jueves, 4 de octubre de 2012

Según el presidente del TC, quien no esté de acuerdo con el juez Pedraz puede recurrir

VALENCIA.- El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pascual Sala, ha manifestado que respeta el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que archiva las diligencias abiertas contra los organizadores de la manifestación del pasado 25S, como el resto de resoluciones judiciales, y ha añadido que "quien no esté de acuerdo con ellas tiene medios en el ordenamiento jurídico para recurrirlas". 

   Sala ha realizado estas manifestaciones antes de presidir en Valencia un acto en memoria del recientemente fallecido juez Manuel Peris, exvicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, a preguntas de los medios sobre su valoración del auto de Pedraz.
   Al respecto, ha asegurado que respeta la resoluciones judiciales pero ha matizado que esa resolución en concreto "no la conoce".
 "Por consiguiente, emitir juicios abstractos no me corresponde", ha agregado.
   Interrogado por la referencia a la "decadencia de la clase política" que hace el juez de la Audiencia, ha apuntado que "no basta con una expresión que figure en el auto" sino que hay que tener en cuenta "el contexto" de todo el escrito.
   "Emitir opiniones al aire no es costumbre de Pascual Sala --ha proseguido--, las resoluciones judiciales son respetables y quien no esté de acuerdo con ellas tiene medios en el ordenamiento jurídico para recurrirlas y la crítica no corresponde hacerla a otro juez a no ser que sea a través de otra resolución; yo siempre para criticar u opinar sobre una cosa necesito conocerla previamente".
   Cuando se le ha planteado si todas las manifestaciones son constitucionales, Sala ha aseverado que, "desde el derecho fundamental de manifestación, las autorizadas naturalmente y las que sean pacíficas y sin armas".
   Acerca de la del 25S ha agregado que "sí, siempre y cuando se compagine con la inviolabilidad de las cámaras que componen las Cortes Generales en España, que es un derecho fundamental en una democracia y tiene una importancia capital cuando se trata de salvaguardar la inviolabilidad en las instituciones pues tiene que compaginarse", ha argumentado.

Zapatero alquila un chalet de lujo con opción a compra cerca de La Moncloa


MADRID.- El expresidente socialista del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha alquilado un chalet de lujo en Madrid, con opción a compra, que cuenta con patio japonés en el salón y piscina en la azotea, según el portal inmobiliario idealista.com, que precisa que la casa está situada en una zona cercana al complejo del Palacio de la Moncloa. El precio pactado si se ejercita la opción de compra podría ser un 60 por ciento inferior al original que tenían estas viviendas y que era de dos millones de euros. 

 El ex presidente habría elegido la fórmula del alquiler con opción a compra para su nueva vivienda, que le permitirá disponer de la casa por el precio de un alquiler y decidir más adelante si cierra la compra del inmueble de forma definitiva.
 La vivienda elegida por la familia Zapatero está ubicada en una urbanización tranquila en el distrito Moncloa-Aravaca y que se encuentra a escasos metros del Hipódromo, de la valla del Palacio de la Zarzuela, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a corta distancia del complejo de la Moncloa.
   Las viviendas fueron comercializadas hace unos cuatro años por Urbalia, promotora de alto standing que entró en suspensión de pagos y posteriormente en liquidación. Fruto de esa situación la vivienda pasó a la cartera inmobiliaria de Servihabitat.
  La vivienda elegida por la familia Zapatero forma parte de una urbanización de 18 chalets de lujo, dispone de cuatro plantas, ascensor, garaje para varios coches, gimnasio, habitación para servicio, tres dormitorios, dos baños, patio japonés en el salón y piscina en la azotea.
  Las viviendas más pequeñas de la urbanización miden algo más de 300 metros cuadrados y disponen de parcela de al menos 300 metros cuadrados. Pero en la citada urbanización hay diversas tipologías, ya que por ejemplo, otras viviendas tienen una superficie de 400 metros  y 600 metros de parcela. Estas casas apenas comparten zonas comunes salvo el garaje, los accesos y una pista de paddle.
  El diseño de las vivienda es moderno y está compuesta de muros estructurales de hormigón visto y losas macizas formando las diferentes plantas, con grandes ventanales de vidrio, y un amplio sistema de seguridad.
  Hay actualmente chalets en alquiler en la misma urbanización por 5.000 y 6.000 euros al mes. Sin embargo, explican que el precio pactado por el expresidente podría haber sido inferior.
   El precio anunciado de venta de una vivienda como la elegida por Zapatero es de 1,25 millones de euros, negociables. De hecho, expertos de la zona apuntan que el precio pactado en el alquiler con opción a compra se habrá negociado con una sensible rebaja tanto el alquiler como la opción de compra (por debajo del millón de euros)". Se trataría, aseguran, de "un precio muy inferior al que se pedía hace unos años por estas viviendas, en el entorno de los dos millones de euros, y que supone un descuento del 60 por ciento".
    Zapatero compró y vendió "con pérdidas" un chalet en Vera (Almería), que formó parte de su patrimonio inmobilario junto con una vivienda en Las Rozas (Madrid), que tenía en su etapa anterior como presidente del Gobierno.
   En los últimos meses se ha conocido la puesta en venta de una propiedad en el centro de Madrid, una vivienda en la zona de Opera, herencia de su esposa, Sonsolores Espinosa. 
Tras salir de Moncloa, la familia Zapatero se instaló en un chalet de alquiler en Somosaguas por el que, según se publicó en su momento, pagaban 2.550 euros al mes.

