lunes, 18 de enero de 2016

El Ayuntamiento de Barcelona abre una investigación por posibles irregularidades

BARCELONA.- El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto una investigación para revisar la gestión del Instituto Municipal de Informática (IMI) en los años 2014 y 2015, tras conocer que hay facturas pendientes de pago por valor de 1,4 millones de euros por importes no reconocidos en el ejercicio que les correspondían y contrataciones de personal externo presuntamente irregulares.

Según ha informado hoy el ayuntamiento en un comunicado, la investigación analizará los procedimientos empleados por el IMI para llevar a cabo su gestión económica financiera durante los ejercicios de los dos últimos años.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha firmado un decreto donde encarga a la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento analizar los procedimientos empleados por este organismo municipal para llevar a cabo su gestión económica financiera durante los ejercicios de los dos últimos años.
El consistorio ha abierto un expediente "para determinar y exigir, en su caso, responsabilidades de todo orden que puedan derivarse de la realización de gastos sin la correspondiente partida presupuestaria y sin utilización de los procedimientos establecidos legalmente".
El expediente analizará "el cumplimiento de la legalidad en la contratación de personal y de servicios según la ley de Contratos del Sector Público, así como con respecto al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común", ha informado el consistorio.
Esta voluntad de revisión arranca a partir de un informe de los servicios técnicos del IMI que constató la existencia de una serie de facturas pendientes de pago emitidas por diferentes proveedores al instituto por valor de 1,4 millones de euros, por importes no reconocidos en el ejercicio que les correspondían.
Una primera auditoría realizada por los servicios municipales apunta "una alta proporción de contratación directa y negociada sin publicidad, sin considerar la oferta del mercado y con riesgo de fraccionamiento contractual, al tiempo que marca también posibles irregularidades en la contratación de personal externo".

miércoles, 13 de enero de 2016

Obama dice que hay que reducir la "influencia" del dinero en la política


WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró en su último discurso sobre el Estado de la Unión que hay que reducir la "influencia" del dinero en la política para que "un puñado de familias e intereses ocultos" no puedan financiar las elecciones.

"Si nos rendimos ahora, estaremos abandonado un futuro mejor. Quienes tienen dinero y poder ganarán más control en decisiones que pueden mandar a un joven soldado a la guerra, o permitir otro desastre económico, o dar marcha atrás con los derechos de igualdad que generaciones de estadounidenses han luchado para conseguir", indicó Obama.
El mandatario apuntó que ello hace aumentar "la frustración", ante lo que "habrá voces" que pidan "volver a las tribus, usar como chivos expiatorios a ciudadanos que no se parecen a nosotros, o que no rezan como nosotros, o no votan como nosotros, o no comparten nuestros mismo orígenes".
"Tenemos que hacer que votar sea más fácil, no más difícil, y modernizar las votaciones adecuándolas a cómo vivimos hoy en día. A lo largo de este año, pretendo viajar por el país para presionar a favor de las reformas para este fin", apuntó.
Obama también pidió que se ponga fin a "la práctica de dibujar los distritos del Congreso para que los políticos puedan elegir a sus votantes y no al revés", en una alusión al "gerrymandering", como se denomina a la manipulación de distritos para favorecer la elección de un legislador de un partido determinado.

Puigdemont toma posesión como presidente de la Generalitat de Catalunya sin citar a la Constitución y al Rey

BARCELONA/MADRID.- El nuevo presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha tomado hoy posesión del cargo prometiendo "fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament", sin citar a la Constitución y al Rey, en contra de lo que hasta ahora era habitual.

