Antonio Gala: "No hay que resignarse a tener un gobierno de idiotas"

MADRID.- A pesar de los achaques propios del cáncer que sufre, Antonio Gala se ha mostrado divertido y locuaz, y aunque asegura no pertenecer a ningún partido político, ha aprovechado la ocasión para denunciar la política del gabinete de Mariano Rajoy durante la presentación de su nuevo libro, 'Quintaesencia', que incluye un compendio de sus citas y reflexiones.

   "No hay que resignarse a tener un gobierno de idiotas", explicaba el autor al ser preguntado por la situación actual. "No voto, sólo voté una vez porque me lo pidió mi amiga Pilar Miró, pero no debemos someternos a directivas que veamos dudosas".

   "Yo no soy de ningún partido", ha precisado Antonio Gala y asegura que si tuviera que escribir sobre Artur Mas en su Tronera (el artículo de opinión que escribía para el diario 'El Mundo') sería en tono "cachondo" "porque hace más daño".

  "Pero ahora no me atrevo a reírme de nada", confiesa este escritor, y añade que siempre ha sido sincero en sus críticas, aunque muchas veces haya tenido que decir algunas "verdades antipáticas". Con los años, "me he hecho menos ácido, antes era más partidario de ridiculizar al enemigo".

   Y entre esas verdades, Gala afirma que "estamos muy mal gobernados" y recordaba algún corte radiofónico en el que decía que tenemos en el gobierno un "gabinete de gilipollas". 

"Yo comprendo que eso no se puede decir, pero pensarse sí, y estoy convencido de ello", subrayaba con ironía el autor, quien con su primera novela, 'El manuscrito carmesí' obtuvo el Premio Planeta en 1990.

   "¿Es que está chocheando España?, porque si yo me doy cuenta de que voy a chochear, no hablo en público", precisa Antonio Gala y asegura que ya que ha muerto Miliki, el Gobierno debería contratar a algún payaso. "Yo veo el telediario por ver si sale, porque necesito que la siesta me coja con alguna serenidad", bromeaba el autor.

   En este sentido y preguntado por si publicaría sus memorias, Gala asegura que no las escribe porque sería algo "muy doloroso porque tendría que ser sincero". "Tendría que poner unos puntos sobre unas íes sociales muy importantes y recordar el pasado de muchos personajes, que ya no son lo que fueron, y eso es horroroso".

   Y explicaba --aunque tuvo que recurrir a su secretario para recordar el nombre-- que la persona que saldría peor parada de este lance en sus memorias sería el expresidente del Gobierno Carlos Arias Navarro. "Había olvidado ese cochino nombre", reconocía el poeta.

   En esta misma línea asegura que aunque ha tenido "buenos días" en su vida éstos no han sido demasiados, "aunque siempre he estado acompañado por gente que me ha querido más que yo a mí mismo", confesaba este autor, para quien su única pega en la vida ha sido no tener hijos.

   "Dejad que los niños se acerquen a mí, esa sería una de las frases que mantendría hasta el final de mi vida, y ahora que tengo sitio, siento no tener niños alrededor mío", ha reconocido el autor.

   Su libro 'Quintaesencia' que publica Planeta, reúne, según Gala, un conjunto de citas, pensamientos o frases, "algunas desechables, incluso por mí mismo porque fueron escritas hace mucho tiempo". "Pero es una referencia de mi pensamiento", aclara el autor cordobés.

   En este sentido, señala que entre las citas, seleccionadas por Isabel Martínez Moreno, habrá alguna que interese y precisa que él solo ha escrito "el reverso o el culo del libro".

   "Yo hubiera hecho este libro más pequeño y portátil para que hubiera podido ser leído en el metro o en el cuarto de baño", bromea el autor, quien asegura haber cumplido en su vida con su vocación social y personal.

   "No me considero un clásico, porque para serlo, hay que morirse varias veces", declara con ironía este autor, que ha recibido medido millar de premios y ha vendido cuatro millones de ejemplares de sus obras, según indican desde la editorial.

   "Ahora mismo me siento más muerto que si hubiera tenido una muerte clínica", reconoce el autor, para añadir que ahora ya va camino de una "muerte casera y natural, y lo más confortable posible".

   "Estoy moribundo, pero siempre he estado moribundo, la vida es estarse muriendo todo el tiempo y eso anima a vivir con más intensidad porque el tiempo es limitado" .

"Y no hace falta salir a la calle para vivir con intensidad, basta con reflexionar y yo amo la vida", ha concluido.

Doce detenidos en Sabadell en un caso de corrupción

MADRID.- Doce personas fueron detenidas y otras 26 imputadas el martes en Cataluña dentro de un presunto caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Sabadell, informó la Fiscalía Anticorrupción.

En la trama habrían participado miembros del Partido Socialista de Cataluña (PSC) - entre ellos el alcalde, al frente del consistorio -, y uno del Partido Popular que ha sido destituido por su partido.

"La trama organizada en el Ayuntamiento de Sabadell se centraba en la exigencia de constituir, como condición (...) para acceder con ventaja a las adjudicaciones de contratación pública, un depósito previo mínimo de 120.000 euros", explicó el comunicado, señalando que el dinero terminaba en un despacho de abogados y aún se desconoce si se repartía y/o blanqueaba.

El alcalde, Manuel Bustos, primer edil de la localidad barcelonesa desde 1999, negó su participación en la trama desarticulada por la operación "Mercurio". El regidor habría sido suspendido de sus cargos en el PSC, según explicó TVE.

Otro de los implicados en la trama, el secretario de Organización del PSC, Daniel Fernández, fue suspendido temporalmente de su cargo aunque mantendrá su acta de diputado en el Congreso, según recogieron las ediciones digitales de medios españoles.

Los acusados se enfrentan a cargos como prevaricación, cohecho o tráfico de influencias en la contratación irregular de obras, entre otros.

"Si hubiera alguna persona que hubiera cometido un delito saben que espero que caiga todo el peso de la ley, de manera contundente, no podemos extender duda sobre nuestra gestión", dijo Bustos, que es también presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, en rueda de prensa.

Un portavoz de los Mossos d'Esquadra señaló que se habían realizado registros en el Ayuntamiento de Sabadell, así como en el consistorio de Moncada y Reixach. Las imágenes de televisión mostraban a agentes policiales sacando cajas de documentos del consistorio.

A esos registros se suman otros en 15 domicilios particulares, así como en empresas y sociedades, señaló la Fiscalía.

La imagen de las fuerzas de seguridad entrando en ayuntamientos españoles se ha repetido en varias ocasiones en los últimos años dentro de varios escándalos de corrupción, la mayoría de los cuales datan de la burbuja inmobiliaria y urbanística previa a la crisis financiera, cuando los gobiernos locales gastaron elevadas sumas de dinero.

España, ante el reto de adelgazar la burocracia regional

MADRID.- Las comunidades autónomas españolas se verán abocadas a reducir sus estructuras administrativas para adaptarlas a los tiempos de crisis, previsiblemente mediante la centralización de algunos sevicios y la privatización de otros, dijo el presidente de la comisión encargada de reformar las administraciones públicas.

El subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, que desde el Palacio de la Moncloa supervisará el trabajo de esta comisión, se mostró convencido de que se lograrán los consensos necesarios tanto con las comunidades autónomas (CCAA) como con la oposición para sacar adelante el proyecto, pese a que podría toparse con la resistencia de algunos gobiernos regionales.

"Estas cosas siempre cuestan, pero es que hay que hacerlas", dijo Pérez Renovales en una entrevista con Reuters, recordando que las regiones tienen unos estrictos objetivos de déficit que cumplir y por tanto pocas opciones de rechazar potenciales ahorros de gasto.

"A lo mejor es un problema a corto plazo reducir el tamaño de lo que tienen o juntarlo con lo que tiene el Estado, pero no creo que haya una resistencia enorme", afirmó.

Tras años de intensa descentralización, los gobiernos regionales se han convertido en la mayor de las administraciones públicas españolas, con más de la mitad de su personal y un tercio de su gasto total, gestionando servicios públicos clave como la sanidad o la educación.

