lunes, 3 de febrero de 2014
La UDEF señala a Cascos como el "mayor perceptor" de Gürtel
MADRID.- Un informe de la policía remitido a la
Audiencia Nacional identifica al exministro de Fomento y ex secretario
general del Partido Popular Francisco Álvarez Cascos como el "mayor
perceptor" de fondos de la trama corrupta Gürtel, según recogieron hoy
lunes medios españoles.
El informe, elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) de la Policía y remitido al juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz que instruye la causa, identifica a Cascos con las siglas PAC
"tras cruzar las diligencias realizadas durante años con la supuesta
contabilidad 'B' de (el extesorero del PP, Luis) Bárcenas", recoge la
Cadena Ser.
El ahora diputado en el Parlamento regional de Asturias, que abandonó el Partido Popular y formó su propio partido, sería el principal beneficiario de la supuesta trama corrupta Gürtel, investigada por presuntos pagos a políticos a cambio de la concesión de contratos, al haber percibido más de 860.000 euros en varios pagos, según medios.
Álvarez Cascos calificó estas acusaciones de "falsedad absoluta" a través de un comunicado publicado más tarde el lunes en la página web de su formación, Foro Asturias.
"No he mantenido ningún tipo de relación con el señor (Francisco) Correa ni con sus empresas desde el año 1995", añadió su nota.
Además, la UDEF considera a Cascos "indiciariamente el responsable" de adjudicaciones tanto en el PP como en su etapa al frente de Fomento.
El informe apunta a la existencia de una relación empresarial entre la trama liderada por Francisco Correa y Álvarez Cascos, concepto por el que habría recibido 69.000 euros, apunta la Cadena Ser.En otro informe remitido por la UDEF a la Audiencia Nacional, hecho público también el lunes por medios nacionales, se explica que durante años el coste de los actos del Partido Popular organizados por la trama Gürtel se cargó a fundaciones vinculadas con la formación a través de facturas presuntamente ficticias.
Según la investigación policial se observó una "dinámica de actuación persistente en el tiempo (entre 1999 y 2004)" que consistía en la emisión de facturas a nombre del PP "las cuales son anuladas con posterioridad emitiéndose otras nuevas" dirigidas a las fundaciones, en las que se altera el coste y el concepto, como explica el diario El Mundo en su edición digital.
"Se ha producido la elaboración de documentos aptos para el tráfico jurídico donde se han alterado tanto la entidad a la que realmente se ha prestado el servicio como el concepto por el que se prestó, elementos esenciales y con entidad suficiente como para afectar al normal desenvolvimiento de las relaciones jurídicas con conciencia y voluntad por parte de los partícipes de enmascarar la realidad", dijo la UDEF en un extracto del informe publicado en El Mundo.
De la trama Gürtel, destapada en 2009, ha derivado el denominado "caso Bárcenas" sobre la supuesta contabilidad oculta y sobresueldos en la formación y en la que estarían implicadas figuras de primer orden del partido.
El ahora diputado en el Parlamento regional de Asturias, que abandonó el Partido Popular y formó su propio partido, sería el principal beneficiario de la supuesta trama corrupta Gürtel, investigada por presuntos pagos a políticos a cambio de la concesión de contratos, al haber percibido más de 860.000 euros en varios pagos, según medios.
Álvarez Cascos calificó estas acusaciones de "falsedad absoluta" a través de un comunicado publicado más tarde el lunes en la página web de su formación, Foro Asturias.
"No he mantenido ningún tipo de relación con el señor (Francisco) Correa ni con sus empresas desde el año 1995", añadió su nota.
Además, la UDEF considera a Cascos "indiciariamente el responsable" de adjudicaciones tanto en el PP como en su etapa al frente de Fomento.
El informe apunta a la existencia de una relación empresarial entre la trama liderada por Francisco Correa y Álvarez Cascos, concepto por el que habría recibido 69.000 euros, apunta la Cadena Ser.En otro informe remitido por la UDEF a la Audiencia Nacional, hecho público también el lunes por medios nacionales, se explica que durante años el coste de los actos del Partido Popular organizados por la trama Gürtel se cargó a fundaciones vinculadas con la formación a través de facturas presuntamente ficticias.
