El PP cita a sus cargos regionales y provinciales para frenar la abstención en mayo

MADRID.- El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha convocado este miércoles a sus directores de campaña regionales y provinciales para abordar la estrategia electoral ante los comicios del 24 de mayo. Para esa cita con las urnas, el PP se ha fijado como objetivo movilizar al partido y frenar la abstención, según han informado fuentes 'populares'.

Con esta reunión, en la sede central de la formación en Madrid, Génova quiere "poner las pilas" a sus cargos en los distintos territorios para que se vuelquen al máximo en unas elecciones que consideran cruciales, ya que el objetivo es mantener la mayor parte de poder territorial que el PP tiene en este momento en España, según las fuentes consultadas.

Esta convocatoria se produce después de que la encuesta del CIS sitúe al PP como primera fuerza (27,3% en estimación de voto) si se celebrasen ahora unas elecciones generales, pero con una caída de 17 puntos respeto al apoyo que cosechó en noviembre de 2011. Además, Podemos adelanta al PSOE en ese sondeo y se coloca en segundo lugar, con un 23,9% y 22,2%, respectivamente.

En la dirección nacional del PP son conscientes de que uno de sus principales "adversarios" es la abstención. "Tenemos que convencer a los que nos votaron en 2011 de que mereció la pena y que se sientan protagonistas del cambio de este país", dijo hace unos días el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando.

Programas electorales

En esa reunión con cargos regionales y provinciales se abordarán previsiblemente los programas electorales que el PP quiere presentar a las elecciones de mayo. El partido ya tiene listo el programa marco municipal y está cerrando los últimos flecos del programa autonómico. A esos programas marco se sumarán los programas individualizados que presentarán cada una de las comunidades autónomas y ayuntamientos, en línea con lo que ya realizó el partido en las elecciones europeas de mayo de 2014.

El PP insistirá en esos programas en que es el momento de continuar la senda de la recuperación y no tirar por la borda los beneficios que, a su juicio, ha producido el esfuerzo realizado. Así, Génova quiere que sus cargos recalquen a los ciudadanos que los sacrificios de estos cuatro años han "merecido la pena".

Ambos programas se presentarán públicamente con la celebración de dos convenciones, una para presentar el programa marco autonómico y otra para celebrar el programa marco municipal. Estaba previsto que esos cónclaves se celebrasen en febrero pero el adelanto de las elecciones andaluzas (22 de marzo) ha trastocado el calendario y es posible que alguna de ellas incluso tenga que celebrarse en marzo.

El Rey de España se baja el sueldo un 20% y cobrará 234.204 euros

MADRID.-El rey Felipe VI ha decidido disminuir un 20 por ciento la asignación para el jefe del Estado, de manera que percibirá 234.204 euros brutos en 2015, y asignar a su padre el 80 por ciento de esta cantidad, 187.356 euros, cifra superior a la de la Reina Letizia, que recibirá 128.808 euros.

Estos datos han sido facilitados este martes por la Casa del Rey, que publica en su web la distribución presupuestariade los 7.775.040 euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado para esta institución, el mismo monto que en 2014, y que el Monarca distribuye libremente, de acuerdo con lo establecido en la Constitución.
La cantidad para doña Letizia supone un 55 por ciento de la de don Felipe y un 2,3 por ciento menos de lo que cobraba la Reina Sofía, quien ahora ingresará 105.396 euros anuales, que representan el 45 por ciento de lo recibido por el Rey.
Un portavoz de Zarzuela ha explicado que a la hora de fijar la disminución de la asignación de Felipe VI se han tenido en cuenta las cantidades que perciben los representantes de las altas instituciones españolas y también las de jefes de Estado extranjeros: las presidencias de Repúblicas representativas, como Alemania e Italia, y las cabezas de las Monarquías europeas.
De hecho, los cuatro miembros de la Familia Real española tendrán menor asignación en conjunto que otras familias reales europeas.
Para el caso del Rey Juan Carlos, se han observado las retribuciones de aquellos monarcas europeos que también han abdicado.
Del los 7,75 millones de euros presupuestados en 2015 para la institución, la Familia Real -de la que ya no forman parte las infantas Elena y Cristina- se lleva 655.764 euros, un 6,10 por ciento menos de lo que recibían sus miembros cuando reinaba don Juan Carlos.
Si en 2015 se presupuestaron 25.000 euros para doña Elena en concepto de gastos de representación, en el actual ejercicio ha desaparecido por completo esta partida, ya que desde junio la hermana mayor del Rey ya no desempeña actividades oficiales dentro de la Casa Real y si se le encarga alguna, será sin remuneración.
Al dejar de pertenecer la Infanta a la Familia Real, la institución se ha ahorrado 12.500 euros en el presupuesto de 2014.
También bajan en 2015, primer ejercicio íntegro bajo responsabilidad de Felipe VI, los gastos de personal, un 1,65 por ciento, al pasar de 3.870.000 euros a 3.806.170; y los gastos en bienes y servicios, que el año pasado fueron de 3.106.000 euros y que disminuyen un 4,48 por ciento hasta los 2.967.000 euros, según las mismas cifras.
Por el contrario, la Casa Real prevé un considerable aumento del fondo de contingencia, de 50.709 a 155.500 euros, y de las inversiones, que también suben de 50.000 euros a 190.606, en ambos casos para hacer frente a la modernización tecnológica de la institución, en la que está comprometido el nuevo Rey.
Además, el portavoz de Zarzuela ha explicado que don Felipe ha preferido disminuir las cantidades para la Familia Real y gastos de personal a fin de disponer de más recursos para dedicarlos a proyectos de innovación tecnológica y de modernización de las comunicaciones.
Las retribuciones para la Familia Real, determinadas por el propio Monarca, han ido disminuyendo, año tras año, desde 2011, cuando superaban los 800.000 euros.
De todo el dinero que este año dedicará Zarzuela a gastos de personal, el mayor montante, 2.520.000 euros, corresponde a "incentivos al rendimiento" dispuestos para "retribuir el excepcional rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que desempeñen sus funciones, o bien servicios prestados fuera de la jornada normal de trabajo".
Los altos cargos de la Casa Real supondrán un gasto de 712.000 euros, en tanto que los funcionarios comportarán 66.570 euros, y las cuotas, prestaciones y gastos sociales, esto es, las aportaciones a la Seguridad Social, serán de 392.800 euros en 2015.
La distribución de los casi tres millones de euros para bienes y servicios presume un aumento de los fondos para material y suministros, que llegarán a 2.011.000 euros, al tiempo que bajará la cantidad para viajes a 130.000 euros, y la de atenciones protocolarias, a 661.000 euros; se mantienen los arrendamientos en 125.000 euros y las reparaciones y mantenimiento en 40.000 euros.
Buena parte del material presupuestado corresponde al capítulo "empresas y profesionales", con 942.000 euros, un 59 por ciento correspondiente a la implantación de nuevas tecnologías.
El fondo de contingencia, dinero previsto para hacer frente a "necesidades inapelables de carácter no discrecional", será de 155.500 euros, y las inversiones para adquisiciones sumarán 190.606 euros.

