miércoles, 28 de febrero de 2018

La casa de lujo de Moragas en Nueva York: 11 habitaciones y pista de squash a costa del erario público español

MADRID.- La residencia del representante permanente de España ante la ONU, que desde enero ocupa Jorge Moragas, dispone de once estancias o dormitorios -cuatro de ellos de servicio- y una pista de squash, y su mantenimiento cuesta 12.291 euros al año, según explica el Gobierno en una respuesta parlamentaria.

En ella, el Ejecutivo aclara a la diputada de ERC Ana María Surra que Moragas ocupará "la residencia oficial del Estado español" para la Representación Permanente de España ante la ONU, un inmueble que "es propiedad del Gobierno de España" desde 1972 y cuya función principal es "representativa".
La residencia, dice el Gobierno, "es el lugar donde se realizan actos oficiales y se aloja puntualmente a delegaciones de España en visita oficial y a otros miembros de la Administración del Estado", además de ser la vivienda del embajador. Por ese motivo "dispone de los servicios habituales para el adecuado desempeño" de esas funciones.
Así, tiene "almacenes, cuartos de instalaciones, un recibidor, cocina, pequeño comedor; un salón, un comedor oficial, un despacho, siete estancias/dormitorios, un trastero y cuatro estancias/dormitorios de servicio", y no tiene "piscina ni gimnasio" pero sí pista de squash.
Además, el Gobierno detalla que no dispone de vigilancia privada, ni de equipo de Policía o Guardia Civil, ni ha sido objeto de inversiones en materia de seguridad en los últimos años. Sí dispone de servicio doméstico, cuyo gasto es asumido por el Estado español como en todas las representaciones.
Sin embargo, la diputada de ERC no ha considerado suficientes las respuestas del Gobierno y pregunta cuáles son los "servicios habituales" que debe tener una residencia, y también cuántos miembros tiene ese servicio doméstico, cómo se seleccionó a esos trabajadores y si ha cambiado con la composición del nuevo embajador.
También, si Moragas ha hecho obras en la vivienda o ha comprado mobiliario, y por cuánto dinero; a qué responden los más de 12.000 euros de gasto anuales de mantenimiento y a qué se destinan los almacenes y cuartos de instalaciones y cuántos hay, así como el número de metros cuadrados totales de la residencia.
Por otro lado, a la vista de la respuesta del Gobierno, desea saber cuántas delegaciones de España en visita oficial ha alojado la representación en los últimos cinco años, y a qué miembros de la Administración. La diputada reclama el detalle de cada delegación por su finalidad, año de visita y coste ocasionado.
Por último, pregunta cuántos viajes del embajador de España ante la ONU o de su familia han sido pagados con dinero público en los últimos cinco años, con especificación del destino, beneficiarios, año y coste; y también si el embajador dispone de coche oficial y cuánto cuesta tal servicio, incluido el conductor.

Tampoco hubo malversación / José Antich *

Un reciente informe enviado por el gobierno español al juzgado número 13 de Barcelona asegura que no ha habido malversación de dinero público en la organización y celebración del referéndum del pasado 1 de octubre. Aunque el documento ha tenido que ser elaborado por cargos de la Generalitat tutelada por Madrid, a la hora de la verdad el remitente no ha sido otro que el Ministerio de Hacienda, dirigido por Cristóbal Montoro. 

 La noticia es relevante, ya que si los presuntos delitos que les imputa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en diferente grado de participación a los miembros del Govern son los de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia, habrá que ver cómo construye un alegato acusatorio a medida que esos hipotéticos delitos van cayendo. 

Y no solo cómo lo formula en el escrito acusatorio final, sino también en la euroorden que dirija a Bruselas para pedir la extradición del president Puigdemont y también en el caso de los cuatro consellers que le acompañan en la capital comunitaria, Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig.

El retraso del gobierno español en el envío del informe ha permitido dar por sentado durante mucho tiempo que la partida de cinco millones que se habilitó en los presupuestos de la Generalitat con el epígrafe de "consultas electorales" había sido destinada por parte de la Generalitat a organizar el 1-O. 

Los altos cargos del Govern lo habían ido negando por activa y por pasiva, pero el documento del Ministerio es en este sentido taxativo. Ni desvío de dinero ni, por lo tanto, malversación de fondos públicos. Veremos qué uso acaba haciendo el juez Llarena de este informe, pero este hipotético delito tiene a partir de ahora un grado de dificultad probatorio mucho más complicado.

De los otros cuatro presuntos delitos, diferentes juristas han venido sosteniendo que los de rebelión y sedición no se daban. El primero lo ha cuestionado incluso el expresidente Felipe González y los otros dos, personalidades del mundo judicial tan poco sospechosas de sintonía con el independentismo como el exfiscal José María Mena o el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. 

Mena y Pallín no son los únicos pero en cualquier caso simbolizan un punto de vista concluyente desde una mirada muy distante ideológicamente. Ello da una idea del arduo camino que le espera a Llarena en Bruselas si acaba impulsando la euroorden por todos los delitos que maneja o en el caso de la dirigente de la CUP y exdiputada Anna Gabriel exiliada en Suiza y sobre la que también ha señalado que emitirá una orden de detención y extradición llegado el momento.

Y es que, al final, cuesta ver algo más que desobediencia en el caso que nos ocupa y eso es muy poco para todo el aparato político y judicial que se ha puesto en marcha para actuar contra el independentismo catalán. Y eso cada vez hay más gente que lo ve. Dentro y, sobre todo, fuera de España: en esa Europa en la que un día sus tribunales tendrán que juzgar también este caso.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia



Duelos y quebrantos de lujo / Ramón Cotarelo *

En días pasados Palinuro advertía de que los Borbones, generalmente poco leídos y este en concreto, que aun parece serlo menos, no conocen los Espejos de príncipes. Tampoco parecen conocer otras fuentes de información, como los periódicos, las televisiones o las redes y dan la impresión de contar con gabinetes de información y asesoría poblados por pollinos.
 
 ¿A quién se le ocurrió la idea de enviar al rey a Barcelona estando los ánimos como están? ¿Qué se pretendía? ¿Humillar, provocar más a los catalanes en medio de una revolución? Menuda metedura de pata por la que, como siempre, no dimitirá nadie (ni falta ya que hace) porque para gente tan obtusa la rebelión ciudadana de Barcelona contra el rey no ha existido. 
 
Como no existieron la consulta del 9N, el referéndum del 1-O, la declaración de independencia ni la reforma protestante. Además, si leen sus pasquines, miran sus televisiones o escuchan sus radios, sabrán que la inauguración del Mobile ha sido un éxito punteado por muestras populares de adhesión a la Corona y hasta una manifestación de españoles monárquicos que convocó una decena de personas.

Para el resto del planeta, la visita del Borbón ha sido un sondeo demográfico sobre el cerrado rechazo que la Monarquía despierta en Cataluña y que ahora, gracias a los corresponsales extranjeros, ya conoce todo el mundo.

La huida del Borbón a la noche en un lamentable pies para qué os quiero, dejó flotando en el aire barcelonés el himno de Riego y en las calles la realidad de una república imparable.

Aquí la versión castellana, que trata de eso:

El amargo día del Borbón

La visita de Felipe VI a Barcelona para la inauguración del Congreso de Móviles fue un visto y no visto. Pero sí muy oído. Durante todo el accidentado recorrido del Rey, la ciudad vivió en un tumulto de segundo plano, continuo, a veces visible, a veces invisible.  Nadie salió a recibirlo con vítores y palmas.
 
 Los recorridos reales transcurrieron por plazas y calles vacías, cortadas y desalojadas por la policía y los mossos d’esquadra que se emplearon a fondo en varia ocasiones, cargando contra la gente que estaba haciendo lo que suele hacer la gente: estorbar a los poderosos que quieren pasear por donde no los quieren. El centro de Barcelona parecía en estado de sitio.