Según la investigación policial se observó una "dinámica de actuación persistente en el tiempo (entre 1999 y 2004)" que consistía en la emisión de facturas a nombre del PP "las cuales son anuladas con posterioridad emitiéndose otras nuevas" dirigidas a las fundaciones, en las que se altera el coste y el concepto, como explica el diario El Mundo en su edición digital.
"Se ha producido la elaboración de documentos aptos para el tráfico jurídico donde se han alterado tanto la entidad a la que realmente se ha prestado el servicio como el concepto por el que se prestó, elementos esenciales y con entidad suficiente como para afectar al normal desenvolvimiento de las relaciones jurídicas con conciencia y voluntad por parte de los partícipes de enmascarar la realidad", dijo la UDEF en un extracto del informe publicado en El Mundo.
De la trama Gürtel, destapada en 2009, ha derivado el denominado "caso Bárcenas" sobre la supuesta contabilidad oculta y sobresueldos en la formación y en la que estarían implicadas figuras de primer orden del partido.
La red Gürtel manejó 25 millones en B en trece años
MADRID.- La trama Gürtel, supuestamente liderada por Francisco Correa,
manejó más de 25 millones de euros en dinero negro desde sus comienzos
en 1996 hasta su desarticulación en 2009, según consta en un informe de
la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) remitido al juez Pablo Ruz.
En ese informe, fechado el 31 de enero y al que ha tenido acceso Efe, la UDEF analiza el pendrive que le fue intervenido a José Luis Izquierdo,
presunto responsable del control de la citada caja B, en el registro de
las oficinas principales del conglomerado empresarial de la trama
Gürtel en la calle Serrano 40, el 6 de febrero de 2009.
La UDEF ha calculado el dinero que ha circulado por esa caja B a
partir de los apuntes que constan en los archivos informáticos
extraídos de ese pendrive y ha estimado que los movimientos de efectivo
registrados en la Caja B en el periodo de tiempo comprendido entre 1996 y
2009 asciende a 25.570.757,84 euros, siendo los años de mayor
abundancia, 2007 (6.037.740,21), 2006 (4.076.513,04) y 2002
(3.894.167,37).
Según la UDEF, de 2002 a 2004, la principal fuente de ingresos eran las aportaciones de las sociedades de servicios de la trama
debido al elevado número de contratos adjudicados por las
Administraciones Públicas y a los eventos realizados para el Partido
Popular.
También, la recepción de comisiones por la intermediación
en operaciones de naturaleza urbanística, así como de contratación de
servicios públicos e infraestructuras.
En lo que se refiere a 2007 las entradas más importantes procedían de la caja B de Orange Market que
obtenía esos fondos de la adjudicación de contratos públicos y en la
prestación de servicios al PP en la Comunidad Valenciana.
Las
principales fuentes de recursos derivan por tanto de la transformación
de fondos obtenidos de actos realizados por las sociedades de eventos
que forman parte de la trama (Special Events u Orange Market) y
derivados en su mayor parte de adjudicaciones públicas en las que no se
han garantizado y cumplido "los principios que rigen la contratación
administrativa".
También, "de la recepción de cantidades con origen en el reparto de comisiones
pagadas por entidades adjudicatarias de contratos públicos donde ha
intervenido la organización en calidad de intermediario para dirigir los
concursos".
Este sistema de ingresos, añade la UDEF, es una
constante en el periodo objeto de investigación, de forma que existen
entradas por cobros derivados de actos para la formación política desde
1999, así como una persistencia en el pago de comisiones por parte de
entidades adjudicatarias de contratos públicos como es el caso de
Constructora Hispánica, que ya en 2001 le constan entregas de dinero a
la organización.
Asimismo la aparición de personas políticamente expuestas (PEP's) y personas del medio político también
es una constante en los apuntes de la caja B como receptores de
contraprestaciones o como beneficiarios de regalos a cambio de favorecer
los intereses de las sociedades de Correa para la obtención de
contratos públicos de las Administraciones Públicas.