La corrupción amenaza la recuperación, advierte el órgano auditor italiano

ROMA.- Años de recesión en Italia han abonado el terreno para la corrupción, que está amenazando la incipiente recuperación económica, según dijo el jefe del máximo organismo de auditoría de las administraciones públicas italiano el martes.

Las declaraciones por parte del presidente de la Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, pusieron de relieve uno de los problemas crónicos de la tercera economía de la Eurozona, que ha visto florecer multitud de escándalos de corrupción durante el pasado mes mientras el país intenta recuperarse de su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial.

"La crisis económica y la corrupción van de la mano, en un círculo vicioso donde cada una es causa y efecto de la otra", dijo Squitieri durante un discurso en Roma.

Dijo que la corrupción estaba amenazando las promesas de "obtener nuevos impulsos para una vuelta a niveles satisfactorios de crecimiento desde la acción pública".

Italia ha entrado y salido de la recesión durante los últimos seis años, afectada por unos tenazmente altos niveles de paro, instituciones débiles, baja inversión y una administración pública caótica, pero la corrupción ha sido además un problema persistente.

El año pasado, la Policía arrestó a decenas de importantes políticos y altos cargos empresariales por una serie de casos de irregularidades en torno a la Expo 2015 de Milán y un proyecto de barreras contra inundaciones en Venecia otorgado por concurso público por la ciudad de Roma.

Italia ocupa el 69º puesto en Percepción de la Corrupción en el índice de Transparencia Internacional de 2014, el último puesto de un país de la Unión Europea junto con Bulgaria, Grecia y Rumanía.

En su discurso, Squitieri dijo que Italia, que apenas ha crecido en los últimos 20 años y cuya economía se encuentra por debajo del nivel de 2000, había visto expandirse la corrupción a medida que la crisis se recrudecía.

"Es cierto que la continuidad de las condiciones de bajo crecimiento, si no estancamiento, así como las múltiples dificultades de gestionar un presupuesto público y de dar los pasos necesarios para afrontar la crisis, crea un terreno propicio para el abuso y la corrupción", dijo.

Las tres opciones de Grecia / M. Llamas

Grecia trabaja en un plan B en caso de que la negociación con sus socios europeos no fructifique. Y su alternativa, por el momento, no es otra que sustituir la financiación de la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) por la asistencia de China o Rusia. Sin embargo, la ayuda financiera de estas dos potencias no saldría gratis a los griegos. De hecho, resultará mucho más onerosa para la población griega.

Los ministros de Economía y Finanzas de los diecinueve países del Eurogrupo se reúnen este miércoles en Bruselas con la intención de buscar un compromiso con Grecia sobre la renegociación de la deuda pública de ese país y su programa de rescate. En la agenda del Eurogrupo, que preside el ministro holandés de Finanzas, Jeroen Dijsselbloem, figura como único asunto el problema griego y la intención de escuchar directamente las propuestas que plantea el ministro griego de Finanzas, Yanis Varufakis.

