martes, 2 de abril de 2013

Los consumidores discrepan sobre fin de la fecha de caducidad

MADRID.- Las asociaciones de consumidores CECU y FACUA han valorado de manera diferente a la desaparición de la obligación de que los yogures tengan fecha de caducidad, fijada 28 días después de su fabricación, aunque se han mostrado de acuerdo en la necesidad de evitar el desperdicio de productos.

   El presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Moner, ha valorado la noticia positivamente "siempre que el cambio esté avalado por comités científicos e instituciones sanitarias, y no dañe la salud". "Hay que revisar las fechas de caducidad y consumo preferente cada cierto tiempo porque las investigaciones en materia de seguridad alimentaria avanzan día a día", ha señalado. Además, ha destacado la importancia de reducir el desperdicio de alimentos, cuyos datos son "desmesurados".
   En la misma línea, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, ha asegurado que "el Gobierno debería prohibir a la industria alimentaria que tiraran excedentes a la basura". Por este motivo, ha pedido "sancionar" a los infractores o poner en marcha "una imposición legal o prohibir echar comida a la basura", entre otras demandas.
   En cualquier caso, ha afirmado que la eliminación de la fecha de caducidad "genera inquietud y preocupación por cómo se está haciendo esto".
 "No sabemos si a los consumidores se nos está tomando el pelo, porque se decía que no se comiera un yogurt después de 28 días y ahora sí. No sabemos si se ha estado provocando que tiráramos comida y beneficiáramos así a la industria o si ha cambiado la forma de hacer yogures", ha explicado. "Al consumidor no le beneficia y a la industria sí", ha apostillado.

El PP fusionará el proyecto del Gobierno sobre desahucios con la ILP antes de debatirlas

MADRID.-   El PP ha decidido finalmente fusionar los textos del proyecto de ley Antidesahucios del Gobierno y de la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago retroactiva antes de comenzar el debate sobre los posibles cambios, una opción contra la que se ha manifestado el PSOE, que prefería mantener dos textos y que reclama nuevas comparecencias de los promotores de la ILP para defender sus propuestas.

