miércoles, 1 de agosto de 2012

Valcárcel y Rajoy le toman el pelo a los lorquinos un año después del terremoto

LORCA.- El secretario general de la Comisión Ejecutiva Local del PSOE, Daniel Martínez Fajardo, ha comunicado su malestar ante los recortes adoptados por el Partido Popular al Plan Lorca, ya que el presupuesto se ha reducido a 400 millones de euros, "menos de una cuarta parte" del pensado en un inicio. 
   En este sentido, el responsable socialista ha expresado que "si ya el pasado viernes los socialistas lorquinos arqueábamos las cejas ante el anuncio de un presupuesto de 1.450 millones de euros, lo que suponía una reducción de 200 millones, añadiendo la coletilla tendrá que tener su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 para poder ser llevado a la práctica, las noticias de esta semana han terminado de disparar todas las alarmas".
   Asimismo, Martínez ha comentado que "lo que hace unos meses se mostraban como exigencias irrenunciables, se ha transformado en la más palmaria condescendencia y sumisión". Además, ha resaltado la actitud del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, expresando que se trata de una "exhibición más de un equipo de Gobierno volcado en el servicio más absoluto a su Partido, anteponiéndolo, sin el mínimo sonrojo, a los intereses de Lorca y los lorquinos".
   Al mismo tiempo, el dirigente socialista ha afirmado que "nadie, salvo los responsables del PP, cree realmente que en Lorca se hayan desembolsado ya 1.250 millones de euros" y ha añadido que "desgraciadamente, no están ni los esperamos".
   Así, han condenado los intentos de encubrir esta falta manifestado que "por mucho que el alcalde se afane en restar cantidades o incluya las aportaciones hechas por el Consorcio de Compensación de Seguros", no creen en la aplicación de ese presupuesto.  
   Martínez ha insistido en que "este descafeinado Plan Lorca es claramente insuficiente". Además, ha concluido que "la credibilidad del Ejecutivo de Valcárcel es igual a cero".

La familia de Payá pide otra investigación y no acusa a Carromero

LA HABANA.- La familia del disidente cubano Oswaldo Payá pidió el miércoles una investigación independiente a la del Gobierno sobre el accidente de tráfico en el que perdió la vida, aunque adelantó que no presentará cargos contra el joven político español Ángel Carromero que conducía el coche implicado en el siniestro.

Las declaraciones de la viuda de Payá a periodistas siguieron al anuncio del Gobierno comunista de la isla de que Carromero estaba siendo investigado por homicidio por el accidente ocurrido el 22 de julio en el que fallecieron dos personas y a dudas sobre la versión oficial.
"Él (Carromero) era el conductor del coche. Yo no voy a acusar a nadie, ni voy a acusar a Ángel. No tengo todos los elementos y no sé el estado técnico del coche. Ni estoy buscando culpables", dijo Ofelia Acevedo, viuda de Payá, uno de los disidentes más conocidos fuera de Cuba y que tenía 60 años.
"La familia no ha dicho en ningún momento que Oswaldo Payá Sardiñas fue asesinado", apuntó en una rueda de prensa.
No obstante, Acevedo y su hija Rosa María dijeron tener dudas sobre de las versiones oficiales publicadas del accidente ocurrido cuando el coche en que viajaban se salió de la vía y chocó contra un árbol en Bayamo, en la provincia de Granma, a unos 890 kilómetros al este de La Habana.
Carromero, vicesecretario de Nuevas Generaciones del gobernante Partido Popular en Madrid, podría ser acusado por homicidio y se enfrentaría a una pena de hasta 20 años de cárcel, según diplomáticos en La Habana, donde se encuentra detenido provisionalmente.
En el accidente murió además el disidente Harold Cepero, de 31 años.
Cuba atribuyó las muertes de Payá y Cepero al exceso de velocidad al transitar por una carretera en obras y argumentó que el conductor había ignorado las señales de advertencia exhibidas en la vía, según un informe del Ministerio del Interior.
"No aceptamos la explicación del hecho trasmitida por la televisión. La presentan los mismos órganos de la Seguridad del Estado del Gobierno que lo han amenazado (a Payá) con matarlo múltiples veces", afirmó Acevedo.
"Jamás (mi esposo) permitiría que el conductor del auto que los llevaba viajara con exceso de velocidad", añadió.
La viuda de Payá dijo que su familia pide a "las instituciones internacionales pertinentes una investigación independiente del Gobierno cubano sobre los hechos".
Carromero y el sueco Jens Aron Modig, presidente de la Liga de la Juventud Democrática Cristiana de Suecia y quien regresó a su país, fueron los únicos supervivientes y esta semana negaron las versiones de la familia de Payá de que otro vehículo les había golpeado, causando el accidente.
"Perdí el control del coche (...), perdí la estabilidad y la dirección ya no funcionaba, y no pude mantener el coche y ya no recuerdo más", dijo el español esta semana en un vídeo mostrado a la prensa.
Cuba informó que Carromero y Aron Modig entraron a la isla con visados de turismo y violaron su estatus migratorio para involucrarse en actividades políticas "contra el orden constitucional".

Defensa para el detenido

La familia del miembro de Nuevas Generaciones del PP Angel Carromero, detenido en Cuba por el accidente en el que murió el disidente Oswaldo Payá, ha recurrido a un despacho internacional con sede en Madrid y La Habana para contratar a un abogado.
   El abogado, de nacionalidad cubana, ya se ha presentado antes las autoridades de la isla como representante legal de Carromero, primer trámite para ejercer su defensa, según han informado fuentes cercanas al joven dirigente de Nuevas Generaciones.
   La Fiscalía cubana ha decretado prisión provisional para Carromero al considerar que hay indicios de que haya incurrido en un delito de homicidio por el accidente de tráfico en el que se vio implicado y que causó la muerte a los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero.
   No obstante, se trata de una medida cautelar, pues la Fiscalía aún no ha imputado formalmente a Carromero ningún cargo. Dispone para ello de un plazo que generalmente suele prolongarse de uno a seis meses.
   El abogado del español no ha podido reunirse todavía con el detenido, que podría enfrentarse a una pena de entre uno a diez años de prisión, que es lo que establece el Código Penal cubano para castigar a aquellos conductores que infringen las leyes o reglamentos de tráfico y causan la muerte a una persona.
   Días antes, fuentes diplomáticas habían apuntado que sería el PP quien asumiría los gastos de la defensa, pero finalmente al menos la contratación del abogado ha correspondido la familia.
   En este escenario, la asistencia del Estado se limita a recomendar y facilitar el contacto con los abogados que el interesado elija, una ayuda a la que tiene derecho todo español en una situación similar en el extranjero.

Suelto el sueco

El superviviente sueco del accidente de tráfico en el que murieron los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepera, Jens Aron Modig, llegó a Estocolmo y piensa descansar hoy y mañana al lado de su familia, pero el viernes estará "disponible" para atender a los medios de comunicación, según ha anunciado él mismo desde su cuenta oficial en Twitter.
   El líder de los democristianos suecos (KDU), Göran Hägglund, ha declarado hoy que el partido está "orgulloso" de la "contribución" de Aron Modig "a la democracia y la libertad".
   En un comunicado, muestra su satisfacción por el regreso a Suecia del presidente de la rama juvenil del partido después de una semana en la que tanto la familia de Modig como el partido de los democristianos han vivido momentos de "gran preocupación".
   La vicepresidenta de la KDU, Sara Skytte, ha destacado que el compromiso de Modig "no se detiene en las fronteras de Suecia" y ha expresado la voluntad del partido de "seguir trabajando por la democracia y la libertad en todo el mundo".

Foro Asturias presenta una iniciativa para recortar cien diputados y senadores

OVIEDO.-El diputado Enrique Álvarez Sostres y el senador Isidro Martínez Oblanca, ambos de Foro Asturias, han presentado este miércoles en el Registro del Congreso y del Senado una iniciativa parlamentaria para "impulsar el cambio para la regeneración política" mediante una "reforma del Parlamento y de la Ley Electoral". Entre otras cuestiones solicitan un recorte de 50 diputados y 50 senadores, uno por cada provincia.

   Según informa Foro, de esta forma se cumple su programa electoral. Consideran que actualmente el Parlamento español no está estructurado para legislar bien y, con el paso de los años, se ha reconvertido en un escenario donde la auténtica función legisladora se ha sustituido por un escenario en el que se "teatralizan debates con más ruido que nueces".
   "En la práctica, la elaboración y reforma de las leyes se desarrolla en despachos alejados del Congreso de los Diputados y del Senado, con poca intervención real de quienes han sido elegidos por la ciudadanía. En ambas Cámaras, los parlamentarios se limitan a aprobar, con unos mínimos retoques, las leyes que han sido diseñadas y elaboradas por técnicos no elegidos por la voluntad popular y que forman parte de los aparatos de los grandes partidos que se alternan en el poder. Urge, por tanto, la reforma institucional de nuestro Parlamento", ha argumentado el diputado Álvarez Sostres.
   Así, en el marco del "necesario e imprescindible" ejercicio de austeridad, adelgazamiento y mejora que es preciso llevar a cabo en la Administración Pública española, la iniciativa de Foro ante las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado) reclama la disminución en 50 del número de diputados, uno por provincia, manteniendo, en todo caso, el principio de proporcionalidad. Foro también propone el recorte de otros 50 senadores, uno por provincia.
   Partiendo de la necesidad de afrontar una reforma de la Constitución y de la Ley de Régimen Electoral General para llevar a efecto la rebaja del número de parlamentarios nacionales, el objetivo de la iniciativa de Foro es la simplificación en el funcionamiento interno del Congreso de los Diputados y del Senado con el consiguiente ahorro para el erario público.
   Foro afirma que su iniciativa para disminuir el número de representantes en las Cortes precisa de un amplio consenso político que busque la coherencia con la actual situación de España.
   Asimismo, se persigue la mayor eficiencia en el trabajo parlamentario en ambas Cámaras legislativas, impulsando sus tareas y reforzando el papel individual de los representantes públicos que, al ser menos, fomentará la mayor exigencia de proximidad con los ciudadanos a los que representan.
   "El Parlamento español precisa de una urgente readaptación a las necesidades de los ciudadanos para que una correcta legislación permita recuperar, cuanto antes, el camino del crecimiento económico y la mejora social", ha explicado el senador Martínez Oblanca.

Las taifas autonómicas / Ramón Cotarelo *

A raíz del plante de varias Comunidades Autónomas a Montoro ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Palinuro subió una entrada hablando de las típicas taifas españolas, prueba del carácter indómito de la raza en pequeñas porciones. Respira algo de fatalismo y resignación. ¿Para qué vamos a repetirnos? Aquí está, se titula Las nuevas taifas y en ella se habla también de nacionalismo. Quizá quepa ahora una consideración más amplia.
Cuando uno de los problemas principales de la angustiosa situación española es la desconfianza en los mercados acerca de que el gobierno pueda encarrilar las Comunidades Autónomas en sus objetivos de déficit, obviamente lo peor que puede hacerse es alimentar dicha desconfianza con encontronazos como el de ayer. Cataluña no compareció; Andalucía abandonó la mesa; Asturias y Canarias votaron en contra de los planes de Montoro. Teniendo en cuenta que estos afectan muy relativamente al País Vasco y a Navarra, resulta que el gobierno, de hecho, no gobierna en algunas de las partes más importantes del país, excluida la Comunidad de Madrid. 
Ese enfrentamiento es un error para los intereses colectivos y seguramente se verá hoy en la prima de riesgo. Demuestra, además, que no parece haber clara idea en España acerca de qué sean los "intereses colectivos". Es fácil echar las culpas a las CCAA y en buena parte será justo hacerlo. La última decisión de la Generalitat es casi una provocación al gobierno central... en las espaldas de los sectores más desfavorecidos de la población. Los otros contestatarios pueden tener intenciones más o menos fundadas pero lo cierto es que no acatan la voluntad del gobierno central. A su vez este tiene la mayor parte de responsabilidad puesto que es quien planea los cambios, las medidas, las restricciones, los sacrificios, era de esperar de él que los consensuara en la medida de lo posible en lugar de pretender imponerlos por las bravas. Pero es lo que el gobierno hace, fiado en su mayoría absoluta. Lo hace continuamente. Se lo hace a algunos dirigentes sociales, como los sindicatos o a los otros partidos políticos, con los que no negocia nada, o las instituciones como el Parlamento, que puentea sistemáticamente. Se le nota demasiado su animadversión a la descentralización política y no la respeta. ¿No es Aguirre la primera abanderada de una aspiración a revisar el modelo autonómico? En la neolengua conservadora revisar quiere decir reducir o eliminar. 
Es decir: no son solamente los pertinaces e inquietos nacionalismos llamados periféricos los que cuestionan la planta territorial de España y no nos dejan vivir en paz con su reiterada petición de independencia. También lo hace el nacionalismo español que pretende retrotraer el modelo a una planta centralista. Así que reinos taifas, pero todos; el gobierno central, también, pues actúa como uno de ellos, reuniendo a sus mesnadas para obligar a las taifas infieles a pagar tributo y sometimiento. 
La situación es muy enrevesada y, de no tratarse de un asunto tan grave, un poquito ridícula. Apenas es creíble que el gobierno central no pueda actuar coordinadamente con sus regiones (naciones, nacionalidades, etc) pero no hay duda de que esa impotencia tiene un precio muy alto en la cotización exterior de España, de la que el Reino depende más que Arabia del petróleo. Cualquiera exclamaría que la situación es absurda porque los españoles tiramos piedras contra nuestro tejado. Muy bien, parece que es una fijación nacional: antes de ponernos a hacer algo nos aseguramos de que no estamos de acuerdo en nada.
Resulta desmoralizador recordar que hasta aquí hemos llegado por no haber sabido dotarnos de unas instituciones adecuadas para canalizar los conflictos que se dan en toda sociedad compleja y plural. El ejemplo clásico, ya se sabe, y muy oportuno, es el Senado. La conciencia general lo reputa inútil y la propia cámara así se considera a sí misma. Pero ¿por qué es inútil? Porque no supimos hacerlo bien. El Senado es una segunda cámara legislativa que reproduce el Congreso pero supeditada a él. Es decir, nada. Al ser el Congreso la cámara importante, los partidos nacionalistas tratan de estar en ella, avisadamente, y abandonan el Senado a su suerte, con lo cual se distorsiona la política del Congreso y se anula de hecho el Senado. Si este fuera en realidad una cámara representativa o delegada de las Comunidades Autónomas, en lugar de ser una representación de las provincias, y si tuviera competencias exclusivas en determinadas materias de interés de las CCAA que prevalecieran sobre las del Congreso, el Senado sería una cámara políticamente eficaz. En ella se dirimirían los asuntos de las CCAA como tales. De ese modo entes como ese CPFF no tendrían razón de ser o serían comisiones del Senado ya que las decisiones importantes para las CCAA se tomarían en este.  Y mucho manos admisibles serían esas negociaciones bilaterales que muchos prefieren, en determinadas circunstancias, para someter a chantaje al Estado o a la Comunidad Autónoma, según quién necesite a quién. 
En fin, todo esto son bienintencionadas especulaciones. El llamado Estado autonómico seguirá siendo un ámbito de conflicto interno en España; no de coordinación y mucho menos de colaboración. La culpa, en el fondo, es de todos.
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED, Madrid