Por el momento, los diversos actores de esta negociación ya han advertido de que las posibilidades de llegar este miércoles a un acuerdo son escasas. Alemania, como gran acreedor del Estado griego y principal contribuyente de la UE, insiste en que el Gobierno de Syriza debe mantener la senda de recortes y reformas para que la economía helena salga del atolladero y, de este modo, poder devolver su deuda. Atenas, sin embargo, rechaza las políticas de austeridad y exige una nueva reestructuración soberana.

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La cuestión es que el tiempo corre y la vigencia del actual plan de rescate expira el próximo 28 de febrero. Si no alcanzan un acuerdo para renovar el programa de asistencia, el BCE cortará, por completo o de forma parcial, la liquidez a la banca helena, desatando con ello el temido corralito bancario y elevándose así el riesgo de salida del euro.

El primer ministro heleno, Alexis Tsipras, confía en lograr un crédito "puente" para garantizar los pagos de su país los próximos meses hasta lograr un acuerdo definitivo, en torno a agosto, al tiempo que consigue un mayor margen para elevar el gasto, cumpliendo así parte de su programa electoral. Pero, por el momento, muchos socios, liderados por Berlín, no están dispuestos a realizar nuevas concesiones sin un claro compromiso con la austeridad por parte de Atenas.

En este sentido, el portavoz del Ministerio de Finanzas gemano, Martin Jäger, señaló este miércoles que lo más sensato sería prorrogar el actual plan de rescate para poder seguir negociando, pero eso implica una solicitud del Gobierno griego y la intención de cumplir el programa". ¿Problema? Varufakis insiste en que Grecia aceptará el 0% del plan de rescate.

Ante la posibilidad de que en los próximos días o semanas ambas partes no cierren un acuerdo sobre la renovación del rescate, Atenas ya trabaja en un plan B. Así, según anunció su ministro de Defensa, Panos Kamenos, líder del socio menor de la coalición, el partido nacionalista de derechas Griegos Independientes, Grecia podría conseguir nuevos créditos por parte de Rusia o de China.

Rusia y la salida de la OTAN de Grecia
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó esta miércoles que Moscú estudiará conceder ayuda financiara Grecia si el Gobierno heleno la solicita. "Si se producen peticiones por parte del Gobierno griego, desde luego, serán estudiadas", señaló en una rueda de prensa conjunta con el ministro griego de Exteriores, Nikos Kotziás.

"Nuestra situación tampoco es muy sencilla debido a la política unilateral e ilegítima de nuestros socios occidentales", en alusión a las sanciones que Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han adoptado contra Rusia por su postura frente a la crisis en Ucrania.

Sin embargo, Moscú valora la "posición constructiva" de Grecia en lo que se refiere a las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Además, Lavrov destacó que los vínculos de Moscú y Atenas son de larga data en toda las esferas, incluida la cooperación militar. "Partimos de la base de que estos nexos se mantienen y estamos preparando acuerdos adicionales que fortalecerán el marco jurídico en ese campo", añadió.

De telón de fondo está, ni más ni menos, que la salida de Grecia de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN). Dicha idea está incluida en el programa electoral de Syriza. En concreto, la coalición de izquierda radical defiende el cierre de todas las bases extranjeras en Grecia y el abandono de la OTAN, con todo lo que ello supone a nivel geoestratégico. Rusia, por tanto, se cobraría el préstamo en forma de alianza militar con Atenas. Y la clave es que la mayoría de griegos prefiere estar bajo la bota de Moscú que la de Bruselas.

Además, algunas importantes empresas rusas e incluso el Kremlin han mostrado gran interés por hacerse con algunas de las infraestructuras que, hasta hace poco, planteaba privatizar el Gobierno griego como, por ejemplo, la red ferroviaria. Aunque Tsipras anunció la suspensión de este proceso de ventas nada más llegar al poder, muy posiblemente se vería obligado a dar marcha atrás y conceder estos activos públicos a Rusia a cambio de recibir financiación.

China tampoco presta gratis

Algo similar sucedería en el caso de China. Pekín anunció que está "preparado para hacer esfuerzos" con el nuevo Ejecutivo griego, con el que tiene una voluntad "firme y fuerte" de cooperar, aunque negó haber ofrecido ya ayuda económica al país europeo.

Por el momento, Tsipras, contradiciendo una de sus grandes promesas electorales, ha reanudado la privatización del puerto de El Pireo, que la naviera estatal china Cosco aspiraba a gestionar en su totalidad. Pekín, por su parte, acaba de enviar a Atenas una invitación oficial para que Tsipras viaje al país asiático.

No sería la primera vez que China financia a otros estados que, como el griego, no pueden acceder a los mercados, pero nunca lo hace gratis. Valga como ejemplo el caso de Ecuador. Los inversores internacionales no prestan dinero al Gobierno de Rafael Correa desde que impagó una deuda de 3.200 millones de dólares en 2008.

A partir de ese momento, más del 60% de la financiación externa de Ecuador depende de China, pero, a cambio, se ha hecho con el control casi total de las exportaciones de crudo ecuatorianas, entre otros activos. Argentina y Venezuela, con graves problemas económicos y financieros, también han alcanzado acuerdos de similar naturaleza para recibir préstamos del régimen chino.