En la toma de posesión en el Palau de la Generalitat, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha evitado mencionar al Rey y la Constitución y ha preguntado a Puigdemont: "¿Promete cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament?", a lo que Puigdemont ha respondido afirmativamente: "Sí, prometo".
La fórmula habitual en la toma de posesión es que el presidente del Parlament pregunte al presidente electo si jura fidelidad al Rey, a la Constitución, al Estatut y a las instituciones catalanas, pero Forcadell ha modificado hoy el enunciado.
El acto, con la presencia de autoridades como el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, se ha celebrado en el Salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat, con un telón negro de fondo y sin ninguna imagen del Rey. Ni el ministro ni la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, han aplaudido a Puigdemont.
En su discurso como nuevo president, Puigdemont ha incidido que ha prometido el cargo "explicitando esta lealtad al Parlament y al pueblo de Cataluña", entendiendo, ha dicho, que "el Parlament escoge al presidente y el pueblo al Parlament, en un circulo virtuoso de legitimidad democrática indiscutible".
El president se ha comprometido con que haya un debate desde el "respeto y la serenidad", con "trabajo y diálogo", aunque ha querido dejar claro que perseverará en el objetivo independentista con dos citas.
La primera, "imposible es solo una opinión", frase que usa también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y la segunda, de Gaziel: "Soy falible pero insobornable".
El exalcalde de Girona ha aseverado que no están "cansados" del proceso soberanista sino "más esperanzados que nunca", al tiempo que ha garantizado que pondrá "las instituciones a trabajar en esta dirección" sin "perder de vista las esperanzas de la gente".
Así, ha defendido que Cataluña necesita "herramientas" propias de un Estado en un momento en el que "estamos -ha dicho- asfixiados y humillados".

La Abogacía del Estado revisa el gesto de Puigdemont

La Abogacía del Estado estudiará la fórmula utilizada por el nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su toma de posesión, por si el no haber acatado la Constitución fuera merecedor de alguna acción por parte de los servicios jurídicos.
Fuentes del Ejecutivo han indicado esta noche que la Abogacía empezará mañana a estudiar las palabras de Puigdemont, que ha prometido hoy el cargo con "fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representada por el Parlament", pero ha obviado la Constitución y al Rey, tal como había costumbre de hacer hasta ahora.
Los servicios jurídicos del Estado analizarán ahora la legislación y la jurisprudencia existente para determinar si el haber ignorado la promesa o juramento de acatar la Constitución merece algún reproche jurídico.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asumido este martes el cargo sin mencionar al Rey ni la Constitución, y ha prometido ser fiel a la voluntad de los catalanes, con un "Lo prometo". En la toma de posesión celebrada en el Palau de la Generalitat, así ha respondido a la pregunta de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell: "¿Promete cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament?".
La promesa de Puigdemont ha estado precedida por una breve intervención del presidente saliente, Artur Mas, que le ha agradecido "haber aceptado el reto de ser el 130 presidente de la Generalitat en estos momentos apasionantes, decisivos y trascendentes" para Cataluña.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha advertido antes de la celebración de ese acto de que Puigdemont "en ningún caso" podría introducir en sus palabras elementos que desvirtúen el juramento de cumplimiento de sus obligaciones y de la Constitución.
Catalá ha recordado que las fórmulas utilizadas a lo largo de los años han sido muy variadas, y el Tribunal Constitucional y la Junta Electoral Central se han pronunciado sobre los elementos que se pueden introducir en ese acto.
Ahora corresponde a la Abogacía del Estado analizar si la fórmula utilizada es respetuosa con la Constitución o si genera algún tipo de infracción.

¿A quién está juzgándose en Mallorca? / Ramón Cotarelo *

Este país tiene una deuda inmensa con el juez Castro, ese hombre que, en cumplimiento de su deber, ha instruido la causa cuya vista oral se inició el lunes y en la que, entre otros acusados, se sientan en el banquillo una infanta de España y su marido. Es fácil intuir las inmensas presiones que ha debido resistir ese  representante del Poder Judicial, viendo el papelón que en la primera sesión de la causa estuvieron haciendo el fiscal y la abogada del Estado, empeñados en apoyar a la defensa de la infanta para exonerarla contra viento y marea.

Sí, el país entero debe un homenaje al juez Castro. La base de la civilización es la justicia y la base de la justicia, la independencia y la honradez de los jueces. De cada juez.

