España, puesto 30 en corrupción de una lista de 183 países

MADRID.- España obtiene una nota de 6,3 en el índice de percepción de la corrupción que le sitúa en el puesto 30 de una lista de 183 países, según el trabajo de Transparency International. El estudio refleja que el mapa mundial de la corrupción es "muy negro" y son necesarias medidas urgentes internacionales para atajar este problema, que según han advertido los miembros de la organización, está muy ligado al desarrollo económico.

   El informe presentado este jueves analiza a través de diferentes parámetros y mediante encuestas públicas el índice de percepción de la corrupción en cada país y revela que más de dos tercios de los analizados obtuvieron una puntuación inferior a cinco, lo que demuestra que "el mundo sigue igual de mal" que en anteriores estudios.

   Nueva Zelanda obtuvo la primera posición, seguida por Finlandia y Dinamarca. En el último lugar se ubican Somalia y Corea del Norte, que participa por primera vez en el índice. Además, el estudio sitúa a la mayoría de los países parte de la denominada primavera árabe en la mitad inferior de la tabla, con una puntuación por debajo de cuatro.

   Por su parte, España se sitúa en el puesto 30 con una nota de 6,3 puntos, similar a la de anteriores estudios y que la colocan en un lugar "mediocre", según el catedrático de la Universidad Autónoma Jesús Lizcano. A su juicio, el país debe poner en marcha urgentemente cauces para mejorar esta situación.

   Para Antonio Garrigues (en la imagen), patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, Mariano Rajoy tiene ahora la oportunidad de reformar la situación gracias a la legitimidad que le ha dado su victoria en las urnas, que le sitúan en clara diferencia con los presidentes "impuestos" de Italia o Grecia.

   Garrigues ha insistido de esta forma en animar a Rajoy a combatir la corrupción porque "es posible" y sólo es necesaria voluntad política y social. Para los encargados del informe, el primer paso debe ser la redacción de la ley de transparencia que garantice el acceso de los ciudadanos a la información pública.

   "La transparencia per se no elimina la corrupción, pero cuanta más transparencia, la lucha contra la corrupción es más fácil", ha sostenido a la vez que ha asegurado que, además, la corrupción está estrechamente ligada con la situación económica.

   Este mensaje lo ha apoyado el director general de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, Jesús Sánchez Lambás, que ha avisado de que "una parte importante" de la crisis de la deuda tiene su causa en la corrupción.

   En este contexto, los autores del informe han asegurado que, durante los años que lleva elaborándose, no se han apreciado diferencias motivadas por el color político del Gobierno y han recordado que tanto socialistas como 'populares' manifestaron su deseo en la pasada legislatura de redactar una ley de transparencia.

La ONU cifra en 4.000 los muertos por la represión en Siria

GINEBRA.- La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha asegurado que más de 4.000 personas han muerto desde el pasado mes de marzo en Siria por la represión de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones que exigen la renuncia del presidente, Bashar al Assad, al tiempo que ha definido la situación que vive el país como una "guerra civil". 

   "Estamos situando el balance en 4.000 (muertos) pero realmente tenemos información fiable de que son muchos más", ha asegurado Pillay, en una rueda de prensa en la sede de Naciones Unidas en Ginebra.

   "Ya dije que tan pronto como aumentara el número de desertores que amenazan con tomar las armas habría una guerra civil. Lo dije en agosto ante el Consejo de Seguridad (de Naciones Unidas). En este momento, así es como definiría yo" la situación de Siria, ha explicado.

   El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tiene previsto mantener mañana, viernes, una reunión de emergencia sobre Siria para conocer el informe elaborado por una comisión independiente de la ONU que denuncia que las fuerzas de seguridad sirias han cometido crímenes contra la Humanidad, incluidas ejecuciones, torturas y violaciones.

   "Pretendo añadir mi opinión a las conclusiones de la comisión de investigación sobre las pruebas que apuntan a la comisión de crímenes contra la Humanidad", ha indicado Pillay, una antigua jueza en materia de crímenes de guerra que mañana intervendrá en la sesión del Consejo de Derechos Humanos.

   Pillay ha recordado que ya solicitó el pasado mes de agosto al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que remitiera la represión en Siria al fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) para que determine si se han cometido crímenes contra la Humanidad.

   "Bajo mi propia perspectiva, basada en nuestra supervisión de la situación, hay una necesidad de perseguir a los autores (de estos crímenes) al más alto nivel por crímenes contra la Humanidad", ha dicho.