   Tras una hora y media de reunión de la Ponencia designada por la Comisión de Economía del Congreso para tramitar este asunto, el grueso de la discusión se ha centrado sobre si contar con un único texto, como proponían los 'populares', y mantener las dos iniciativas separadamente, como querían los socialistas.
   Entre los argumentos de estos últimos para defender dos iniciativas se cuentan los "temores" del PSOE de que "en la alternativa el PP haya desdibujado absolutamente la ILP" porque "su admisión a trámite era un postureo, una impostura, una farsa", según ha expuesto la diputada Leire Iglesias. Además, también han solicitado la comparecencia de los promotores de la ILP, cosa que probablemente será rechazado por la comisión parlamentaria aprovechando la unificación de textos.
   Sin embargo, el portavoz 'popular' en la Comisión de Economía, Vicente Martínez Pujalte, asegura que la intención del grupo mayoritario es "proteger a las familias con problemas para pagar la hipoteca" en el menor plazo posible y "recogiendo el espíritu" de lo que piden los movimientos sociales.
   Por eso, a su juicio la mejor opción es "trabajar decididamente en hacer un texto único para que al Boletín Oficial del Estado (BOE) vaya un texto unificado de ley con alternativas distintas que se puedan amoldar a las necesidades de cada familia" y que suponga una "propuesta equilibrada" entre la protección a las familias con problemas y a quienes pagan sus hipotecas.
   En este sentido, ha asegurado que "cogiendo el espíritu" de ambas propuestas y de las enmiendas de los grupos parlamentarios, el PP presentará el viernes 5 de abril el texto refundido, que incluirá así tanto las enmiendas del PP como las enmiendas o transacciones que considere aceptables de la oposición como el proyecto de ley y la ILP.
   A partir de ahí, el martes 9 de abril a las 12.00 horas se reunirá de nuevo la Ponencia ya para negociar sobre el fondo de las propuestas de modificación. Aunque de momento no se ha precisado cuándo se convocará la comisión para aprobar el texto definitivo y mandarlo al Senado, Pujalte sí ha señalado que la intención del PP es "no alargar mucho los plazos porque hay familias que necesitan una solución cuanto antes".
   Aunque el PSOE también volverá a solicitar que el proyecto de ley resultante de todo el procedimiento vuelva a pasar por el Pleno del Congreso --que ya lo ha rechazado en una ocasión-- lo más probable es que se mantenga la capacidad de legislativa plena de la que la Comisión goza en este asunto.
   En cualquier caso, los 'populares' subrayan su voluntad de acuerdo en esta materia. Su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso, ha asegurado este martes en rueda de prensa que están "abiertos al diálogo y a incorporar enmiendas de otros grupos que en muchos casos son razonables o parten de posturas que se pueden acercar".
   Por eso, el diputado alavés ha esperado "avances" durante los próximos días y se ha comprometido a que los diputados del PP harán "un esfuerzo" en la negociación. No obstante, ha recordado que a finales de 2012 ya intentaron pactar con el PSOE soluciones a este problema pero "luego no salió adelante" y ha acusado a los socialistas de estar "intentando buscar todos los caminos para que no haya acuerdo con ellos".
 "Pero con los grupos que sí están en la disposición de trabajar para sumar y mejorar las cosas, con ésos sí buscaremos el acuerdo", ha añadido Alonso.
   Ante estas acusaciones, la socialista Leire Iglesias ha replicado que su disposición es la de "hablar, negociar y acordar" pero para dar "una solución real" que respete las posiciones recogidas en la ILP. "Algunas enmiendas no les quedará más remedio que aceptarlas, porque en las suyas han olvidado algunas cosas derivadas de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Pero ojalá lleguemos a más acuerdos", ha añadido.
   Por su parte, la diputada de CiU Lourdes Ciurò cree que ésta es "una buena oportunidad" para abordar el problema "de manera consensuada", y ha asegurado que ve al PP con "ganas de poder admitir enmiendas de otros grupos", oportunidad que los nacionalistas catalanes tratarán de aprovechar. "Estamos ante un nuevo escenario, y tenemos que actuar con paciencia para encontrar las mejores soluciones", ha añadido.
   También Pedro Azpiazu, del PNV, ha aplaudido la opción de fundir los textos pero ha señalado que donde de verdad estriba el problema es en "si el PP estará de acuerdo en abrir un debate lo suficientemente razonable como para llegar a acuerdos". "Éste es un tema muy politizado y donde la sensibilidad está a flor de piel, y lo que hay que hacer es dar una respuesta razonable cuanto antes pero sin prisas que nos impidan un debate sosegado y donde los grupos podamos llegar a un acuerdo", ha apostillado.
   Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ha hecho hincapié en que en cualquier caso se debatirá sobre la propuesta de dación en pago que incluye la ILP se presente un único texto o dos, y ha insistido en que su grupo "no permitirá que el PP vuelva a cerrar en falso el problema" de los desahucios. "La movilización social ha venido para quedarse y, con la actividad parlamentaria, obligará a que más pronto que tarde se adopten medidas que de verdad sean una solución", ha añadido el catalán.
   También el BNG y Amaiur reclaman esa dación en pago retroactiva. Sus portavoces en la Ponencia, Olaia Fernández Davila y Rafael Larreina respectivamente, han defendido que incluir ese aspecto en la futura ley es fundamental como señal de respeto a la participación democrática, y han resaltado la necesidad de tratar otros asuntos como los intereses abusivos o las cláusulas suelo.
   Por contra, el portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha subrayado que la dación en pago es sólo una de las fórmulas posibles para garantizar una segunda oportunidad a los deudores, pero que lo importante en cualquier caso es "que nadie se quede toda la vida con una deuda impagable". Por ello, ha instado a todas las formaciones a aprovechar esta "gran oportunidad" de solucionar este aspecto.
   También Lourdes Ciurò ha subrayado este aspecto, reclamando de nuevo que se "vele por que las personas puedan permanecer en sus viviendas con mecanismos de segunda oportunidad que hagan que perder la casa no sea la única opción".
 "Necesitamos, si no un texto, un compromiso de que abordaremos el sobreendeudamiento de las familias", ha dicho.
   Martínez Pujalte ha recogido el guante y ha señalado que, aunque en las enmiendas 'populares' "ya hay un cierto reconocimiento" a medidas de segunda oportunidad, se está estudiando "seguir avanzando en ese marco con un proyecto de ley" propio y diferente de éste. 
Además, ha indicado que las medidas que se aprueben finalmente incluirán algún tipo de previsión para que se apliquen también a las hipotecas en vigor aunque no ha hecho referencia a la solución que se dará a las personas ya desahuciadas con deudas pendientes, más allá de que puedan acogerse al Fondo Social de Vivienda si cumplen los requisitos.
   No obstante, tanto Pujalte como Alfonso Alonso han rechazado la dación en pago generalizada porque no solucionan el problema de quedarse sin techo y porque podría dañar a quienes sí pagan sus créditos. Por eso, ya avanzan que el PP sólo aceptará una dación en pago "en ámbitos determinados".

