jueves, 14 de febrero de 2013






El finiquito prorrateado de Bárcenas demuestra "un segundo pacto" entre el PP y su extesorero, según IU

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, considera que las condiciones del finiquito que el PP acordó con su extesorero Luis Bárcenas tras ser imputado en el 'caso Gürtel' evidencia "el segundo pacto" que el partido y su empleado alcanzaron y es consecuencia de "todo lo que todavía está por descubrir".

   En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Lara ha tachado de "anécdota" las presuntas irregularidades en torno al finiquito prorrateado   que el partido de Mariano Rajoy acordó con Bárcenas porque el problema "de fondo", a su juicio, es que existe "un gran pacto" con el extesorero y exsenador 'popular'.
   En términos similares se ha expresado el diputado de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, quien ha puesto de relieve que "el absoluto desconocimiento" del PP en materia de legislación laboral, como así lo demuestran las informaciones que sobre este asunto se están conociendo estos días.
   "No soy capaz de concebir cómo el PP hace irregularidades tan flagrantes y cómo es tan incompetente", ha llegado de decir Llamazares, quien ha abogado en primer lugar por investigar lo que ha sucedido en torno a la indemnización por despido de Bárcenas, un asunto en el que, según ha dicho, "tiene una responsabilidad" el Ministerio de Empleo, y, en segundo, poner el caso en manos de la justicia.
   "No queda otra alternativa: inspección por una parte y luego sanción", ha insistido el parlamentario de IU, para quien este tipo de irregularidades cometidas supuestamente por el PP demuestran que existe" "una ley laboral para unos y otra para otros".

Fernández Ordóñez planeaba restar poder a Rato cuando De Guindos le quitó el "control" de Bankia

MADRID.- El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha revelado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que el organismo regulador planeaba restarle competencias al expresidente de Bankia Rodrigo Rato cuando el Ministerio de Economía, dirigido por Luis de Guindos, le quitó "totalmente el control" de la situación, informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