   La Liga Árabe ha sancionado al régimen sirio prohibiendo a varios de sus altos cargos entrar en los países que la integran y la Unión Europea ha puesto en marcha una serie de sanciones económicas para intentar disuadir al presidente, Bashar al Assad, de emplear la violencia contra los manifestantes.

   "Quiero respaldar lo que me dijo uno de los embajadores árabes que están impulsando la sesión (del Consejo de Derechos Humanos) de mañana, que es que, desde luego, se sienten sin esperanzas y cree que las sanciones tendrán consecuencias porque la riqueza está concentrada en torno a la familia (Al Assad)", ha explicado Pillay.

   "Ellos sienten que hay que mantener la presión, por lo que la sesión del Consejo es importante y mis declaraciones son importantes para el Consejo de Seguridad y para enviar el mensaje a aquellos que apoyan que adopte medidas drásticas", ha concluido.

   Rusia y China, que mantienen concesiones petrolíferas en Siria, se han sumado en su veto a una resolución de condena a la represión del régimen de Al Assad. Estas dos potencias, junto a Cuba, están intentando tumbar una resolución presentada por países europeos en el Consejo de Derechos Humanos para condenar rotundamente la actitud del régimen y remitir al Consejo de Seguridad el informe de la ONU que denuncia los crímenes contra la Humanidad cometidos por las fuerzas de Al Assad.

Hacienda corrobora en un informe el ánimo de lucro de Nóos, presidida por Urdangarín

PALMA.- La Agencia Tributaria ha entregado al juez José Castro, instructor del caso Palma Arena y del presunto desvío de fondos cometido a través del Instituto Nóos, un informe de más de 140 páginas que detalla los movimientos económicos, gastos e ingresos que efectuó la entidad presidida entre 2004 y 2006 por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, con otras sociedades mercantiles vinculadas a él y a su entorno y que corresponderían más a fines lucrativos que a actuaciones propias de una entidad sin ánimo de lucro, según han informado fuentes de la investigación.

   El extenso informe detalla de esta forma las numerosas operaciones que llevó a cabo la entidad, la mayoría de las cuales no corresponderían al objeto social de Nóos, cuyos estatutos establecen en concreto que se trata de una entidad sin ánimo de lucro cuya misión concreta es realizar "investigaciones sobre el papel de la inteligencia de mercado en la competitividad de las empresas" así como servir de punto de encuentro a los profesionales de la disciplina, además de promover la difusión de sus investigaciones a través de cursos conferencias, seminarios y publicaciones.

   Los datos aportados por Hacienda revelan así las numerosas entradas y salidas que se dio al dinero de Nóos, a pesar de tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, sus operaciones fiscales así como los diversos cobros que percibió por parte de entidades públicas como privadas. También queda reflejada su relación con mercantiles como Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L., Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, algunas de las cuales han contado con la participación directa de Urdangarín.

   El informe alude a lo largo de sus páginas, entre números y números, al entramado societario urdido, según los investigadores, tanto por el marido de la Infanta Cristina como por quien fuese su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, cuando ambos estaban al frente de esta entidad, haciendo uso para ello de unas sociedades vinculadas a Nóos que tenían, como mínimo desde el año 2006, el mismo domicilio real social, tal y como sostienen los investigadores.

   Las pesquisas de la Operación Babel apuntan a que todo ello iba dirigido a apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual se fijaban precios "totalmente desproporcionados" por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos "ficticios".

   De hecho, el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, así lo hizo constar en el auto que dictó para ordenar la entrada y registro de varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros que el Gobierno balear presidido por Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte.

   La resolución judicial asevera, sin embargo, que el precio de ambas jornadas (1,2 millones la primera y 1,1 la segunda) es "totalmente desproporcionado para lo que supone el encargo" y fue fijado "exclusivamente en base a un presupuesto ficticio en tanto que realizado sin analizar coste alguno", hechos que están siendo investigados en la pieza número 25 de las 26 que integran el caso Palma Arena.

   Según la resolución, que recoge la petición del Ministerio Fiscal para acordar la entrada y registro, la acusación pública señala que fue a partir de 2003 cuando el Duque de Palma entró en vinculación con Nóos y un año después comenzó a presidir la entidad mientras Torres ostentaba el cargo de gerente.