¿Qué pide la troika? Solvencia

Por el contrario, la única exigencia de los socios europeos a Grecia es solvencia. La troika ha sido denostada en los últimos años por los griegos, pero también por numerosos economistas y políticos por considerar que la austeridad agrava la crisis. Sin embargo, los datos y la propia experiencia helena demuestran justo lo contrario.

La troika pide superávit público para que Atenas pueda, poco a poco, ir reduciendo su elevado endeudamiento, y profundas reformas estructurales para que la economía helena sea competitiva y, de este modo, pueda volver a crecer y a crear empleo sobre bases sólidas. Sus medidas concretas pueden ser más o menos acertadas, pero el principio general de austeridad presupuestaria y flexibilidad económica son los ejes que han seguido los países ricos del norte de Europa para prosperar.

Así pues, una de las grandes diferencias entre la UE, Rusia y China es que la primera confía en recuperar el crédito concedido a base de ajustes para que Grecia devuelva el dinero, mientras que las segundas se cobran el préstamo por anticipado, ya sea en forma de activos públicos, recursos naturales o alianzas geoestratégicas. Nadie presta gratis, y Grecia no es una excepción.

La jueza Alaya imputa a 34 personas más por el caso de los EREs

SEVILLA.- La juez Mercedes Alaya ha imputado a 34 personas más en el caso de los EREs por su vinculación con las ayudas concedidas a la Sierra Norte de Sevilla y ha ampliado las acusaciones contra ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler.

En un auto notificado este martes, la juez, que suma con estas nuevas imputaciones 265 acusados, también cita a los peritos de la Intervención General del Estado para que ratifiquen un informe sobre las presuntas irregularidades en las ayudas sociolaborales de los EREs, que emitieron el 12 de diciembre del 2013.

Alaya también se refiere a el exconsejero de Empleo y diputado nacional José Antonio Viera, cuya investigación por su actuación en los EREs corresponde al Tribunal Supremo, y del que dice que "era muy amigo" de uno de los imputados, el alcalde de Guadalcanal, Carmelo Montero (PSOE).

Viera asistió, junto al delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, a varias reuniones con el alcalde para lograr ayudas por más de dos millones de euros destinadas a tres empresas de materiales refractarios de Guadalcanal (Sevilla), según la juez.

En el auto, Alaya analiza una treintena de ayudas concedidas por valor de más de once millones de euros, la mayoría de ellas gracias a la amistad entre los empresarios y el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, natural de la zona y que en ocasiones recibió regalos a cambio de facilitar las subvenciones.

Las ayudas de entre 44.000 y 1.200.000 euros que se concedieron a empresas de todo tipo a partir del 2003 tenían como "denominador común la ausencia de procedimiento", estaban carentes en la mayor parte de ellas de solicitud y no tenían documentación justificativa, resume la instructora.

Entre los 34 nuevos imputados, la juez incluye a tres exalcaldes socialistas de la comarca: Antonio Diana Expósito (El Pedroso); al regidor de Guadalcanal, cuya almazara recibió un millón de euros, y a José Antonio Méndez Sánchez (El Real de la Jara).

A los nuevos imputados, la juez les acusa de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y los cita a declarar a partir del 23 de marzo, un día después de las elecciones andaluzas.

En las ampliaciones de imputaciones, la juez incluye al exconsejero de Innovación del Gobierno andaluz Martín Soler por subvenciones por valor de 487.500 euros que concedió en convenios con la Dirección General de Trabajo.

Además, amplía las imputaciones a Guerrero, a Agustín Barberá, viceconsejero de Empleo; a los ex directores generales de IFA/IDEA (empresas públicas que pagaban las ayudas) Francisco Mencía y Miguel Ángel Serrano; y al gerente del IFA en Sevilla Enrique Rodríguez Contreras.

En el auto, la juez cita para el 19 de febrero a los peritos de la Intervención General del Estado y pide que se una a la causa el informe aportado por la defensa del expresidente José Antonio Griñán al Tribunal Supremo, en el que dos catedráticos contrarrestaban el informe de la Intervención y que ella asegura que ha conocido por la prensa.

Con la citación a los peritos de la Intervención, la juez persigue que los técnicos expongan sus tesis con la que sostener las acusaciones contra los ex altos cargos de la Junta, según han indicado fuentes del caso.

Además, Alaya pide que se abra otro procedimiento por un convenio entre la Consejería de Innovación y la Agencia IDEA en el 2009 por importe de 36 millones de euros para proyectos relacionados con vehículos todoterreno, ya que considera que en su aplicación podría haberse incurrido en prevaricación, falsedad y malversación de caudales públicos.

El clan Pujol ya operaba en Suiza en 1994, según Falciani

MADRID.- Los datos de extraídos de la rama suiza del HSBC por el informático Hervé Falciani demuestran que Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, tuvo una cuenta en esta entidad entre el 3 de mayo de 1994 y el 2 de febrero de 1995.