   Fernández Ordóñez, que ha declarado durante más de tres horas y media como testigo en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad, ha asegurado que no tenía confianza suficiente en Rato por entender que carecía de experiencia bancaria para dirigir la entidad. Por ello, intentó negociar con él que se mantuviera como "presidente no ejecutivo" tras nombrar a un presidente con conocimientos bancarios, para cuyo puesto ya tenía "en mente" al actual presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.  
   Esta propuesta, que Fernández Ordóñez llegó a plantear en una conversación con Rato que se produjo entre el 17 de abril de 2012 y el 4 de mayo, perdió sentido, según el compareciente, cuando el Ministerio de Economía le quito el "control" sobre la crisis y provocó la salida del exvicepresidente del Gobierno. Aunque no le gustó esta intervención, según ha dicho, tuvo que aceptar por "responsabilidad".
   El compareciente también ha criticado al entonces consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, al decir que no era la "persona adecuada" para el cargo por una cuestión de competencia. "Venía de un banquito", ha llegado a decir según varias fuentes presentes en la declaración, en referencia a la Banca March, en la que ocupo el puesto de vicepresidente.   
   De igual modo, ha criticado la "falta de profesionalidad" de algunos miembros del Consejo de Administración del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, sus retribuciones y la política de nombramientos que llevaban a cabo en las cajas los Gobiernos de las comunidades autónomas.
   En todo caso, ha señalado que el Banco de España no podía rechazar un plan de una entidad financiera por el "coste reputacional y de confianza" que habría tenido, por lo que dio vía libre el 17 de abril al primer plan de saneamiento elaborado por el equipo directivo de Rato tras incluir una serie de obligaciones que debía solventar antes del 31 de mayo siguiente.
   En relación con la intervención del Ministerio de Economía, que rechazó este primer plan y obligó a Rato a presentar un segundo, lo que se concretó el 4 de mayo, ha señalado que sabía que estaban "trabajando en algo" pero no conocía exactamente los detalles. En todo caso, ha apuntado que el regulador no llegó a aprobar ni a analizar ese segundo plan aunque lo recibió de manera informal unos días antes de la salida de Rato.
   Además de consignar otras deficiencias como la gestión del uso hipotecario, Fernández Ordóñez ha señalado que el único instrumento de actuación que tenía el Banco de España sobre Bankia era la intervención, aunque se trataba de una medida muy radical que descartó en beneficio de las recomendaciones y las conversaciones con sus gestores. En todo caso, ha considerado "razonable" que, tras la salida de Rato, se llevara a cabo la nacionalización de la entidad y que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectara 19.000 millones de euros.
   En otro punto de la declaración, Fernández Ordóñez ha admitido que intentó hacer ver al expresidente de Bancaja José Luis Olivas la necesidad de que aceptara la fusión con Caja Madrid para constituir Bankia por la bondad de los procesos de integración, que también se estaban llevando a cabo en otros países de Europa.
   De igual modo, ha admitido que le indicó que, si no se llevaba a cabo la fusión, Bancaja podría ser intervenida aunque ha dicho, a diferencia de la versión que Olivas defendió ante el juez, que no se trató de una amenaza sino de la previsión de lo que iba a suceder si no se producía la integración.
   También ha detallado que el exvicepresidente del Gobierno tampoco era partidario de la fusión. "Rato estaba en una especie de sueño en el que le bastaban las cinco cajas", ha dicho Fernández Ordóñez antes de confirmar que el 1 de junio de 2010 les reunió en su despacho para que se pusieran de acuerdo. Ese día, según ha dicho, Rato llegó a decirle: "Olivas no se me pone al teléfono".
   Tal y como avanzó ayer, miércoles, su número dos en el supervisor, Francisco Javier Aríztegui, Fernández Ordóñez ha indicado que solicitó un informe a los servicios jurídicos del Banco de España para determinar si la intervención del Ejecutivo en Bankia se ajustaba a la legalidad.
   Aunque no ha llegado a aclarar si el informe existe o no, el exgobernador ha dicho que el secretario general del regulador, Javier Priego, le llegó a decir verbalmente que, aunque no existían precedentes, la actuación de Economía no revestía ningún tipo de ilegalidad.
   En la causa están imputados 33 exconsejeros de la entidad, entre ellos Rato y Olivas, así como Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) en calidad de personas jurídicas. El juez les atribuye indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

La Plataforma de Deshaucios pide movilizaciones masivas el sábado

BARCELONA.-   La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) pide convertir las concentraciones previstas para el sábado en una demostración de apoyo social a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la dación en pago para vencer a la presión que, asegura, va a iniciar "el 'lobby' de la banca para rebajar los contenidos del proyecto".

   "La ILP no es una propuesta de máximos, sino de mínimos, de modo que no aceptaremos nada que no suponga asumir nuestro documento íntegro", ha defendido este jueves en rueda de prensa la portavoz de la plataforma, Ada Colau, quien ha mostrado su disposición a prestar asesoramiento jurídico a los partidos que tengan dudas técnicas respecto el documento.
   Colau se ha felicitado por el cambio de postura del PP en la admisión a trámite de la ILP y por su tramitación de urgencia --que podría suponer que la ley se votara en marzo, después del periodo de enmiendas--, pero ha advertido de que esto no puede suponer una excusa "para dar un carpetazo rápido al proyecto".
   La portavoz ha exigido que el texto que salga de las Cortes recoja íntegras las tres reivindicaciones del documento: la dación en pago con efectos retroactivos, el cese de los desahucios, y la creación de alquileres sociales, todo ello sin distinciones en función de los ingresos de los afectados.
    Por ello ha animado a toda la población a dar apoyo a las manifestaciones convocadas este sábado en 50 ciudades de todo el Estado: "Es un momento clave, donde nos jugamos convertir las pequeñas victorias que hemos conseguido en una gran victoria".
   Al final de las movilizaciones la PAH hará pública la lista de diputados que se han comprometido por escrito a defender la propuesta de ley en los términos planteados inicialmente, sin ningún tipo de cambio, y ha anunciado que mantendrá la presión --y estudiará ampliarla-- entre aquellos políticos que se muestren contrarios a la iniciativa.
   La manifestación de Barcelona tendrá lugar a las 17.00 horas en la Plaza Urquinaona, en pleno centro de la capital catalana.

