MADRID.- El Tribunal de Cuentas ha alertado de que existe
un "vacío legal" sobre la financiación de los partidos políticos
mediante donaciones privadas realizadas a través plataformas digitales
de financiación colectiva, conocido como 'crowdfunding', y ha
emplazado al Parlamento a regular este tipo de colectas, utilizado por
ejemplo por Podemos para financiar su campaña de las elecciones
europeas.
Esta es una de las recomendaciones que incluye el órgano
fiscalizador en el informe en el que analiza los gastos en los que
incurrieron las distintas formaciones durante la campaña electoral de
los comicios europeos del pasado 25 de mayo.
En el documento, que ya ha sido remitido a las Cortes, el Tribunal de Cuentas urge a regular el 'crowdfunding',
tanto en el ámbito de la actividad electoral como en el de la ordinaria
de los partidos, atendiendo a sus especificidades respecto al medio que
se utiliza para la captación de fondos como las dificultades que ha
observado para identificar la procedencia de estas donaciones.
Otra
de las propuestas legislativas que incluye el informe se refiere al
desarrollo normativo que el tribunal considera necesario para precisar
los conceptos, la imputación y la justificación de los gastos
electorales en función de lo que ya establece la Ley de Financiación de
Partidos. En este punto, sugiere la conveniencia de que, en el
actual contexto económico y social, los partidos limiten su inversión a
la "imprescindible" para acometer la campaña "ajustándose a una
interpretación estricta de los conceptos subvencionables".
Así,
aconseja que se introduzcan elementos de control interno "que garantice
la selección de la oferta económicamente más ventajosa en relación con
aquellas operaciones que representen una importancia relativa sobre el
volumen de los gastos declarados, bien por su cuantía individual o por
su concentración en un mismo proveedor".
Ese control interno también debería servir para
adoptar las medidas necesarias para facilitar al Tribunal de Cuentas la
"adecuada comprobación documental del detalle de las operaciones que integran los conceptos de gastos facturados para la campaña electoral".
Asimismo,
el órgano fiscalizador reclama que se regule adecuadamente el destino
que debe darse a los recursos procedentes de donaciones privadas que no
cumplen los requisitos exigidos en la ley, bien por que no esté
identificado el donante o porque se superen los límites máximos anuales
permitidos para una misma persona física o jurídica.
En
otra de sus recomendaciones, el tribunal plantea que se "complete la
regulación del actual régimen sancionador" previsto en la Ley de
Financiación de Partidos, tipificando las infracciones y las
correspondientes sanciones ante los incumplimientos e infracciones de la
normativa electoral.
El órgano fiscalizador también defiende que
se adecue el límite de gastos en publicidad exterior y el límite de
publicidad en la prensa periódica y en las emisoras de radio privadas a
los nuevos soportes publicitarios de la prensa digital e Internet en
general, "precisándose la naturaleza de los gastos a considerar de forma
que se elimine toda incertidumbre a efectos de su consideración para la
comprobación de la limitación legal establecida".
Según
los datos analizados por el Tribunal de Cuentas, los partidos que
obtuvieron representación en la Eurocámara el pasado mes de mayo
declararon recursos por valor de 36,7 millones de euros para estos
comicios, pero los gastos totales justificados que han declarado superan
esa cifra y llegan hasta los 37,4 millones.
De los 36,7 millones
con los que contaron las formaciones políticas, la mayoría --22,2
millones-- procedían de créditos bancarios, mientras que 9,4 millones
correspondían a anticipos del Estado y 4,9 millones a aportaciones del
propio partido. Las donaciones de personas físicas o jurídicas para
financiar la campaña sumaron 136.960,15 euros.
Por su lado, de los
37,4 millones de gastos totales justificados por los partidos, 20,08
millones corresponden a los derivados de operaciones ordinarias una vez
depurados y realizados los ajustes pertinentes e incrementado con los
gastos de envíos no cubiertos por su subvención específica.
El
informe del Tribunal de Cuentas, que destaca que ninguna formación ha
superado los límites de gasto aplicable a cada una de ellas, detalla que
los partidos analizados van a repartirse 17,36 millones de
euros en concepto de subvención por el 'mailing' de propaganda electoral
para las europeas.
Asimismo, todas ellas han abierto una
cuenta bancaria específica para esos comicios, aunque en el caso de PP,
PSOE, Podemos y Coalición por Europa (CiU, PNV y CC), se han producido
ingresos o pagos de gastos electorales a través de cuentas para la
actividad ordinaria, mientras que Izquierda Plural (IU, ICV,
Confederación Los Verdes, Anova y Batzarre) y los Pueblos Deciden (Bildu
y BNG, entre otros) figuran pagos fuera de plazo aunque son importes no
relevantes.
Además, Coalición por Europa, Izquierda Plural y
Primavera Europea (Compromís, Equo y CHA) cerraron el proceso electoral
con deudas con proveedores o acreedores que ascienden a un total de
749.608 euros.
Por su parte, determinadas empresas han
incumplido la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas información
detallada cuando el importe facturado a las formaciones políticas supera
el establecido legalmente. En concreto, son nueve los
proveedores que no han dado esta información, su facturación representa
un total de 184.885,41 euros, y se informará de esta circunstancia a la
Junta Electoral Central.