Entre ellos, la UDEF menciona al extesorero del PP Luis Bárcenas,
al ex consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo o a los
ex alcaldes de este partido en las localidades madrileñas de Pozuelo de
Alarcón, Jesús Sepúlveda (exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato);
de Boadilla, Arturo González Panero o de Majadahonda Guillermo Ortega.
En
otro de los cinco informes de la UDEF que han sido remitidos ahora a
Ruz, se analiza la documentación incautada en la nave del polígono de
Ventorro del Cano de Alcorcón (Madrid) que tenía la empresa vinculada a
Gürtel Easy Concept.
Esos documentos prueban, según la UDEF, que
distintas corporaciones locales y autonómicas de Madrid y de la
Comunidad Valenciana fraccionaban los contratos públicos otorgados a las empresas de Correa en cantidades máximas de 12.020 euros para evitar la publicidad.
Indican
además que una de las empresas de la trama, Special Events, organizó
actos para el PP a nivel autonómico y nacional entre 1999 y 2004 que se
abonaron con una "dinámica" en la que se incluía a cuatro fundaciones
vinculadas a ese partido, entre ellas FAES.
La Policía explica que este método consistía en emitir por estos actos una serie de facturas que luego se anulaban,
tras lo que se emitían unas nuevas facturas "ficticias", dirigidas esta
vez a fundaciones vinculadas al PP, en las que se alteraba el concepto.
De
ello resultaba que "una parte del coste de distintos actos llevados a
cabo por el Partido Popular -destaca el informe- son finalmente asumidos
por entidades vinculadas orgánicamente al mismo, tras una adaptación de
los conceptos".
Estas entidades son, según la Fundación para el
Análisis y los Estudios Sociales (FAES), la Fundación Popular
Iberoamericana, la Fundación Instituto de Formación Política y la
Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de
Madrid.
España, a la cabeza de Europa en percepción de la corrupción
BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) ha celebrado que España haya
adoptado medidas para combatir la corrupción tras los casos destapados
en los últimos años, y también le ha pedido que las aplique y vigile más
de cerca la financiación de los partidos políticos, el gasto de fondos
públicos y la contratación pública.
"Proseguir las reformas en curso y garantizar la aplicación
efectiva de las nuevas normas sobre la financiación de los partidos
políticos" es la primera de una serie de recomendaciones que la CE ha
formulado hoy a España para combatir ese problema.
Las recomendaciones siguen a una encuesta Eurobarómetro
difundida este lunes que apunta a que una media del 76% de los europeos
considera la corrupción como una práctica generalizada entre los
Veintiocho.
Según esa encuesta, Grecia e Italia son los países en que
sus ciudadanos tienen esa percepción en niveles más elevados, con el 99 y
el 97%, respectivamente, mientras que en Lituania, República Checa y
España esa cifra alcanza el 95%. Los países nórdicos son los únicos
donde sus ciudadanos creen que la corrupción es rara: Dinamarca (el 75%
de la población piensa que la corrupción es algo excepcional), Finlandia
(64%) y Suecia (54%), según esos datos.
"La corrupción debilita la confianza de los ciudadanos en
las instituciones democráticas y en el imperio de la ley, daña a la
economía europea y priva a los Estados de muchos ingresos procedentes de
los impuestos", ha señalado la comisaria europea de Justicia e
Interior, Cecilia Malmstrom, al presentar el primer estudio de la CE
sobre esa lacra. Las prácticas de corrupción cuestan anualmente a la
economía de los Veintiocho, unos 120.000 millones de euros, según datos
de la CE.
El Ejecutivo comunitario ha indicado que en España "el
marco jurídico de lucha contra la corrupción está bien implantado y la
ejecución de la legislación ha mostrados buenos resultados en la
investigación de las prácticas corruptas, incluso a altos niveles".
Entre las recomendaciones hechas a España, al igual que a
cada uno de los socios comunitarios, se concreta que es necesario
prestar más atención a la supervisión de los préstamos, así como a la
consolidación de las cuentas de los partidos, incluidas las ramas
regionales y locales y otras entidades vinculadas a las formaciones
políticas.