Porque no solamente el fiscal y la abogada del Estado defendían a la acusada. Todo el establecimiento mediático, todos los publicistas del régimen, que son muchos y muy bien pagados, todas las fuerzas vivas del orden y la tradición, apoyan que se otorgue a la infanta un trato de privilegio porque, en el fondo, no creen que la justicia deba ser igual para todos.

Sin embargo, el problema no es si esta señora es acusada, juzgada y condenada o no. Aunque parezca mentira, es lo de menos. Su importancia personal es cero. De hecho la Casa Real ya la ha despojado de su título nobiliario y la ha arrojado de su seno, que es como desnaturalizarla.  
 
No, el problema no es ella personalmente, sino lo que representa. Ella no es más que un cortafuegos. De lo que se trata es de eliminar la posibilidad de que la incriminación llegue más arriba, a su hermano, a su padre, a la Corona, a la institución monárquica. Porque, aunque las magistradas ya hayan rechazado dos veces la petición de que Juan Carlos I y Felipe VI comparezcan como testigos, sus nombres seguirán apareciendo, las peticiones seguirán produciéndose y de ellas se harán eco los medios extranjeros.

Por mucho que pretendan evitarlo, en el banquillo de la Audiencia de Mallorca no se sienta sola la infanta de España. Se sienta, se quiera o no, la sombra de su padre (presente en la sala como el espíritu del padre de Hamlet) y el actual Rey en efigie. 

Se sienta la monarquía.
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

martes, 12 de enero de 2016

El primer revés de Su Majestad y el Estado en la defensa de la Infanta / Melchor Miralles *

No es un juicio a la Corona, pero los planos y las fotografías de la infanta Cristina de Borbón y Grecia en el fondo del banquillo de los acusados en el ‘Caso Nóos’, aún sin haber renunciado a sus derechos a la sucesión a la Jefatura del Estado, suponen el primer revés serio para el Rey Felipe VI, que ha fracasado en sus intentos para conseguir esa renuncia, lo cual está teniendo derivadas tóxicas y negativas para la institución monárquica.

No sirve el argumento de que al figurar en sexto lugar en el orden sucesorio es de todo punto improbable que jamás pueda la infanta acceder a la Jefatura del Estado. Los derechos de que dispone la infanta son absolutamente incompatibles con el hecho de sentarse en un banquillo, disponen de una carga emblemática y representativa que no se compadece con la conducta observada por Doña Cristina en la empresa familiar y durante la instrucción del proceso y suponen un daño a la Corona inmenso, más lo que queda por ver en el juicio.

Pero se ha iniciado la vista oral y ahí está la infanta, acusada de ser cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, protagonista de un juicio y unas imágenes que quedan para la historia, que perjudican seriamente a la Corona y que indignan a buena parte de los ciudadanos, que no soportan el escarnio y la nula consideración de la hermana del Rey, incluso un punto altiva.

En la primera jornada de la vista, dedicada a cuestiones preliminares, pero importantes, el Estado, con instrucciones del Gobierno, desplegó toda su fuerza no en la defensa de los intereses de los ciudadanos, sino en la defensa de la infanta. El fiscal sacó un nuevo informe de Hacienda favorable a la hermana del Rey, la Abogacía del Estado se empleó a fondo en la exculpación y llegó a decir que eso de que Hacienda somos todos es publicidad engañosa. Ahora terminamos de entender lo que intuíamos cuando Rajoy dijo aquello de que a la infanta le iba a ir bien.

Si al final se libra por la aplicación de la doctrina Botín y con el fiscal Horrach como principal defensor, será peor para su imagen y para la del Rey, porque quedará como un fraude monumental que acredita que la Justicia no es igual para todos, y ya se sabe que en política las cosas son como parecen.

Por más que lo ha intentado desde antes incluso ser acceder al trono, por más que ha roto relaciones muy en serio con ella, Felipe VI, que tantas cosas está haciendo mejor que bien, ha patinado estruendosamente al fracasar, junto a los miembros de la Casa, en sus reiterados intentos para conseguir la renuncia de la infanta. Sorprende el fracaso en el objetivo, más aún después de la abdicación de su padre y del clima de severa crisis institucional que atraviesa España. No cabe mayor desprecio a los ciudadanos, a su hermano, a las instituciones y a su propia dignidad, ni mayor desvarío, ni superior irresponsabilidad que enrocarse como lo ha hecho doña Cristina. Algún día conoceremos con detalle el contenido de las conversaciones entre el Rey y su hermana, escasas, cortas, pero intensas y de alto voltaje familiar y político.

Si finalmente el fiscal Horrach sube a la infanta al carrito mangado en Mercadona y la saca del proceso, el error será mayúsculo, y el escándalo de alta magnitud. La Fiscalía, en el caso de la infanta, ha ejercido una labor de defensa incompatible con el Estatuto del Ministerio Público y con la defensa de los intereses de los españoles y el cumplimiento de la ley. Si se consuma la aplicación de la doctrina Botín a la infanta, el tono del cabreo y la crítica se elevará hasta los cielos, y es lo que nos faltaba.

El juicio acaba de empezar, pero la primera decisión a adoptar es, desde un punto de vista político, quizá la de más calado. Las magistradas sabrán, y ojalá acierten en su decisión, y sean capaces de argumentarla a modo.

Y en España, un Gobierno en funciones y sin visos de que vaya a ser posible evitar otras elecciones. Y en Cataluña, la desconexión en marcha. Y Rajoy, acojonado con las nuevas revelaciones de Bárcenas, y las grabaciones a punto de salir. Y el personal, atónito ante tanta estulticia y tanta mediocridad.

(*) Periodista

Día negro para la Corona y para Rajoy / José Oneto *

Un periodista y filólogo que el lunes fue investido 130º Presidente de la Generalitat catalana, una Infanta de España, hermana del rey Felipe VI e hija del rey emérito, Juan Carlos de Borbón, casada con un jugador de balonmano, medalla de bronce de unos Juegos Olímpicos, ocupan este lunes el interés de la prensa internacional, que pone el acento en la inestabilidad política de España, una inestabilidad en la que mucho tienen que ver el periodista y filólogo Carles Puigdemont, la infanta Cristina de Borbón y su esposo, el jugador de balonmano Iñaki Urdangarin.

Ha dado la casualidad de que después de seis años de investigaciones judiciales, Cristina de Borbón, de 50 años, esté siendo juzgada por delito fiscal, y su esposo, Iñaki Urdangarin por malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude a la Administración, blanqueo de capitales, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil y dos delitos fiscales (19 años de cárcel), en medio de una desconocida crisis política en la que Cataluña quiere separarse de España, según ha reiterado el nuevo Presidente de la Generalitat catalana, y con un Gobierno en funciones que es incapaz de encontrar una mayoría para la estabilidad parlamentaria. La presencia de la pareja en el banquillo de los acusados, que ha hecho sus negocios utilizando a la propia Monarquía y al rey Juan Carlos, “ha supuesto – dice Le Parisien - un terremoto en España porque nunca en la historia de la Monarquía un miembro de la familia real había tenido que enfrentarse a una deshonra así. Este juicio fuera de lo común, que debe durar seis meses, apasiona a todo el país, aunque numerosos españoles ya están inquietos porque la justicia pueda ser demasiado suave con la hija de Juan Carlos”.

El juicio de la Infanta, según Le Parisien, resulta sintomático de una España carcomida por los escándalos de corrupción: del Partido Popular de Mariano Rajoy a los nacionalistas catalanes, pasando por los sindicatos andaluces: pocos escapan a estos problemas. Son muy escasos los que todavía apoyan a la Infanta. El mal ya parece hecho: el juicio a un miembro de la familia real desprestigia a la Monarquía. Se trata según La Stampa de Milán del “Día negro de la Corona en España” en tanto “son muchas las incógnitas del caso, y en la Zarzuela se teme que las defensas de los acusados quieran subrayar el papel de los Borbones en estas tramas. “Diego Torres, antiguo amigo íntimo de Urdangarin, amenazó con hacer una declaración explosiva sobre las conexiones de la Casa Real y del secretario de la Infanta, García Revenga, con el Instituto Nóos. Más de 6,2 millones de euros habrían pasado de las arcas publicas a las de una serie de sociedades, algunas de las cuales con sede en paraísos fiscales. Más de la mitad de estos ingresos, 4,5 millones, no estarían justificados. Cristina de Borbón está acusada de fraude fiscal precisamente por ser la titular de una de estas sociedades, la patrimonial Aizoon.