España podría recaudar alrededor de 5.000 millones anuales con la tasa Tobin

BRUSELAS.- España podría recaudar alrededor de 5.000 millones de euros anuales con la tasa a las transacciones financieras propuesta por la Comisión Europea, que está previsto que entre en vigor el 1 de enero de 2014 en once Estados miembros de la UE.

   En total, la tasa generará unos ingresos de entre 30.000 y 35.000 millones de euros al año. De esta cantidad, Alemania recaudará alrededor de 10.000 millones; Francia, entre 7.000 y 8.000 millones; e Italia entre 6.000 y 7.000 millones, según las estimaciones preliminares que maneja Bruselas.
   La tasa se aplicará también en Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia. No obstante, los ingresos finales dependerán del mecanismo de reparto interno que pacten estos países que participan en la cooperación reforzada y de la recaudación real que genere cuando se ponga en marcha, según avisa la Comisión.
   El objetivo de esta iniciativa es frenar la especulación y obligar a la banca a asumir parte de los costes de la crisis. El veto de países como Reino Unido y Suecia ha impedido que se aplique en toda la UE y ha empujado a estos 11 Estados miembros a avanzar en solitario mediante una cooperación reforzada.
   La tasa gravará con un 0,1% las transacciones de acciones y bonos y con un 0,01% las de derivados. Se aplicará a todas las operaciones en las que al menos una de las partes esté establecida en uno de los 11 países participantes, o actúe en nombre de un cliente establecido en esta zona, con independencia del lugar donde se realice la transacción.
   Pero además, para evitar la deslocalización de operaciones a la City de Londres o a otros centros financieros que no aplican el impuesto, la Comisión ha previsto una nueva salvaguarda: el principio del lugar de emisión. Según dicho principio, los instrumentos financieros emitidos en los 11 Estados miembros serán gravados cuando sean objeto de negociación, aunque los negociadores no estén basados en ninguno de estos países.
   El comisario de Fiscalidad, Algirdas Semeta, ha admitido que la tasa podría provocar problemas de doble imposición en los Estados miembros que no participan, como Reino Unido, pero ha dicho que tratarán de resolverse durante las negociaciones. Asimismo, ha anunciado que en los próximos días viajará a Estados Unidos para responder a la oposición que la tasa suscita en Washington.
   La tasa  no se aplicará a las actividades financieras diarias de los ciudadanos y las empresas, por ejemplo, préstamos, pagos, seguros o depósitos. Tampoco se aplicará a las tradicionales actividades bancarias de inversión en el contexto de la captación de capitales ni a las transacciones financieras efectuadas en el marco de operaciones de reestructuración.
   La propuesta también excluye las actividades de refinanciación, la política monetaria y la gestión de la deuda pública. Por consiguiente, quedarán exentas del impuesto las transacciones con los bancos centrales y el Banco Central Europeo, con la Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad y con la Unión Europea.
   La propuesta de Bruselas debe ser aprobada ahora por unanimidad por los 11 países participantes. El resto de Estados miembros que se han excluido de la cooperación reforzada estarán en la mesa de negociación pero sin derecho a voto.

Desahuciados / Antonio Casado

  Ana Colau, cara visible del movimiento ciudadano contra los desahucios, la que llamó criminales a los banqueros en sede parlamentaria, celebró con tanto entusiasmo la luz verde del Congreso a su iniciativa legislativa popular que el presidente de la Cámara tuvo que expulsarla, a ella y a sus compañeros, de la tribuna de invitados. Ocurrió el martes pasado en la sesión plenaria que tomó en consideración dicha iniciativa para proceder a tramitarla. Por unanimidad de todos los diputados, incluidos los del Partido Popular, con una sola abstención entre los 334 diputados asistentes a la sesión plenaria. 

