jueves, 21 de junio de 2012

Cifuentes dice que las sanciones a los "indignados" madrileños fueron motivadas por "resistencia a la autoridad"

MADRID.- La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado que las sanciones que se han impuesto a casi 300 "indignados" durante los días que se celebró el primer aniversario del 15M fueron por "resistencia a la autoridad". 

   En declaraciones a los medios de comunicación, tras asistir en Collado Villalba a la Junta Local de Seguridad, Cifuentes ha indicado que "no se ha sancionado a nadie por manifestarse" y que la Delegación del Gobierno actuó con "flexibilidad" al permitir concentraciones "por encima del horario".
   "Ninguna de las personas sancionadas durante esos días lo ha sido por manifestarse más allá del horario. Los motivos son básicamente resistencia a la autoridad, cuando pasadas muchas horas del límite impuesto, se pide que se desaloje la plaza para proceder a su limpieza, y que como espacio público pueda tener un uso público. Esas personas se resisten a los requerimientos de la Policía y eso es lo que da origen al informe policial que ha tenido en cuenta la Delegación del Gobierno para proponer las sanciones que se han impuesto", ha puntualizado.
   Con todo ello, Cifuentes ha reiterado que no se ha multado "absolutamente a nadie", ni por manifestarse "más allá del horario establecido" ni por ir a una manifestación o concentración "no autorizada o no comunicada a la Delegación del Gobierno".
   "En esos casos, en los de concentraciones que no se han comunicado, la ley lo que dice es proponer para sanción exclusivamente a los promotores u organizadores de la mismas. No se multa a una persona que acude a participar en una manifestación no autorizada. Se multa o se propone para sanción exclusivamente a los promotores de la misma, como la Ley del derecho de reunión y como la Ley de seguridad ciudadana dicen", ha indicado.
   De este modo, ha explicado que el caso del 15 es un "caso diferente" porque se trataba de concentraciones autorizadas con una limitación horaria de entre las 12 de la mañana y las 10 de la noche. A juicio de Cifuentes, se trataba de un horario "absolutamente amplio".
   "A pesar de cumplirse las 10 de la noche, por parte de la Delegación de Gobierno se actuó con una flexibilidad absoluta porque se permitieron las concentraciones muy por encima del horario que se había aprobado y creo recordar que el primer día, el día 12, la concentración duró casi hasta las cinco y media de la mañana. Al siguiente día hasta las seis", ha añadido.
   "No se sanciona a nadie por manifestarse en un país donde los derechos de reunión y manifestación son constitucionales". 
"Las sanciones son porque se ha contravenido la Legislación en algún punto y previo informe policial", ha concluido.

Condenados cinco agentes de una agencia de seguridad de la era de Mubarak

ALEJANDRÍA.- Cinco agentes de un servicio de seguridad de Egipto disuelto en la actualidad han sido condenados a penas de entre 15 años y cadena perpetua por haber torturado hasta la muerte a un islamista en el marco de una investigación que llevaban a cabo por un atentado contra una iglesia en Alejandría en el Año Nuevo de 2011. 

   Cuatro agentes han sido condenados en rebeldía a cadena perpetua por haber participado en la muerte de Mohamed Sayyid Bilal, cuyo cuerpo fue devuelto a su familia con claros signos de torturas y quemaduras un día después de que fuera detenido. El quinto agente, el único que ha comparecido durante el juicio, ha sido condenado a quince años de prisión.
   Varios salafistas, entre los que se encontraba Bilal, fueron detenidos tras el atentado contra la iglesia en la que murieron 23 personas. El entonces ministro del Interior, Habib el Adli, acusó al Ejército del Islam, un grupo miliciano de Gaza, de estar detrás del ataque, aunque la organización lo desmintió.
   Tras la dimisión del presidente Hosni Mubarak en febrero de 2011 tras semanas de manifestaciones, los rumores han aumentado por todo Egipto y se ha dicho que El Adli ordenó el atentado. Mubarak y El Adli fueron condenados a principios de este mes a cadena perpetua por su participación en la muerte de manifestantes durante las protestas que expulsaron al mandatario del poder.
   El abogado de la familia de Bilal, Jalaf Bayumi, ha asegurado que "este veredicto es el principio de la eliminación en el Ministerio del Interior de los corruptos que atacaron la dignidad de los egipcios durante 30 años".
   Los condenados pertenecían al cuerpo Seguridad del Estado, una de las agencias peor valoradas del régimen de Mubarak considerada como una especie de Stasi egipcia, que fue disuelta el 15 de marzo de 2011 después de que cientos de manifestantes asaltasen su sede.