Todo eso en el peor momento político del país desde el inicio de la transición, con un nuevo Presidente en Cataluña que ha reiterado que va a seguir el plan independentista, desautorizado por el Tribunal Constitucional, con el que se quiere elaborar una legislación propia para ir desconectando progresivamente con España para conseguir la independencia en Julio de 2017, después de un referéndum, similar al celebrado en Escocia. “Cuando se trata de la independencia -dice este lunes el periódico alemán Sudeutsche Zeitung - a los separatistas catalanes les vale cualquier maniobra política. Por encima de todas las diferencias ideológicas, en Barcelona se ha formado ahora una alianza de partidos de conservador a izquierda radical, cuyo único denominador común es el objetivo que en opinión de los separatistas resuelve todos los demás problemas: la separación del Estado español. ”El conflicto en torno a Cataluña obstaculiza la formación de una coalición de Gobierno entre los socialistas y la izquierda alternativa, como ha estado pretendiendo el socialista Pedro Sánchez. Los socialistas siguen defendiendo con vehemencia la unidad de España, mientras Podemos opina que los catalanes deberían poder celebrar un referéndum sobre la independencia. El resultado de un referéndum de este tipo es incierto: los adversarios y los defensores están prácticamente igualados. Pero en el fondo da igual, porque en la Constitución española, la indivisibilidad y la unidad de la nación, está claramente anclada.

El mismo periódico mantiene la tesis de que los conservadores no tienen ninguna posibilidad de alcanzar una mayoría sólida “mientras el PP, enquistado y marcado por escándalos de corrupción, no consiga deshacerse del impopular Mariano Rajoy ”Como jefe de Gobierno y alumno modelo de la austeridad estaba bien visto en Bruselas y en Berlín, pero no entre sus propios ciudadanos, que poco perciben de los propagados efectos positivos del ahorro.

Esto demuestra que Bruselas y Berlín han fracasado a la hora de convencer a los españoles – y portugueses – de que la austeridad carece de alternativa. “En la Península Ibérica, los populistas de la derecha no tienen nada que hacer; no en última instancia debido a las experiencias históricas con dictaduras fascistas. Sea cuál sea el desenlace en España: Angela Merkel tiene que hacerse a la idea de socios más incómodos en el Sudoeste”.

(*) Periodista

http://www.republica.com/viva-la-pepa/2016/01/11/dia-negro-para-la-corona-y-para-rajoy/

Si la Infanta se libra, peor para la Corona / Pablo Sebastián *

Histórica y preocupante imagen la de la Infanta Cristina, hermana del Rey Felipe VI e hija del Rey Juan Carlos I, y su esposo Iñaki Urdangarin, sentados en el banquillo de acusados del caso Nóos que juzga varios delitos de fraude y estafa al erario público de varios millones de euros.

Una imagen pésima para la Corona que, en ámbitos del Gobierno se pretende paliar con la salida de la Infanta del juicio como consecuencia de una estrategia pactada con el fiscal Horrach y convencidos de que, a pesar del alto coste de dicha operación, ‘el tiempo lo cura todo’ menos una condena de un miembro de la familia del Rey.

Por ello quienes pretenden librar del juicio a la Infanta por causa de sus presuntos delitos fiscales -de los que hay pruebas e indicios-, con ayuda del fiscal Horrach, piensan que el coste político y social que para la Corona tendrá esta maniobra se diluirá en cuestión de meses o semanas. Máxime vista la trepidante actualidad e inestabilidad política del país donde el Rey Felipe VI tiene un destacado protagonismo tal y como se vio ayer cuando la Casa Real anunció que el monarca no va a recibir a la presidenta del Parlamento catalán.

