Las televisiones autonómicas sólo suponen el 0,5% de los presupuestos de las comunidades autónomas españolas, según Forta

MADRID.-   Las televisiones autonómicas españolas suponen, de promedio, exclusivamente el 0,5 por ciento de los presupuestos de las comunidades autónomas, según ha advertido el secretario general de la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), Enrique Laucirica, quien ha asegurado que la desaparición de estas cadenas "no iba a resolver prácticamente nada" los problemas de financiación de las autonomías. 

   Durante un desayuno organizado por el despacho de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira para analizar la reforma de la Ley Audiovisual, que fue aprobada este miércoles en el Senado y que permite la privatización de televisiones autonómicas, el secretario general de la FORTA ha querido "poner en dimensión" lo que suponen las cadenas autonómicas para los gobiernos regionales.

   "La eliminación sin costes de la televisión autonómica significaría una ahorro del 0,5 por ciento del estado autonómico", ha apuntado Laucirica y ha añadido: "Ojalá fuese la medida que resolviese la crisis de financiación autonómica, pero desgraciadamente no iba a resolver prácticamente nada la crisis de financiación del modelo autonómico".

   En este sentido, aunque ha reconocido que "en algunos casos" puede que las plantillas de las cadenas autonómicas estén "sobredimensionadas" y, probablemente, "en los próximos meses se oirá hablar bastante sobre ajustes internos", pero ha insistido en que no se puede echar "la culpa" de esta situación a la "mala gestión de las televisiones autonómicas, aunque muchas veces lo parezca".

   "Las televisiones autonómicas se han gestionado seguramente tan mal como el resto de servicios públicos", ha señalado el secretario general de la FORTA que ha recordado que, pese a lo que pueda parecer ahora que "hay una grave crisis", la creación de las televisiones autonómicas fue "una demanda social", igual que la prestación de otros servicios públicos como la educación o la sanidad.

   Sobre la reforma de la Ley Audiovisual, que flexibiliza los modelos de gestión de las televisiones autonómicas, Laucirica la considera "interesante" porque da a la comunidades un "mayor margen" para reformar las estructuras de sus cadenas y "asegurar su supervivencia" en un momento en que tanto los ingresos por publicidad como las subvenciones de las administraciones se han reducido.

   Según ha indicado, actualmente el conjunto de las televisiones autonómicas dan empleo a un grupo de 10.000 trabajadores e implican un gasto de 1.000 millones de euros al año. Algunas cadenas, como Canal 9, ya han anunciado planes para externalizar parte de sus servicios que incluyen una reducción significativa de su plantilla. Para Laucirica, este tipo de "ajustes", sin bien son "dolorosos", son también "necesarios para que el sector tenga algún tipo de salida".

   Así, ha subrayado que desde el inicio de la crisis la inversión publicitaria en medios audiovisuales ha caído un 35 por ciento y "la mayor parte del sector --sin contar a Mediaset y Antena 3--, está en la ruina o camino de la ruina".

   Sobre la fusión de Antena 3 y La Sexta, ha indicado que, de completarse, plantearía "problemas prácticamente insuperables para el resto del sector de operadores" al convertirse el sector audiovisual en un mercado "dominado por un duopolio", aunque también ha advertido que la "no materialización" de la fusión podría provocar la desaparición de una cadena "tan importante" como La Sexta.

   Tal y como ha explicado el consejero de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, Luis Murillo, la reforma de la Ley Audiovisual ofrece a las autonomías cuatro alternativas: mantener la gestión directa, suprimir el servicio de televisión, externalizar el servicio o enajenación de la titularidad para la gestión indirecta. De ellas, el experto ha opinado que la mayoría de cadenas optarán por las dos últimas para lograr mejorar su eficiencia.

Las protestas espontáneas en España calientan un verano de recortes

MADRID.- Más allá de las marchas convocadas en España por las grandes organizaciones sindicales, los recortes han disparado la aparición de pequeñas manifestaciones espontáneas de ciudadanos que gritan su indignación en las principales calles de muchas provincias.

En las horas previas a la convocatoria de una gran manifestación en medio centenar de ciudades españolas en contra de los recortes, diversos grupos de protestantes no pudieron esperar y colapsaron el jueves algunas de las calles céntricas de Madrid.

La convocatoria vespertina vino también precedida de un acto de sabotaje con los neumáticos de varias furgonetas de la Policía Nacional pinchados.

Los recortes, que afectan fuertemente a los empleados públicos, han provocado también la ira de los cuerpos de seguridad del Estado, con sindicatos policiales, de la guardia civil y militares recomendando secundar las protestas utilizando términos que van de la "indignación" a la "estafa".

La subida de los impuestos indirectos, las restricciones y recortes a los subsidios por desempleo y otras medidas que afectan principalmente a la clase media o a los sectores más desfavorecidos en una sociedad con más de cinco millones de parados han disparado la indignación y el descrédito contra las clases dirigentes.

"Llevamos varios años de medidas contra grupos sociales de clase media cuando, por el contrario, no se toman otras medidas contra lo que podríamos llamar la clase política o dirigente, incluyendo en esto al mundo financiero y empresarial", dice Juan Díez, presidente de la consultora sociológica ASEP.

Las convocatorias espontáneas suelen llevarse a cabo a través de mensajería instantánea o redes sociales, y el carácter anárquico de las mismas está preocupando al Gobierno del conservador Partido Popular (PP), que ha cerrado a cal y canto las inmediaciones del Congreso en un dispositivo de seguridad que el resto de grupos parlamentarios considera excesivo.

"Con las nuevas tecnologías, uno no tiene tiempo de pensar, no delibera. No se necesita preparar las convocatorias, y sin embargo éstas se llevan a cabo y hacen ruido", dice Sandra Suárez, investigadora de la Universidad de Temple, en Filadelfia.

"Esto tiene al Gobierno un poco nervioso", agregó Suárez, quien publicó una investigación sobre el uso de móviles en la organización de las protestas tras los atentados del 11-M en 2004.

Simbólicamente, este mismo jueves el Congreso ha aprobado la tipificación de la violencia urbana como delito posibilitando la aplicación de la prisión provisional como medida cautelar.

La semana pasada, el Gobierno anunció un durísimo paquete de medidas, entre las que incluyó la subida del IVA o la retirada de la paga de Navidad de los empleados públicos, a quienes ya se les recortó el sueldo en 2010.

Diversas modificaciones de horarios y otras condiciones han llevado a los funcionarios a perder también poder adquisitivo en sus nóminas en 2011 y 2012 pese a una supuesta congelación salarial.

Bajo la argumentación de que no hay dinero para pagar todos los servicios públicos, la nueva vuelta de tuerca del Gobierno a los funcionarios fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de un colectivo habitualmente poco dado a las protestas, y visto por parte de la ciudadanía como privilegiado y dañado en su imagen por comentarios discutidos de varios miembros del actual Gobierno.

"Esto ha excedido las cuestiones ideológicas (...) y se está extendiendo más allá de los grupos que tradicionalmente se manifestaban, hasta vemos a militares y a policías que amenazan con manifestarse", dice Ramón Pacheco, profesor del Kings College de Londres especializado en política española.

El principal sindicato de funcionarios de España, CSI-F, que ya convocó a una huelga del sector público para septiembre, dijo el jueves que estudia consensuar con otros sectores que el paro se convierta en una huelga general para todos los sectores.

Desde el anuncio de los recortes de la semana pasada, todos los días un grupo de unos cien funcionarios se reúne en su descanso del café a protestar ante la sede del PP, en un ritual que se repite de idéntica manera ante otros puntos de la capital madrileña.

"No me importa apretarme el cinturón un poco, ya lo habíamos hecho con las anteriores medidas, pero esto ya es increíble. Las medidas son ya muy duras, y luego dices, ¿para qué? Si ves que los políticos siguen robando", dice Iria, una auditora de Hacienda de 34 años, mientras protesta frente a la sede del gobernante Partido Popular.

En lo que sí existe una división de opiniones entre los expertos es en si esta oleada de protestas puede llevar al Gobierno a no acabar su legislatura pese a su abrumadora mayoría ante la expectativa de que se recrudezcan las protestas a un nivel insostenible.

"Es difícil sobrevivir políticamente y cívicamente a todo lo que nos espera todavía. Es muy difícil hacer predicciones, pero es más que probable que esta legislatura tenga un límite anterior a su cumplimiento como tal", dice Fermín Bouza, catedrático de Sociología de la UCM.

Si bien el Ejecutivo del Partido Popular (PP) en sus siete meses de gobierno está llevando a cabo recortes sociales de singular dureza, éstos ya habían comenzado con el anterior gobierno del Partido Socialista.