Lugo crea una comisión para investigar los disturbios de Curuguaty

ASUNCIÓN.- El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ha anunciado este miércoles la creación de una comisión para investigar lo ocurrido el pasado viernes en la localidad de Curuguaty, ubicada en el departamento de Canindeyú (sureste),  donde 17 personas murieron por los enfrentamientos entre campesinos y policías.

   En una rueda de prensa, Lugo ha explicado que la comisión estará formada por representantes de la sociedad civil y que estará supervisada por la Organización de Estados Americanos (OEA) "para dar un marco de garantías".
   El objetivo, ha apuntado, es investigar lo ocurrido "para tener una mirada objetiva".
 "Que la ciudadana tenga la seguridad de que se ha llegado a analizar concienzudamente las causas y los responsables sin turbulencias políticas ni económicas", ha aseverado.
   "No queremos que haya una versión oficial. La Presidencia está decidida a buscar la verdad, porque los conflictos de la tenencia de la tierra no son recientes, sino que tienen décadas y décadas", ha añadido, según informa el diario paraguayo 'El País'.
   El ex obispo ha reconocido que "hay varias hipótesis de los sucedido", incluida una que apunta a que fue un montaje y otra a que intervinieron elementos del crimen organizado. Si bien, lo que parece claro es que "hubo mal comportamiento por ambas partes".
   Lugo se ha referido también a la intención del Partido Colorado, líder de la oposición, de que comparezca en el Congreso, dominado por dicha formación, para explicar lo ocurrido, lo que podría dar lugar a un juicio político.
   "En este luctuoso acontecimiento perdimos todos. No es el momento de buscar ni de pedir réditos políticos por parte de nadie --ni personas ni organizaciones--, porque sería solamente oportunismo político", ha considerado.
   Sin embargo, Horacio Cartes, uno de los precandidatos presidenciales del Partido Colorado, ha señalado que "hay motivos de sobra para hablar de mal desempeño (del Gobierno)". "No nos vamos a callar, no vamos a ser cómplices", ha advertido, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Reuters.
   El último juicio político a un presidente paraguayo tuvo lugar en 1999, cuando Raúl Cubas fue acusado de mal desempeño de sus funciones tras el asesinato del vicepresidente Luis Argaña y la muerte de siete jóvenes manifestantes. Cubas renunció antes de que concluyera el proceso judicial.
   El pasado viernes, 17 personas murieron --once campesinos y seis policías-- en los enfrentamientos que se produjeron en el marco del desalojo de la finca Morumbí, propiedad del ex senador del opositor Partido Colorado Blas Riquelme, que fue ocupada hace tres semanas por un centenar de campesinos para protestar por la escasez de tierras agrícolas.
   El suceso ha generado una gran polémica en el país suramericano, hasta el punto de que ha provocado la dimisión del ministro del Interior, Carlos Filizzola, y del comandante de la Policía, Paulino Rojas, que ha sido aceptada por Lugo.
   Desde años, los campesinos del sureste de Paraguay exigen al Gobierno una distribución equitativa de las tierras de labranza, denunciando que la mayoría de las fincas productivas están en manos de los conocidos popularmente como 'brasiguayos', terratenientes brasileños que han conseguido la nacionalidad paraguaya.

Dívar dice a los vocales que su decisión de dimitir "es lo mejor para la carrera judicial y para la sociedad"

MADRID.- El hasta ahora presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Dívar ha justificado antes los vocales del órgano de Gobierno de los jueces su decisión de dimitir asegurando que, en su opinión, su salida del cargo "es lo mejor para la carrera judicial y la sociedad". "Lo importante son las instituciones, no las personas", ha sido una de las frases empleadas en su discurso, según fuentes cercanas al órgano.