Así lo afirma este martes 'El Confidencial', que ha tenido acceso a la llamada 'lista Falciani' en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Los datos no precisan cuánto dinero hubo en esa cuenta, abierta por Pujol Ferrusola y su esposa, Mercè Gironés, y con la que estuvieron relacionados sus hijos, entonces menores de edad.

El hijo del 'expresident' se identificó ante el HSBC como "economista director de finanzas-sector de explotación del mármol". En aquella época, recoge el diario digital, Pujol Ferrusola y Gironès administraban una sociedad llamada Natural Stone que logró contratos con la administración pública, como el suministro de 100.000 metros cuadrados de mármol para la ampliación del Aeropuerto de El Prat.

Además, los datos precisan que el matrimonio facilitó a HSBC como dirección de correspondencia el número 5-15 de la calle Ganduxer de Barcelona, la misma dirección de sociedades como Active Translation, Project Marketing e Iniciatives Marketing i Inversions S.A.

Estas sociedades están bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que está investigando los ingresos procedentes de constructores y contratistas de las administraciones públicas catalanas en el marco de su causa contra Jordi Pujol Ferrusola para determinar si recibió comisiones ilegales a cambio de intermediar en la consecución de contratos públicos.

Decenas de detenidos por los cursos falsos en Andalucía

MADRID.- La Policía Nacional ha iniciado una operación en Cádiz, Málaga y Almería denominada "Edu Costa" en la que tiene previsto realizar entre setenta y noventa detenciones en relación con la investigación por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación.

Fuentes de la investigación han informado que se trata de la continuación de la operación Edu, que está siendo desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional y que se puede prolongar varios días con arrestos y registros.

La exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez figura entre las personas imputadas dentro de la operación, en la que la Policía Nacional investiga supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación.

Fuentes de la investigación han señalado que Pilar Sánchez, condenada a dos años de prisión por desviar fondos del Plan E para el pago de gastos corrientes municipales y recientemente juzgada por supuestas irregularidades en la adjudicación de una ayuda a una empresa, ha sido imputada por los investigadores de la operación "Edu Costa", aunque no ha sido arrestada.

En la actualidad hay abiertas diligencias por este presunto fraude en juzgados de todas las capitales andaluzas, excepto Jaén, y los imputados están acusados de presuntos delitos de falsedad, malversación de fondos públicos y fraude en subvenciones.

En abril pasado, la Fiscalía Superior de Andalucía repartió entre diferentes juzgados andaluces las diligencias abiertas por el uso de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), en las que se habían detectado irregularidades "numerosas, persistentes y graves".

La Fiscalía afirmó que la gestión de esas ayudas "no cuenta con un procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado", abre la puerta a "posibles y habituales irregularidades" y hay "una ausencia de control y seguimiento" del SAE a pesar de las recomendaciones recibidas en 2004.

En Sevilla también hay diligencias abiertas en el juzgado de instrucción 9, que en junio detuvo y dejó en libertad a 16 personas, entre ellos el extesorero de UGT-A Federico Fresneda y otros dirigentes sindicales por las presuntas facturas falsas del sindicato para justificar subvenciones.

La juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de instrucción nº 6 de Sevilla, también investiga presuntos fraudes en los cursos de formación y ha imputado a dos exconsejeros andaluces, Ángel Ojeda y Antonio Fernández.

En cuanto a Ángel Ojeda, consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, un informe de la UDEF indicó que trece empresas de su entorno habrían recibido 14,6 millones de euros cuando su cuñada Teresa Florido fue la máxima responsable del SAE, entre 2011 y 2012.

Antecedentes

La primera fase de la Operación Edu saltó en abril de 2014 tras hacerse pública una investigación de la UDEF iniciada después de una denuncia de la Seguridad Social.

La investigación se centra en la concesión de subvenciones del Gobierno andaluz, sobre todo en la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de diciembre de 2010.

El caso se conoció durante la precampaña de las pasadas elecciones europeas y en un principio se aseguró que se trataba de un fraude masivo y de decenas de millones.

La Junta de Andalucía, en su réplica, pidió "una rectificación inmediata" al Gobierno al entender que se trataba de una operación política del PP por las elecciones europeas.

Además, la Consejería de Educación explicó que la sección de investigación de la Seguridad Social había pedido información sobre 17 expedientes a raíz del caso de la Fiscalía de Málaga por una cuantía de 1,52 millones de euros de un programa de formación que contaba con un presupuesto global de 5,9 millones de euros.

Detalles

La "Operación Edu" contra el fraude en los cursos de formación y que ha sido activada hoy, comenzó en abril de 2014 con una investigación iniciada por la UDEF tras una denuncia de la Seguridad Social, en la que se han visto implicados decenas de empresarios y políticos que, según los investigadores, habrían defraudado unos 2.000 millones de euros.

La investigación se centra en la concesión de subvenciones del Gobierno andaluz, sobre todo en la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de diciembre de 2010, un caso que se conoció durante la precampaña de las pasadas elecciones europeas, y que afectaría a un gran número de empresarios.