   Será bonito mientras dure. Quiero decir que lo del martes, la admisión a trámite de la iniciativa apadrinada por los activistas del movimiento antidesahucios, escenificó la unanimidad de todas las fuerzas políticas en la voluntad de frenar este drama social, pero realmente solo es una formalidad. Tomar en consideración la iniciativa supone el compromiso de darle curso parlamentario, no aceptación de sus propuestas. Se integrarán éstas en la tramitación ordinaria del llamado proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. Más conocida como la ley de los desahucios.

   A partir de ahora lo que cuenta es la fuerza numérica de los distintos grupos parlamentarios. No hace falta recordar que la mayoría absoluta del PP (186 diputados) nos permite afirmar sin equivocarnos que sólo prosperarán las enmiendas aceptadas por el partido en el poder. Y en principio no está muy por la labor de respaldar las cuatro más importantes que figuran en la iniciativa de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca). A saber: la dación en pago, la paralización del desahucio de la vivienda habitual y el alquiler social.

   Por tanto, este paso triunfal del movimiento antidesahucios, que ha logrado lo primero que se reclamaba en la iniciativa presentada por casi millón y medio de ciudadanos -su tramitación parlamentaria- se puede quedar en nada si el inesperado voto favorable del PP no pasa de ser un gesto de cara a la galería. Por eso lo que procede es que ponga en común con otros grupos, sobre todo con el PSOE, la voluntad política de conciliar, por un lado, una legislación respetuosa con el derecho de propiedad, y por el otro, el rescate de las familias que pueden quedarse sin techo a consecuencia de una crisis económica generada por decisiones equivocadas de gobernantes y banqueros. Hay margen para modular las propuestas de la iniciativa popular sin alterar sustancialmente las bases reguladoras del mercado hipotecario. Lo que no puede hacer el legislador es seguir mirando hacia otro lado mientras la legalidad vigente sigue apadrinando el rescate de los bancos y no el de las familias.

   En todo caso, el movimiento ciudadano, que ha llegado a recurrir a los escudos humanos como último recurso, demuestra que la sociedad no estaba tan anestesiada como parecía ante los efectos de la crisis económica.

El juez Ruz llama a declarar al exdirector de Bancaja en Miami

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado en calidad de imputado el próximo 7 de marzo al que fuera consejero en el año 2000 de Bancaja Eurocapital Financia y director de Bancaja en Miami, Guillermo Martínez Lluch, para interrogarle en relación con el impuesto de patrimonio presentado por el extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias entre 1997 y 2007.

   Así se refleja en una providencia dictada ayer por el titular del Juzgado de Instrucción nº 5, que cita al exdirectivo -que fue imputado en la trama en 2009 por Baltasar Garzón- tras recibir una certificación de Hacienda relativa Bárcenas y su mujer y otro documento remitido al juez por Bankia sobre la entidad Tesedul, que fue la que el extesorero utilizó para regularizar su situación con Hacienda.
   Según estos documentos, Bárcenas presentó por primera vez el Impuesto sobre Patrimonio en el ejercicio de 1986 y realizó declaraciones sobre el mismo desde ese mismo año hasta 2007, ambos inclusive. Su esposa presentó declaraciones por el Impuesto sobre el Patrimonio desde 1997 hasta 2007.
   En la documentación sobre Tesedul remitida por Bankia se informa de que esta sociedad fijó su domicilio social en Montevideo (Uruguay) y se constituyó a través de un matrimonio de uruguayos que creó la sociedad dedicada a "industrializar y comercializar" bienes en el ámbito de la alimentación, el hogar y oficina, bazar, construcción, cosmética, ferretería, informática, tabaco, ingeniería, óptica o perfumería, entre otros.