La Coordinadora 25S prevé volver al Congreso durante el debate de los PGE

MADRID.- La Coordinadora 25S tiene intención de convocar una nueva protesta para rodear el Congreso de los Diputados a finales de este mes de octubre coincidiendo previsiblemente con el debate de totalidad del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013 que tendrá lugar en la Cámara Baja entre los días 23 y 25 de octubre.

   Así lo ha confirmado Feli Velázquez, una de las portavoces de la Coordinadora, quien ha asegurado que, a pesar de que la primera convocatoria del 25-S se saldó con 35 detenidos y más de 60 heridos, no tienen "miedo ninguno" y seguirán pidiendo la dimisión del Gobierno y el inicio de un proceso constituyente en los alrededores del Congreso.
   "Desde luego, la gente estará perdiendo derechos sociales pero también está perdiendo el miedo y eso se ha demostrado con la cantidad de gente que ha salido a la calle", ha afirmado, para añadir que su intención es seguir demostrándolo en posteriores convocatorias.
   Sobre los detalles de la convocatoria tales como la fecha y la hora, Feli Velázquez ha explicado que la Coordinadora seguirá profundizando en la asamblea que tiene previsto celebrar este domingo 7 de octubre en el parque de El Retiro, junto al Palacio de Cristal a las 11.00 horas.
   No obstante, la portavoz de la Coordinadora ha confirmado que su intención es repetir el formato de las protestas del 25, el 26 y el 29 de septiembre, es decir, convocar en Neptuno (plaza de Cánovas del Castillo), donde comienza la carrera de San Jerónimo en la que se ubica el Congreso, y una vez allí, tratar de rodearlo.
   Asimismo, ha asegurado que la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de archivar las diligencias abiertas contra ocho organizadores de la manifestación del día 25 es una buena noticia ya que demuestra que "se ha tratado de hacer un atropello y una criminalización que no tenía ninguna justificación".
   "Este ha sido un logro de todos los ciudadanos que están en contra de las políticas de este Gobierno", ha destacado Feli Velázquez, sumándose así a las manifestaciones hechas por los propios imputados a su salida de la Audiencia este jueves por la mañana, quienes también han afirmado que de lo único que son culpable es "de pretender un cambio social".

Los sindicatos estudian convocar huelga general en España el 14 de noviembre

MADRID.-   Los sindicatos y las organizaciones sociales que integran la llamada Cumbre Social, entre ellos CC.OO., UGT, CSIF y USO, estudian convocar huelga general el próximo 14 de noviembre, coincidiendo con el paro general en Portugal, aunque se trata de una fecha que aún no es definitiva.