Cuando Feijóo se fotografió con el 'narco' Dorado no estaba en el PP

MADRID.- El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha subrayado este martes que su partido mantiene la "confianza" en el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y ha asegurado que en los años 90, cuando se fotografió con el narcotraficante Marcial Dorado, el mandatario gallego no tenía "un cargo muy alto" en la administración regional y ni siquiera militaba en el PP. 

   Así se ha pronunciado Alonso en la rueda de prensa que ha ofrecido en la Cámara Baja tras la Junta de Portavoces al ser preguntado sobre la polémica generada tras publicarse las imágenes de Feijóo compartiendo travesía con Dorado.
   Para el dirigente 'popular', resulta "un tanto insólito" que ahora se pidan cuentas a Feijóo por algo que ocurrió hace 19 años. "Es una acusación profundamente extemporánea", ha comentado.
   Alonso se ha afanado en defender al también presidente del PP gallego, al que ha mostrado la "solidaridad, apoyo, cercanía" del todo el Grupo Popular por el "injustificado ataque" del que, según ha dicho, está siendo objeto.
   Para el dirigente 'popular', Feijóo ya "ha aclarado todas las circunstancias" relativas a un asunto que, a su juicio, "se sale de madre". 
"Creo que no hay mucho más, que no tiene más recorrido y que Feijóo ha reaccionado muy bien y se ha explicado perfectamente", ha enfatizado.
   En opinión, es "muy complicado" achacar a alguien supuestos "errores políticos" cometidos cuando ni siquiera había entrado en el mundo de la política. Ha sido en este punto en el que ha asegurado que "no parece" que Feijóo tuviera un "cargo muy alto en la administración gallega ni que estuviera en el PP" cuando se tomaron las citadas fotografías.
   También se le ha preguntado sobre las manifestaciones del líder del PSdG, Pachi Vázquez, quien ha insinuado que es el propio PP el que está detrás de la publicación de las polémicas fotos. Desde su punto de vista, quienes "atacan" al presidente gallego son los que utilizan este asunto para "verter insinuaciones que son  inaceptables" e "injustificables".
   Y, en este sentido, ha rehusado ahondar en si este episodio puede lastrar las posibilidades de Feijóo de suceder a Mariano Rajoy al frente del partido. "Llevamos un año de Gobierno y ahora mismo no estamos pensando en ese tipo de cosas", ha respondido, remarcando que ahora es momento de cada uno cumpla con la responsabilidad que se le ha encomendado, Feijóo en Galicia, y Rajoy al frente del Gobierno central.
   En cualquier caso, ha querido dejar claro que se no se ha producido "ninguna pérdida ni disminución de la confianza" que el partido tiene en el presidente gallego, al que ha definido como un "líder político intachable y eficaz" que goza en su comunidad de una mayoría que, además, logró en circunstancias "difíciles".
   Por último, Alonso ha tenido que hacer frente a la pregunta de si él "iba de paseo con narcotraficantes hace 19 años". Ha contestado que no se acuerda "muy bien" de lo que hacía exactamente en esas fechas, pero sí de que "cobraba muy poco" porque era una época "de mucho paro y precariedad" para la gente joven que salía de las facultades, una situación que, según ha dicho, le hace sentirse cerca de los jóvenes que ahora viven dificultades similares.

La jueza imputa por presunta falsedad documental al exjefe de gabinete de Blasco en Valencia

VALENCIA.- La magistrada del 'caso Cooperación', que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), ha acordado imputar al que fuera jefe de gabinete del exconsejero de Solidaridad, Rafael Blasco, y a una funcionaria destinada a ese departamento ya extinto de la Generalitat valenciana, por un presunto delito de falsedad documental en relación con dos expedientes de concesión de ayudas a ONG.

   Así consta en una providencia dictada por esta magistrada, que investiga un presunto fraude en la concesión de subvenciones a ONGs por parte de la extinta Consejería de Solidaridad, cuando estaba dirigida por el actual diputado del PP en las Cortes, Rafael Blasco, quien también está imputado en el caso.
   En concreto, en este escrito, la jueza cita a declarar, en calidad de imputados, tanto a Xavier Llopis, quien actualmente ocupa su plaza de funcionario en el Servicio de Publicaciones, dentro de la Consejería de Presidencia y Agricultura, Pesca y Alimentación; como a Desamparados Isarría, funcionaria destinada actualmente al Servicio de Planificación y Ordenación de los Recursos Humanos, en la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
   Estas citaciones, previstas para el próximo 12 de abril, se producen después de solicitarlo la Fiscalía, y en relación con unos expedientes de la Fundación Cultura y de Estudios Sociales (Cyes) del año 2008, entidad que estaba presidida por otro de los imputados en el procedimiento, Marcial López, según han apuntado fuentes judiciales. Según consta en la providencia de la instructora, la declaración de Llopis será a las 9.00 horas y la de Desamparados Isarría, secretaria de Agustina Sanjuán, igualmente imputada en la causa.
   Xavier Llopis ocupó el cargo de director de gabinete de Rafael Blasco durante los años en los que se está investigando el presunto fraude en las subvenciones a ONGs. Asimismo, previamente, trabajó bajo las órdenes del actual diputado en otras consejerías.
   Llopis ya prestó declaración, pero en calidad de testigo, a finales de abril de 2012, cuando el caso se instruía en al juzgado de Instrucción nº 21 de Valencia, mientras no figuraba como imputado ningún diputado autonómico.
   En esta segunda ocasión, Llopis tendrá que comparecer ante la jueza como imputado en relación con los expedientes de la Fundación Cyes, entidad a la que le fueron adjudicados un total de cinco proyectos que sumaban 2,2 millones de euros.
   Con esta cantidad de dinero, según denunció en su día el fiscal, la fundación se pudo haber comprado hasta cuatro inmuebles en Valencia, que se utilizaron como sede social. Sobre los mismos, el interventor del Estado indicó en su informe que existían "numerosas irregularidades" y defendía que la entidad no pudo financiar las facturas de los inmuebles que compró.
   Así, entendía que se adquirieron con fondos provenientes de las subvenciones públicas. Al respecto, Rafael Blasco siempre ha mantenido que el dinero otorgado a la fundación no se destinó a la compra de ningún inmueble, y que la misma había justificado mediante facturas el destino de la subvención.
   En la misma providencia, la magistrada acuerda la declaración como testigo de la sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, Rafael Vicente Queralt, para el 11 de abril a las 13.00 horas, en relación con el proceso de elaboración del informe emitido por la institución sobre las subvenciones concedidas a la Fundación Cyes por parte de la extinta Consejería y "en relación a determinadas reuniones previas mantenidas con el mismo, según se desprende de las declaraciones de determinados imputados". La instructora le requiere para que aporte la documentación de la que dispuso para realizar su informe.
   El informe, que se presentó en abril de 2011 en las Cortes sobre la revisión de dos expedientes de ayudas a la cooperación, afirmaba que la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía rechazó "debidamente" justificantes aportados por la ONG Fundación Cyes en relación con la adquisición y arrendamiento de terrenos e inmuebles.
   Asimismo, determinaba que dado que en la documentación había quedado acreditada que ese departamento desestimó "adecuadamente" justificantes pagados con cargo a la cuenta corriente de la subvención y sustituidos por otros, esos expedientes "deberían complementarse" en relación con gastos por importe de 1.168.281 euros "para que consten acreditados los medios o formas de pago utilizados".
   Por otro lado, la magistrada también ha citado para ese mismo día 11, a las 11.00 horas, al empresario Augusto César Tauroni, expresidente de la Fundación Hemisferio, para resolver sobre su situación de prisión, según consta en otra providencia con fecha 28 de marzo, facilitada por el tribunal valenciano.
   El abogado de Tauroni presentó el 27 de marzo un escrito, con documentos y copias, en el que interesaba la libertad provisional para su cliente, quien se encuentra en la cárcel desde febrero de 2012, cuando se destapó el caso. La magistrada ha ordenado unir esta documentación a la causa y ha convocado una vista para el día 11 en la sala de audiencias del tribunal valenciano.
   No es la primera vez que el letrado solicita la libertad para su cliente, puesto que ya lo hizo en una vista que tuvo lugar en octubre de 2012. La magistrada denegó su solicitud y, de esta manera, compartió la opinión del fiscal, quien se opuso a la salida de prisión.

Imputan al expresidente regional Miguel Sanz y al alcalde de Pamplona por las dietas en la CAN

PAMPLONA.-  La titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona ha acordado citar a declarar como imputados al expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al exconsejero del Gobierno de Navarra Álvaro Miranda, en el marco de su investigación por el cobro de dietas en Caja Navarra.

   En concreto, Miguel Sanz es citado a declarar el día 12 de abril, Enrique Maya el día 15 y Álvaro Miranda el día 16, todos ellos a las 10 horas.
   En una providencia que se ha conocido este martes, la juez solicita además al departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra que le remita "las autorizaciones que existan en relación al cobro de dietas por asistencia y desplazamiento, y condiciones en su caso para percibirlas, así como cualquier otra condición o presupuesto que pueda haberse establecido para su cobro".
   Cabe recordar que la juez dictó recientemente un auto en el que rechazaba remitir a la Audiencia Nacional la investigación de las dietas de Caja Navarra y señalaba que el cobro de estas cantidades tenía "un sustento cuanto menos dudoso".
   La juez consideraba en aquel auto que "el pago y cobro" de estas cantidades no constituyen un presunto delito societario, "sino que podrían constituir un delito de cohecho, que es consustancial al delito de prevaricación por omisión cuya competencia se atribuye a este Juzgado".
El auto señalaba que "las personas que estaban recibiendo estos pagos presuntamente injustificados eran las mismas que debían llevar a cabo la labor de inspección de la gestión de la entidad pagadora y la definitiva calificación que se realice de ellos dependerá del curso de la causa".

Decano de notarios de Madrid: la dación es "una solución falsa" a los desahucios

MADRID.- El decano del Colegio Notarial de Madrid, José Manuel García Collantes, ha considerado este martes que la dación en pago que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha defendido a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados es "una solución falsa" al problema de los desahucios, y ha apostado por una renegociación de la deuda a través de la mediación.

   En la comisión de Presidencia y Justicia de la Asamblea de Madrid, preguntado por las soluciones que puede aportar el Colegio Notarial al problema de los desahucios, García ha explicado que la dación en pago es "una solución falsa", ya que con ella no se soluciona "nada" porque "se va a cortar el crédito completamente y en muchísimos casos, perjudica al propio deudor hipotecario".
   Frente a esta propuesta, el decano ha apostado por "una renegociación de la deuda hipotecaria", pero no entre el acreedor y el deudor, ya que el acreedor (el banco) estaría en una posición "de muchísimo más poder que el deudor".
   García ha explicado que es una medida que le gustaría que se integrara en la legislación española y que ya se lleva a cabo en Estados Unidos  a través "de un mediador neutral" de alguno de los centros de mediación que existen en el país.

Un extraficante gallego: “Los narcos quieren que gobierne el PP”

MADRID.- Un narcotraficante arrepentido, Manuel Fernández Padín -que declararó como testigo protegido en la operación Nécora contra el narcotráfico gallego- ha realizado unas explosivas declaraciones en la cadena SER, recogidas por elplural.com denunciando la “connivencia” entre política y narcotráfico en Galicia. Preguntado a raíz del escándalo de las comprometedoras fotos de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado y ya que el actual presidente gallego asegura que desconocía que su amigo se dedicara al narcotráfico, Fernández Padín ha advertido que “es totalmente imposible” que no lo supiera.

“En ese año ya se sabía perfectamente”
“Las fotos son de 1995, después del juicio de la Operación Nécora, en ese año ya se sabía perfectamente que los contrabandistas habían dado el paso al narcotráfico, toda la costa gallega sabía quién es quién. Todo el mundo en Galicia o en Pontevedra sabíamos a que se dedicaba cada quién porque al principio los que hacían dinero con el contrabando de tabaco se pasaron al hachís o a la cocaína mientras seguían compartiendo mesa y mantel con los políticos de la época”, ha advertido.

“Ya con AP plena connivencia entre autoridades y contrabando”
El narco arrepentido ha advertido de que esa “connivencia” entre política y contrabando no se basa es “deducciones” sino que está confirmada “desde hace mucho tiempo por declaraciones que han hecho los mismos contrabandistas”. “Ya con Alianza Popular había una plena connivencia entre autoridades y contrabando (…) en época de Fraga se mezclaban contrabando y AP y PP, eso es de toda la vida…”, ha insistido. Y en la misma línea, ha advertido: “Dirán que acredite que los narcos han financiado al PP, Oubiña ya dijo que si tirara de la manta se sabrían muchas cosas respecto a la financiación del PP”.

“Colocación y promoción de alcaldes del PP continuamente”
Cuestionado por la credibilidad de ese narcotraficante condenado, Fernández Padín ha lamentado que “la palabra de Oubiña debería valer más de lo que vale” ya que solo se le cree para algunas cosas y que con su historial “¿cómo no va a saber?”. “Los narcotraficantes quieren que gobierne el PP, cada uno que saque las conclusiones que quiera”, ha apuntado.

“Esto no es nuevo”
En cuanto a las fotos de Feijóo, Fernández Padín ha subrayado que “esto no es nuevo, es una de tantas” y se ha preguntado que cómo Feijóo iba a estar en una lancha “con alguien que no sabes quién es”. “Si tuviera diez añitos… ¡que tengan un poco de vergüenza!”, ha insistido el testigo, quien ha concluido pidiendo a las “autoridades” que se acuerden de él para que lo protejan ante los riesgos que corre.