   La Fiscalía apunta, sin embargo, que "la única finalidad perseguida" por Urdangarín y Torres con la toma del control de Nóos era "contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales".

   Todo ello a fin de aparentar la "no persecución de fines lucrativos, rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación y evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos de organismos públicos". Los investigadores sostienen, sin embargo, que una mínima parte de las operaciones de Nóos concordarían con los fines que prodigaba la entidad.

El movimiento 15M critica que la Ley del 'escaño 110' aprobada por el Parlamento andaluz "ignora" todas sus sugerencias

SEVILLA.- La denominada Comisión Legal Andalucía del 15M critica que la recién aprobada Ley del 'escaño 110', que reserva un escaño con voz en el Parlamento andaluz para el portavoz de los promotores de una iniciativa legislatura popular (ILP), ha "ignorado absolutamente" el decálogo de sugerencias que propuso durante su comparecencia en comisión para valorar el texto.

   Representantes del movimiento 15M señalan como principal motivo de queja que, aunque se pretenda "dar una imagen de regeneración democrática", la nueva norma "sigue manteniendo que los andaluces no puedan proponer iniciativas legislativas populares sobre materias básicas" como planificación económica, empleo, relaciones laborales y seguridad social y organización de las instituciones de autogobierno, con lo que "no recoge uno de los puntos primordiales" de la reforma impulsada por el 15M.

   Junto a ello, critican que el Gobierno andaluz siga "negando la voz a la ciudadanía y excluyendo a movimientos sociales como el 15M" al no permitir que la ILP registrada a finales de mayo por un grupo de delegados de la asamblea de Málaga y actualmente en trámite en el Parlamento "no cuente con las condiciones y posibilidades" que establece la nueva ley, que reduce a 40.000 las firmas necesarias para propiciar su debate en la Cámara.

   "Nuestra ILP en trámite sobre participación ciudadana no cuenta con esas mismas condiciones y posibilidades y tendrán que recoger casi el doble de firmas, 75.000, y no contará con ningún portavoz para defenderla", lamentan desde la Comisión Legal Andalucía del 15-M, que critican que, "aunque quieran dar una imagen de regeneración democrática, siguen negando la voz a la ciudadanía".

   Portavoces de la Comisión Legal Andalucía del 15M tienen previsto comparecer este viernes ante los medios de comunicación a las puertas del Parlamento andaluz para exponer su posición acerca de la Ley del 'escaño 110', aprobada la semana pasada por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en la Cámara autonómica.

Las universidades de Túnez van a huelga en protesta por la influencia islamista

TÚNEZ.- Las universidades de Túnez han ido este jueves a la huelga para protestar contra las crecientes movilizaciones de islamistas, después de que radicales religiosos ocupasen un campus para reivindicar la separación entre estudiantes hombres y mujeres.

   Las primeras elecciones tras la caída el pasado 14 de enero de Zine al Abidine Ben Alí dieron como resultado la victoria del partido islamista Ennahda, que ha acordado con dos partidos la formación de un Gobierno de coalición. Aunque Ennahda se ha desmarcado de la línea dura del Islam, algunos movimientos laicos le acusan de crear una atmósfera tendente al fundamentalismo.

   Unas 3.000 personas se han movilizado este jueves para protestar contra la influencia islamista, plasmada en la ocupación que se prolongaba por cuarto día en un campus universitario de Manouba, cerca de la capital.

   Ennahda ha condenado esta sentada de islamistas. El Ministerio del Interior ha dicho que sólo intervendrá para dispersar la ocupación si las autoridades universitarias así se lo solicitan.

   Los manifestantes laicos, reunidos en las inmediaciones del Parlamento, han mostrado pancartas en las que se podía leer "Todos los desastres proceden de Ennahda", la "Universidad es libre" o "Niqab fuera", en referencia al velo islámico que cubre el rostro de la mujer.

   "Estoy aquí porque temo por el futuro de mis hijos e hijas", ha dicho el profesor universitario Suhail Chamli, presente en la marcha. "Si aceptamos la imposición del velo y la separación de hombres y mujeres vamos a convertirnos en una sociedad extremista y perderemos todo", ha advertido.

   Por su parte, uno de los participantes en la sentada en la universidad, Anwar al Aoun, ha dicho que no se moverán hasta que sean tratados con "dignidad" y, por ejemplo, dispongan de una mezquita y se garantice el "derecho a estudiar" de "todos". Al Aoun, que lleva una barba típica de los salafistas, ha recordado que Túnez es un "país musulmán".