   El juez Ruz ha dado traslado del informe sobre Tesedul a la Fiscalía Anticorrupción "para informe sobre las diligencias a practicar". También envía este documento a la UDED y a la Unidad de Auxilio Judicial de la Agencia Tributaria "a fin de que tal documentación pueda ser tenida en cuenta en los informes pendientes de evacuar" que les fueron requridos los pasados 16 de enero y 6 de febrero.
   En una segunda providencia, también con fecha de 12 de febrero, el juez remite al fiscal la documentación de Hacienda que ha permitido conocer que el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López-Viejo y el exdiputado autonómico del PP Alfonso Bosch, además de un grupo de empresarios, resultaron beneficiarios de regularizaciones ordinarias de dinero no declarado ante Hacienda.
   Según estos documentos, el también imputado y presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín Álvarez, se habría acogido a la amnistía fiscal e ingresó 342 euros en el fisco tras aflorar 3.420 euros. El constructor Alfonso García Pozuelo también aparece como beneficiado de esta declaración tributaria especial.
   Los otros imputados que han regularizado voluntariamente por la vía ordinaria son el ex consejero de Esperanza Aguirre Alberto López-Viejo, el exdiputado Alfonso Bosch, los empresarios Manuel Salinas Lázaro y Amando Mayo Rebollo y el abogado José Ramón Blanco Balín. También aparece en la lista la constructora Begar S.A. vinculada al grupo de José Luis Ulibarri, igualmente imputado en la trama.

El Gobierno sigue blindando a la Casa Real frente a la 'Ley de transparencia'

MADRID.- A veces los silencios son más llamativos que las propias declaraciones y, en ese sentido, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a dejar ayer claro que la Casa Real y el Monarca seguirán, de momento, sin someterse al escrutinio de la Ley de Transparencia, recuerda hoy 'El Confidencial'. 

La diputada de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, reclamó ayer al Gobierno, durante la sesión de control al Ejecutivo, la puesta en marcha de medidas  para luchar contra la corrupción, entre las que citó, expresamente, que la Casa Real y los partidos se incluyen en la próxima ley que ya ha comenzado su tramitación parlamentaria. Rajoy, en cambio, sólo hizo una concesión hacia lo segundo y, en una nueva rectificación al dictado del escándalo Bárcenas, anunció que incluirá a las formaciones políticas en el texto final.
La inclusión de la Casa Real en el proyecto de ley nunca ha estado en el guion del Ejecutivo, tal y como quedó en evidencia desde el mismo momento en el que la vicepresidenta la presentó en un Consejo de Ministros en marzo del año pasado. Soraya Sáenz de Santamaría explicó entonces que la Corona “no forma parte del grupo de Administraciones Públicas” que deben facilitar documentos a la ciudadanía. Un criterio que, sin embargo, tampoco se aplica estrictamente a los partidos políticos, que finalmente sí se verán afectados y que no comparten algunos de los primeros expertos que ya han comparecido en el Congreso para ser escuchados por los grupos.
El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, fue claro al señalar ante sus señorías, el pasado 23 de enero, que a su juicio “sería también importante que la ley se extendiera a los sindicatos, la CEOE y la Casa Real”, lo mismo que ayer vino a reclamar la portavoz de UPyD. “Una Ley de Transparencia que afecte a la Casa Real, a los partidos políticos y a todos los que reciben subvenciones públicas”, explicó. “Cuando los ciudadanos nos vean hacer estas leyes que van contra nuestra propia impunidad y que van, de verdad, a favor de una democracia de más calidad, creerán en nosotros y creerán en la democracia. Y entonces en España podremos conjugar democracia con mayúsculas”. 
De momento, el Gobierno no ha querido a entrar en ese debate y, desde el PP, defienden que, si no toda la Casa Real, sí que buena parte de ella estará bajo el control de la ley pues son varios los ministerios, entre ellos Presidencia, Interior o Exteriores, obligados  a la transparencia, los que sufragan importantes partidas de la Casa Real como el uso de vehículos, el pago de la seguridad o el mantenimiento de los palacios.
En enero, el Congreso también escuchó a Antonio Garrigues Walker, fundador del capítulo español de Transparencia Internacional, sobre el mismo proyecto de ley en el que abogó porque sea una realidad lo antes posible para que, una vez puesta en marcha, se puedan detectar sus deficiencias.
Preguntado entonces sobre la Casa Real, Garrigues Walker señaló que “es un tema abierto a debate”. “Uno tiene la idea de que lo lógico sería que todo el mundo estuviera incorporado a la Ley de Transparencia, pero hay países en los que las monarquías están incorporadas y otros en los que no lo están, y a veces no se hace por problemas de respeto, sino simplemente porque creen que podría generar más problemas que soluciones y porque el ámbito no es tan importante desde el punto de vista de la propia Ley de Transparencia”, explicó.
El jurista advirtió, eso sí, que su ausencia en la ley no debe suponer un daño para la institución o que pareciera que “se transmitiera a la opinión pública como una especie de resistencia de la propia Casa Real”. “Es un tema que puede estar perfectamente aislado de la Ley de Transparencia, porque la dimensión económica es muy pequeña y porque podría generar algún otro tipo de daño. No anticipo qué daño, digo simplemente que podría generar sensibilidades que no se buscan. Ahora bien, tampoco me parece un principio sagrado. Me imagino que poco a poco muchas de las instituciones que en estos momentos no van a ser afectadas por la Ley de Transparencia acabarán siéndolo, y me refiero a sindicatos, a partidos políticos y a otras muchas instituciones. Es inevitable, es absolutamente inevitable, y además todo el mundo lo sabe”.