   Dívar ha comunicado además su "dolor" por la imagen que los acontecimientos que han motivado su renuncia ha provocado y por el daño que esta situación haya podido causar a todos los magistrados y jueces de este país.
   Así lo ha desvelado el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, en una rueda de prensa ofrecida tras la celebración del Pleno Extraordinario celebrado para estudiar la dimisión de Dívar. De Rosa ha agregado que todos los vocales del órgano han trasladado por unanimidad al hasta hoy presidente su "reconocimiento" por el trabajo realizado en los últimos tres años y medio.
   Ha concretado, además, que Dívar ha comunicado a los vocales que dejará de presidir a partir de este jueves todas las comisiones o reuniones del CGPJ que puedan celebrarse. El abandono del cargo no se hará afectivo hasta que se produzca una comunicación oficial al MInisterio de Justicia y a la Casa de su Majestad el Rey y la renuncia sea publicada en el Boletín Oficial del Estado.
   De Rosa ha precisado, además, que no ha sido necesario proceder a una votación de los vocales sobre la salida de Dívar dado que la decisión ha partido de él mismo. "El presidente ha manifestado su renuncia y eso es lo que ha sucedido", ha especificado De Rosa.
   El vicepresidente, que ha asegurado desconocer cual va a ser la trayectoria vital de Dívar a partir de este momento y ha indicado que el reconocimiento de los vocales hacia su persona se ha hecho extensivo a toda su carrera judicial, desarrollada durante 43 años.
   "Estoy convencido de que todos hemos tenido sensaciones agridulces en muchas ocasiones en los últimos días, intensas en nuestros sentimientos. Somos conscientes de que se ha dañado la imagen de la institución", ha indicado De Rosa que ha añadido que valora "mucho"  la unidad de los últimos años.
  "Vamos a seguir trabajando con el ánimo de que los ciudadanos confíen en esta institución y cumplamos nuestro deber el tiempo que nos quede", ha agregado el vicepresidente que ha explicado que en los próximos días sustituirá en funciones a Dívar como presidente mientras que en el Tribunal Supremo funcionará el mecanismo oportuno y se nombrará al hasta ahora presidente de la Sala de lo Civil, Juan Antonio Xiol Ríos.  
  "Aunque habrá una entirinidad en ambas casas, queremos transmitir que no hará interinidad en el trabajo que vamos a realizar, vamos a seguir trabajando, la carrera judicial y los ciudadanos tienen que saber que vamos a seguir trabajando de una forma intensa", ha expuesto De Rosa.
   El vicepresidente ha concretado que el principal objetivo del órgano de Gobierno de los jueces es "normalizar la situación" para que "en el plazo que se estime oportuno podamos designar un nuevo presidente". Además, De Rosa ha precisado que el próximo dia 28 el CGPJ ya sin Dívar celebrará un Pleno para presentar un Plan de Transparencia en el que se estudiará el documento que ya prepara al respecto la comisión presupuestaria.

Carlos Dívar comunica su dimisión como presidente del Poder Judicial en España

MADRID.- El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, ha presentado su dimisión del cargo, convirtiéndose en el primer presidente del Poder Judicial que abandona su cargo, han confirmado fuentes de este órgano.

   La decisión es consecuencia de la polémica  suscitada a raíz de conocerse que su presidente, Carlos Dívar, cargó a los presupuestos de este órgano parte del coste de una treintena de viajes que realizó en fines de semana por valor cercano a los 28.000 euros.
   Como todos esperaban, Dívar comunicó su decisión a los 20 vocales nada más comenzar el Pleno, y de ese modo hacía pública la decisión "rotunda y contundente" que anunció el pasado sábado, cuando quedó paralizado el Pleno en el que iba a pedirse su cese.
   A partir de la publicación de la dimisión de Dívar en el BOE,  el CGPJ pasará a ser presidido en funciones por su hasta ahora vicepresidente, Fernando de Rosa, de tendencia conservadora. En el Tribunal Supremo el puesto de Dívar será igualmente en funciones para el presidente de Sala más antiguo, en este caso Juan Antonio Xiol Ríos, considerado progresista moderado.
   Carlos Dívar, que cumplirá 71 años el próximo mes de diciembre, comenzó su carrera jurídica ejerciendo como magistrado en distintas localidades como Castuera, Durango, Orgaz y San Sebastián. En 1980 fue nombrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, donde fue designado como presidente 21 años después, en 2001.
   Dívar mantuvo este cargo hasta su nombramiento como presidente del Tribunal Supremo y del órgano de Gobierno de los jueces en septiembre de 2008, puesto para el que fue elegido por unanimidad por los veinte vocales del CGPJ.
   Propuesto por el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su figura fue calificada en una declaración institucional avalada por los vocales como la "persona idónea para generar confianza y consenso en el órgano de gobierno de los jueces".
   Los vocales destacaron en aquel momento los méritos y cualidades que concurrían en su persona, especialmente su condición de jurista de Estado y su idoneidad para presidir el Tribunal Supremo y el órgano de gobierno del Poder Judicial para que éstos tuvieran "eficacia" y gozaran "del prestigio y de la credibilidad necesarios entre los ciudadanos".
   También resaltaron la capacidad de diálogo y la trayectoria profesional "impecable" de Dívar durante sus casi 40 años de ejercicio, caracterizados por su "independencia, prudencia, discreción y preparación técnica", entre otros muchos elogios.
   El hasta ahora presidente del Supremo sufrió en la Nochebuena de 2003 un intento de atentado de la banda terrorista ETA que planeó acabar con su vida durante su desplazamiento diario desde su domicilio hasta la Audiencia Nacional. La acción fracasó debido a que su comitiva empleó aquel día un trayecto diferente al habitual. Dívar atribuyó su salvación "a la intercesión de la Virgen de Fátima".
   El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, ha presentado su dimisión después de que casi 100.000 personas hayan firmado una petición en la plataforma change.org en la que le solicitaban la adopción de esta medida.
   El creador de la iniciativa, el periodista Máximo Pradera, defiende que la responsabilidad de Dívar "no es política, como se viene diciendo, sino deontológica", según informaron los impulsores de la iniciativa en un comunicado, que reclamaban la dimisión para "salvaguardar la imagen y credibilidad de los integrantes del Poder Judicial".
   La propuesta, que fue apoyada por miles de firmes a los pocos días de lanzarse, surgió para "canalizar la indignación ciudadana frente a estos supuestos abusos de la máxima autoridad del Poder Judicial español". Cuando Dívar compareció en la sede del CGPJ para asegurar que tenía la "conciencia tranquila", la plataforma entregó un total de 14.000 firmas.
   "Si los ciudadanos empezamos a reclamar a los servidores públicos que además del Código Penal, respeten los códigos deontológicos, habremos sentado las bases de la regeneración moral de la sociedad", explica Pradera en la petición.