Los efectos sonoros fueron constantes. Si no de vista, los barceloneses obligaron al Borbón a tragarse su presencia auditiva. Durante toda la jornada repiquetearon las cazuelas y sartenes, los pitos y matracas, se oyeron gritos contrarios a la Monarquía y favorables a la República, un sordo y encrespado rumor que llegaba hasta los salones y comedores en que trascurrieron los desagradables actos de la inauguración, como si fuera un cuadro de Umberto Boccioni, Llegan los ruidos de la ciudad
 
 De una ciudad, de un país republicanos que quisieron hacer patente este sentimiento al rey de España, de visita ingrata al territorio en el que sus fuerzas del orden, habían dejado más de mil heridos unos meses antes por querer vivir en democracia. En una sola jornada, se ha visto que el Borbón es tan rey de Cataluña como lo es de Jerusalén, título que también ostenta con la misma eficacia aproximadamente.

El valor simbólico de este acto de desacato y rechazo masivo, generalizado, es inmenso. Es como un anuncio de un nuevo Delenda est Monarchia! orteguiano. El Rey se volvió por donde había venido, dejando tras de sí una docena más de heridos (tradición borbónica de entrar a saco en tierras catalanas) y un desprecio y rechazo colectivos en el que se aunaban las manifestaciones callejeras más ruidosas con los desplantes más gallardos de las autoridades barcelonesas y catalanas que se negaron a rendirle pleitesía. Nadie de relieve fue a besarle la mano excepto alguna alcaldesa socialista reciclada en cortesana periférica.

Los rostros, los gestos, las miradas que echaban fuego constituyeron la mímica, bastante ridícula a ratos, de este acto protocolario y provocador que solo pretendía aplastar la naciente República Catalana con la presencia de un monarca nada bienquisto. ¿Qué cómo se sabe? Porque el CIS ha dejado de preguntar por la valoración ciudadana de la Corona  en sus sondeos y barómetros. Al Borbón no lo quiere casi nadie en España y, menos aun en Cataluña. Es el último representante de una dinastía de trayectoria tan triste como ridícula, reestablecida por un dictador genocida y del que toda la sociedad espera que sea eso, el último y, a ser posible, breve.

Ahora que la familia del dictador anda de mudanza, tratando de colocar en el mercado el Pazo de Meirás, una de las propiedades que pillaron en el pasado, sería bueno que metiera en el lote la corona, el trono y el armiño de un rey que no tiene ni idea del país que pisa, empezando por ignorar que no es uno, sino dos. Una monarquía que hiede a franquismo, como recuerda uno de esos exministros semizombies del dictador cuando dice con perfecta sinceridad y exactitud que si se deslegitima el franquismo, se deslegitima la Monarquía. Pura lógica cartesiana, dado que el monarca español lleva el estigma del terror y la barbarie franquistas hasta en la Corona.

Por algo ni él, ni su padre (que se educó como edecán de Franco), ni el gobierno de turno, ni su partido (que es también y sin disimulo el partido del rey) han condenado jamás el franquismo. Sería como condenarse a sí mismos, que son hechura del dictador delincuente. Ni lo harán. Desaparecerán irredentos por el escotillón de la historia  a partir de la ya imparable revolución catalana. Si no en el Estado español, en el que los republicanos siguen refugiados en los cenáculos literarios, sí en Catalunya, cuyo espíritu y condición republicanas quedaron bien claros en la infausta jornada barcelonesa del Borbón humillado.

Cada vez más clara la distancia, la cesura, la separación, el cleavage entre la España monárquica y la Cataluña republicana. Suele decirse que a la República Catalana le pasa lo que al caballo de Orlando, que tenía todas las virtudes excepto la de la existencia. Con mayor razón del Rey de España que no es que vaya desnudo por Cataluña sino que, simplemente, no va o, si va, ha de volverse con el rabo o la corona entre piernas.