Mientras que la presencia de la Infanta en el juicio y el riesgo de una condena producirá -según los estrategas del poder- a la Monarquía un daño mayor que el que podría desprenderse de la sensación general de un fraude jurídico y de la prueba manifiesta de que todos los españoles no son iguales ante la ley, máxime si eres hija o hermana de Rey.

Creemos, al contrario de lo que piensan algunos, que tanto el juicio como la posible condena de la Infanta Cristina son menos dañinos para la Corona que la sensación de un fraude judicial y la prueba de que todos los españoles no son iguales ante la ley, máxime si eres hija o hermana de Rey y todo ello parapetado en la llamada ‘doctrina Botín’.

Una doctrina infame en sí misma que libera de responsabilidad penal a quienes han defraudado a la Hacienda pública si el Fiscal y la Abogacía del Estado no acusan -lo que en ambos casos depende del Gobierno de turno-, y que años atrás se aplicó al ex presidente del Santander Emilio Botín y a varios de sus colaboradores. Con el añadido, en aquel caso y tras varias maniobras del Gobierno, de que la fiscalía y la abogacía del Estado no reconocían entonces la existencia de delitos.

Cosa que no concurre en el caso Nóos donde el propio fiscal Horrach reconoce la existencia de delito fiscal pero solo lo aplica a Urdangarin en contra de lo instruido por el juez José Castro -luego confirmado por la Audiencia Provincial-, y las pruebas que certifican la ‘colaboración necesaria’ de la Infanta Cristina, que además era propietaria del 50% de la sociedad Aizoon, en el delito fiscal.

El que debería ser perseguido de oficio por la fiscalía en defensa de los intereses de la ciudadanía y del erario público, lo que asombrosamente evita Horrach, olvidando de paso la otra ‘doctrina Atutxa’, donde no se aplicó la ‘doctrina Botín’ ni hubo exoneración alguna porque estaban afectados en ese proceso: ‘bienes de titularidad colectiva y naturaleza difusa o de carácter meta individual’.

En el colmo de la desfachatez el fiscal Horrach -en cuyos escritos de descalificación vejatoria del juez Castro se vio su intención procesal- llegó a decir en la apertura de juicio que si la Infanta Cristina sigue en el proceso ello supondrá ‘quebrantar la igualdad y discriminarla’ (sic). Que es precisamente lo que pretende hacer Horrach en su beneficio.

Y lo que hizo respecto a la mujer de Diego Torres -el socio de Iñaki Urdangarín- Ana Tejeiro, para utilizarla de coartada como se ha visto en el nuevo informe que Horrach se sacó de la manga de la Agencia Tributaria, para certificar que Hacienda no ha investigado a la Infanta lo que entra en la lógica de los favores del poder en los que estamos.

Horrach quiere convertir en realidad las palabras de Rajoy, de hace dos años, en las que dijo: ‘Estoy convencido de la inocencia de la Infanta, le irá bien’. Y puede que así ocurra, pero si le va bien a ella a lo mejor no le va también a su hermano Felipe VI en estos tiempos en los que los silencios del bipartidismo PP-PSOE ahora pueden ser desbordados por otros destacados actores del Parlamento nacional. En todo caso si la Infanta es tan inocente como dicen algunos ¿a cuento de qué debería renunciar a sus derechos de sucesión al trono como piden los mismos que la quieren exonerar? O ¿por qué se le retiró el ducado de Palma?

La flagrante intervención del Gobierno a favor de la Infanta Cristina es un daño añadido a la crisis institucional que vive este país donde está claro que la Justicia no es igual para todos los españoles. Lo que debe evitar manteniendo a la Infanta en el proceso el tribunal que la tiene que juzgar para decidir al término del juicio si tiene responsabilidad en su presunto fraude fiscal.

(*) Periodista