Las empresas investigadas, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), habrían cometido falsedad en la documentación presentada junto a las solicitudes para acceder a las ayudas con el fin de simular la experiencia en formación que se exigía en la convocatoria.

La investigación policial aprecia también casos de facturas falsas con las que empresas justificaban gastos no realizados, falsificaciones en los partes de asistencia de los alumnos y suplantación de personalidad de algunos de los monitores que debían impartir la enseñanza para "inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia".

Igualmente se descubrieron incumplimientos sistemáticos tanto en los contratos como en las obligaciones posteriores de las empresas, ya que la mayoría no presentó la documentación requerida "para la liquidación y justificación".

Pese a que los investigadores de la UDEF cifraron en unos 2.000 millones de euros el posible montante del fraude, el Gobierno andaluz explicó que la Seguridad Social solo había pedido información sobre 17 expedientes a raíz del caso de la Fiscalía de Málaga por una cuantía de 1,52 millones de euros de un programa de formación que contaba con un presupuesto global de 5,9 millones de euros.

En abril de 2014, la Fiscalía Superior de Andalucía repartió entre diferentes juzgados andaluces las diligencias abiertas por el uso de las ayudas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

La Fiscalía consideró que la gestión de las ayudas no contaba "con un procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado", abría la puerta a irregularidades, y había una "ausencia de control y seguimiento" del SAE a pesar de las recomendaciones recibidas en 2004.

En la actualidad hay abiertas diligencias en juzgados de todas las capitales andaluzas, excepto Jaén, y los imputados están acusados de falsedad, malversación de fondos públicos y fraude en subvenciones.

El pasado mes de junio, el juzgado de instrucción 9 de Sevilla ordenó la detención de 16 personas, que luego quedaron en libertad, entre ellos el extesorero de UGT-A Federico Fresneda y otros dirigentes sindicales por las presuntas facturas falsas del sindicato para justificar subvenciones.

La juez Mercedes Alaya, titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, también investiga presuntos fraudes en los cursos de formación y ha imputado a dos exconsejeros andaluces, Ángel Ojeda y Antonio Fernández.

Según un informe de la UDEF sobre Ángel Ojeda, que fue consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, un total de trece empresas de su entorno habrían recibido 14,6 millones de euros cuando su cuñada Teresa Florido fue la máxima responsable del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre 2011 y 2012.

Hoy se ha conocido el inicio de una nueva fase de la Operación Edu en las provincias de Cádiz, Málaga y Almería, denominada "Edu Costa", que puede prolongarse varios días y en la que se han dictado entre 70 y 90 órdenes de detención.

Una mancha de pobreza y exclusión se va extendiendo en España

MADRID.- Aunque el crecimiento del riesgo de pobreza y exclusión en España se ralentizó desde 2010 y en 2013 sólo creció un 0,1 por ciento, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) descarta que tenga que ver con una mejora de la situación: "Se explica como un mero efecto estadístico causado por la reducción de ingresos en amplias capas de la población --baja el umbral de pobreza--, a lo que debe añadirse que el retorno de inmigrantes pobres a sus países de origen", explica el informe El Estado de la Pobreza en España .

También se ha producido otro cambio estadístico en el modo en que el INE recoge los datos. Si en 2013 se aplicase el criterio que regía desde 2004, el indicador Arope (combina la renta con las posibilidades de consumo y el empleo) seria un punto mayor, es decir, un 28,4 por ciento de la población en riesgo de pobreza y exclusión frente al 27,3 que reflejan los datos tras la modificación.

La situación varía en función de los perfiles. Al cierre de 2013 el colectivo más afectado era el de jóvenes entre 16 y 30, con un 33% en riesgo de pobreza y exclusión, seguido de los niños, con un 31,9 por ciento. En total, la tasa de pobreza infantil para menores de 16 años es del 26,7%, seis puntos por encima del conjunto de la población.

Arope analiza tanto la tasa de pobreza relativa, que afecta al 20,4% de la población de España (un 6,06% es severa), como la privación material severa, en la que vive el 6,2% de los ciudadanos, y la baja intensidad del empleo, que tocaba en 2013 al 15,7% de los habitantes del país.

Según ha explicado el presidente de EAPN España, Carlos Susías, estos tres problemas coinciden en el 1,8% de la población, "posiblemente el núcleo donde estén las situaciones más duras de pobreza". Aumenta así la pobreza y esta pobreza tiene más intensidad. "Ha desaparecido una buena parte de la clase media, que ahora es baja", ha comentado Gabriela Malgesini.

Sobre Privación Material Severa, el informe indica un aumento del 38% (del 4,5% al 6,2%) entre 2009 y 2013, es decir, hay casi 3 millones de personas, 800.000 más que antes de la crisis, con dificultades para alimentarse adecuadamente, que tienen que retrasar pagos de su vivienda, que no pueden caldearla en invierno o que no tienen capacidad para afrontar ni un gasto imprevisto.

En paralelo, la población que vive en hogares con baja intensidad de empleo (BITH) es más del doble que en 2009 y alcanza al 15,7% de los ciudadanos hasta 59 años de edad, un total de 5.694.683 personas. Además, según el informe, en 2013 el 11,7% de las personas en situación de pobreza tenían empleo, "lo que viene a demostrar que no cualquier trabajo protege" de la exclusión.