"No estamos en Europa", ha subrayado.

Un juzgado investigará a mandos policiales por el desalojo de indignados en la plaza Catalunya

BARCELONA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Barcelona ha decidido investigar el intento de desalojo y carga policial del 27 de mayo en la plaza de Catalunya de Barcelona de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana contra la acampada de 'indignados', que derivó en una batalla campal entre los acampados y los antidisturbios con más de cien heridos.

    El juez ha admitido a trámite la querella que presentaron desde la comisión penal de la acampada 'indignada', que permaneció en este enclave durante más de un mes, un total de 56 personas contra el director de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, y la entonces concejal de Seguridad, Assumpta Escarp.

    La investigación también incluye al intendente de la región metropolitana, Antoni Antolín; al responsable de la Brigada Móvil, David Bordas, además de otros agentes que puedan finalmente resultar responsables penalmente de los hechos investigados.

    La querella incluía al consejero de Interior, Felip Puig, pero no será investigado por su condición de aforado, ya que en todo caso debería hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

   Según consta en el auto, el juez ve que los hechos que se denuncian son merecedores de ser investigados para valorar si ha habido una "presunta vulneración del derecho fundamental a la libertad de reunión".

   Según recoge la interlocutoria, los querellantes aseguran que la policía entró esa madrugada en la plaza Catalunya con el ánimo de desalojarla sin notificarlo previamente "para realizar trabajos de limpieza y retirada de objetos peligrosos".

   Muchos de los acampados no obedecieron las órdenes y se quedaron en el lugar por la "actitud intimidatoria de los policías" y para proteger sus objetos personales.

   Allí, los agentes retuvieron a los 'indignados' que se quedaron, y que recibieron, según el auto, "un trato intimidatorio, amenazador y vejatorio con amenazas de cargas policiales y prohibiéndoles ir al lavabo y comer".

   Al mismo tiempo, los operarios de limpieza se dedicaban a retirar los objetos del campamento "sin ningún tipo de cuidado", amontonando en camiones pantallas, ordenadores agendas personales y memorias externas con datos personales, entre otros, que acabaron en el Sot del Migdia a la intemperie con daños irreversibles.

   Además, según consta en la querella, los mossos no iban identificados "según parece siguiendo órdenes de sus superiores y en especial del consejero de Interior", y ejercieron más violencia cuando los indignados impidieron la salida de los camiones de la limpieza.

   "La reacción de los agentes fue violenta golpeando a las personas que estaban en actitud pacífica", recoge el auto.

   En el auto, el juez explica que según la querella "algunas lesiones tuvieron su origen en las balas de goma lanzadas por los agentes".

   El magistrado ya que tomado declaración a 48 de los querellantes para completar los requisitos formales, a la espera de que lo hagan otros ocho que no lo han podido realizar por el momento, y además ha examinado las fotografías aportadas por los querellantes.

Urdangarin usaba presuntamente a la Casa Real española como gancho para sus negocios

MADRID.- Iñaki Urdangarin empleó presuntamente el nombre de su mujer, la Infanta Cristina, e incluso el de la Casa Real como gancho y dar pelotazos multimillonarios por toda España. En las propuestas de negocio que presentaba a instituciones y empresas, el yerno de Don Juan Carlos hacía constar en grandes caracteres que en la junta directiva del Instituto "sin ánimo de lucro" Nóos figuraban la Doña Cristina y el secretario privado de las Infantas, Carlos García Revenga, según publica 'El Mundo'.

El objetivo era obvio: hacer resaltar, aunque fuera falsamente, que tanto la segunda hija de los Reyes como La Zarzuela estaban detrás del proyecto. En el caso de Carlos García Revenga se le presentaba directamente como "asesor de la Casa del Rey", aunque en Nóos ejercía de tesorero y era el encargado de controlar los multimillonarios fondos ingresados por administraciones públicas, compañías privadas y entidades de todo tipo.

Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres se presentaban ante todos sus objetivos con un aparentemente inocente folleto del Instituto "sin ánimo de lucro" Nóos de apenas una quincena de folios. Tras la carátula, que sistemáticamente llevaba por título "Propuesta de colaboración profesional", venía una somera explicación de la razón de ser del Instituto Nóos.

En el epicentro del folleto aparece a toda plana un solo concepto: "La composición de la Junta Directiva [del Instituto Nóos]". Inmediatamente después se explica quiénes son los miembros. "El Instituto", apunta para empezar, "está presidido por Don Iñaki Urdangarin". Acto seguido, desgrana el resto: "En la Junta Directiva también se integra [sic] Su Alteza Real la Infanta Doña Cristina, Don Diego Torres, profesor de ESADE, y Don Miguel Tejeiro, profesor del IESE".

Así se comportaron Urdangarín y Torres en todos los ayuntamientos, comunidades, empresas y clubes a cuyas puertas llamaron. Incluida Alcalá de Henares, ciudad en la que cobraron varios contratos por valor de 33.000 euros en 2003 y 2004. Daba igual quiénes fueran las víctimas, porque siempre echaban mano de este folleto a la hora de poner encima de la mesa una propuesta de negocio.

Exigen a la delegada del Gobierno central en Madrid que "desaloje de inmediato los inmuebles okupados ilegalmente"

MADRID.- El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, ha exigido a la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, que desaloje "de inmediato los inmuebles okupados ilegalmente y que no haga dejación de funciones", según ha informado el Gobierno regional.

   Manglano ha señalado que la Consejería que dirige ha comenzado los trámites de oficio para conseguir el desalojo del inmueble de la calle del Escorial, 16, propiedad de la Comunidad y ha denunciado este hecho ante la Delegación del Gobierno.

   El consejero ha pedido a la delegada que "no haga dejación de sus funciones y ponga orden en esta situación de anarquía" en la que, a su juicio, "se está convirtiendo la región, con continuas agresiones a la propiedad privada".

   "Lo que está en juego no es sólo la propiedad y la integridad de unos edificios públicos, lo que está en juego es el respeto del Estado de Derecho, es decir, de las reglas básicas que rigen nuestra convivencia; la estrategia de los hechos consumados se está imponiendo sin freno", ha indicado Manglano.

   El consejero ha manifestado que "estas ocupaciones ilegales están generando situaciones de inseguridad que están perjudicando de nuevo a numerosos comerciantes y vecinos". Por ello ha pedido a Carrión que "actúe de inmediato y desaloje los inmuebles ocupados, para evitar que cada mañana se tenga conocimiento de una ocupación ilegal de una propiedad, ya sea pública o privada".

   Manglano ha denunciado que en Madrid "se está poniendo en marcha una ofensiva planificada de asedio a la propiedad privada".

"El germen del totalitarismo está brotando, y lo está haciendo porque los poderes públicos que deberían haberlo atajado hace tiempo -la Delegación del Gobierno- se han rendido sin condiciones, sin vergüenza y sin dignidad", ha añadido.

   "Una okupación es un acto de violencia, de expolio, de intimidación", ha dicho y se ha preguntado "¿quién protege a los madrileños de los violentos, de los expoliadores, de los intimidadores, quién le dice a los madrileños que su propiedad no será la siguiente?".

   Manglano ha apuntado que "son ya varios los edificios propiedad de la Comunidad de Madrid que han resultado ocupados de forma ilegal, entre otros el Teatro Albéniz, el Centro de Salud de Galapagar y el edificio de la calle del Escorial de Madrid sin que hasta el momento se haya llevado a cabo ninguna actuación por parte de la Delegación del Gobierno para restablecer la normalidad".

'Okupan' un edificio público y oficial en Madrid

MADRID.- Varias personas han 'okupado' desde ayer un edificio de la Comunidad de Madrid a la altura del número 16 en la calle El Escorial para convertirlo en un "centro social", al que han denominado 'C.S.O. 16.0', según ha anunciado el colectivo de 'okupas' en un comunicado emitido desde su plataforma en la web. 

   El inmueble pertenece a la antigua Consejería de Hacienda, integrada ahora en Economía, han informado fuentes oficiales.

   El autodenominado 'Colectivo Dieciséis Punto Cero' ha anunciado que pretenden "trabajar activamente en la rehabilitación de este inmueble abandonado" para posteriormente "dedicarlo a un uso social" y ofrecer "un lugar autogestionado, abierto, común y de encuentro entre las personas".

   En este sentido, han apostado por "desarrollar actividades de carácter social, cultural e integradoras para los vecinos de Malasaña y ciudadanos de Madrid" y "ofrecer servicios que cubran necesidades sociales".

