Morales afirma que si Bolivia no tiene lazos con España, los habrá con sus movimientos sociales

LA PAZ.- El presidente boliviano, Evo Morales, dijo hoy que si Bolivia no tiene relaciones diplomáticas con España, las tendrá con los movimientos sociales españoles, en respuesta a la advertencia del Gobierno de Madrid de que tras la nacionalización de la empresa Sabsa replanteará los lazos bilaterales con La Paz.

Morales afirmó en una rueda de prensa en el Palacio Presidencial de La Paz que "Bolivia va a tener relaciones diplomáticas con todo el mundo" y defendió la decisión tomada este lunes por su Gobierno de nacionalizar la empresa Sabsa, filial de las españolas Abertis-Aena que gestiona los tres principales aeropuertos del país.

"Yo no escuché decir que hubiera problemas de las relaciones bilaterales. Seguramente es su derecho (a replantearlas tras la nacionalización de Sabsa), entonces lo vamos a respetar: si no es con el Gobierno español tendremos relaciones con los movimientos sociales de España", afirmó Morales.

Desde Bruselas y tras conocer la decisión boliviana, el ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, había advertido de que la decisión "tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales" y no descartó una respuesta por parte de la Unión Europea ante este acto que consideró "no amistoso".

Morales dijo que entiende "la reacción del Gobierno español, pero también el profundo sentimiento del pueblo español", cuyos "movimientos sociales están pidiendo la nacionalización de las empresas, están pidiendo que los servicios básicos no sean un negocio privado", aseveró.

En el caso de Sabsa, cuya nacionalización ha sido justificada en la falta de inversiones, insistió en que "desde el momento en que las ganancias se van para el privado, sin inversión, es otro robo al pueblo boliviano".

Más allá, el presidente repitió que, "si corresponde", las empresas españolas serán indemnizadas por sus inversiones, aunque también avanzó que Bolivia presentará una demanda contra ellas "por estafar al pueblo boliviano".

Morales arremetió contra el máximo representante de Abertis en Bolivia, Anthony Alicastro, de quien dijo que "un gerente que gana 127.000 bolivianos al mes (unos 18.000 dólares), es una ofensa no sólo a los bolivianos, también a los españoles".

"Semejante crisis económica en España y un gerente de una empresa española ganando 18.000 dólares al mes", recriminó el gobernante, quien aseguró que su propio sueldo es de alrededor de 2.000 dólares al mes.

"Lo que yo gano en siete meses él lo gana en un mes, eso es robo. Cuando (se practica) esta clase de política de saqueo, de robo, unos se enriquecen, otros se empobrecen", subrayó.

En el Gobierno español "tienen todo el derecho de protestar sobre esta forma de recuperar" (empresas y recursos bolivianos), aunque en este caso se trate de "reclamar de una empresa que roba, que saquea a un país".

Morales repitió que la decisión de nacionalizar Sabsa se tomó hace tres años y explicó que no se ejecutó en ese momento porque el entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió a Bolivia que esperara y negociara con las empresas españolas, porque éstas iban a invertir.

"Tal vez con mucha buena voluntad el expresidente Zapatero dijo 'negocien, van a invertir'. Hemos sido engañados, estafados. Hemos creído al presidente Zapatero, el presidente iba a convencer para que la empresa invirtiera, pero no", agregó Morales.

El Gobierno de Bolivia decretó hoy la nacionalización de la empresa Sabsa, filial de la española Abertis participada por Aena que gestionaba los tres principales aeropuertos internacionales del país: El Alto (junto a La Paz), Santa Cruz de la Sierra y Cochabamba.

La expropiación tuvo carácter inmediato y tropas militares se desplegaron en las terminales aeroportuarias nacionalizadas, en las que el tráfico aéreo se desarrolló con normalidad durante toda la jornada.

La renuncia del Papa Benedicto XVI agudiza la incertidumbre y desaliento entre los italianos

ROMA.- La inesperada renuncia del Papa Benedicto XVI ha privado a los italianos del único elemento de certeza en momentos de profunda incertidumbre, con un país asediado por escándalos de corrupción y dirigiéndose a una elección que no impondrá el cambio radical que muchos ansían.

 

El Sumo Pontífice ha sido por mucho tiempo el único elemento estable para los italianos católico romanos en un estado moderno que se ha convertido en el centro de la inestabilidad y el fracaso de la clase política.

Todo cambió hace una semana cuando Benedicto XVI anunció que sería el primer pontífice en 700 años en renunciar, causando alarma y desaliento entre muchos fieles en un país cuya historia ha estado marcada por la presencia de la sede central de la iglesia durante 2.000 años.