A monarquía vacante, República triunfante. A Rey ausente, República presente. El monarca y sus cortesanos del 155 (PP, PSOE, C’s y, en menor medida pero pujando, Podemos) harán los planes que quieran para sus dominios, reformas constitucionales, reformas electorales, apaños aquí o allá, remiendos y zurcidos en el andrajo español para ver si tira hasta las próximas elecciones y se puede seguir engañando a la gente, haciendo pasar una dictadura personal de un personaje inepto por un Estado de derecho . 
 
En Catalunya se ha abierto una era que los franquistas en el gobierno y en la oposición en España son incapaces no ya de detener sino simplemente de entender. Igual que la virreina catalana y su cipayo delegado no entendían nada de lo que pasó en Cataluña en un eco lamentable de la “noche triste” de Cortés, cuando los españoles se vieron obligados a retirarse de Tenochtitlán.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Bruselas hace campaña para convencer a los bancos sobre la conveniencia de los corralitos

BRUSELAS.- Las negociaciones a nivel europeo para aprobar una herramienta legal que permita a las autoridades supervisoras y de resolución aplicar corralitos temporales a los depósitos (y otros pasivos) de las entidades en problemas siguen adelante a pesar de las discrepancias entre los distintos grupos parlamentarios y el rechazo frontal mostrado por las principales organizaciones que agrupan el sector financiero internacional, según publica hoy Expansión.

Las autoridades europeas dan por hecho que, pese a las dificultades, se aprobará algún tipo de moratoria que en el futuro pueda evitar los riesgos en los que sí se incurrieron durante la pasada crisis de Banco Popular, que tuvo que ser resuelto y vendido a Santander en la noche del 7 de junio, sin disponer apenas de alternativas ante el hecho de que la entidad no podía abrir sus puertas al día siguiente.
Pero además de vencer, las autoridades aspiran a convencer de la conveniencia de los corralitos a un sector bancario que desde un primer momento se ha mostrado frontalmente contrario a una medida como esta, argumentando para ello que entre otros perjuicios provocaría huidas masivas de depositantes en cualquier entidad de la que se tuvieran sospechas de estar en problemas, así como efectos negativos para la economía en su conjunto.
En los últimos meses, los sectores bancario y financiero han celebrado distintos encuentros a nivel europeo y español en los que se ha abordado, entre otros aspectos, la cuestión de las moratorias a los depósitos. En los mismos, según explican a Expansión Directo Banca fuentes presentes en las mismas, las autoridades (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Junta Única de Resolución...) están tratando de mandar un mensaje de tranquilidad al sector y están aprovechando distintos encuentros y jornadas del sector para lanzar sus argumentos.
«En el caso de Popular, aunque todo funcionó, hubiera estado bien tener unos días más para trabajar con más tiempo. La moratoria, en este sentido, dará a los inversores más confianza que el marco actual. ¿Por qué? Porque es una medida que ha de pasar por los legisladores y esto dará certidumbre a los mercados», explica una fuente próxima a una de las autoridades de resolución europeas. Esta herramienta, añade, sería más predecible de lo que es ahora y ayudaría a unificar criterios en la zona euro, ya que actualmente hay países como Alemania que sí disponen de ella, mientras otros como España no.
«Es menos probable que haya salidas masivas de depósitos [como ocurrió en Popular] si todos los actores del mercado saben que la moratoria es por un tiempo limitado máximo», advierte esta misma fuente. En el caso de España, es el Tesoro quien está actuando como interlocutor con el sector para convencerles de lo apropiado de una medida como esta para evitar posibles salidas masivas de depósitos en entidades que puedan entrar en fase de resolución (o en prerresolución).
Madrid, el pasado 9 de febrero, fue sede de una de las últimas jornadas del sector, centrada en la resolución bancaria, y uno de los encuentros aprovechados por las autoridades para defender la idoneidad de una medida como los corralitos temporales a los depósitos. Con la presencia de representantes del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), de la JUR y del Frob (la autoridad española de resolución), entre otros organismos, fuentes presentes en este encuentro señalan que el asunto de las moratorias fue uno de los que más atención y desencuentros concitó.
La falta de acuerdo respecto a los pormenores (duración, pasivos afectados...) de estos hipotéticos corralitos no solo se sitúa en el sector privado. Fuentes conocedoras del reciente encuentro celebrado en Madrid indican que, mientras que desde el Frob se abogaba por desarrollar una herramienta de moratoria que le otorgara unos poderes específicos lo más amplios posibles (es decir, afectando también a los depósitos garantizados), desde el Banco de España, en cambio, la posición no sería tan favorable, aunque el BCE, sin embargo, es un entusiasta defensor.
El desencuentro entre autoridades deja entrever, según distintas fuentes financieras, que la tramitación de esta moratoria para los depósitos no será precisamente rápida. La falta de acuerdo entre los grupos del propio Parlamento Europeo tampoco es una señal positiva. Este martes se debate en la Eurocámara una propuesta por parte del ponente (Gunnar Horkmark), aunque la división existente incluso de forma interna entre las propias formaciones (socialistas y populares, por ejemplo) hace prácticamente imposible que haya un acuerdo.
La propuesta que se debate este martes contempla, entre otras características, que la herramienta de moratoria se pueda aplicar a todo tipo de pasivos, incluidos los depósitos garantizados, con excepción de las obligaciones de pago de los distintos operadores interbancarios. Estos corralitos, de aprobarse, tendrían una duración máxima de dos días laborales y solo se podrían aplicar por parte de las autoridades de resolución tras consultarlo con la autoridad supervisora competente (BCE o Banco de España, por ejemplo).
Además, los distintos países de la zona euro deberán comprometerse a aprobar una normativa nacional para poder aplicar este mismo tipo de moratoria (o superiores) en aquellas entidades que en vez de resolución se vean sometidas a procedimientos de insolvencia ordinarios.

