El New York Times ha ido publicando una serie
de artículos sobre Emilio Botín, presentado por tal rotativo como el
banquero más influyente de España, y Presidente del Banco de Santander,
que tienen inversiones financieras de gran peso en Brasil, en Gran
Bretaña y en Estados Unidos, además de en España. En EE..UU. el Banco de
Santander es propietario de Sovereign Bank.
Lo que le interesa al rotativo
estadounidense no es, sin embargo, el comportamiento bancario del
Santander, sino el de su Presidente y el de su familia, así como su
enorme influencia política y mediática en España. Un indicador de esto
último es que ninguno de los cinco rotativos más importantes del país ha
citado o hecho comentarios sobre esta serie de artículos en el diario
más influyente de EE.UU. y uno de los más influyentes del mundo.
Es de suponer que si se
escribieran artículos semejantes, por ejemplo, sobre el expresidente
Zapatero, tales reportajes serían noticia. No así en el caso Emilio
Botín.Una discusión importante de tales artículos es el ocultamiento por
parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas
establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. Por lo visto,
en las cuentas de tal banco había 2.000 millones de euros que nunca se
habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español. Pero,
un empleado de tal banco suizo, despechado por el maltrato recibido por
tal banco, decidió publicar los nombres de las personas que depositaban
su dinero en dicha banca suiza, sin nunca declararlo en sus propios
países.
Entre ellos había nada menos que
569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes
nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el
padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas; José María
Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana;
Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael
Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon
Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel
Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino
Oreja...). Según el New York Times, esta práctica es muy común entre las
grandes familias, las grandes empresas y la gran banca. El fraude
fiscal en estos sectores es enorme. Según la propia Agencia Tributaria
española, el 74% del fraude fiscal se centra en estos grupos, con un
total de 44.000 millones de euros que el Estado español (incluido el
central y los autonómicos) no ingresa.
Esta cantidad, por cierto, casi
alcanza la cifra del déficit de gasto público social de España respecto
la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el gasto que
España debería gastarse en su Estado del Bienestar (sanidad, educación,
escuelas de infancia, servicios a personas con dependencia, y otros) por
el nivel de desarrollo económico que tiene y que no se gasta porque el
Estado no recoge tales fondos. Y una de las causas de que no se recojan
es precisamente el fraude fiscal realizado por estos colectivos citados
en el New York Times.
El resultado de su influencia es
que el Estado no se atreve a recogerlos. En realidad, la gran mayoría
de investigaciones de fraude fiscal de la Agencia Tributaria se centra
en los autónomos y profesionales liberales, cuyo fraude fiscal
representa -según los técnicos de la Agencia Tributaria del Estado
español- sólo el 8% del fraude fiscal total. Es también conocida la
intervención de autoridades públicas para proteger al Sr. Emilio Botín
de las pesquisas de la propia Agencia Tributaria. El caso más conocido
es la gestión realizada por la ex Vicepresidenta del Gobierno español,
la Sra. De la Vega, para interrumpir una de tales investigaciones. Pero
el Sr. Botín no es el único. Como señala el New York Times, hace dos
años, César Alierta, presidente de Telefónica, que estaba siendo
investigado, dejó de estarlo.
Como escribe el New York Times
con cierta ironía, "el Tribunal desistió de continuar estudiando el caso
porque, según el juez, ya había pasado demasiado tiempo entre el
momento de los hechos y su presentación al tribunal". Una medida que
juega a favor de los fraudulentos es la ineficacia del Estado así como
su temor a realizar la investigación. Fue nada menos que el Presidente
del Gobierno español, el Sr. José Mª Aznar, que en un momento de
franqueza admitió que "los ricos no pagan impuestos en España".
Tal tolerancia por parte del
Estado con el fraude fiscal de los súper ricos se justifica con el
argumento de que, aún cuando no pagan impuestos, las consecuencias de
ello son limitadas porque son pocos. El Presidente de la Generalitat de
Catalunya, el Sr. Artur Mas, ha indicado que la subida de impuestos de
los ricos y súper ricos tiene más un valor testimonial que práctico,
pues su número es escaso. La solidez de tal argumento, sin embargo, es
nula. En realidad, alcanza niveles de frivolidad.
Ignora la enorme concentración
de las rentas y de la propiedad existente en España (y en Catalunya),
uno de los países donde las desigualdades sociales son mayores y el
impacto redistributivo del Estado es menor. Los 44.000 millones de euros
al año que no se recaudan de los súper ricos por parte del Estado
hubieran evitado los enormes recortes de gasto público social que el
Estado español está hoy realizando.Pero otra observación que hace el New
York Times sobre el fraude fiscal y la banca es el silencio que existe
en los medios de información sobre tal fraude fiscal.
Tal rotativo cita a Salvador
Arancibia, un periodista de temas financieros en Madrid, que trabajó
para el Banco Santander, que señala como causas de este silencio el
hecho de que el Banco Santander gasta mucho dinero en anuncios
comerciales, siendo la banca uno de los sectores más importantes en la
financiación de los medios, no sólo comprando espacio de anuncios
comerciales, sino también proveyendo créditos -aclara el Sr. Salvador
Arancibia- "...medidas de enorme importancia en un momento como el
actual, donde los medios están en una situación financiera muy
delicada". De ahí que tenga que agradecer al diario que se atreva a
publicarlo, porque hoy, artículos como los que publica el New York Times
y el mío propio, no tienen fácil publicación en nuestro país. Es lo que
llaman "libertad de prensa".
(*) Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas
Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor de Public Policy. The
Johns Hopkins University
