritu de lucha se manifieste en acciones concretas que conduzcan a la derrota de esta nueva tríada de poder que en base a la corrupción, el engaño y el derroche ha sumido a España en la peor crisis de su historia.

(*) Venezolano. Licenciado y Magister en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela. Analista y consultor internacional.

http://radio.uchile.cl/opiniones/197299/

El PP rechaza instar a Interior a suspender ya el uso de las pelotas de goma porque no hay medio más disuasorio y eficaz

MADRID.- El PP ha rechazado en el Congreso apoyar una iniciativa del PSOE que pretendía instar al Gobierno a suspender "inmediatamente" el uso de pelotas de goma por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y sustituir este tipo de material disuasorio por otros dispositivos similares menos lesivos. También se ha opuesto a un texto de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que pedía directamente la prohibición de las pelotas de goma.

   El texto al que el PP ha adelantado su rechazo instaba al Ministerio del Interior a "dar instrucciones precisas para que se suspenda inmediatamente el uso de las pelotas de goma" por parte de las Fuerzas de Seguridad, reemplazándolas por "otros dispositivos disuasorios menos lesivos" cuyo uso "tenga un potencial menos dañino y que no pueda en ninguna circunstancia causar graves lesiones e incluso la muerte de personas".

   El secretario primero de la Mesa de la Comisión de Interior, Federico Cabello, ha sido el encargado de fijar la posición del PP durante el debate de las proposiciones no de ley del PSOE y la Izquierda Plural. Ha defendido el uso que hacen los agentes de estos dispositivos para, según ha dicho, "restituir la seguridad ciudadana" y permitir el ejercicio del derecho de manifestación. A su juicio, hoy por hoy no existe ningún otro medio "disuasorio" que sea más "eficaz" que las pelotas de goma.

   Tras subrayar que es "esencial" que quienes utilizan este material tengan una "formación especializada", Cabello ha dicho estar convencido de que cuando los agentes las usan lo hacen siempre de acuerdo al principio de "proporcionalidad" e incluso "con mesura". Así lo demuestra, desde su punto de vista, el hecho de que cuando se producen disturbios en manifestaciones el número de heridos entre los policías suele ser "igual o superior" al que se registra entre los manifestantes.

   Durante su intervención, el socialista Carlos Corcuera ha mostrado a sus compañeros una pelota y una bala de goma de las que utilizan los agentes. "No hace falta ser un experto para imaginarse el daño que puede ocasionar esta pelota", ha dicho.

   Corcuera ha exhibido este material antidisturbios, después de recordar el caso de Esther Quintana, quien perdió un ojo tras recibir un pelotazo durante la manifestación de la huelga general del pasado 14 de noviembre en Barcelona, y el de otra manifestante llamada Consuelo que también fue herida por una pelota de goma durante los disturbios que se produjeron en la denominada Marcha Minera de Madrid el pasado mes de julio.

   El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, ha mostrado su apoyo a la iniciativa del PSOE, pero ha acusado de "maniqueismo" a los socialistas por defender ahora que se dejen de usar las pelotas de goma cuando bajo mandato del PSOE se han producido, según sus cálculos, una veintena de muertes por su utilización.

   Desde Izquierda Plural, su portavoz de Interior, Ricardo Sixto, ha defendido su proposición no de ley abogando expresamente por la prohibición del uso de las pelotas de goma por parte de la Policía, la Guardia Civil y todas las policías autonómicas.

   En representación de CiU, su portavoz de Interior, Jordi Jané, ha admitido que este asunto requiere "una solución" pero que ésta ha de adoptarse después de realizar un estudio "serio" sobre las consecuencias de la utilización de este tipo de material. Por eso ha defendido que sea Interior quien elabore ese estudio y lo remita a la Cámara en un plazo de seis meses.