Baltasar Garzón aboga por depurar las responsabilidades penales, políticas y económicas de la crisis

JAÉN.- El exmagistrado de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, ha abogado este miércoles por exigir responsabilidades "penales, políticas y económicas" a aquellos "que no lo han hecho bien" y "se nutren" de la crisis económica "para nadar en la impunidad".

   Garzón ha realizado esta afirmación durante la clausura de los Cursos de Verano que la Universidad de Jaén (UJA) imparte en Torres, su localidad natal. En este marco, ha apoyado investigar a los altos organismos para exigir responsabilidades a aquellos "que no lo han hecho bien, que no lo están haciendo bien y que se nutren de esta crisis para nadar en la impunidad".
   A su juicio, esta actuación "reafirmaría la institucionalidad y la democracia".
 "Hay responsabilidades penales, políticas y económicas, y esclarecerlas a lo único que nos puede llevar es a la reafirmación del sistema democrático", ha sostenido.
   En su intervención, Garzón ha explicado que la crisis económica española "está inminentemente relacionada con los valores democráticos y el desarrollo de la democracia", amenazada en su opinión desde organismos y estructuras para nada democráticas, "que no defienden a los ciudadanos, sino que por el contrario, se amparan muchas veces en el anonimato para agredir a la estabilidad de un país, a su sistema económico y a la propia convivencia ciudadana".
   Ante esta situación, ha afirmado que, frente al "temor y miedo institucional por la situación dramática que se vive", hay que tener la "suficiente tranquilidad y perspectiva para aprender y dejarse ayudar" para que "no nos den las mismas recetas quienes produjeron el desastre, como las mismas ideas y sin asumir la equivocación".
   En este sentido, y en relación con el curso celebrado en Torres sobre 'Crisis económica y ¿fracaso de la democracia?', ha asegurado que existen otras vías y no está todo dicho.
 "De esta crisis no vamos a salir porque somos españoles, sino porque hay alternativas que tienen que ser escuchadas y no rechazadas porque vengan de una esfera política diferente o porque cuestionen lo que se está haciendo y no se está haciendo bien", ha sostenido.
 A su juicio, en referencia la gestión de la crisis, "falta una dosis más política que técnica y económica".