"Estamos en un momento de crisis social, ideológica y cultural y en un momento como ese está muy mal que él se vaya", dijo Emanuele Vitale, un estudiante siciliano de 22 años que se sumó a las cerca de 100.000 personas que abarrotaron la Plaza de San Pedro el domingo para presenciar una de las últimas apariciones de Benedicto XVI antes de su renuncia el 28 de febrero.

Otra persona en la plaza, Antonio Mingrone, un jubilado de 68 años dijo que "es perturbador. En momentos en que existen todos estos conflictos políticos y una crisis económica, es una cosa más que pesa en nuestras mentes".

El saliente primer ministro Mario Monti, un católico devoto, se refirió a la "desorientación" de los italianos por la decisión del Papa. "Parece que una época está cambiando a ambos lados del (río) Tíber y sentimos que se nos ha privado de los puntos de referencia".

Massimo Franco, un comentador político y autor italiano de varios libros sobre El Vaticano, dijo que "la renuncia suma inestabilidad a la inestabilidad. La iglesia que era una fuente de estabilidad es ahora una importante fuente de inestabilidad".

"Actualmente el Vaticano es una suerte de espejo de Italia", dijo Franco. "Antes era lo opuesto. Ahora hay una Italia caótica y un Vaticano caótico", agregó.

Los italianos votarán el próximo domingo y lunes en una elección cuyo resultado sigue siendo impredecible, en momentos en que el país necesita desesperadamente de un Gobierno firme y decisivo para abordar la recesión, el paralizado crecimiento económico y el alto desempleo.

Sondeos han mostrado en el último año que los italianos están indignados con una clase política que se ha aferrado a sus propios privilegios a medida que la tercera economía de la zona euro cae aún más en la crisis.

En cambio, parece que los políticos están obteniendo el resultado opuesto al que buscaban. El principal beneficiario sería el cómico genovés Beppe Grillo, cuyas diatribas cargadas de obscenidades contra la clase política ha atraído a grandes masas durante su campaña a lo largo de Italia, aunque su política sigue siendo vaga.

Grillo fue rápido en reaccionar a la renuncia del Papa, al referir en un mitin en el norte de Italia que "todo está colapsando, incluso el Papa ha renunciado".

Los italianos están divididos en torno a la decisión del Papa, pero muchos la consideran un ejemplo para los viejos políticos locales, especialmente debido a que Benedicto XVI ha lanzado en la última semana solapados reclamos sobre las rivalidades en el Vaticano, sugiriendo que las feroces luchas de poder en el Gobierno de la iglesia contribuyeron a su decisión.

"Por primera vez una persona en el poder ha reconocido que no era capaz de gobernar y ha renunciado. Un poco de orden también sería bueno para Italia. Hemos construido un completo sistema político basado en la corrupción", dijo Marco Orlando, un empleado de 34 años que trabaja en una organización benéfica.

Pese a los reiterados compromisos, el saliente Parlamento no ha logrado derogar una despreciada ley electoral que da a los líderes de los partidos el control sobre quien es elegido.

Los legisladores no han logrado eliminar los extravagantes privilegios de una "casta" política y estuvieron a punto de aprobar una amplia ley anti corrupción.

Justo en ese momento, las últimas semanas de la campaña electoral han visto una extraordinaria ola de escándalos de corrupción que se han sumado a la indignación de una nación bien acostumbrada a ellos, algo que pocos creen sea una coincidencia.

Al menos 15 heridos en Sofía durante los enfrentamientos de manifestantes con la policía

SOFÍA.- Al menos 15 personas resultaron heridas hoy en enfrentamientos entre manifestantes y policías en Sofía, durante la novena jornada consecutiva de protestas contra la subida de las tarifas de electricidad, según informó la televisión estatal BNT.

Fuentes del ministerio del Interior señalaron que once personas fueron detenidas, y confirmaron que hay dos policías heridos.

Añadieron que en el balance provisional de esta manifestación hay además varias ventanas del Parlamento rotas, daños materiales en cuatro patrullas de policía, y cubos de basura volcados e incendiados.

Según el director de la policía en la capital búlgara, comisario Valeri Yordanov, citado por la agencia Focus, en la protesta participaron unas 1.500 personas.

Yordanov aseguró que no hay heridos graves entre los manifestantes pero declinó dar una cifra concreta, que según diversos medios oscila entre dos y quince.

Según se pudo comprobar, los manifestantes, en su mayoría jóvenes y organizados a través de la red social Facebook, bloquearon primero una calle principal de Sofía, cortaron el tráfico y se dirigieron hacia el Parlamento.

Los disturbios comenzaron cuando las fuerzas de gendarmería y la policía antidisturbios intentaron impedirles llegar al Legislativo.

Un grupo de entre 100 y 150 jóvenes, según cálculos de la agencia Mediapool, empezó a lanzar piedras y botellas contra las fuerzas del orden y contra el edificio del Legislativo.

En medio de gritos "Mafia", "Dimisión" (del Gobierno) y "Asesinos", los manifestantes se dirigieron hacia otros lugares céntricos de la capital y a su paso volcaron cubos de basura y quemaron por lo menos siete de ellos, informó la radio cadena privada, Darik.

Además de Sofía, también hubo protestas similares, aunque aparentemente sin disturbios, en otras ciudades, como Varna, Plovdiv, Haskovo, Dimitrovgrad y Pernik, donde los manifestantes lanzaron piedras y huevos contra oficinas de distribuidores de energía.

El creciente descontento de la población del país más pobre de la Unión Europea (UE) que, con un salario medio de unos 350 euros, afronta un encarecimiento de la electricidad del 13 % desde julio en medio de un crudo invierno que eleva las cuentas por el mayor consumo de calefacción, ha provocado la dimisión hoy del ministro de Finanzas, Simeon Dyankov.

A gritos de "Mafia" y "Dimisión", los manifestantes, quemaron retratos del primer ministro, Boiko Vorisov, y de la bandera de su partido, GERB (centroderecha), piden ahora que el jefe de Gobierno abandone su cargo.

Según el presidente del país, Rosen Plevneliev, "el gran problema" de la sociedad búlgara actualmente es la percepción de "injusticia" y el bajo nivel de los ingresos.

"La ira del pueblo se inició por los precios de la energía pero el problema es mucho más profundo", subrayó el jefe del Estado y pidió a los partidos políticos "abandonar las consignas y proponer iniciativas concretas" para resolver los problemas.

Basagoiti afirma que "la peineta" hay que hacérsela a la corrupción

BILBAO.- El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, afirma que "la peineta" hay que hacérsela a la corrupción y a quienes se meten en política "para forrarse". Tras criticar el enriquecimiento del extesorero Luis Bárcenas, ha abogado porque los máximos dirigentes del Partido Popular, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, "lideren" la regeneración.

   Basagoiti se ha referido, de esta manera, al "corte mangas" que Bárcenas dedicó a la prensa que le esperaban en el aeropuerto de Barajas tras pasar una semana fuera de España, con motivo de un viaje, al parecer de ocio, en Canadá.

   En una entrevista concedida a Radio Popular- Herri Irratia, el líder de los populares vascos ha afirmado que "las cosas que pasan" con gente de su partido o de su entorno relacionadas con la corrupción le "duelen más que ninguna otra".

   Por ello, ha precisado que no sacará los temas de supuesta corrupción del PNV el Álava o del PSOE en Andalucía. "A mí los que más me duelen son las de mi partido. Y por eso, creo que somos los primeros que tenemos que mejorar en este tipo de actuaciones y ser absolutamente limpios y transparentes", ha añadido.

   A su juicio, deben ser los líderes del PP, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, quienes "lideren" la regeneración, y ha señalado que los políticos tienen que decir con qué bienes han entrado en la política, y con cuáles tienen al salir de ella, con el fin de que "cuadren" con sus ingresos. "Y el señor Bárcenas no pasa ese tamiz porque con el sueldo que ha tenido de senador tiene 22 millones de euros", ha indicado.

   El líder presidente del PP vasco ha indicado que "hay que controlar" eso, más que hablar de sueldos y de nóminas. "Un día como hoy, en el que se ha visto una peineta de ese señor. Yo creo que los cuernos que hay que sacar es a la corrupción y a aquellos que van a la política a hacerse un patrimonio y a forrarse", ha manifestado.

Disputa de poderes por traslado de jueza en Uruguay

MONTEVIDEO.- El traslado de una jueza que entendía en causas por violaciones a los derechos humanos desde la justicia penal a la civil, abrió una disputa entre el Poder Judicial y el Legislativo, que puede profundizarse si se declara inconstitucional la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura militar (1973-1985).