IU se querella en la Audiencia Nacional contra los cargos del PP por el 'caso Bárcenas'

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha presentado este jueves una querella en la Audiencia Nacional contra empresarios de la construcción y personas que han ocupado cargos de responsabilidad en el PP, como Luis Bárcenas, Federico Trillo, Ángel Acebes y Rodrigo Rato, en la que pide investigar la presunta contabilidad B del partido.

   La querella, elaborada conjuntamente con la Asociación Justicia y Sociedad, la Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción y la Federación de los Verdes, se dirige contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y los que fueran responsables de organización, finanzas y asesoría legal del PP y exministros Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo, por supuestas comisiones irregulares al PP entre los años 2003 y 2008. De los querellados, Bárcenas, Crespo y García Pozuelo están ya imputados en la investigación sobre la trama 'Gürtel'.

   Además, se dirige contra el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, que presuntamente donó a los populares más un millón de euros; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy, donante de 858.000 euros; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL, que pagó más de medio millón de euros; Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso, donante de medio millón euros; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica, que pagó entre 250.000 y 300.000 euros; Juan Manuel Fernández, de Aldesa, también donante de entre 250.000 y 300.000 euros; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas, que pagó al menos 165.000 euros; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau, que donó al menos 100.000 euros; Adolfo Sánchez, que habría pagado 98.500 euros.

   A todos ellos les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.

   Entre otras diligencias, los querellantes piden llamar a declarar como testigos al presidente del Senado, Pío García Escudero; a Santiago Abascal, miembro de las Juntas Generales de Álava en representación del PP; al ex consejero de Salud de Navarra, Calixto Ayesa; al ex diputado 'popular' Jaime Ignacio del Burgo; al diputado del PP, Eugenio Nasarre y al ex presidente de Baleares, Jaume Matas.

   Asimismo, se solicita que la Tesorería General de la Seguridad Social aporte la vida laboral e historia de bases de cotizaciones de Luis Bárcenas entre los años 2009 y 2013; que el Tribunal de Cuentas envíe "copia auténtica" de las cuentas presentadas e ingresos declarados por el PP entre 1990 y 2009; así como que se requiera "urgentemente" a Fiscalía Anticorrupción "la integridad de los documentos y diligencias que haya practicado en su procedimiento".

Así, insta a judicializar las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía ante el riesgo de que los delitos prescriban. "El esfuerzo realizado por el Ministerio Fiscal investigando los hechos denunciados habría sido estéril, apenas un placebo de orden político para atemperar la indignación social", agrega.

Según dice, de la contabilidad difundida hasta ahora resultan unos ingresos probablemente ilícitos por importe de 6.687.344 euros. A su juicio, la contabilidad paralela en el seno del partido supone una "clara" vulneración de la normativa de financiación de partidos políticos.

Cayo Lara ha explicado, en declaraciones a los medios de comunicación después de presentar la demanda ante el órgano judicial, que lo que buscan con esta acción es que "la justicia investigue, que se haga justicia" para así poder "regenerar la democracia" y para que la opinión pública pueda "creer definitivamente en la justicia".

Denuncian los pagos ilícitos -dádivas o sobornos_realizados por empresarios  y particulares a varios miembros del Partido Popular, que fueron distribuidos a altos cargos de la formación política y miembros del Gobierno en, al menos, la Comunidad Valenciana, Madrid, Galicia, Cataluña y Andalucía.

Los querellados creen que ese dinero tenía como objetivo incidir en políticas económicas favorables a los pagadores y que éstos pudieran obtener contratos públicos u otros favores de las administraciones públicas e incluso Ministerios gobernados por los 'populares'. Al tratarse de fondos públicos ocasionaron un perjuicio para las arcas públicas y pro tanto para los contribuyentes.

El descubrimiento de las cuentas bancarias abiertas en Suiza por el ex tesorero Luis Bárcenas arroja indicios de que los responsables de finanzas del partido estarían al frente de la 'red Gürtel' dedicada a recaudar pagos ilegales sin que ningún político del PP evitara o denunciara esta práctica desde la década de los 90.