"No pueden entenderse las recientes movilizaciones contra la política del Gobierno sin tener en cuenta el creciente malestar social de los últimos años y que pone de manifiesto el 15-M (...) por sucesivas medidas, iniciadas en el último Gobierno de Zapatero y acentuadas durante el Gobierno de Rajoy que atentan a los cimientos del Estado social tal como se entendía desde los tiempos de la transición", dice José Manuel Ruano, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Con el último paquete de medidas de ajuste anunciado, el Gobierno pretende obtener un impacto positivo en las cuentas públicas de 65.000 millones de euros hasta 2014 que le ayuden a alcanzar las metas de déficit exigidas por Bruselas.

Sin embargo, y con el propio presidente del Gobierno reconociendo que este ajuste impedirá a España salir de la recesión incluso en 2013, algunos se preguntan si esto no lleva a España a un camino sin salida hacia el rescate.

"Pienso que estas protestas podrían llevar a un rescate en toda regla (tras el rescate a la banca ya acordado con Bruselas) puesto que Rajoy no puede seguir recortando", dice Suárez.

Otros analistas estiman que la mayoría parlamentaria del PP es lo suficientemente sólida como para aguantar toda la legislatura y que España está muy lejos de entrar en una situación de caos e impago de deuda como en el caso de Grecia.

"Hasta ahora, los Gobiernos se mantienen porque tienen mayoría parlamentaria, y de momento no parece que el Gobierno vaya a perder la mayoría parlamentaria que tiene, como tampoco la ha perdido Zapatero a pesar de que su impopularidad era muy grande incluso entre los votantes socialistas", señala Díez.

"De momento, aquí no hemos llegado a la situación de Grecia, ni en movimientos sociales ni en cuanto a lo que son las posibles consecuencias", agrega.

Los ajustes y la sombra de la intervención prueban a las regiones españolas

MADRID.- Los drásticos ajustes aprobados por el Gobierno español para reducir su elevado déficit público están provocando no sólo protestas ciudadanas, sino todo un conato de rebelión desde algunas administraciones regionales, que consideran que sus márgenes de actuación ya están tensados al máximo.

Las comunidades, responsables de más de una tercera parte del gasto total del Estado, gestionan servicios como la sanidad y la educación, socialmente muy sensibles a cualquier recorte, y

están sufriendo para cumplir con sus ambiciosas metas de déficit, que las obligan a pasar del 3,3 por ciento del PIB de 2011 al 1,5 por ciento este año y el 0,7 por ciento el próximo.

En un clima de creciente malestar social, y con la amenaza de la intervención de las cuentas regionales encima de la mesa, el presidente catalán elevó el miércoles el tono abogando por una rebelión autonómica ante el Gobierno central del Partido Popular que cuenta con una amplia mayoría en el Parlamento y controla también gran parte del mapa territorial.

El nacionalista Artur Mas escenificó su malestar pidiendo un plante regional general por considerar un "acto de deslealtad total" los esfuerzos exigidos por parte del Ejecutivo, mientras que Andalucía y País Vasco, ambas gobernadas por socialistas, están estudiando presentar un recurso de inconstitucionalidad a los recortes si ven invasión de competencias.

Las quejas contra los nuevos ajustes se suman a la decisión del Gobierno de no trasladar a las comunidades autónomas (CCAA) parte de la flexibilización del déficit concedida por Bruselas a España, lo que ya había colocado al límite la paciencia de algunas regiones.

Pese a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está empeñado en demostrar a sus socios europeos que puede controlar las cuentas públicas del país, tampoco quiere señalar con el dedo a ninguna comunidad, y está manteniendo con secretismo los nombres de aquellas que han recibido una advertencia aún informal, que algunos sitúan en hasta 11 del total de 17.

"Hacienda está intentando evitar la imagen de enfrentamiento entre administraciones y está revisando las cuentas con las comunidades que puedan estar más cerca del incumplimiento para no llegar a procedimientos formales", dijo a Reuters el jueves una fuente del Gobierno.

"Estamos en una fase aún muy inicial, no está corriendo ningún plazo oficial, no hay ninguna amonestación formal, aunque eso no quita para que, si tiene que hacerse, se haga más adelante", añadió la fuente.

En la reciente Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno se reserva el derecho de intervenir las finanzas de las regiones que no cumplan con los objetivos de déficit marcados y que no presenten planes de reequilibrio para cuadrar sus cuentas, aunque después de un proceso que cuenta con diferentes plazos.

Ejemplo de las tensiones que están generando los tiras y aflojas entre el Gobierno central y los autonómicos fue la reunión celebrada la semana pasada entre Hacienda y los responsables económicos de las regiones, en la que se fijaron las metas presupuestarias para los próximos años.

Durante la votación de esos objetivos, dos regiones gobernadas por el PP, Extremadura y Castilla y León, rompieron filas y se abstuvieron para mostrar su disconformidad con las cifras propuestas para el próximo año, mientras que Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias - con gobiernos socialistas y nacionalistas - votaron en contra.

Tanto Extremadura como Castilla y León han tratado desde entonces sin embargo de minimizar sus diferencias con Hacienda, y han asegurado que sus Gobiernos están absolutamente comprometidos con los objetivos fijados.

"Nos estamos dejando la piel para que esto se cumpla en tiempo y forma", dijo el jueves a Reuters un portavoz de la consejería de Economía y Hacienda de Extremadura.

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, rechazó ya el miércoles cualquier tipo de "plante" al Gobierno tras el órdago lanzado por Artur Mas, y aseguró que este tipo de actuación sería "suicida para los intereses generales de España, y para los de cada una de sus comunidades autónomas".

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también utilizó el miércoles un tono dramático para describir la situación de las arcas públicas, subrayando en varias ocasiones que "no hay dinero", y hablando incluso de riesgo de impago de nóminas a empleados públicos si no se llevaban a cabo subidas de impuestos.

Lo que parece claro es que la crisis está poniendo a prueba la fortaleza del sistema autonómico español, creado hace más de tres décadas y en cuyo desarrollo participó activamente a finales de 1990 el ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando era ministro de Administraciones Públicas.

El lehendakari Patxi López dijo esta semana que las medidas tenían una utilidad incierta y condenaban a la población más desprotegida "a un viaje a los infiernos", mientras que desde Andalucía, el presidente de la Junta, el socialista José Antonio Griñán, dijo esta semana que el Gobierno había sobrepasado el límite en la imposición a las comunidades autónomas.

Esta escalada de la tensión política, social y económica se produce en un momento en el que los gobernantes en Europa insisten en que la supervivencia del proyecto común europeo pasa inevitablemente por una creciente cesión de soberanía nacional.

La familia Ortiz Rocasolano suma ya cuatro escándalos ante la Justicia

MADRID.- La Casa del Rey no gana para disgustos en España y su credibilidad está en el punto de mira. Un nuevo escándalo judicial –y con este ya son cuatro– ha vuelto a colocar en la primera plana de la actualidad informativa a la familia Ortiz Rocasolano. Este viernes la abuela de la Princesa de Asturias, Menchu Álvarez del Valle, debe comparecer a las 10.15 de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís, aunque su presencia en el juzgado no está asegurada, ya que padece problemas de salud, recuerda hoy 'La Gaceta'. 

Menchu Álvarez ha sido citada a declarar como imputada por un supuesto delito de alzamiento de bienes e insolvencia punible, según informó este martes el Tribunal Superior de Justicia del Principado. En la misma causa y por idéntico delito están también imputados Jesús y Henar Ortiz Álvarez, padre y tía respectivamente de Doña Letizia.

 La Fiscalía de Asturias apreció varias maniobras contables con las que tanto la abuela paterna de la Princesa como sus dos hijos, Jesús y Henar, pretendían preservar la casa familiar de Sardéu (Ribadesella) de un embargo que tenía que hacer frente por una deuda de más de 20.000 euros contraída hace tiempo por la hija de la imputada, Henar Ortiz, para abrir sus tiendas de decoración, ya cerradas.

 Pero este no es el único problema judicial que afecta a algunos familiares directos de la Princesa. Su hermana, Telma Ortiz, perdió una batalla judicial contra 30 medios de comunicación, a la que fue condenada a pagar las costas del juicio, 60.000 euros que aún hoy colean. Su madre, Paloma Rocasolano, copió en un examen y su primo David Rocasolano está implicado en el caso Ciempozuelos.

Al respecto, la Casa del Rey no va a emitir comunicado alguno, “esta guerra no es nuestra”, según declaran fuentes a este periódico.

Así es el ‘timo’ de 62 diputados españoles con las dietas / Asier Martiarena

Toni Cantó es la excepción en el Congreso de los Diputados de España. No porque el diputado sea actor, sino porque ha decidido renunciar a las dietas a las que tiene derecho por haber sido elegido en una circunscripción diferente a la madrileña. Los motivos se deben a que Cantó (UPyD de Valencia) posee domicilio particular en la capital por lo que no precisa de hotel alguno para alojarse.

Sin embargo, lo que debería ser norma de obligado cumplimiento no lo es. 62 diputados de la actual legislatura cobran la ayuda de 1.823 euros mensuales para afrontar gastos de alojamiento y manutención pese a poseer una residencia en la capital. En palabras de Toni Cantó: "Se trata de un timo". Pero un timo permitido.