Talegón dice que dirigentes del PSOE la han arropado

MADRID.- La secretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, Beatriz Talegón, que en el Congreso de la Internacional Socialista celebrado en Cascais (Portugal) abroncó a los líderes de esta organización, ha afirmado este miércoles que no ha recibido ninguna crítica de los dirigentes del PSOE a raíz de su discurso, sino que le han transmitido "arropo y palabras de cariño".

   En una entrevista en Antena 3, Talegón se ha referido a la carta abierta que publicaron este martes los secretarios provinciales de las Juventudes Socialistas de Guadalajara y Mallorca y otro militante, en la que le piden que dimita porque consideran ella "no es la persona adecuada" para reprochar a los líderes socialistas que pretendan "promover la revolución desde un hotel de cinco estrellas en Cascais, llegando en coches de lujo".
   "Una cosa es discutir el contenido político, si estás de acuerdo o no, y yo ahí no tengo problema, y otra cosa es entrar en cuestiones personales que encima no son ciertas", ha declarado. Respondiendo a las críticas, Talegón ha explicado que su salario son 1.500 euros netos, una cantidad que no es "para tirar cohetes" en Viena, donde vive y paga otros 1.000 euros al mes en impuestos. "Y no me importa", ha añadido.
   Tras señalar que tampoco viaja en primera clase, ha manifestado que le parece "feo" que digan esas cosas sobre ella. "Demuestra un poquito, a todo el mundo que tenga un poco de inteligencia, por dónde van los tiros y qué es lo que hay detrás, pero para mí es muy fácil poner los papeles sobre la mesa", ha dicho.
   Talegón ha afirmado que, a raíz del discurso que pronunció el pasado 5 de febrero en el Congreso de la Internacional Socialista, que fue "improvisado", el secretario general de las Juventudes Socialistas de España la llamó por teléfono y le dijo que iba a hablar con los autores de la carta abierta "para explicarles que esta no es la vía".
   A la pregunta de si también ha recibido llamadas de la dirección del PSOE, ha contestado afirmativamente, aunque ha aclarado que no fueron del secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ni de la vicesecretaria general, Elena Valenciano. "Pero el teléfono ha ardido", ha declarado.
   "El tono ha sido excelente, no he recibido ninguna crítica. De hecho, ante la carta de ayer, el partido ha dado la cara, el secretario general de Guadalajara se ha comprometido a hablar con los compañeros para explicarles que así no funcionamos", ha destacado.
   "No he recibido más que arropo y palabras de cariño", ha insistido Talegón, antes de recordar que ese apoyo lo han expresado en público la portavoz y el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez y Eduardo Madina, respectivamente, y el secretario general del PSE-EE-PSOE, Patxi López. "Otros lo han dicho en privado", ha agregado.

Alfonso Guerra: "Los que más hablan de regeneración son los más culpables"

CIUDAD REAL.- El diputado nacional del PSOE y exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, aseguró anoche que hay una "nube oscura" sobre el sistema democrático y que "los que más hablan de regeneración política" son "los más culpables de lo que está pasando".