Los querellantes no ven "posible ni probable" que la fortuna millonaria amasada por Bárcenas sea fruto de su trabajo sino que creen que procedería de las actividades delictivas de la 'Gürtel'. "Los documentos contables atribuidos a Bárcenas aparentan con alto grado de verosimilitud y credibilidad la existencia de una contabilidad opaca en el Partido Popular", añaden.

Sospechan que el exsenador podría ocultar más activos en Canadá, donde hace unos días se ha desplazado supuestamente a esquiar, y recriminan que el PP ha mantenido hacia él "una actitud de protección" al "doblarle" el salario, financiarle en un principio el abogado, y mantenerle en el partido.

   El 'modus operandi' consistía en sacar contratos a licitación u otorgados directamente burlando los procedimientos de libre concurrencia o en otorgarlos a empresarios o particulares que abonaban comisiones en concepto de dádiva o precio a los miembros de la 'trama Gürtel' inserta en el Partido Popular, un dinero que finalmente era repartido entre la cúpula política y entre distintos altos cargos, incluidos varios ministros en ejercicio.

   Acusa a los querellados de defraudar a la "sociedad" al primar "exclusivamente su propio y desmedido afán de enriquecimiento frente al interés colectivo de la ciudadanía y de la Administración Pública, por el cual debían velar como gobernantes o miembros del partido del gobierno". A su juicio, la regularidad de los pagos induce a pensar que los receptores han estado "a sueldo" de distintas empresas, principalmente constructoras.

Defensa estudia si debe sancionar al general Chicharro

MADRID.- El Ministerio de Defensa ha iniciado ya los trámites para dictaminar si deben ser sancionadas y, en ese caso, establecer qué tipo de sanción les corresponde, las declaraciones que hizo el general de división en la reserva Juan Antonio Chicharro en un foro sobre 'Fuerzas Armadas y ordenamiento constitucional', en el que dijo que "la patria es anterior y más importante que la democracia".  

   Según han informado hoy fuentes del Departamento dirigido por Pedro Morenés, el superior directo del general Chicharro, el gran canciller de la Orden de San Hermenegildo, general José Rodrigo, ha iniciado ya una "información previa" para dictaminar si sus palabras son "sancionables" y "qué tipo" de castigo debe imponerse por sus declaraciones que, en cualquier caso, "no son el pensamiento de las Fuerzas Armadas".

   El general Chicharro, en situación de reserva, es miembro de la asamblea permanente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, que tiene por finalidad "recompensar y distinguir" a oficiales generales, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil por "su constancia en el servicio y la intachable conducta".

   Como militar en la reserva, sigue sometido al Régimen Disciplinario Militar, algo que no ocurre con los militares retirados. Esta ley prevé castigos para los militares que expresen "públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas o sindicales". También sanciona las expresiones públicas "contrarias" o de "menosprecio contra la Constitución, la Corona, y demás órganos, instituciones o poderes".

   Según ha publicado este jueves el diario 'El País', el general Chicharro aseguró en dicho foro, el pasado 6 de febrero, que en los militares hay un sentimiento de preocupación, temor, incertidumbre y confusión" por la "ofensiva separatista-secesionista" en Cataluña. Además, defendió, según este diario, que "el patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley".

   Fuentes de Defensa han asegurado que el Ministerio tratará este asunto "con normalidad", como ya ocurrió cuando el director de la 'Revista Ejército', el general en la reserva Angel Luis Pontijas, fue destituido de su puesto por las palabras publicadas en el editorial del mes de noviembre en el que criticaba las "proclamaciones de las intenciones soberanistas" del presidente de la Generalitat, Artur Mas.