La CE sugiere también que se mejoren los controles
financieros internos, los del Tribunal de Cuentas y que se aplique un
régimen de sanciones reforzado. Sobre las administraciones regionales y
locales, la CE propone "desarrollar estrategias a la medida" precedidas
de evaluaciones del riesgo de corrupción. "Reforzar los mecanismos de
control, hacer más transparente el proceso de toma de decisiones y
garantizar una supervisión coherente de la calidad de la gobernanza
local y regional", es otro de los consejos.
Para garantizar la conducta ejemplar de los políticos,
Bruselas cree que deberían desarrollarse "códigos de conducta
exhaustivos para los cargos electos a nivel central, regional y local" y
reclama una rendición de cuentas adecuada e instrumentos sancionadores
de las posibles violaciones de dichos códigos. Reforzar la capacidad de
la Oficina de Conflictos de Intereses para llevar a cabo verificaciones
de forma independiente y eficaz y para aplicar sanciones disuasorias
también forma parte de las recomendaciones de Bruselas.
En cuanto a la ley de transparencia, la CE pide que se
garantice su marco de aplicación, incluido un mecanismo de supervisión
independiente de la mano de un sistema de sanciones disuasorias. Por
último, aconseja a España que tenga en cuenta las conclusiones del
Tribunal de Cuentas central y organismos similares a nivel regional en
lo que respecta a las irregularidades en los procedimientos de
contratación pública a nivel regional y local.
"Una evaluación
independiente de los grandes contratos de obras públicas y de las
decisiones de planificación urbana" es el medio que propone Bruselas
para identificar los factores de riesgo de corrupción , que también se
muestra partidaria de que las autoridades de control de cuentas puedan
llevar a cabo "controles sistemáticos y oportunos de los contratos
públicos a nivel regional y local".
Los censores y los malhechores / Serge Halimi *
La libertad de expresión sólo existe
cuando se aplica a las opiniones que se reprueban. Por otra parte, los
ultrajes a su principio sobreviven mucho tiempo a los motivos que los
justificaron y a los gobernantes que los usaron para reprimir. El 25 de
octubre de 2001, en el clima rayano al pánico que siguió a los atentados
homicidas del 11 de septiembre, un solo senador estadounidense, Russel
Feingold, votó contra la Patriot Act, arsenal de disposiciones
liberticidas que fue aprobado en bloque por los representantes del
Congreso con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Trece años y
un presidente después, esas medidas excepcionales siguen siendo la ley
de Estados Unidos.
Es sabido que los ministros del Interior se preocupan más por el orden y la seguridad que por las libertades. Cada amenaza los alienta a exigir nuevos pertrechos represivos que concitarán a su alrededor a una población escandalizada o inquieta. En enero, a título preventivo, Francia ha prohibido varias reuniones y espectáculos juzgados contrarios “al respeto debido a la dignidad de la persona humana”. Al denunciar los monólogos antisemitas de Dieudonné, que “ya no es un cómico”, y cuyo método “ya dejó de ser creativo”, Manuel Valls amenazó: “No quiero descartar ninguna posibilidad, incluso un endurecimiento de la ley” (1). Pero un Estado democrático no debe aceptar sin estremecerse que un ministro de la policía juzgue el humor y la creación –aun cuando tanto uno como el otro estén ausentes.
En julio de 1830, Carlos X revocó por ordenanza la libertad de prensa. Uno de sus partidarios justificó, en ese momento, el restablecimiento del principio de la censura previa, que sustituía al recurso a posteriori frente a la justicia, en los siguientes términos: “Cuando interviene la represión, el daño ya está hecho; lejos de repararlo, el castigo le añade el escándalo del debate” (2). Sin embargo, tras la ordenanza real, los diarios se publicaron igual sin autorización previa, gracias a diversos subterfugios. El público se precipitó a leerlos y comentarlos. Y la Revolución derrocó al régimen de Carlos X.