   Así lo ha explicado hoy el responsable de Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano, que ha precisado que se trata sólo de una "fecha probable", puesto que aún tiene que discutirse y siempre en caso de que la Cumbre Social decida ir a la huelga.
   De celebrarse, sería la primera vez que en España se convocan dos huelgas generales el mismo año, después de la que tuvo lugar el pasado 29 de marzo.
   Lezcano ha recordado que los integrantes de la Cumbre Social se han dado unas semanas para valorar la posibilidad de convocar una huelga general contra la política de recortes del Gobierno y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013.
   De ir a la huelga, han manifestado su intención de que esta acción se coordine con la respuesta de algunos países, los más que más están sufriendo los recortes, como es el caso de Portugal, donde se ha convocado ya un paro general para el próximo 14 de noviembre.
   Aunque la coincidencia con la huelga portuguesa juega a favor de que esa sea la fecha elegida para que España viva un nuevo paro general, hay un factor que juega en contra: la campaña electoral en Cataluña. "Siempre hemos evitado ir a la huelga cuando hay campañas electorales de por medio. Tenemos que madurar la idea", ha dicho Lezcano.
   De momento, la Cumbre Social se movilizará el próximo domingo, 7 de octubre, por las principales capitales de provincia en contra de los recortes y de los PGE.
   Coincidiendo con la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se celebra ese día, sindicatos y organizaciones sociales han pedido a la ciudadanía que participen en las manifestaciones que se han convocado bajo el lema 'Juventud sin empleo, sociedad sin futuro'.
   En Madrid, la manifestación, que será a las 12.00 horas, ha cambiado su recorrido habitual y saldrá de la Plaza de Legazpi para acabar en la Glorieta de Atocha.    
   De convocarse finalmente una huelga general contra los recortes del Gobierno, sería la séptima huelga general de 24 horas de la historia de España y la tercera que se convoca a un Gobierno del PP. La primera huelga que se hizo en el país se celebró en el año 1985 durante el Gobierno de Felipe González por la ley de Pensiones que, entre otras cuestiones, aumentaba el período de cálculo de las pensiones de 2 a 8 años.
   La segunda se celebró en 1988 cuando también gobernaba Felipe González aunque, en esta ocasión, los trabajadores pedían la retirada del plan de empleo juvenil. En 1994 y debido a la reforma laboral, se convocó la última huelga general durante el mandato de González.
   En el año 2002, con José María Aznar ya en el Gobierno, CC.OO. y UGT convocaron un paro general para protestar por las medidas de reforma de la protección por desempleo y de la Ley Básica de Empleo aprobadas por el Ejecutivo 'popular'.
   La cuarta huelga a un Gobierno socialista tuvo lugar el 29 de septiembre de 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero de presidente. Los sindicatos protestaron por la reforma laboral y las políticas de ajuste del Ejecutivo del PSOE.
   La última huelga general, con Mariano Rajoy al mando del país, se celebró el pasado 29 de marzo. De convocarse otra, sería la tercera contra un Gobierno del PP y la segunda en protesta por las decisiones adoptadas por Mariano Rajoy.
   Con la huelga del 29-M, los sindicatos querían conseguir echar para atrás la reforma del mercado laboral que se aprobó en febrero y que, según argumentan, abarata y facilita el despido. Casi ocho meses después de su entrada en vigor, los sindicatos sostienen que la reforma ha sido un fracaso y que sólo ha servido para acelerar la destrucción de empleo.  
   Además de todas las huelgas antes mencionadas, en los años 1978 y 1992 se celebraron dos paros de una hora y de media jornada, respectivamente. En 1978 los sindicatos salieron a la calle motivados por una convocatoria europea, mientras que en 1992 fue el recorte de las prestaciones por desempleo propuesto por Felipe González lo que provocó el paro.

Los imputados por el 25S piden a Cifuentes que deje de azuzar a la Policía

MADRID.- Los imputados por un delito contra altos organismos de la nación por organizar las protestas celebradas el pasado 25 de septiembre que llamaban a rodear el Congreso de los Diputados han cargado contra la actuación de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y le han pedido que "deje de incitar a la violencia y de azuzar a la Policía a acometer actos violentos".

   A su salida de la Audiencia Nacional han sido recibidos, tras conocerse que iba a archivarse el caso, por decenas de manifestantes con gritos como 'sí se puede', 'vosotros fascistas sois los terroristas' o 'audiencia nacional tribunal de excepción'.
   Los manifestantes, concentrados desde las 10 horas en la esquina del Paseo de Recoletos con la calle Prim, han acogido a los imputados con aplausos, gritos y una pancarta blanca, "que estaban reservando para este momento", en la que podía leerse 'Gracias por tener la valentía de buscar una sociedad mejor (...) incluso para los que se quedan en casa'.
   Una de las imputadas Doris Benegas ha leído mediante un altavoz la parte del auto en el que se les exime de haber incurrido en un delito contra altos organismos con la convocatoria de rodea el congreso. "En modo alguno puede ser constitutivo de delito, ya no solo porque no existe tal delito en nuestra legislación legal, sino que de existir atentaría claramente contra el derecho fundamental de libertad de expresión".
   A continuación, han tomado la palabra el resto de los imputados, quienes han agradecido a las personas concentradas su apoyo y han asegurado que "volverán al Retiro para seguir realizando las reuniones de la coordinadora de forma pacífica" y con el objetivo de "cambiar el sistema que es algo legítimo y necesario". Además, han pedido a la delegada del Gobierno Cristina Cifuentes que deje de incitar a la violencia.
   Una de las imputadas perteneciente a plataforma 25-S, Elena Martínez, ha explicado que el fiscal les ha preguntado a todos los imputados si tenían intención de alterar el orden y el transcurso de la actividad parlamentaria. A esto, ha agregado que los imputados han contestado que 'no' y le han dicho que lo que altera el orden "es el apoyo a la corrupción y los brutales recortes del Gobierno".
   Martínez ha incidido de que lo único que son culpables es "de pretender un cambio social". Además ha resaltado que el acto, por parte de los manifestantes, se desarrolló de forma pacífica.
   Por último, Benegas ha explicado que ante la pregunta del fiscal, ella ha respondido preguntando sobre qué entendía por alterar el orden público. "Lo que tenían que haber hecho los diputados ante el clamor popular era haber salido a escuchar", ha concluido.

Antonio Gala: las manifestaciones no dan resultado "cuando un tonto no quiere oír"

SALAMANCA.- El escritor Antonio Gala ha señalado que le hubiese gustado acudir a la manifestación del pasado 25 de septiembre en Madrid porque él es partidario de este tipo de iniciativas, "de las íntimas y de las públicas".

   En este último caso, respecto a las públicas, ha sido partidario de que sean "rotundas" pero ha subrayado que no pueden obtener resultados contundentes "cuando un tonto no quiere oír".
   Así lo ha señalado durante la inauguración de la exposición antológica de jóvenes artistas de la Fundación Antonio Gala, que podrá visitarse del 3 de octubre al 4 de noviembre en la sala de exposiciones de la Hospedería Fonseca, de Salamanca.
   Durante este acto también se ha referido al uso de la palabra rescate, que se está utilizando últimamente sobre una posible intervención de mecanismos internacionales en la economía española.
   Sobre esta palabra, ha dicho que es utilizada "con muchas acepciones y muchísimas clases de juegos", que se refiere a "lo que se da a cambio de la devolución de algo" y que su uso para determinadas situaciones le provoca "risa".
 

El juez Pedraz justifica el 25S por "la convenida decadencia" de los políticos

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha defendido la legitimidad de defender "opiniones subjetivas" como las planteadas en la protesta celebrada el pasado 25 de septiembre ante el Congreso de los Diputados "máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política". 

  En el auto en el que archiva las diligencias abiertas contra los organizadores de la manifestación, el magistrado recuerda que la libertad de expresión ampara este tipo de manifestaciones y recuerda que exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente mediante la dimisión del Gobierno en pleno en modo alguno puede ser un delito.
  "No sólo porque no existe sino porque en caso de sí existiera atentaría claramente al derecho fundamental de la libertad de expresión", dice el juez, que insiste en que este derecho fundamental está amparado por la Constitución.
En ese mismo auto, el magistrado ha defendido que los 35 detenidos no atentaron contra los organismos de la nación porque no queda demostrado que intentaran adentrase en el Parlamento.
   La resolución del juez ha supuesto la liberación inmediata de los acusados. Pedraz ha explicado que decidió abrir diligencias dada la "gravedad" de los hechos expuestos por la Policía Judicial, que aseguró que el objetivo de la convocatoria era "ocupar una de las instituciones más importantes del Estado".
   El juez ha señalado que "no pudo ser cometido" por los imputados porque su acto instaba a "rodear" el Congreso. Por tanto, Pedraz ha subrayado que "rodear" no es lo mismo que "invadir", que implicaría "entrar violentamente en un lugar, que no pueden ser las calles aledañas".
   También ha señalado que no hubo ningún tipo de alteración de la sesión plenaria y ésta se desarrolló con normalidad. "Es notorio, vista el acta de la sesión, que el elemento consecuencional de este tipo penal no se cumple pues no hubo alteración alguna: la 'larga' sesión se desarrolló normalmente".
   Para el juez exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente mediante la dimisión del Gobierno en pleno en modo alguno puede ser un delito no sólo porque "no existe" sino que si existiera "atentaría claramente al derecho fundamental de la libertad de expresión".
   Pedraz ha reiterado que la libertad de expresión está amparado por la Constitución y que no se puede prohibir la expresión de opiniones subjetivas "máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política". Además, ha añadido que "la propia delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, tomó conocimiento y no prohibió la convocatoria".
   El magistrado ha interrogado a siete de los ochos organizadores de la convocatoria, ya que uno de ellos, Antonio López -que reconoció haber participado en la convocatoria-, se ha acogido a su derecho a alegar "objeción de conciencia".
   Por otro lado, aunque en el mismo auto, el juez de la Audiencia Nacional ha defendido que los 35 detenidos en el acto de protesta no cometieron delito alguno contra las altas instituciones de la nación porque no ha quedado demostrado que intentaran penetrar en la sede de la soberanía popular.
   Pedraz también ha descartado que hubiera intentos de rebasar el perímetro de seguridad para impedir a los diputados abandonar el hemiciclo o para lanzarles objetos o agredirles ya que el citado perímetro estaba "alejado de la sede" sin que pueda considerarse como parte del edificio del Congreso.
   De hecho ha argumentado que "puede pensarse también que solo se quisiera llegar a las puertas o simplemente 'rodearlo' o 'cercarlo' como expresaba la convocatoria". Además, ha dicho que a ningún diputado se le impidió salir del edificio.
   El magistrado, que ha reconocido que en la zona de las protestas se incautaron adoquines, una maceta de albañil, un cincel y pilas, no cree que "no por ello hay que deducir que esos instrumentos fueran destinados para ser utilizados contra la policía".
   Pedraz ha denunciado que la Policía incurrió en un "claro" exceso de sus funciones por su modo de tramitar los atestados policiales en relación a los 35 detenidos. La acusación de delito contra las altas instituciones del Estado no estaba señalada en un principio ni en las informaciones que llegaron a su juzgado ni en los atestados que fueron remitidos en un principio al Juzgado de Instrucción nº 8 de Madrid, realizando una nueva e irregular valoración de los hechos.
   De hecho, ha sido en la mañana de este jueves cuando el juez de la Audiencia Nacional ha conocido un informe de la Policía donde se dice que es posible que un total de cinco, de los 35 detenidos, puedan haber incurrido en dicho delito.
   El juez ha señalado que fueron puestos a disposición del juzgado de guardia, "con lo que la Brigada Provincial no puede ahora y ante este juzgado central decidir imputarles delito alguno o hacer nuevas valoraciones de los hechos; pues aquellos detenidos dependen exclusivamente del Juzgado de Instrucción de Madrid" el cual, en su caso si observa la posibilidad de este delito, así lo declarará.
   "De ninguna forma, la unidad policial puede sustraer unos hechos concretos imputados a personas concretas que son conocidos por un juzgado para que otro juzgado conozca de ellos, pues constituye claramente un exceso en las funciones propias de la policía judicial", ha censurado.
   Según su argumentario, no fue hasta el pasado 27 de septiembre, cuando la Brigada de Información le envió un "breve oficio" participándole genéricamente los altercados, el número de detenidos y los delitos que incurrieron sin especificar en concreto lo imputado a cada detenido.
   Para Pedraz es una simple información policial, a consecuencia de la cual él "no acordó aceptar o rechazar competencia alguna". El día 28 de septiembre se remitió una copia, que no original, del atestado, en el que tampoco aparecía atribuido el delito contra altas instituciones del Estado a ninguno de los detenidos.
   "Si la unidad policial entendía que sus diligencias han de corresponder a este juzgado central, no se comprende por qué no presentó las mismas (con los detenidos) ante este juzgado y no en otro", ha censurado Pedraz a la Policía.

Google y Facebook rechazaron identificar a los convocantes del 25-S fuera de la Justicia

MADRID.- La Audiencia Nacional solicitó los datos personales y los dispositivos desde donde se estaban utilizando los correos electronicos habilitados para organizar la convocatoria del 25-S. Google y Facebook facilitaron a la Policía más de 50 IPs de ordenadores, es decir la clave numérica que identifica el dispositivo, además de un número de móvil asociado a uno de los correos, según revela la Cadena SER.

La investigación a la convocatoria del 25-S se judicializó el pasado 14 de agosto. El objetivo era identificar a los promotores de la protesta. Con este fin, los agentes de la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, responsables de las investigaciones, solicitaron varios mandamientos judicales. El primero a Facebook para que identificara al creador del evento 'Ocupa el Congreso'. Además, los agentes señalan un video de la convocatoria con enlace a Youtube colgado el 29 de junio y detallan las principales páginas desde donde se difunde la convocatoria.

Sobre estas páginas la Policía pide al juez los mandamientos judiciales correspondientes para investigar e identificar las IPs de los dispositivos desde donde se utilizan las cuentas de correo electrónico creadas ad hoc para la convocatoria del 25-S. En concreto, info.ocupaelcongreso; contacto.ocupaelcongreso; medios.ocupaelcongreso; paseeoalcongreso.contacto, todas de Gmail por lo que se dirigen a Google Inc. El mandamiento a Facebook es similar, los agentes solicitan "todos los datos relacionados con el creador del evento 'OcupaElCongreso", concretamente el perfil, las direcciones IPs, fechas, horas de creación y los datos asociados al perfil que lo creó.

Una vez acotan los dispositivos, los agentes intentan cerrar el círculo y piden a las empresas de telecomunicaciones, según se lee en el sumario, "cuantos datos de identificación tengan en sus archivos sobre los usuarios a quienes les fueron asignadas las direccones IPs y en concreto el teléfono físico asociado para la conexión a Internet".

Ambas compañías norteamericanas facilitaron a los agentes de la brigada de Investigación Policial un listado con las IPs utilizadas desde donde se mandaron correos electrónicos, revelando 50, además de un teléfono móvil asociado a uno de los correos. Sin embargo, Google y Facebook rechazaron ir más allá, es decir, aportar nombres, apellidos y datos personales de los usuarios e instaron a la Policía a utilizar los cauces habituales. En este caso, una comisión rogatoria a través del Departamento de Justicia Norteamericano. Los departamentos de seguridad de Facebook y Google Inc recuerdan también a la Policía que para obtener esa información sobre datos personales de los usuarios de sus redes se requiere, al menos, acudir al Tratado de Asistencia Legal Mutua.
Compañías españolas.

La Policía quiso investigar e identificar a los usuarios que accedían a estas cuentas de corre, para lo que pidieron a cinco empresas proveedoras de accesoa a Internet facilitar la titularidad de las mismas. Los cinco mandamientos judiciales fueron a Vodafone, R Cable y Telecomunicaciones de Galicia, Jazztel Telecom, Telefónica y Orange. Todas identifican las IP?s de los ordenadores y por el momento no han remitido las identidades de los usuarios.

La convocatoria "Ocupa el Congreso" se judicializó el pasado 14 de agosto por posibles delitos de subversión del orden Constitucional y alteración de la paz pública a raiz del primer comunicado que circulaba en Internet bajo el título 'Ocupa el Congreso'. En dicho manifiesto se instaba a un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente, la dimisión del Gobierno y la disolución de las Cortes y de la Jefatura del Estado, entre otros puntos. El evento se publicó por primera vez en Facebook el pasado 17 de junio de 2012 de forma anónima. La investigación policial la ha llevado a cabo Brigada de Información de Madrid - dedicada al seguimiento de grupos extremistas y violentos - y los agentes del Grupo de Fraudes en el Uso de las Telecomunicaciones de la Policía Nacional.

¿Cómo empezó la investigación judicial del 25-S?

Las últimas acciones legales contra el entorno de los convocantes y simpatizantes del 25-S no estaban motivadas por una escalada de tensión entre los convocantes de la protesta y la Policía sino por la propia investigación de la Audiencia Nacional. Las identificaciones en las asambleas celebradas en el retiro, las detenciones en la manifestación de los sindicatos el pasado 15 de septiembre ante el intento de desplegar una pancarta con el lema "Ocupa el Congreso" e incluso los registros policiales dentro de los autocares que trasladaban a los participantes hasta Madrid eran el resultado de la instrucción judicial contra la protesta "Rodea el Congreso". Se inició de oficio, por parte de la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional. 

El pasado mes de junio y a raíz de la publicación del primer manifiesto difundido el 17 de junio bajo el nombre "Ocupa el Congreso" hecho público en Facebook. El comunicado llamaba a "permanecer en el Congreso de manera indefinida, la dimisión del Gobierno y la apertura de un proceso constituyente", entre otros objetivos, lo que podía suponer delitos contra la Constitución.

La denuncia por este posible delito contra las instituciones del Estado recaló en el juzgado de instrucción número 17 de Madrid el pasado mes de julio. El juzgado, con el visto bueno de la Fiscalía, rechazó abrir diligencias al considerar que la urgencia alegada por la Policía no estaba justificada. Finalmente, el juzgado número 35 abrió diligencias previas para inhibirse en favor de la Audiencia Nacional al tratarse del artículo 494 del Código Penal. Fue entonces cuando el atestado recabó en el juzgado de instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, a manos del magistrado Santiago Pedraz.