El deterioro de su calidad de crédito y las estrictas condiciones de los mercados han dejado además a muchas de las regiones a expensas del Estado, que ha diseñado un plan de dos años para atender a sus necesidades de liquidez mientras las 17 comunidades se han comprometido a ahorrar 18.350 millones de euros en 2012.

Durante las "vacas gordas", las CCAA recibieron ingresos extraordinarios derivados del 'boom' inmobiliario que pasaron en muchos casos a ser gastos recurrentes, algo que la crisis ha hecho insostenible y las ha llevado a aprobar estrictos ajustes presupuestarios.

La comisión de reforma administrativa se enmarca en el plan reformista del Gobierno español, tras los cambios abordados en el mercado laboral o el sector financiero, en medio de una profunda recesión económica mientras el país trata de cumplir los objetivos de déficit pactados con Bruselas.

Uno de los objetivos de la comisión, que carece de una estimación de ahorro de gasto público y debe presentar sus conclusiones antes de mediados de 2013, es reducir la estructura administrativa allí donde se encuentren funciones duplicadas entre distintos departamentos o niveles de la administración.

Sin embargo, Pérez Renovales subrayó que en la estructura estatal, donde hay unos 237.000 empleados públicos, "no hay mucho margen" de adelgazamiento, por lo que la mayoría de los cambios tendrán que venir de las CCAA, en cuyas administraciones trabajan alrededor de 1,4 millones de personas.

"Las comunidades autónomas ya están ajustando (...) (pero) Lo que va a hacer este trabajo es darles muchísima más información y muchas propuestas para reducir su administración pública o para hacerla más eficiente", añadió.

El Gobierno insiste en que el objetivo es simplificar los cuerpos administrativos y no dar marcha atrás en el estado de las autonomías, aunque Pérez Renovales sí habló de "centralizar en el mejor sentido de la palabra".

El subsecretario puso como ejemplo la centralización de servicios como la gestión informática, la confección de nóminas o de selección de proveedores, al estilo de lo realizado en el ámbito de la sanidad con los procesos de compras centralizados de medicamentos.

Tampoco descartó que de la evaluación de algunos de los servicios analizados se concluya que no es necesaria la participación ni de la Administración central ni de la autonómica, y pudiera encomendarse al sector privado.

"Seguro que descubrimos que tanto aquí como allí hay funciones que pueden estar desempeñando dos organismos estatales y de la comunidad autónoma a la vez y puede que no tenga que desempeñarse por ninguno", declaró Pérez Renovales.

"Al final se trata de tener una administración que tenga justo el tamaño para hacer lo que la función pública te exija que hagas", afirmó.

Aunque las propuestas de la comisión no serán vinculantes, subrayó que los gobiernos regionales podrían verse "abocados" a asumirlas para cumplir con sus objetivos de déficit, ya que bajo la estricta ley orgánica de estabilidad presupuestaria, el Estado dispone de mecanismos para sancionar a las comunidades incumplidoras, y "hay total voluntad de aplicar la ley".

La reforma de las estructuras regionales irá de la mano de cambios en la Administración local, donde se está ultimando un proyecto de ley que clarificará las competencias de los ayuntamientos y que aspira a modificar radicalmente la prestación de los servicios municipales para hacerlos más eficientes.

"Siempre se dice que de las crisis pueden salir grandes proyectos de reforma, pues este es un ejemplo claro", aseguró Pérez Renovales, mostrándose convencido de que las reformas emprendidas sentarían las bases para un buen crecimiento futuro de España.

Los egipcios desafían a Mursi con protestas en todo el país

EL CAIRO.- Decenas de miles de egipcios protestaron ayer martes contra el presidente Mohamed Mursi en una de las mayores manifestaciones desde la caída de Hosni Mubarak, acusando al líder islamista de buscar imponer una nueva autocracia.

La policía lanzó gases lacrimógenos contra jóvenes que tiraban piedras en calles próximas a la Plaza Tahrir en El Cairo, el centro de la revuelta que derrocó a Mubarak el año pasado.

Se desataron enfrentamientos entre opositores y partidarios de Mursi en una ciudad al norte de la capital egipcia.

Pero la violencia no pudo opacar la demostración de fuerza de los normalmente divididos opositores de los islamistas en el poder, lo que supuso el mayor desafío para Mursi en sus cinco meses en el Gobierno.