Los 'timadores', como dice Cantó, son 34 diputados del PP, 25 del PSOE, uno de CiU y uno de Coalición Canaria. Eso de los que se sabe porque aún hay señorías que no han presentado su declaración de bienes, por lo que se desconoce si alguno posee un domicilio en Madrid.

Los diputados del PP no están conformes con la actitud de Toni Cantó, a quien le acusan de "demagogia" a través de las redes sociales. Creen que es de recibo cobrar las dietas, ya que muchas veces deben desplazarse fuera de Madrid por motivos laborales.

Sin embargo, esa explicación tiene algunas fisuras, ya que el Reglamento de la Cámara Baja incluye otra partida de retribuciones que cubre los gastos de transporte en medio público de sus señorías (0,25 euros por kilómetro en caso de usar el propio automóvil y una tarjeta con un límite de 3.000 euros al año para moverse en taxi por Madrid).

Otro de los destacados en este asunto es Jorge Fernández, ministro de Interior, quien es diputado por Barcelona y tiene derecho a los 1.823 euros de la dieta por alojamiento pese a que en su declaración de bienes afirma ser dueño del 50% de una vivienda unifamiliar en Barcelona y de otra en Madrid.

Algo similar ocurre con la titular de Fomento, Ana Pastor, quien se presentó por la circunscripción de Pontevedra, donde tiene dos casas además de un piso en Madrid de 63 metros cuadrados, o con el socialista Alfredo Pérez-Rubalcaba, cántabro de nacimiento.

En este sentido, UPyD ha decidido que su ejemplo sea norma y ha registrado una proposición de ley para reformar el Reglamento de la Cámara Baja. Dicha propuesta incluiría, entre otros aspectos, la retirada de la paga por los gastos de alojamiento y manutención a los diputados elegidos fuera de Madrid que no obstante residen en ella, aunque los principales partidos (PP y PSOE) ya han anunciado que tumbarán la propuesta.

Miles de madrileños muestran su rechazo a los ajustes en una multitudinaria marcha

MADRID.- Miles de madrileños --800.000 según los convocantes, 40.000 según la Delegación del Gobierno-- han salido a la calle este jueves convocados por los sindicatos y organizaciones sociales para protestar contra los últimos ajustes del Gobierno en una de las manifestaciones más multitudinarias que han vivido la capital. Como en otras ocasiones, la marcha ha vuelto transcurrir entre gritos de huelga general, pero se han multiplicado los cánticos y la pancartas de crítica a la clase política y a la banca.

   La manifestación, convocada por CC.OO., UGT, junto a CSI-F, USO, CGT, STEs Intersindical y la Plataforma en Defensa del Estado del Bienestar y de los Servicios Públicos, bajo el lema 'Quieren arruinar el país. Hay que impedirlo. Somos más', contó también con la presencia de representantes del PSOE. Si bien, hasta 1.000 asociaciones civiles apoyaron las más de 80 manifestaciones convocadas en toda España.

   La marcha, aunque multitudinaria, transcurrió sin incidentes y en un predominante tono festivo desde la Plaza de Neptuno a la emblemática Puerta del Sol, dónde llegó la cabecera alrededor de las 22:30 horas.

   Si bien, fue allí donde se dieron los momentos de mayor crispación con pitos y masivos abucheos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que pidieron la dimisión, así como gritos e insultos contra la diputada 'popular' Andrea Fabra.

   Antes, pese al fuerte a calor, los pitos, los tambores y las banderas volvieron a salir a la calle de capital, aunque en esta ocasión destacó especialmente la variedad de colectivos concentrados, entre parados, pensionistas, estudiantes y, como en las últimas semanas, funcionarios.

   De entre ellos, arrancaron aplausos en varios tramos de la manifestación los sindicatos de policías (SUP y CPPM), que fueron ovacionados a lo largo de pasillos improvisados entre los manifestantes. También recibió un caluroso recibimiento un camión de bomberos que hizo aparición por la calle de Alcalá poco antes de arrancar la manifestación.

   Más tarde los manifestantes volvieron a volcarse con este colectivo cuando empezaron a lanzar agua sobre los asistentes con el propósito de hacer más llevadero el intenso calor que se vivía en una abarrotada Puerta del Sol, que los bomberos llenaron de espuma.

   También estuvo presente el sindicato Unión de Actores, con la presencia de Loles León, Marisa Paredes, Tristán Ulloa o Juan Diego Botto, que portaron una pancarta con el lema 'Contra la reforma laboral, cultura general' y que recibieron el apoyo de los asistentes ante las puertas del Banco de España.

   Entre los manifestantes, las consignas más coreadas fueron 'Los siguientes parados son los diputados', y 'Mariano, Mariano, no pasas del verano', además de 'Si esto no cambia, guerra, guerra, guerra' o una de las más aclamadas, 'Huelga general, ¡ya!'. Entre las múltiples pancartas que portaban los manifestantes, destacaban los mensajes 'No hay pan para tanto chorizo' o 'Esta crisis siempre la pagan los mismo'.

   Además, muchos trabajadores del sector público quisieron mostrar su rechazo a la infravaloración de su profesionalidad, que dicen estar viviendo, mediante enseñas como 'Los funcionarios somos necesarios' o 'Nosotros también pagamos el metro'.

   Muchas voces clamaron contra los ajustes, entre ellas las del actor Javier Bardem, quien dijo que las manifestaciones de este jueves en toda España es una "respuesta lógica" ante la "injusticia", puesto que "no se piden responsabilidades a los bancos y si a las clases medias o a los desempleados".

   Otros testimonios más anónimos fueron los de Paloma, pensionista que en declaraciones a Europa Press durante el recorrido de la manifestación vaticinó que el Gobierno "caerá porque la situación es insostenible". Además, reconoció que ante la situación de incertidumbre económica que padecen en el seno de su familia sólo "puede gastar el dinero en lo realmente necesario".

   Por otro lado, un miembro de la policía quiso denunciar que los recortes que está anunciando el Ejecutivo no servirán para "salir de la crisis en la que nos encontramos" . Además, reconoció que esta manifestación demuestra que hay "bastante apoyo" de plataformas en contra de las políticas de ajuste.

   Además, un grupo de estudiantes que habían asistido a la manifestación para expresar "su amplio rechazo y cabreo" ante la situación económica de España, denuncio que "no pueden pagar la subida de tasas" que se aplicarán el próximo curso en las distintas universidades de España, por lo que dicen "deberán dejar la carrera". 

 "No tenemos futuro", concluyeron.

   Finalmente, los escritores Benjamín Prado y Marta Sanz leyeron un manifiesto tras el que se dio por finalizada la manifestación y sonó La Internacional entre gritos de "Sí se puede".

   Una vez terminada la manifestación, un grupo numeroso de personas continuaba gritando consignas frente a la sede de la Comunidad de la Comunidad en la madrileña Puerta del Sol como 'Esperanza Aguirre, dimisión'.

   En el transcurso del acto de protesta, al menos una persona fue detenida por desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad después de que intentara saltar el cordón policial establecido en torno al Congreso de los Diputados, según informaron fuentes policiales.

Seis detenidos

Seis personas han sido arrestadas y 26 han precisado asistencia médica, seis de las cuales han sido trasladadas a centros hospitalarios, durante la manifestación.
Desde el comienzo de la manifestación hasta pasadas las doce y media de la noche, se han registrado seis detenciones por desórdenes públicos y atentado contra agentes del orden, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.
Del total de arrestados, cinco han sido trasladados a las dependencias de la Policía en Moratalaz, mientras que el sexto se encuentra ingresado en calidad de detenido en la Clínica Moncloa con una fractura en la nariz.
Asimismo, los servicios sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a 26 personas por diversas lesiones y problemas médicos. De ellos, seis, cinco manifestantes y un policía, han sido trasladados a centros hospitalarios, según indicó un portavoz de Emergencias Madrid.
Los momentos de máxima tensión se han registrado en las proximidades del Congreso de los Diputados, donde se ha trasladado un gran número de manifestantes una vez que se ha dado por concluida la marcha contra los recortes en la Puerta del Sol.
Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) o antidisturbios que protegían el Congreso, custodiado con un fuerte dispositivo policial, han cargado contra los manifestantes que trataban de saltar las vallas que rodean el edificio.
Los antidisturbios han ido avanzando mientras los manifestantes retrocedían y se dispersaban por las calles aledañas.

Manifestaciones multitudinarias en 80 ciudades españolas contra los recortes

MADRID.- Los sindicatos convocaron las manifestaciones el día en el que el Congreso de los Diputados dio el visto bueno a los recortes por un importe de 65.000 millones de euros en 2012 y 2013. Cientos de miles de personas, trabajadores de la función pública, maestros, estudiantes, médicos, bomberos y hasta policías han salido a la calle este jueves bajo el lema «Quieren arruinar al país. Hay que impedirlo. Somos más.

 

Antes del inicio de la manifestación en Madrid, los líderes de los sindicatos han comparecido en rueda de prensa junto a la secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Bernadet Ségole, que ha mostrado su solidaridad con España en «estos tiempo tan difíciles». Ha señalado que las medidas son «injustas e inútiles» y no «aportarán soluciones al problema» y ha añadido «Creo que las medidas son ideológicas y atacan a la cohesión social».

Por su parte el líder del sindicato Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo ha declarado «Es una auténtica agresión (los recortes) contra trabajadores en paro, de la función pública, autónomos, profesionales, contra las capas medias que se van a ver empobrecidas directamente por la aplicación de ese plan».

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, se ha referido a que la prima de riesgo ha continuado subiendo hasta llegar a niveles de récord a pesar de las medidas, «creo que tenemos toda la legitimidad para exigir que haya una rectificación en profundidad para no arruinar a España y no arruinar el proyecto europeo». Ambos dirigentes han dejado claro que esto no es el final de las protestas.

Las movilizaciones han ido aumentando desde que el Gobierno aprobó los recortes más duros de la democracia. Los funcionarios han estado saliendo a la calle durante toda la semana y cortando la circulación en las cercanías de sus puestos de trabajo todos los días, desde entonces, hasta llegar a la manifestación unitaria de este jueves convocada en más de 80 ciudades por todos los sindicatos, y numerosas asociaciones.

Los funcionarios vuelven a cortar calles de Madrid en protesta por los recortes

MADRID.- Varias manifestaciones de funcionarios han vuelto a cortar las calles de Madrid durante el mediodía de este jueves, día en el que está previsto que tenga lugar una multitudinaria manifestación en rechazo por las medidas de recorte aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

   Por quinto día consecutivo, diversas concentraciones de trabajadores del sector público han ocupado las calles de la capital, impidiendo el paso a los vehículos y ralentizando el tráfico por las vías de la ciudad.

   Sin embargo, según han señalado portavoces de la Policía Nacional y Municipal, no se han registrado incidentes ni ninguna retención de especial trascendencia, ya que, según han explicado, se tratan de ocupaciones "puntuales" de la vía pública.

   Como viene siendo habitual, las concentraciones de trabajadores han estado presentes en las inmediaciones de la plaza de Cibeles, donde han vuelto a presenciarse cortes de tráfico por parte de los manifestantes, que han ocupado el Paseo del Prado y la calle Alcalá.

   Asimismo, otro de los puntos afectados durante la mañana de protestas previa a la manifestación convocada por varias organizaciones sindicales y sociales ha sido Plaza España, cortada durante unos minutos por los manifestantes. También se han registrado cortes en la calle María de Molina.

   Como en los días anteriores, las manifestaciones se han concentrado en vías cercanas a los puestos de trabajo de los empleados públicos, como el del campus de Cantoblanco. Allí, varios centenares de trabajadores han ocupado la M-607 en dirección Colmenar Viejo dejando un único carril para el tránsito del tráfico durante una media hora aproximadamente.

   Según ha comentado el delegado por CC.OO en la mesa de funcionarios de Madrid, Félix Sánchez, la manifestación se ha nutrido de un mayor número de personas respecto a anteriores movilizaciones, aproximadamente unas 200 o 300 personas más, según ha dicho.

   La protesta estaba integrada por trabajadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Hospital de Cantoblanco y las dependencias del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ubicadas en dicho campus.

   Precisamente, según ha comentado el representante sindical, una de las causas por la mayor afluencia en la concentración se puede deber a las informaciones acerca de una presunta orden "taxativa" para paralizar todos los gastos corrientes a proveedores de los institutos de investigación del Consejo.

   "Se ha dado una orden taxativa para no pagar, porque si se abonaran estos pagos, no habría dinero para pagar las nóminas. El Consejo está técnicamente en una situación de suspensión de pagos", ha aseverado, destacando que se trata de una realidad "inédita" en toda la historia de la institución científica.

El Congreso insta al Gobierno español a tipificar la violencia urbana como delito

MADRID.- El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles una moción sobre seguridad ciudadana que plantea tipificar la violencia urbana como delito y modificar la Ley reguladora del derecho de reunión para lograr "una mejor regulación de las medidas y servicios de seguridad en las manifestaciones y concentraciones ciudadanas".

   La iniciativa, que ha logrado el apoyo del PP y fue presentada por CiU, apuesta por establecer una tipificación específica del delito de violencia urbana posibilitando la aplicación de la prisión provisional como medida cautelar. Además, aboga por una nueva definición del delito de "alteración del orden público" y del delito de atentado.

   Durante el debate de esta iniciativa que tuvo lugar ayer en el Pleno, el portavoz de Seguridad Vial de CiU en el Congreso, Jordi Jané, explicó que la moción busca ofrecer una mejor respuesta a los supuestos casos de violencia urbana que se producen en reuniones y manifestaciones, y que revelan una especial peligrosidad, como por ejemplo, la ocultación de identidad o la posesión de material de alto riesgo o de instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales.

   También se plantea la modificación del Código Penal en cuanto a la difusión de información, que tenga como objeto organizar y promover la participación en acciones de alteración de orden público, y la aplicación de penas alternativas a la privación de libertad, fomentando los trabajos que beneficien a la comunidad.

   Además, propone actualizar el catálogo de infracciones y sanciones para adaptarlo a nuevas conductas como la ocultación del rostro o la posesión de determinados instrumentos, la resistencia pasiva y la desobediencia a las autoridades.

   La mejora de la capacidad operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es otro de los puntos que pretende mejorar con el objetivo de crear una mejor regulación de las medidas y servicios de seguridad en las manifestaciones y concentraciones ciudadanas.

   Además, insta al Gobierno a colaborar con las comunidades autónomas para desarrollar el Registro Nacional de Faltas con la finalidad de responder con mayor eficacia al fenómeno de la multirreincidencia delictiva. Igualmente, promueve un acuerdo político y social para incrementar los valores de respeto y generar una mayor conciencia cívica en contra de la violencia urbana. "Sin seguridad ciudadana no es posible desarrollar la vida en libertad y para ello necesitamos un gran acuerdo", sostuvo Jané.

   Por su parte, el portavoz de Interior del Grupo Popular, Conrado Escobar, aseguró que la propuesta "refleja las medidas anunciadas por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y por el titular de la cartera de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón", en esta materia. "Se trata de proteger los derechos de todos", recalcó.

   Para Escobar, la moción de CiU "no significa apostar por ningún estado policial sino, todo lo contrario, aportar por un estado de libertad". 

"Entendemos que no puede existir libertad sin una adecuada seguridad ciudadana", dijo.

   Desde el PSOE, su portavoz en la Comisión de Interior, Pedro José Muñoz, advirtió de que la moción de CiU "tiene un antecedente que recuerda al Código Penal del franquismo". Además calificó de "absolutamente innecesaria" la modificación de "la ley que regula el derecho de manifestación y reunión" ya que, a su juicio, "lo que envuelve es la criminalización de aquellas personas que se manifiestas contra medidas injustas".

   Por su parte, el portavoz de Defensa de ERC en el Congreso, Joan Tardá, reconoció no entender qué es lo que persigue CiU ni tampoco "tanta chapucería" y "tanta inoportunidad política" y calificó de "muy lamentable" la moción. Además, preguntó a los diputados de Convergencia que "¿cómo pueden hacer de liebre del PP?".

   El diputado del PNV Aitor Esteban se mostró "un tanto sorprendido" con esta moción porque "al principio comenzaba en un planteamiento razonable" que "fue inflándose". Así, mientras que apoyó la revisión del protocolo policial, que se propongan penas alternativas a la prisión o la interconexión de las bases de datos, defendió que la modificación de la Ley de Reunión necesita de un "amplio consenso".

   Durante su intervención, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, indicó que la "violencia callejera y la multirreincidencia tienen un tratamiento bien distinto desde cualquier punto de vista".

 "¿Qué es lo que se persigue?", preguntó Díez, que apuntó que, o es una "regulación innecesaria, o no es el sitio o se está hablando de otra cosa". 

"Noto cierto tufillo de intervencionismos policial y de negación de derechos", apostilló.

   Finalmente, el diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Ricardo Sixto, puso de relieve que el debate de la moción se produjo "con un Congreso acordonado", lo que calificó de "aberración política". En su opinión, una moción que liga conceptos como "carteristas" o "ladrones de cobre con la protesta social es lamentable".

 "Fíjese si es un error político que el PP ni se la enmienda y va a votar a favor", concluyó.

Leales a Al Assad habrían matado a 13 personas este jueves

BEIRUT.- Los Comités de Coordinación Local (CCL), que agrupan a numerosas organizaciones del interior de Siria, han asegurado que al menos trece personas han muerto este jueves, hasta el momento, a manos de las fuerzas del régimen de Bashar al Assad, en su mayoría en Damasco, en los suburbios de la capital y en Hama, según informó Al Yazira.   

 Por otra parte, los activistas del Consejo de la Dirección de la Revolución de Damasco ha informado este jueves de enfrentamientos en el barrio de Qabun, en el extrarradio de la capital.