   Tras este caso, el ministro de Defensa insistió públicamente en que el "Ejército está tranquilo" ante la situación en Cataluña, ya que esta serenidad es "una de las condiciones esenciales de su propia naturaleza y de la responsabilidad que tiene encomendada". Los militares, recalcó, saben "perfectamente la tarea que les tiene encomendada la nación", que es la de garantizar "la seguridad de todos los españoles".

   Semanas más tarde, en la celebración de la Pascua Militar en el Palacio Real, ante el Rey y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Morenés elogió el trabajo "callado" y el ánimo "firme y sereno" de los militares, que no atienden a "absurdas provocaciones". Después explicó que pretendía así reconocer la labor de los miembros de las Fuerzas Armadas y responder a los comentarios "hirientes" sobre sus maniobras.

El PSOE pide sancionarlo

El portavoz de Defensa del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, ha reclamado hoy al ministro de Defensa, Pedro Morenés, que aplique "de manera inmediata" las "oportunas sanciones disciplinarias" al general Juan Antonio Chicharro, por sus declaraciones "contrarias a la Constitución", en las que afirmaba que "la patria es más importante que la democracia".

   En un comunicado, López Garrido ha urgido a Morenés a "confirmar el alcance de esas declaraciones, que al parecer fueron leídas por el citado general y aplicar en consecuencia las sanciones disciplinarias que correspondan, según la legalidad vigente".

 "Y debe hacerlo de forma inmediata", ha remachado el diputado socialista.

   A juicio de López Garrido, las declaraciones del general en la reserva, citadas por el periódico 'El País', son "frontalmente contrarias a la Constitución y a la disciplina militar" y, por tanto, "incompatibles con el régimen democrático y el Estado de Derecho en el que se fundamenta la Constitución Española".

ICV quiere acciones judiciales

Iniciativa per Catalunya (ICV), a través de su diputada Laia Ortiza, quiere saber si el Gobierno tiene previsto sancionar al general de división en la reserva Juan Antonio Chicharro por haber asegurado recientemente que "la patria es anterior y más importancia que la democracia".    ICV ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para que el Gobierno se pronuncie sobre estas declaraciones que el citado militar realizó el pasado 6 de febrero durante su participación en el debate 'Fuerzas Armadas y ordenamiento constitucional', en el que además aseveró que "el patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley".
   Y es que, según apunta ICV citando a 'El País', pese a que el general Chicharro está en la reserva, no está retirado y, por tanto, sigue sujeto al código disciplinario castrense que sanciona al militar que "exprese públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opiniones políticas o sindicales".
   Además, añade la formación ecosocialista, está destinado en la asamblea permanente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, un selecto órgano asesor del ministro de Defensa en materia de recompensas que evalúa la conducta "intachable" de los militares.
   Así las cosas, Ortiz quiere saber si al Gobierno le consta que el general Chicharro hiciera las mencionadas afirmaciones, quiere que se pronuncie respecto de las mismas, en caso de ser ciertas, y quiere que especifique además si tiene intención de adoptar alguna medida sancionadora --incluido su relevo inmediato de la asamblea permanente de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo-- o incluso emprender alguna acción judicial en su contra.
   Además, la parlamentaria de ICV pregunta al Ejecutivo si le consta que haya otros altos mandos del Ejército que puedan compartir las opiniones de este militar, y si cree realmente que el mismo tiene que anteponer su sentimiento patriótico al deber de cumplir con la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente.
   Por último, la diputada catalana pretende que el Gobierno se pronuncie sobre si es hora ya de "dejar claro" que el centro del debate político en una democracia son las Cortes Generales, y no el Ejército, después del "goteo de exabruptos graves proferidos por militares en relación con la situación política" de Cataluña.

El Tribunal Supremo revoca la prohibición del "burka"

MADRID.- El Tribunal Supremo ha anulado la ordenanza del Ayuntamiento de Lérida que prohibía el velo islámico y otras prendas que oculten el rostro, como el "burka", en sus edificios municipales, al entender que su uso no perturba la seguridad ciudadana ni la medida sirve para proteger la igualdad de la mujer. 