"El pueblo quiere derrocar al régimen", gritaron los manifestantes, repitiendo frases usadas en el levantamiento de 2011.

También se produjeron protestas en Alejandría, Suez, Minya y ciudades del Delta del Nilo.

La protesta convocada por grupos de izquierda, liberales y socialistas marca una escalada en la peor crisis desde la elección, el pasado junio, del brazo político de los Hermanos Musulmanes y expone las divisiones entre los islamistas y sus rivales.

Un manifestante de 52 años murió tras inhalar el gas, la segunda víctima mortal desde que Mursi anunció la semana pasada el decreto que amplía sus poderes e impide cuestionar legalmente sus decisiones.

El Gobierno de Mursi ha defendido el decreto como un esfuerzo para acelerar reformas y completar la transición democrática.

Los opositores de Mursi lo acusan de comportarse como un faraón moderno. Estados Unidos, gran benefactor del Ejército egipcio, ha expresado su preocupación, temiendo más turbulencias en un país que tiene un crucial tratado de paz con Israel.

"No queremos una dictadura otra vez. El régimen de Mubarak era una dictadura. Tuvimos una revolución para tener justicia y libertad", dijo Ahmed Huseini, de 32 años.

Los fraccionados grupos de la oposición egipcia no islamista se han unido en las calles por la crisis, aunque aún deben construir una maquinaria electoral para desafiar a los bien organizados islamistas, que vencieron a sus rivales laicos en dos elecciones convocadas desde que Mubarak fuera derrocado en febrero de 2011.

"Existen señales de que en el último par de días, Mursi y los Hermanos se han dado cuenta de su error", comentó Elijah Zarwan, miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, que agregó que las protestas eran "una ilustración muy clara de que esto fue un error de cálculo político".

La medida de Mursi provocó una rebelión entre los jueces y golpeó la confianza en una economía que lucha por recuperarse de dos años de agitación.

El presidente aún debe implementar impopulares medidas para contener el aplastante déficit presupuestario del país, necesarias para completar un acuerdo por un préstamo de 4.800 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional.

Partidarios y opositores a Mursi se enfrentaron con piedras y algunos lanzaron bombas incendiarias en la ciudad de el Mahalla el Kubra, en el delta del Nilo. Fuentes sanitarias afirmaron que casi 200 personas resultaron heridas.

"La principal exigencia es la retirada de la declaración constitucional (el decreto). Este es el punto", afirmó Amr Mussa, ex jefe de la Liga Árabe y candidato presidencial que se unió a la nueva coalición de oposición, el Frente Nacional de Salvación. El grupo incluye a varios importantes políticos liberales.

Algunos eruditos de la prestigiosa mezquita y Universidad al Azhar se unieron a las manifestaciones del martes, lo que demuestra que Mursi y sus partidarios han alienado a algunos musulmanes más moderados.

Miembros de la gran minoría de cristianos egipcios también se unieron.

Mursi abandonó formalmente a los Hermanos Musulmanes cuando asumió su mandato y afirmó que sería un presidente para todos los egipcios, pero aún es miembro de su partido Libertad y Justicia.

El decreto emitido el pasado jueves amplió los poderes de Mursi y protege sus decisiones de revisión judicial hasta la elección de un nuevo Parlamento, prevista para el primer semestre de 2013.

En Washington, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, instó a los manifestantes a comportarse pacíficamente.

"La actual disputa constitucional es una situación egipcia interna que sólo puede ser resuelta por el pueblo egipcio a través del diálogo pacífico democrático", dijo a periodistas.

Human Rights Watch ha dicho que el texto le da más poder a Mursi del que tenía la junta militar a la que sucedió en el mando del país.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo a un periódico austríaco que animaría a Mursi a resolver el tema a través del diálogo.

En un intento por suavizar las tensiones con los jueces indignados por su medida, Mursi aseguró al máximo tribunal del país que los fragmentos de su decreto sobre la inmunidad de sus decisiones se aplicarán sólo en temas de importancia "soberana".

Aunque eso debería limitarlo a temas como declaraciones de guerra, algunos expertos dicen que existe margen para una interpretación más amplia.