   Guerra se había manifestado así antes de clausurar el curso 'Los años 80. La consolidación de la democracia' que ha organizado el Grupo de Estudios Históricos y Culturales Contemporáneos y que se ha venido celebrando en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.
   Si bien ha dicho que hay que cambiar muchas cosas, ha remarcado que también hay elementos que están alimentando esa "nube oscura" que puede acabar afectando al sistema democrático, unos "inventados y otros reales".
   A su juicio, aquellos políticos que están "complicados con dinero público, con dinero negro, que se están llevando cantidades inmensas, inaccesibles para cualquier ciudadano normal están haciendo mucho en contra el sistema democrático".
   A su vez, ha continuado, hay otros políticos "que no tienen ninguna mancha en el aspecto económico, pero que no están entendiendo bien lo que está pasando en el mundo para atender a la nueva realidad sin dejarse llevar por las imposiciones de los poderes económicos y financieros".
   Todo ello, "sumado a algunos medios, que mienten sobre algunas cosas sobre las que informan", colabora en ir un poco en contra del sistema democrático que a los españoles costó mucho consolidar, con años "muy duros", ha puntualizado.
   Guerra ha considerado que todo esto es "triste y preocupante" y ha señalado, que en comparación con los años 80, etapa en la que fue vicepresidente del Gobierno, hace que recuerde aquel momento con "satisfacción".
   El dirigente socialista ha indicado que durante los años 80 "arrumbaron para siempre el ruido de sables de los cuarteles. Eso desapareció por completo y eso no se nota, porque es como el aire, que solo se nota cuando falta".
   A juicio del que fuera vicepresidente del Gobierno con Felipe González, el actual momento necesita de no mirar por la ventana y "ponerse a trabajar, hablar mucho con la gente en la calle".

PP, UPyD y PNV votarán contra la prohibición del 'fracking'

MADRID.- El PP, UPyD y el PNV votarán este jueves en el Pleno del Congreso en contra de la moción de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que aboga por la prohibición de la técnica de fractura hidráulica o 'fracking' alegando que es una posibilidad que es necesario estudiar por sus "potenciales beneficios".