Además, para el Tribunal Supremo (TS) "la prohibición del velo integral constituye una limitación del ejercicio de la libertad religiosa".

El alto tribunal revoca así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que avaló la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Lérida por la que se acordó esa prohibición, al estimar el recurso que contra esta resolución interpuso la asociación musulmana Watani.

Los militares de la AME ven la Patria por encima de la Constitución

MADRID.- El presidente de la Asociación de Militares Españoles (AME), el coronel retirado Leopoldo Muñoz, afirmó este jueves que AME suscribe "de la A a la Z" las palabras del general en la reserva Juan Antonio Chicharro situando la patria por encima de la democracia, y exhumó la sentencia de José Calvo Sotelo: "Antes una España roja que una España rota". 

El coronel Muñoz felicitó personalmente al general Chicharro por afirmar el pasado 6 de febrero en una mesa redonda y según publica hoy el diario El País, que "la patria es anterior y más importante que la democracia", porque "el patriotismo es un sentimiento y la Constitución no es más que una ley".

El presidente de la AME corroboró que España no desaparece por que tenga un régimen político u otro" y que "para el ejército lo importante es la unidad y la integridad, independientemente del régimen que exista, que es el que se da el pueblo".

Por eso, "a España se la defiende aunque sea comunista" y tiene sentido la célebre frase del político derechista español de la Segunda República. Preguntado si la anteposición del sentimiento patriótico a la Constitución no es precisamente lo que esgrimen los independentistas catalanes, el coronel Muñoz, matizó que "Cataluña es una región de España" y que "la nación está por encima de la región".

A ésta, dijo, se le protege como parte de un todo, pero "no puede actuar libremente" porque "la parte no puede estar por encima del todo". El presidente de la AME no quiso confiar al ejército la facultad de mantener la integridad de España en caso de que el Gobierno no sea capaz de defenderla por sí solo. Si el Ejecutivo no está a la altura de sus responsabilidades, "se aplica lo que dice la Constitución", que encarna la voluntad del pueblo español.

Bárcenas: "Ni me he apuntado al paro ni me voy a apuntar"

MADRID.- "Ni me he apuntado al paro ni me voy a apuntar". El extesorero del PP Luis Bárcenas lo ha dejado así de claro. Cuatro días después de declarar ante el juez Pablo Ruz, de que se le retirara el pasaporte como medida cautelar y de que demandara al Partido Popular (PP) por despido improcedente, Bárcenas ha roto hoy su silencio. El PP será llamado a alcanzar un acuerdo de conciliación por el despido de Bárcenas

También este mismo jueves, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, ha considerado que, en el Partido Popular, "debemos plantarnos con seriedad" ante el extesorero Luis Bárcenas para defender "nuestra dignidad" y no permitir que "pueda jugar con el PP".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha insistido en que "el qué está metido en un embrollo de mentiras y cosas que no tienen ninguna explicación" es Luis Bárcenas, que "está jugando con el PP". "Eso no lo podemos permitir de ninguna manera", ha asegurado.

Alonso ha insistido que los trabajos del extesorero con el PP finalizaron en 2010 y ha añadido que la "historia del finiquito" está siendo utilizada por Bárcenas para "atacar" al PP. A su entender, "ya es hora también de que nosotros debemos plantarnos con seriedad frente a este hombre, defender nuestro partido, nuestra dignidad y no permitir que Bárcenas pueda jugar con el PP".

Alonso ha asegurado que no tiene constancia de que exista "ningún chantaje" y ha precisado que, en cualquier caso, "sería inútil" porque Mariano Rajoy "no es un hombre sensible a chantajes".

También hoy, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, y el secretario ejecutivo de Convergencia Político-Social, Enrique Santiago, han registrado en la Audiencia Nacional una querella criminal por el 'caso Bárcenas'.