La instrucción de la Audiencia Nacional es la primera investigación a los miembros activos de este tipo de convocatorias y protestas basadas en la desobediencia civil. En Estados Unidos no hay precedente de instrucciones judiciales en el entorno del movimiento Occupy Wall Street, tampoco en el resto de países europeos.

Fases de la investigación

Según se desprende de la lectura del sumario, en la investigación policial y judicial al 25-S hay varias fases. En la primera la Policía se centra en identificar a los promotores de la concentración vía Internet: a través de las redes sociales, sus correos electrónicos y números de teléfono asociados a las cuentas de la convocatoria, además de intentar localizar a los grupos de apoyo de la convocatoria "Rodea el Congreso". 

En una segunda fase, a partir del 24 de agosto, los agentes mantienen la vigilancia en las redes y en cada movimiento de la convocatoria a través de Internet; ya tienen los nombres y apellidos de alguno de los promotores y centran la instrucción en seguirles e identificar a los miembros del entorno. Además, tratan de localizar a cualquier persona que quiera participar en una manifestación bajo sospecha, al poder estar incurriendo la convocatoria en un delito contra las Instituciones del Estado.

 Así lo demuestran los mandamientos a los bancos para que faciliten a la Policía el nombre y apellido de los titulares y de quienes ingresan donaciones o el precio del billete de autobús para venir desde otras provincias a Madrid. Dos días después de la firma de ese mandamiento, el juez imputó a ocho de los promotores de la convocatoria de un delito contra el Estado.

El día de la manifestación, ya legalizada por la Delegación de Gobierno, los GEO identificaron a los viajeros con controles y registros establecidos a la entrada de la capital. Según la instrucción, desplazarse a Madrid para participar en la convocatoria "Rodea el Congreso" el pasado 25-S podía suponer un delito de colaboración por participar en hechos delictivos. Los 35 detenidos vinculados con los altercados del 25-S han acabado en la Audiencia Nacional, tras la inhibición de una jueza de Madrid que entendía que sobre todos los arrestados podía haber "sospechas bastantes" de haber atentado contra las Cámaras.

El Congreso aparca 'sine die' la investigación de los escándalos de la banca española

MADRID.- Dejarlo correr. Ésta parece ser la premisa que impera en todo lo relativo a la depuración de responsabilidades en torno a los escándalos financieros. Al menos, en lo que a su versión política se refiere. La crónica es de lainformacion.com

El más claro ejemplo es que se ha dejado pasar todo el mes de septiembre sin llamar a declarar a ninguno de los comparecientes que fueron citados por el Grupo Parlamentario Popular justo antes del verano.
Fue el pasado mes de julio cuando, tras meses de previsiones y tras haber vetado varias comisiones de investigación, el PP accedió a abrir una ronda de comparecencias en el Congreso.
Entonces se dijo que había sido la imputación de Rodrigo Rato por la Audiencia Nacional y el deseo del ex vicepresidente del Gobierno de dar su versión sobre lo ocurrido en Bankia lo que llevó al PP a cambiar el guión y a acceder que se debatieran en el Congreso los escándalos de la banca.
Los partidos aprobaron una lista de 24 comparecencias que se iban a celebrar entre lo que quedaba de julio y septiembre. Además, para garantizar la transparencia, se dijo que las comparecencias iban a ser a puerta abierta.
De hecho, así fue en las intervenciones que se llevaron a cabo justo antes de verano y que tuvieron entre sus grandes protagonistas a Rato, a la ex ministra de Economía, Elena Salgado; al ex presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez; al ex secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa; al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso; y al ex vicepresidente de un gobierno socialista y ex mandatario de Catalunya Caixa, Narcís Serra.
Pero, por un motivo de agenda, el grueso de las comparecencias se iba a llevar a cabo en septiembre, un mes que ha concluido sin que haya pasado por el Congreso nadie más.