    El enfrentamiento entre ambos poderes se agudizó tras una "invitación" de legisladores del Frente Amplio, coalición de izquierdas en el gobierno, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia para dar explicaciones sobre el traslado días pasados de la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo unas 50 denuncias por crímenes de lesa humanidad durante el régimen.
    La convocatoria de los legisladores oficialistas abrió además un debate sobre su legitimidad y sobre la separación de poderes, con un Ejecutivo que prácticamente se abstuvo de terciar en la polémica.
    "En una democracia nadie esta exento de tener que exponer sus fundamentos" dijo hoy el diputado del Frente Amplio José Bayardi, uno de los promotores del llamado, en declaraciones a radio El Espectador. Bayardi, ex ministro de Defensa, sostuvo que "si hay alguien es especializado en un área y esa persona da tranquilidades a los que demandan justicia y la saco por razones de buen servicio, es claro que si no lo explico puedo generar dudas", en alusión al traslado de Mota.
    El legislador indicó que "acá hubo una duda y hay que aclararla" y explicó que el Poder Legislativo puede hacer pedidos de informes a la Suprema Corte de Justicia, a la Corte Electoral o al Tribunal de Cuentas.
    "Nadie puede entender, no se puede entender en una interpretación armónica de una Constitución democrática, que no le pueda pedir informes", subrayó Bayardi.
    Para el diputado del Partido Nacional, de oposición, Jorge Gandini, el llamado se trata de "algo inconveniente y totalmente improductivo".
    Por su parte, el ex presidente Luis Lacalle (1990-1995), de ese partido, fue más lejos aún y señaló que "es tan posible que concurra la Corte de Justicia como que los cardenales del Vaticano respondan a una convocatoria del Frente Amplio. No sean bestias, no la pueden convocar".
    Mientras tanto, el senador del también opositor Partido Colorado, Ope Pasquet, consideró que "la Corte no le debe rendir ceunta de las medidas que toma en el ejercicio de su competencia" y agregó que "citarla sería una injerencia parlamentaria que supondría una lesión a la separación de poderes".
    El choque entre el Poder Legislativo, donde el Frente Amplio tiene mayoría parlamentaria, y el Judicial, se originó luego que la Suprema Corte de Justicia decidió trasladar a la jueza Mariana Mota desde un juzgado penal a otro civil, lo que implica dejar las investigaciones por unas 50 denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

El vicepresidente y vocal del PP de La Arboleja dimite "decepcionado"

MURCIA.- El vicepresidente y vocal del PP de La Arboleja, en la Huerta de Murcia, José Mariano Cárceles, ha decidido dimitir "decepcionado" tras los últimos casos de corrupción política conocidos como 'el caso Bárcenas', que tacha de "vergonzoso" y reclama que los políticos condenen las actuaciones de corrupción.

   En el pleno de la junta vecinal de La Arboleja del pasado 6 de febrero anunció, con la lectura de una carta, que arrancó con el recuerdo de la camilla de su hija empujada hacia el quirófano por unos payasos de PupaClown, que dimitía como vicepresidente, cargo no remunerado, "decepcionado" por la corrupción política.

   Cárceles, padre de cinco hijos, asegura que ha sufrido como todos los recortes de gobiernos central y regional en sus propias carnes, tras perder las ayudas de libros o las becas de comedor, y que, a pesar de todo ello, siguió con ilusión y de forma altruista en la política.

   Pero al estallar el 'caso Bárcenas', Cárceles, que lleva más de diez años en la junta vecinal de La Arboleja, se replanteó su postura, y es que, en su opinión, "cuantos más sacrificios haces, más te indigna todo este tipo de comportamientos". De hecho, duda incluso de si su cuota como afiliado del PP "ha ido a buen paradero o a un paraíso fiscal".

   Cuando saltan casos tan escabrosos como estos te hacen pensar y decidirte por la dimisión "en honor y lealtad al pueblo", ha indicado, tras lo que recuerda que las masas "para subir y bajar a nuestros grandes políticos" se mueven en pueblos y pedanías.

   Confiesa que 'el caso Bárcenas' "fue, un poco, la gota que colmó el vaso" porque "no podemos estar implicándonos solo unos pocos, debemos estar navegando todos en un mismo barco para salvar al país".

   Además, ha apostillado, "no se nos pude exigir una serie de recortes y sacrificios cuando existen estas cosas. Basta ya".

   Cárceles, que dice sentarse ahora como "espectador", afirma que el alcalde de Murcia y secretario general del PP, Miguel Ángel Cámara, se ha interesado por su renuncia, "comprende mi decisión" y le ha mostrado "su apoyo moral".

ERC dice que los "privilegios" y la "opacidad" de la Monarquía llevan a la "corrupción"