Cerca de dos siglos después, los rebeldes, los parias y los malhechores tienen decenas de miles de seguidores en su cuenta de Twitter; YouTube les permite organizar reuniones en su salón, y perorar interminablemente desde un sillón, frente a una cámara. Si se prohíben espectáculos y reuniones públicas por ser juzgados indignos de la persona humana, ¿entonces también debe sancionarse la difusión de los mismos mensajes por las redes sociales? Eso equivaldría al inmediato otorgamiento del aura de víctimas del “sistema” a unos comerciantes de la provocación y a dar crédito a sus acusaciones más paranoicas.
En reacción a las últimas iniciativas de Valls, un ex ministro socialista expresó su preocupación por una “profunda regresión que tiende a instaurar una especie de régimen preventivo, incluso de censura moral previa a la libertad de expresión”. Y concluyó, sin duda, caritativamente: “En este caso, la emoción, la rabia y la rebeldía contra la infamia han hecho vacilar a los mejores espíritus” (3).
Es sabido que los ministros del Interior se preocupan más por el orden y la seguridad que por las libertades. Cada amenaza los alienta a exigir nuevos pertrechos represivos que concitarán a su alrededor a una población escandalizada o inquieta. En enero, a título preventivo, Francia ha prohibido varias reuniones y espectáculos juzgados contrarios “al respeto debido a la dignidad de la persona humana”. Al denunciar los monólogos antisemitas de Dieudonné, que “ya no es un cómico”, y cuyo método “ya dejó de ser creativo”, Manuel Valls amenazó: “No quiero descartar ninguna posibilidad, incluso un endurecimiento de la ley” (1). Pero un Estado democrático no debe aceptar sin estremecerse que un ministro de la policía juzgue el humor y la creación –aun cuando tanto uno como el otro estén ausentes.
En julio de 1830, Carlos X revocó por ordenanza la libertad de prensa. Uno de sus partidarios justificó, en ese momento, el restablecimiento del principio de la censura previa, que sustituía al recurso a posteriori frente a la justicia, en los siguientes términos: “Cuando interviene la represión, el daño ya está hecho; lejos de repararlo, el castigo le añade el escándalo del debate” (2). Sin embargo, tras la ordenanza real, los diarios se publicaron igual sin autorización previa, gracias a diversos subterfugios. El público se precipitó a leerlos y comentarlos. Y la Revolución derrocó al régimen de Carlos X.
Cerca de dos siglos después, los rebeldes, los parias y los malhechores tienen decenas de miles de seguidores en su cuenta de Twitter; YouTube les permite organizar reuniones en su salón, y perorar interminablemente desde un sillón, frente a una cámara. Si se prohíben espectáculos y reuniones públicas por ser juzgados indignos de la persona humana, ¿entonces también debe sancionarse la difusión de los mismos mensajes por las redes sociales? Eso equivaldría al inmediato otorgamiento del aura de víctimas del “sistema” a unos comerciantes de la provocación y a dar crédito a sus acusaciones más paranoicas.
En reacción a las últimas iniciativas de Valls, un ex ministro socialista expresó su preocupación por una “profunda regresión que tiende a instaurar una especie de régimen preventivo, incluso de censura moral previa a la libertad de expresión”. Y concluyó, sin duda, caritativamente: “En este caso, la emoción, la rabia y la rebeldía contra la infamia han hecho vacilar a los mejores espíritus” (3).
(1) Entrevista en Aujourd’hui en France, París, 28 de diciembre de 2013.
(2) Citado por Jean-Noël Jeanneney, Les Grandes Heures de la presse qui ont fait l’histoire, Flammarion, París, 2013.
(3) “Jack Lang sur l’affaire Dieudonné: ‘La décision du Conseil d’Etat est une profonde régression’”, Le Monde, París, 13 de enero de 2014.
(*) Director de 'Le Monde Diplomatique'
(2) Citado por Jean-Noël Jeanneney, Les Grandes Heures de la presse qui ont fait l’histoire, Flammarion, París, 2013.
(3) “Jack Lang sur l’affaire Dieudonné: ‘La décision du Conseil d’Etat est une profonde régression’”, Le Monde, París, 13 de enero de 2014.
(*) Director de 'Le Monde Diplomatique'
Suscribirse a:
Entradas (Atom)