   Aunque la votación del texto --que se deriva de una interpelación al ministro de Industria, José Manuel Soria, sustanciada el pasado mes de diciembre-- no se producirá hasta mañana, los parlamentarios han debatido este miércoles el contenido de la propuesta y de las enmiendas, y han anunciado la posición de su voto, que será negativo en los casos de PP, UPyD y PNV.
   El 'popular' Marcos Flores ha justificado esta postura en que el 'fracking' es una posibilidad que "no se puede dejar de analizar" a la luz del "potencial beneficio para el país" que podría tener, y ha subrayado que la legislación existente es "suficiente", sobre todo porque las autorizaciones existentes son sólo de investigación y prospección y están en una fase "muy inicial".
   "Necesitamos un mix energético acorde con las necesidades presentes y futuras, y eso nos obliga a ser tremendamente responsables en nuestras decisiones. Negarnos a explorar o investigar nuevas formas de obtener energía sería una temeridad, al igual que no garantizar que cualquier nueva técnica no esté dotada de la suficientes garantías para evitar riesgos", ha añadido.
   Asimismo, ha recordado que países como Alemania o Estados Unidos han apostado por esta técnica, y ha criticado que se opte por pensar que es una "amenaza más que una oportunidad" y se "meta el miedo en el cuerpo" de la ciudadanía "apelando a graves efectos nocivos contra la salud y el medio ambiente" que ni siquiera están demostrados.
   Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha criticado que se intente prohibir una investigación científica y el consecuente desarrollo tecnológico con una moción "en tono apocalíptico" que "mantiene afirmaciones inexactas". "Renunciar expresamente y por una decisión legislativa a examinar y explorar posibilidades de autoabastecimiento de hidrocarburos es una barbaridad", ha añadido.
   Así, ha rechazado "prohibir modelos alternativos de política energético por impresiones superficiales" aunque ha reconocido que esta nueva técnica debe someterse a estudios rigurosos de costes y riesgos, así como a una regulación que minimice sus posibles efectos perniciosos. Además, ha reclamado un organismo regulador específico, que siga el modelo del Consejo de Seguridad Nuclear que evalúe "permanentemente" de las explotaciones.
   El diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Chesús Yuste ha explicado que su moción reclama la prohibición legal, en un máximo de tres meses, de la fracturación hidráulica o 'fracking', una técnica de extracción de gases no convencionales que se encuentran en rocas subterráneas poco porosas y poco permeables. Hasta entonces, el diputado aragonés también exige la suspensión inmediata de todas las licencias concedidas, la no autorización de nuevas solicitudes y la revisión del modelo energético para que se base en fuentes renovables y limpias.
   Tras alertar de que esta técnica no es tan barata como se pretende hacer creer y además tiene importantes consecuencias medioambientales, Yuste ha recordado que esta técnica está prohibida en países como Francia, Irlanda o Canadá, mientras en otros se han establecido moratorias y suspensiones. Algo que contrasta con lo que sucede en España, donde "está proliferando su desarrollo con un enorme oscurantismo con la concesión de numerosos permisos por todo el territorio".
   El socialista Ximo Puig ha afirmado que el 'fracking' es un sistema "inseguro, incierto y peligroso" y ha recordado que los ciudadanos de las zonas más afectadas reclaman que no se siga adelante con estas concesiones. "Pero este Gobierno, siempre tan lejos de los ciudadanos, parece que está dispuesto a pagar cualquier riesgo medioambiental para conseguir petróleo", ha criticado.
   A renglón seguido, ha reclamado al Gobierno que acuda a los expertos para estudiar los riesgos "de toda índole" de esta técnica de extracción, que suspenda mientras tanto todas las actividades que supongan usar el 'fracking' y no autorice nuevas solicitudes, y que "impulse un cambio de modelo energético" basado en las renovables, extremo que la CHA ha aceptado incluir en la moción.
   El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha defendido la enmienda de su grupo --que no ha sido aceptada por el diputado de CHA-- en la que piden una moratoria en la explotación del gas no convencional mientras una comisión científica analiza la "evolución de esta tecnología". También proponen someter los proyectos de investigación y exploración a los procedimientos de análisis y evaluación de impacto ambiental.
   "Estamos en contra de la explotación industrial (con esta técnica), pero costa distinta es no poder investigar las diferentes posibilidades que se abren a partir de modelos de exploración respetuosos de la sostenibilidad y de los parámetros medioambientales", ha añadido.
   En la misma línea, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre ha explicado que con su enmienda pretenden dar "mayor rigor científico" a la posición de voto de los nacionalistas catalanes por falta de un informe de expertos que sirva de "precedente de cualquier regulación sobre los mayores riesgos" de esta técnica, y que incorpore "recomendaciones sobre las medidas de seguridad necesarias para garantizar la salud pública y el máximo respeto del Medio Ambiente".
   "Deberíamos plantear un criterio para el Gobierno y todas las comunidades autónomas", ha dicho el nacionalista catalán, recomendando asimismo que en Bruselas se elabore un directiva "más precisa" sobre el 'fracking' con el objetivo de "evitar normativas dispares" entre los estados miembro.
   El diputado de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha criticado una técnica "sucia y peligrosa" que sirve para producir un combustible muy contaminante, mientras que Teresa Jordá (ERC) ha recordado que los productos químicos que se usan en el 'fracking' son "cancerígenos", contaminan el suelo, el agua y el aire; y suponen exponer a las personas que viven en el entorno de las explotaciones al riesgo de contaminación.
   Xabier Mikel Errekondo, de Amaiur, también ha recordado que la población está "reclamando" un nuevo modelo energético basado en la renovables, frente al "modelo FAES" del Gobierno, un modelo "de dinero sea del color que sea y sustentado en los oligopolios".
 "Es usted 'uno de los nuestros'", ha dicho, imitando la voz de 'El Padrino' y acusando así al ministro de Industria, José Manuel Soria, de actuar en connivencia con el poder. "Aplique el principio de cautela y de precaución, sino puede que luego sea demasiado tarde", ha zanjado.