Manifestación en Tahrir contra el Consejo Supremo de Fuerzas Armadas

EL CAIRO.-   Miles de personas han vuelto a manifestarse desde este miércoles en la plaza Tahrir de El Cairo para solicitar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que cumpla con la entrega del poder a un Gobierno civil y para protestar contra la disolución del Parlamento electo y el decreto que da al Ejército poderes para detener a la población civil.

   Miles de personas se concentraron el martes en la plaza Tahrir y junto al Parlamento, así como en la ciudad de Alejandría, para protestar contra estas mismas decisiones. El decreto promulgado el pasado domingo por el Consejo Supremo implica que éste asume las competencias legislativas hasta que sean elegidos los miembros del nuevo Parlamento y mantiene el control de los asuntos militares.
   Las protestas de este miércoles han estado protagonizadas por Hermanos Musulmanes y múltiples grupos revolucionarios seculares, que se han unido en Tahrir a los seguidores del movimiento islamista que celebran la victoria de su candidato, Mohamed Mursi, desde el lunes, según ha informado el diario 'Al Ahram'.
   El equipo de campaña de Mursi ha declarado su victoria en la segunda ronda de las elecciones presidenciales, aunque su rival, el último primer ministro del expresidente Hosni Mubarak, Ahmed Shafiq, ha proclamado igualmente su victoria.
   Sin embargo, los resultados finales no serán anunciados hasta el fin de semana después de que la Comisión Suprema Electoral Presidencial haya confirmado este miércoles por la tarde que retrasa la fecha de publicación de los resultados, prevista para hoy, para poder examinar las reclamaciones remitidas por las campañas de los dos candidatos.

Hermanos Musulmanes avisa de "enfrentamientos peligrosos" si gana Shafiq en Egipto

EL CAIRO.- El portavoz de Hermanos Musulmanes, Mahmud Ghozlan, ha advertido de que habrá un "enfrentamiento peligroso" entre la población y el Ejército en caso de que el último primer ministro del expresidente Hosni Mubarak, Ahmed Shafiq, sea declarado ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

   Tanto Mohamed Mursi, candidato de Hermanos Musulmanes, como Shafiq, se han atribuido la victoria en base a sus propias proyecciones. Hermanos musulmanes y múltiples activistas y revolucionarios consideran a Shafiq como el favorito del Ejército y como un residuo del régimen anterior, por lo que se han posicionado en su contra.
   "La victoria de Shafiq sería una señal de un evidente golpe de Estado militar. Espero que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (que gobierna el país desde la caída de Mubarak) escuche la voluntad popular", ha manifestado Ghozlan, según ha informado el diario egipcio 'Al Ahram'.
   Por su parte, el alto cargo de Hermanos Musulmanes, Jairal al Shater, ha desmentido los rumores, surgidos en los últimos días, que apuntan a que el movimiento solicitaría el cierre de todas las tiendas del país y el inicio de enfrentamientos violentos si Shafiq fuera proclamado vencedor.
   "La violencia no es la postura de Hermanos Musulmanes. Podemos estar en desacuerdo con las autoridades, pero no con la gente", ha apuntado Al Shater, según ha informado el diario egipcio 'Al Masry al Youm'.