Conforme ha detallado la responsable de Asuntos Europeos e Incidencia Política de la EAPN, Graciela Malgesini, con datos de Eurostat cerca del 12 por ciento de todos los trabajadores de España están en situación de pobreza relativa porque ganan menos de la mitad de la mediana nacional.

Como resultado, se ha incrementado la desigualdad entre 2009 y 2012, que se mide con el índice internacional conocido como Gini, un indicador que se había mantenido "relativamente constante" entre 2005 y 2008 y que desde el año siguiente se ha incrementado 8 décimas hasta 33,7 puntos. Además, la proporción de los ingresos totales percibidos por el 20% de la población que gana más multiplica por 6,3 la percibida por el 20% con menos ganancias.

"Transcurridos ya más de cuatro años desde la formulación de los objetivos europeos especificados en la Estrategia 2020, el seguimiento del indicador AROPE y sus componentes muestra que en España no sólo no se ha avanzado en la reducción de la pobreza y la exclusión social, sino que, por el contrario, ha aumentado enormemente", dice la EAPN, para recordar que se rebasan las metas en 2,7 millones de personas.

La desigualdad afecta asimismo al nivel territorial, sobre todo en la contraposición norte-sur: Navarra, País Vasco y Aragón tienen tasas de riesgo de pobreza y exclusión inferiores al 20% mientras Canarias Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, oscilan entre el 35% y el 39%. El informe destaca el caso de Ceuta, donde casi la mitad de su población (47%) vive en esta situación.

Respecto a la privación material severa, se señala la gran variabilidad de la tasa de Privación Material Severa en los distintos territorios, que oscila entre el 0,6% de Navarra y el 15,3% en Ceuta. Aquí, no obstante, ha caído un 0,6% el volumen de personas en baja intensidad de empleo.

"La pobreza es resultado de un bajo nivel de empleo y un bajo nivel de políticas sociales, tanto rentas mínimas como elemento fundamental pero también los complementos por hijo a cargo. Las comunidades autónomas que han hecho inversiones fuertes en políticas sociales como País Vasco y Navarra tienen menos tasas", ha sentenciado Malgesini.

Susías ha añadido además "todos los indicadores" hasta 2012 indican que la ha golpeado con mayor dureza a la clase media. "Estamos hablando de pobreza en uno de los países más ricos del mundo y lo que distingue a estos países es la fortaleza de su clase media, por eso es importante que se siga manteniendo. Pedimos políticas para las clases medias, como la ayuda universal por hijo", ha destacado.

Las dos varas de medir de la vice Soraya / Joaquín Abad *

Me resulta pelín chirriante que nuestra vice, nada menos que la futura candidata a presidir el Gobierno del PP, Soraya Sáez de Santamaría, durante la rueda de prensa tras el consejo de ministros, señale como conducta impropia a Monedero por haber facturado a una mercantil unipersonal el trabajo que realizó a Venezuela. Con el malévolo argumento de que si todos hicieran como el político de Podemos no se podría pagar sanidad ni enseñanza en España. Vamos que es un mal ejemplo. Muy malo...

Me parece que la vice no sabe en qué jardín se está metiendo. Porque son precisamente miles de funcionarios y políticos de su partido quienes utilizan la empresa unipersonal para pagar menos impuestos a Hacienda. Muchos parlamentarios del PP, muchos, que tienen actividad privada, que dan clases, que tienen despachos, cotizan al veintitantos por ciento. Vamos que sus colaboraciones, sus asesoramientos, sus trabajos no pagan IRPF. Por supuesto. Así que si levantamos la manta, a lo mejor hay sorpresas. 

Yo, por poner un ejemplo, conocía hasta un registrador que cobraba en efectivo, todos los meses, al suplente que le sustituyó mientras él ejerció de político. Precisamente del PP. Conozco magistrados que asesoran. Conozco a catedráticos que utilizan la unipersonal para sus ingresos.

Mal lo van a tener los populares como otros lleguen al poder y tiren del hilo. Si, del hilo por donde declaran sus ingresos, por ejemplo, el matrimonio Aznar-Botella, ya saben, el presidente José María Aznar y la actual alcaldesa de Madrid, Ana Botella, Fazmatella, S.L. que ha facturado varios millones de euros principalmente por gestiones de Aznar. Porque Soraya debe decirles a los Aznar que gracias a ellos, no se puede pagar sanidad ni educación. Que están dado muy mal ejemplo. O a Felipe González, ese multi millonario que fue presidente del gobierno por el pesoe, que cobra por un montón de gestiones millones y millones de euros y a lo mejor no los declara como IRPF, sino por Tagua Capital, S.L. ¿Verdad? Y si Soraya escarba en sus compañeros del Consejo de Ministros, pues alguno todavía está colorado con su acusación del viernes pasado.