"Todo ello buscando la implicación activa y autónoma a las personas interesadas, para reforzar el tejido social del barrio de Malasaña", han añadido.

   Asimismo, han reivindicado "activa y políticamente la liberación y utilización de espacios abandonados y secuestrados", para apuntar que este fenómeno es "producto de las políticas especulativas permitidas abiertamente por todos los gobiernos hasta la fecha y ejecutadas por los intereses económicos que los sustentan".

   Ante esto, han defendido que ofrecerán este espacio, como "parte de la red de centros sociales 'okupados' de Madrid", para "contribuir a la construcción de una alternativa política, económica y social, contraria al sistema capitalista, que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos".

   Por lo tanto, han concluido que "la reciente y creciente aparición espontánea de lugares autogestionados es una respuesta legítima y activa por parte de los ciudadanos y de gran utilidad comunitaria como herramienta para transmitir y reforzar valores en desuso como la solidaridad, la convivencia, la participación activa en sociedad y el encuentro entre las personas".

   El anuncio de la 'okupación' de este edificio se produce después de que se hayan producido actuaciones similares en edificios de la Corredera de San Pablo o Concepción Jerónima, todos ellos en el distrito de Centro, al igual que el Hotel Madrid.

La banca española ha asumido costes de hasta 9.000 millones por ejecuciones hipotecarias

MADRID.- La banca española ha soportado costes de 6.000 millones de euros desde 2007 por el mantenimiento y comercialización de los inmuebles embargados a consecuencia de la crisis económica, una cifra que se elevaría hasta 9.000 millones de euros de tener en cuenta la gestión del patrimonio adquirido por vía judicial, según un informe de Alteba.

   En concreto, el informe apunta a los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que indican que desde 2007 hasta la primera mitad de 2011 se produjeron 350.000 ejecuciones hipotecarias de viviendas, frente a las 10.000 registradas en 2006, una cifra que ha hecho que los bancos se hayan visto "desbordados" y que ha llevado a 125.000 familias a perder su casa.

   Asimismo, identifica los gastos, entre los que destacan el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que supone entre el 6,5% y el 8% del valor de la adjudicación, junto con los costes judiciales, el mantenimiento de los inmuebles, su comercialización e incluso las empresas de recobro que contratan las entidades para recuperar la mora.

   "La banca está haciendo un esfuerzo enorme, para ella no es deseable soportar estos gastos. Prueba de su empeño es que, pese al incremento de la morosidad, el número de procedimientos ejecutivos ha disminuido frente a otros años", ha destacado el presidente de Alteba, Rafael Martín.

   Por todo ello, la compañía de gestión inmobiliaria ha desarrollado el proyecto "Viviremos", un plan basado en la mediación social como forma de entendimiento entre deudor y acreedor costeado por la banca que intentará buscar la solución "menos dramática" al problema.

   Así, equipos multidisciplinares integrados tanto por abogados como por psicólogos y asistentes sociales se encargarán de clasificar a los deudores y conocer su problemática particular.

   "Las relaciones entidad deudor son muy complicadas pero nuestra experiencia nos dice que los deudores asesorados normalmente llegan a un acuerdo con la banca", ha remarcado Martín.

   Además, el presidente de la compañía ha valorado que esta mediación social evitaría muchos de los procesos judiciales, y ha descartado la mediación arbitral al considerar que en muchas de las ocasiones "es demasiado tarde", ya que el daño social ya está hecho.

   Por otra parte, Martín ha insistido en que aunque el desembolso inicial del proyecto podría suponer a las entidades financieras entre el 5% y el 10% de lo que los costes actuales, podría permitirles ahorrar más del 30%.

   Asimismo, ha apelado a que el problema de los embargos de vivienda para las entidades financieras ha trascendido más allá de los costes suponiendo para la banca una erosión de su responsabilidad social corporativa, ya que la percepción social ha empeorado.

   Por ello, el dirigente de Alteba ha destacado la intención de poner en marcha un sello de responsabilidad social corporativa para la vivienda, de modo que el comprador pueda conocer si se han tenido en cuenta las circunstancias de los deudores, con el fin de marcar una distinción.

   Por último, ha asegurado que la compañía ya ha presentado el piloto a una veintena de entidades financieras y que la acogida ha sido "muy buena", a la vez que ha puntualizado que "alguna" entidad ya ha firmado y que hay varias interesadas en ponerlo en marcha.