Sin noticias, ni explicaciones
Desde el Grupo Parlamentario Popular apenas se da una explicación de por qué se han suspendido estas intervenciones y se limitan a señalar que ahora, con las comisiones que se celebrarán con la llegada de los Presupuestos Generales al Congreso, la agenda se va a retrasar más.
En el mejor de los escenarios, en las próximas semanas se convocará una reunión para consensuar el calendario, con el objetivo de que antes de final de año se retomen las comparecencias, pero sin garantizar que vaya a ser así.
Respecto a por qué no se ha convocado antes ese encuentro, que habría permitido cumplir la agenda que se dijo de que las intervenciones se llevarían a cabo en septiembre, ni una respuesta.
En cambio, sí ha seguido su curso la subcomisión sobre reestructuración bancaria y saneamiento del sector financiero, como demuestra el hecho el que ayer acudiera a ella el presidente del FROB, Fernando Restoy, que se celebró a puerta cerrada.
Sin embargo, en esta comparecencia se habló de las últimas reformas financieras y del examen realizado por Oliver Wyman a toda la banca española, cuyos resultados se conocieron el pasado viernes.
Por tanto, su asistencia no respondió a la necesidad de aclarar cómo se gestionaron las entidades, cómo actuaron los supervisores y si hubo negligencias que han llevado a que todos los españoles tengan que pagar un déficit de 17.000 millones y una deuda de 40.0000 millones por el rescate a la banca.
Desde la oposición aseguran que está todo parado y que cuando alguien pregunta sobre cuándo se van a retomar las intervenciones, nadie da una respuesta. De hecho, explican que no hay orden del día, ni fecha, ni ninguna indicación de que vaya a cumplirse lo prometido, más allá de afirmar que existe "voluntad de continuar".
Tampoco se tiene constancia de que algunos de los comparecientes más esperados, como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, hayan sido llamados por el Congreso. Por el momento, todo está en el limbo.

De los Austrias al PPSOE: el pecado nacional de los malos gobernantes / Nazaret Castro *

En mi último post os hablaba de la irresponsable y nefasta gestión de la clase política española, que despilfarró nuestros recursos de tiempos de bonanza en infraestructuras ruinosas e innecesarias con las que se contrajeron las deudas que hoy nos asfixian. En ese sentido, hace unas semanas un artículo de César Molinas publicado en El País levantaba la polémica al presentar su teoría sobre la clase política española como elite extractiva. No comparto la propuesta del autor –un sistema electoral aún más mayoritario del que tenemos, luego aún más potenciador del bipartidismo-, pero sí muchas de las ideas que él plantea, especialmente la incidencia de la partitocracia para alimentar un sistema en que llegan a la primera línea política los mediocres y los cínicos.

Pareciera que estamos condenados a repetir nuestra historia, a fuerza de no aprender de ella. En los siglos XVI y XVII, los pésimos gobernantes que dirigieron los destinos de España –sobre todo en los reinados de los últimos Austrias- dilapidaron los ingentes recursos del oro y la plata robada a los pueblos americanos, y financiaron el desarrollo de Inglaterra y Holanda mientras España caía en la bancarrota y el pueblo pasaba hambre. 500 años después, la historia se repite. Cuando, con los flujos de los fondos de cohesión europea, y sobre todo a partir de la entrada del euro y del aumento de los flujos de capitales desde el Norte europeo, comenzaron a entrar enormes cantidades de dinero, éste se malgastó en infraestructuras innecesarias y mal diseñadas que nos llevaron a la bancarrota.

Como siempre, los trabajadores pagan la fiesta de otros. Y no digo, no, que el pueblo español no sea responsable. Por aceptar, con pasividad cómplice, por interés o por desinterés, el yugo de gobernantes irresponsables, mediocres o codiciosos, que, por incapacidad o por malicia, tanto da, nos han llevado a la ruina. Todavía, quiero creer, el desastre es evitable, o tal vez es la oportunidad para construir una sociedad más justa, menos enferma. Esa es la luz de esperanza que quiero ver en las manifestaciones que llevan repitiéndose en mi país, y sobre todo en mi ciudad, ahora que estoy tan lejos.

Demasiada falta de vergüenza la del Gobierno al defender la actuación policial, ahora que el mundo entero sabe, con pruebas documentadas, que se introdujeron infiltrados para reventar la manifestación pacífica. Rajoy no quiere escuchar, nunca lo hará. Como dice Molinas en su artículo, cualquier autocrítica en la clase política está vedada, pues atacaría las propias bases de su poder. Por eso, desde todos los partidos (o casi), las críticas son tibias y los argumentos, banales.

Dejemos que hablen las calles, pues las cosas deberían cambiar mucho para que las respuestas salgan de las urnas. Tal vez sólo si los ibéricos consiguiéramos reproducir esa mayoría absoluta del voto en blanco que reivindicaba José Saramago en su Ensayosobre la lucidez.

(*) Periodista

Sea como fuere, sostengo que el pueblo español es hoy más lúcido que hace cuatro años. Y lo celebro.