Unidos Podemos pide que los ayuntamientos puedan izar la bandera de la II República en sus fachadas

MADRID.- Unidos Podemos, a iniciativa de Izquierda Unida, ha registrado este martes en el Congreso una proposición para reformar la Ley de Banderas y permitir que las administraciones puedan colocar enseñas no oficiales, como la de la II República, de manera temporal, en sus fachadas.

En la propuesta presentada en la Cámara Baja por el diputado Ricardo Sixto piden que, "respetando la ubicación y preeminencia establecida en la ley para la bandera de España y el resto de banderas oficiales, y sin alterarlas de forma alguna, las administraciones podrán colocar de forma temporal enseñas, banderas, símbolos históricos, distintivos y cualquier otra manifestación gráfica de la libertad de expresión sin mayor limitación que la que sea de aplicación a cualquier espacio público y la establecida en la legislación sobre el respeto a los derechos fundamentales, derechos humanos y memoria histórica".
En concreto, desde Unidos Podemos apuestan por modificar el artículo 6 de la Ley de Banderas en una propuesta que ha sido elaborada después de que la Justicia haya fallado contra dos ayuntamientos valencianos, el de en Buñol y Barxeta, que colocaron la bandera republicana para conmemorar el día 14 de abril el año pasado.
Si se aprobase esta proposición, se podrían colocar banderas de clubes de fútbol, de todo tipo de festejos... pero también generaría un problema. Por ejemplo, un ayuntamiento catalán se podría acoger a esta propuesta para exhibir la estelada durante un tiempo en su fachada.
El diputado de IU Ricardo Sixto ha desviado las preguntas sobre este tema asegurando que sólo estarían vetadas las enseñas que incitaran al odio y no estuvieran amparadas por la libertad de conciencia.