Pues ya saben. Cuando lleguen al poder los de Podemos, que a lo mejor llegan, se acabaron las declaraciones unipersonales. Todos, todos, a realizar la complementaria y pagar el correspondiente IRPF. Y como los del PP deberán dar ejemplo, veremos como miles de políticos y funcionarios colocados por el partido de la calle Génova hacen cola en Hacienda para regular su atípica situación y que se pueda pagar sanidad y educación. Por supuesto. Quien siembra vientos...

(*) Periodista y editor de www.muyconfidencial.com

¡Desperta, testaferro! / Ramón Cotarelo *

La Lista Falciani tiene pinta de ser el sumidero por el que se van a ir los últimos restos de la autoestima colectiva. Y la indignación subirá varios enteros. Es lástima que no cotice en bolsa. Pero es visible, palpable. Por eso quienes poseen esta preciada información -hasta ahora bajo secreto en poder del ministro de Hacienda- están dosificándola para aumentar la tensión y el suspense. Dejan caer un par de sonoros nombres y cuelgan el cartel de continuará, como en las antiguas tiras de los periódicos.

El difunto señor Botín, al parecer, tenía unos 2.000 millones de euros a buen recaudo. Habiéndonos acostumbrado a apalear miles de millones ajenos o propios, pero enajenados por arte de birlibirloque, nadie observa que se trata de una fortuna. O al infeliz de Palinuro se lo parece. Sobre todo comparándola con sueldos de 500, 600, 1000 euros mensuales brutos. Un mileurista necesitaría trabajar 166.666 años para reunirla. Eso es igualdad. No hace falta recordar la relación entre el tiempo y el dinero. El tiempo es oro. Unos no tienen nada. Tienen que comprar su vida a base de venderla porque venden su tiempo. Los otros, los que lo compran, tampoco tienen más tiempo que el común de los mortales, como acaba de demostrar fehacientemente el señor Botín. Pero ese es otro asunto.

El mismo Botín que, hace poco, besaba caballeroso la mano de la presidenta de Andalucía,  manejaba esas ingentes sumas a través de testaferros, o sea, gente que gestiona dinero ajeno en circunstancias irregulares. Siempre me he preguntado cómo evitarán los ricos las traiciones de los testaferros. Pero lo hacen. Obviamente, si algún testaferro defrauda a su mandante, a nadie le interesa divulgar la noticia. Aun así los testaferros son sumisos, están atados por cadenas de oro. No se les puede gritar ¡desperta testaferro!, como los almogávares gritaban ¡desperta ferro! cuando se sentían traicionados y eran capaces de cualquier cosa.

Capaces de cualquier cosa no parecen los testaferros pero sí quienes están encargados de velar por la ley y su recto cumplimiento. Cada vez que se manifiesta el ministro de Hacienda da la impresión de amenazar a unos, avisar a otros y repartir dones y favores entre otros. Eso es posible porque, a diferencia de otros lugares civilizados, los datos fiscales de los ciudadanos en España son secretos. Se pretextó el terrorismo para hacerlo así. El terrorismo pasó, pero los datos siguen siendo secretos. Y posibilitan que el ministro salga haciendo algo parecido a un uso indebido de información privilegiada.

Dos declaraciones suyas muestran que España es un país peculiar. De un lado sostiene el ministro que la lista Falciani es un asunto antiguo y, de otro, que es solamente el "aperitivo" de lo que hay en Hacienda. Es antiguo, ciertamente, pero el propio Montoro lo es en un ministerio en el que lleva más de tres años con la lista sobre la mesa. Lo del aperitivo, aparte de una metáfora de cafetería, suena a baladronada. También de cafetería.

Lo que tiene que hacer el ministro es publicar la lista de defraudadores. Y dejarse de amenazar a la gente de una forma innecesaria y estúpida. Si he leído bien, insta a Podemos a que presente declaraciones de todos sus dirigentes. Es absurdo. Eso tiene que hacerlo Podemos, No podemos y todo el mundo. Incluido el señor Montoro. Todos. Luego, corresponde al señor Montoro investigar si se ha hecho y cómo se ha hecho. Pero carece de sentido advertirlo antes. Es como si la autoridad competente nos comunicara que tenemos que cumplir la ley. No hace falta. La ley ha de cumplirse incluso aunque se desconozca. ¿A santo de qué prevenir de la necesidad del cumplimiento? Pues para intimidar.

En esto de la caja común, las fortunas volanderas, los fraudes domésticos, los latrocinios desmesurados de mangantes que apandaban aquí e iban a depositar sus ahorros en nido suizo, toma fuerza el discurso de Podemos de la Patria que todo el mundo detecta como nuevo y difícil de refutar por vergüenza torera. La Patria no es la bandera, ni el himno, ni la monarquía, la religión, la lengua o el territorio. La patria son los cuartos y en dónde se tengan.

La cuestión es que existe libertad de circulación de capitales y el patriotismo de sus propietarios los lleva a apacentarlos en predios más ricos que aquel del que surgieron. Querer restringir esa libertad apelando al patriotismo puede ser una forma de acicatearla. Y, en definitiva, el dinero que se va, legal o ilegalmente, es dinero que no se invierte aquí. 

(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED