sábado, 29 de junio de 2013

Una agonía en diferido / Ramón Cotarelo *

El comportamiento de Rajoy, el enroque numantino en el silencio, solo roto con expresiones desconcertantes, tiene al personal maravillado. Hasta en su partido se hacen cruces de hasta dónde quiere este hombre prolongar el trance inevitable de su dimisión. Es inaudito que se siga aceptando esta situación grotesca de que un presidente de gobierno se niegue a dar explicaciones de sus actos cuando se encuentran bajo vehemente sospecha de corrupción. De seguir así podemos encontrarnos con que Rajoy, hipotéticamente citado por el juez, declare que ya ha dicho todo lo que tiene que decir.

Exactamente lo que hizo ayer, cuando le preguntaron por el asunto de Bárcenas (primera pregunta). Afirmó: Sobre ese asunto ya he dicho cuanto tenía que decir. "Ese asunto" es Bárcenas, cuyo nombre sigue sin salir de la boca del presidente, al menos en público. Parece como si los papeles que lo señalan como receptor de un millón y medio de euros fueran propiedad de nadie. Pero no a la astuta forma de Ulises, sino de nadie en sentido estricto. Bárcenas no existe. Y lo que no existe, caramba, no tiene nombre. Eso es cierto pero, en su ingenuidad algo primitiva, él da la vuelta a la proposición: lo que no se nombra, no existe.

Pasemos por alto este recurso algo ridículo en atención a la guerra de nervios a que el presidente está sometido y vayamos al contenido de su declaración. Afirma que no va a seguir hablando del "asunto" porque ya lo ha dicho todo. Raro sería que fuera cierto, tratándose de alguien que no solo falta a la verdad sino que lo admite. Para comprobarlo, vamos a rastrear todo lo que ha dicho hasta ahora al respecto.

Su primera y más sonada afirmación fue en 2009, al sostener bien alto que nadie podrá probar que Bárcenas y Galeote no son inocentes. Por aquel entonces, Bárcenas existía, tenía nombre y Rajoy lo pronunciaba, pues era su amigo y persona de confianza a quien él había designado. No padecía aún esa amnesia selectiva. Y no solo tenía nombre. Tenía su honradez archidemostrada, era Senador de la Nación y tesorero del PP. Lo importante, para trincar, claro, era lo segundo. Pero su garante era Rajoy.

¿En qué momento desapareció Bárcenas y perdió sus atributos, incluido el nombre? Sencillo, en cuanto se hizo público y fue oficial que en el PP llevaban años cobrando sobresueldos barcénigos en sobres, según los papeles en poder del juez. Allí fue donde, a la pregunta de un periodista, casi al vuelo "¿hubo sobresueldos en el PP?", Rajoy respondió, esquivo, sin detenerse, casi a la carrera: Sí, hombre. Una expresión que no quiere decir nada, puesto que no es un "no" claro, sencillo, rotundo.

El "no" vendría un mes después, pero transmitido a través de una pantalla de plasma, en forma de breve alocución leída en la que había una sola referencia al "asunto". Rajoy se ponía serio y afirmaba que Nunca he recibido ni he repartido dinero negro. Y, para demostrarlo, se declaraba dispuesto a mostrar su declaración de la renta. Dejando al margen el hecho de que nadie, ni Rajoy seguramente, declarará a Hacienda cualquier posible dinero negro, el hecho es que facilitó la de un año y no correspondiente a los ejercicios en los que se le achacaban los cobros. En todo caso, la cuestión de la "negrura" del dinero no puede decidirla el propio interesado sino que corresponde a los jueces en un sentido jurídico y a la ciudadanía en uno político. O sea, seguía sin decir nada ni probar nada.

Como el escándalo arreciase y Rajoy no pudiera refugiarse tras el plasma por verse obligado a mantener ruedas de prensa en el extranjero, a las insistentes preguntas de los periodistas decidió dar un mentís categórico a su modo y creyó zanjar la cuestión diciendo: Todo es falso, salvo alguna cosa. Estas sorprendentes tonterías acabarán formando una antología de necedades como las que a veces se hacen de los presidentes especialmente incompetentes, por ejemplo, Bush. Pero, a nuestro efectos, el buen hombre continuaba silente, sin explicarse. 

Y cargado de razón ayer, tras haber respondido que no tenía nada que decir a la primera pregunta de los periodistas, zanjó la segunda con un asombroso ya tal que provocó la hilaridad de los asistentes, a carcajada limpia.

Porque, ¿puede considerarse que los dislates y absurdos que el presidente ha ido hilando en los seis meses desde la revelación de los papeles bercénigos sean haber dicho algo? Hasta el momento no ha dicho nada, se ha callado, no se ha querellado con Bárcenas y ha ordenado a sus subordinados en el partido (y casi todos ellos figurantes en la contabilidad de los sobresueldos) que mantengan un silencio propio de omertà. Si ya ha dicho "todo lo que tenía que decir", todo lo que tenía que decir resulta ser nada. Rajoy no ha dicho nada en seis meses respecto a la cuestión esencial: ¿cobró usted o no 1.500.000 de euros, se subió el sueldo más de un 20 %, mientras pedía e imponía sacrificios y recortes a sus paísanos y encima los engañaba insinuando que tenía problemas a fin de mes? ¿Sí o no?

La situación es bastante mala porque, siendo evidente para todo el mundo que Rajoy debe dimitir, no hay nadie en su partido que pueda imponer esa dimisión y quienes en teoría podrían hacerlo, Aznar, Gallardón, Aguirre, aparecen también salpicados en el "asunto" tanto como Rajoy, tienen presuntos sobresueldos, malversaciones, corruptelas de todo tipo por las que pueden ser encausados en cualquier momento y, como aquel, carecen de crédito y autoridad moral para iniciar regeneración alguna. La corrupción en el partido es general.

Esa corrupción debilita al gobierno del Estado en un momento decisivo, cuando se intensifica la pretensión independentista catalana. Tengo para mí que los dos partidos dinásticos y nacional-españoles, el PP y el PSOE, no calibran bien el alcance y el respaldo de esa pretensión. Piensan con categorías del pasado que podrán frenar el independentismo valiéndose del Tribunal Constitucional y, en último término, de medidas coactivas de otro tipo. También abrigan la esperanza de desactivar el independentismo mediante concesiones de carácter económico; cediendo en la cuestión del cupo, por ejemplo. Piensan, sobre todo en el PP, que así se atraen a CiU a la causa española, al menos de momento. Lo suficiente para salvar los trastos. Quienes vengan detrás, que arreen. Es un error de visión de estos políticos de vuelo raso. Lo verán en los próximos meses. Y una cuestión importante en todo esto es cuál sea la autoridad del gobierno de Rajoy, que es un zombie, para hacer frente al mayor desafío hasta la fecha a la planta territorial española.
 
(*) Catedrático de Ciencia Política

Los españoles ensayan la consulta popular

MÁLAGA.- «¿Y esto para qué es?», pregunta una mujer al pasar delante de una urna de cartón en la que se lee en letras negras «Plebiscito Ciudadano». «Una consulta al pueblo», responde uno de los voluntarios de la mesa de votación en una céntrica calle de la ciudad de Málaga.
 
Organizado por el grupo Marea Ciudadana, nacido al calor de las redes sociales para aglutinar el descontento de distintos sectores, el Plebiscito Ciudadano formula cuatro preguntas sobre democracia participativa, corrupción estatal, deuda y gestión de servicios públicos.
La consulta, informal y no vinculante, se celebra entre el 23 y el 30 de este mes en ciudades de España y en Lyon (Francia), Londres y algunos municipios de Bélgica, donde se han instalado unas 300 urnas.
«No hay cauces de participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos», se queja Carmen Molina, bióloga malagueña y madre de tres hijos. De 52 años, lleva dos desempleada y es voluntaria de la consulta popular en Málaga.
«¿Quiere usted una democracia participativa incorporando el Plebiscito en la Constitución y en la legislación como herramienta vinculante de participación ciudadana?», es la primera pregunta.
El plebiscito no está previsto en la Constitución española. Y el referéndum, aunque sí está recogido en la carta magna, no es vinculante.
Consultas anteriores no oficiales demuestran que, pese a lo complejo que es movilizar a la ciudadanía, es posible recoger muchos votos, como la Iniciativa Legislativa Popular organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a favor de la dación en pago, que logró un millón y medio de participantes.
Otra consulta por la sanidad pública, que organizó el grupo Marea Blanca en Madrid contra la privatización de hospitales y centros de salud, recogió en menos de una semana del mes de mayo casi un millón de votos.
La población de este país soporta drásticos recortes de servicios en salud y educación. Más del 27 por ciento de la población activa no tiene trabajo y el desempleo afecta a la mitad de la juventud. La desconfianza ante los partidos políticos, la impotencia y el miedo al futuro son palpables.
Un pensionista, un policía, una estudiante de arquitectura han sido algunas de las 140 personas que depositaron su voto el miércoles 26 en la urna malagueña ante la cual nos plantamos.
Ricardo Abad, pensionista de 65 años y padre de seis hijos, cree que la idea de esta consulta es «bastante buena» y que las preguntas son «ideales para que las conteste el pueblo entero».
«¿Quiere usted que para evitar la corrupción se cambien las leyes para que la ciudadanía tenga el control de los poderes del Estado y de las administraciones públicas, garantizando una total transparencia?», dice la tercera pregunta.
«Esto es corrupción, corrupción y corrupción, de todos los partidos políticos», añade Abad, quien se queja del «incumplimiento total» del proyecto del gobernante y centroderechista Partido Popular y reclama un procedimiento electoral que incluya listas abiertas.
Funcionaria del Ministerio de Defensa, Susana Casado acudió a votar porque «se toman decisiones sin escuchar a los ciudadanos» y éstos «tienen derecho a hacer oír su voz cuando el gobierno recorta derechos sociales mientras rescata a los bancos», justifica.
«¿Quiere usted que se garantice por ley la gestión íntegramente pública de los bienes y servicios públicos (sanidad, dependencia, educación, agua, servicios sociales, etc.) y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales (vivienda, empleo, justicia, pensiones, medio ambiente, igualdad, etc.)?», interroga la cuarta pregunta.
«Estas consultas se hacen con mucho esfuerzo y el resultado no es vinculante para el gobierno», lamenta Molina, quien apuesta por «la articulación de una legislación que dé cauces de participación a los ciudadanos y obligue a los poderes públicos a escuchar su voz».
A pocos metros de la mesa, un barrendero le dice a uno de los voluntarios que no se acerca a votar por temor a que su jefe lo vea interrumpir su trabajo; otro hombre también se niega, «a ver si me quitan la poca paga que me dan».
«Es triste el miedo que hay entre la población», constata Inmaculada Torreblanca, desempleada y voluntaria.
Hay miedo a perder el empleo, por quejarse en los lugares de trabajo donde se cumplen más horas por menos sueldo, y a manifestarse en la calle, porque las protestas se criminalizan, según Molina.
«Me han bajado el sueldo un 20 por ciento en tres años», se queja Lidia Yebra, una funcionaria que pasea a su hijo de pocos meses.
Un agente policial que prefiere no identificarse argumenta que sufraga «para añadir mi voto al de una lista interminable de personas que no estamos satisfechas con la democracia en la que vivimos».
Molina espera que haya participación suficiente como para dar un «tirón de orejas al gobierno».
La convocatoria está teniendo un comportamiento desigual según las ciudades. Mientras que en Pontevedra, hay unas 17 mesas funcionando cada día, en Jaén no se conformó ninguna. Los apoyos de colectivos, asociaciones y partidos minoritarios varían de un lugar a otro, describe la voluntaria Araceli Caracuel.
«Veo lo que está pasando y es injusto», observa Caracuel respecto al empobrecimiento que empuja a buscar alimento en los contenedores de la basura y en comedores sociales, y desaloja a miles de familias de sus casas por no poder pagar la hipoteca que contrajeron con los bancos.
«¿Quiere usted pagar y avalar la deuda contraída por el Gobierno, como la destinada al rescate de los bancos, sin haber contado con el respaldo de la ciudadanía?», reza precisamente la segunda pregunta.
Rafael, ciudadano mexicano que trabaja como fotógrafo en España, apunta que «la verdadera democracia es participativa». Además de españoles, también están votando residentes brasileños, argentinos y portugueses, cuenta Torreblanca.
«Las grandes revoluciones empezaron con pequeños pasos», se ilusiona Bernardo Gil, de 50 años, para quien su voto es un «grano de arena».
Dos jóvenes también se acercan a marcar sus respuestas en las papeletas.
«Mis padres me dicen que aunque quieran, no me pueden pagar la universidad», dice Marta Laure, de 19 años y estudiante de bachillerato.
A su lado, Rocío Ramos, de 21 y estudiante de arquitectura, acaba de solicitar el pago a plazos de la matrícula del próximo curso, ante el encarecimiento de los créditos universitarios.

'Der Spiegel' asegura que el Gobierno español eliminó la siesta de los funcionarios por "presión" de la troika

BERLÍN.- La "presión" de la troika (BCE, CE y FMI) sobre el Gobierno tras el rescate bancario solicitado en junio de 2012 eliminó la siesta en España, según el periódico alemán Der Spiegel, que explica este hecho en la "caída" de España en 2012. En un artículo titulado 'Viva la siesta: ¿debería ser el Sur de Europa más alemán?' , el diario germano subraya las diferencias culturales entre países como España e Italia y Alemania. 

"Durante siglos, los ciudadanos del Sur de Europa abandonaban los campos y las oficinas para ir a casa a relajarse. La siesta era sagrada, pero ahora este aspecto idílico de la vida en el Sur de Europa se ha acabado", explica el semanario en un artículo plagado de enlaces en su versión digital, sin que uno solo de los mismos refuerce de forma clara las informaciones vertidas.
Según este artículo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero suprimió la siesta a los empleados públicos en 2005 con el fin de impulsar la productividad y llegó a esgrimir que los aires acondicionados existentes hoy en día facilitan el trabajo pese al calor. La revista señala que esta supuesta medida perseguía además potenciar el consumo y así elevar la recaudación fiscal.
Siempre dentro del contexto de que nos han quitado la siesta, Der Spiegel asegura que en España nos lo hemos tomado como resultado de una "dictadura" de Alemania, al tiempo que recoge citas de personajes históricos en las que inciden que el "tiempo es dinero". En la misma línea, esa pérdida de identidad ha afectado, según el autor, Max A. Höfer, a las comidas familiares, al ocio, al arte de "disfrutar la vida" y a cambio trabajamos y consumimos a un ritmo más alto. Höfer, que es economista, agrega, eso sí, que es una senda equivocada y contra la que muchos han protestado sin éxito. 
El artículo también afirma que en la prensa europea existe un debate sobre la siesta y que su supresión está relacionada con la adaptación a la cultura de los países del norte de Europa. Después, sigue un nuevo retroceso temporal ─cientos de años─ para hablar de las deudas que los antiguos reyes españoles contrajeron ─y no afrontaron─ entre otros, con los alemanes. 
"La gente nunca debería haber llegado a la idea de abandonar su cultura como consecuencia de la deuda, pero ahora es exactamente lo que se espera que hagan", reivindica.
La siesta es parte inherente en la cultura latina del ocio y el descanso, añade. "El espíritu puritano siempre se ha enfrentado en una cruzada contra el sueño y la buena vida, porque ambos se equiparan con la pereza y la blasfemia. Los que duermen están robando a Dios, sin ganar nada y perdiendo los beneficios que podrían haber obtenido en lugar de dormir".

Piden en España la apertura de comedores escolares para niños necesitados

MADRID.- La situación social en España es cada día más dramática, mientras que partidos políticos se reparten millones de las arcas del Estado, mientras se subvencionan organizaciones de dudosa valía o interés, millones de niños no comen como es debido en nuestro país.

Izquierda Unida, que recibió en el primer trimestre de 2013 una subvención del Ministerio del Interior de 591.201 euros (entre todos los partidos se repartieron 13 millones de euros, más de la mitad el PP), a través de su portavoz, Gregorio Gordo, en la Asamblea de Madrid, ha solicitado a la consejera de Educación, Lucía Figar, abrir con carácter inmediato, los comedores escolares en cuantos centros públicos sea necesario “con el fin de atender a los niños para los que este servicio es imprescindible, pues de otra manera no comerían”.
Nosotros entendemos hipócrita cualquier petición de este tipo por parte de cualquier partido político que disfrute del dinero público, aunque también aplaudamos que se abran esos comedores ya que son extremadamente necesarios para muchos niños, y familias completas. Pero es algo hipócrita y electoralista, si de verdad tuvieran inquietudes humanas hacia los niños que están pasándolo tan mal, cederían el dinero que reciben por parte del estado a esos niños, para sufragar los gastos de esos comedores, o a dar becas de comedor a niños cuyas familias no pueden alimentarlos como se debe, según 'Tribuna de Europa'.
De acuerdo con el indicador Arope, el 44,8 por ciento de los hogares unifamiliares españoles con hijos a cargo y el 28,7 con más de un adulto y menores está en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país.
La situación de malnutrición de miles de niños es alarmante y es, o debe ser, prioridad nacional solventar esta dramática situación.
En estos momentos los comedores escolares de los centros públicos están cumpliendo una función social en muchos casos garantizando que algunos niños con necesidades tengan acceso a al menos una única comida al día suficiente y nutricionalmente adecuada para su edad. El periodo vacacional no puede ser un impedimento para seguir proporcionándole algo que está protegido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25): la alimentación. Por encima de la política, y sus gestores, está, los derechos básicos de la infancia y el pueblo en su conjunto.