Discrepo, lo peor está por llegar / Juan Laborda *

La profunda crisis sistémica que atraviesa, en líneas generales, la inmensa mayoría de los países occidentales ha servido de excusa para que las mismas élites político-financieras que la generaron sometan a la ciudadanía al mayor empobrecimiento de los últimos setenta años. La evidencia empírica reciente, que detallaremos, es demoledora. Ello supone una salida en falso de la crisis, de manera que no solo no habrá una recuperación económica sostenible sino que la dinámica de la actual recesión se agudizará en los siguientes trimestres y el colapso a nivel económico, financiero y social de Occidente será total.

Por eso, palabras como las del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, además de hilarantes provocan, siendo muy comedidos, repulsión. Como también son más que discutibles las previsiones de todas aquellas instituciones que de manera adaptativa van actualizando sus expectativas sin que al final olieran, por ejemplo, la doble recesión en la que entró nuestro país en la segunda mitad de 2011. Como tampoco se enteran de la que se está montando.

La concentración de renta anticipa una Gran Depresión

En su momento presentamos el estudio realizado por el profesor de finanzas la Universidad de Chicago Amir Sufi para Estados Unidos sobre la distribución del dolor económico de la crisis actual según niveles de renta. Las cifras hasta 2010 no dejaban lugar a dudas. Para los hogares más pobres y para las clases medias, la crisis económica borró 20 años de acumulación de patrimonio neto. En cambio, el descenso para los más ricos fue apenas marginal.

Los resultados de otro estudio, con datos actualizados hasta 2012, realizado por los profesores Emmanuel Saez y Thomas Piketty de la Universidad de Berkeley y de la Paris School of Economics, respectivamente, aún son más demoledores. Todo se resume en el impactante gráfico adjunto. El 10% de las personas de mayor renta se llevó más de la mitad de los ingresos totales del país en 2012, el nivel más alto registrado desde que el Gobierno estadounidense comenzó a recopilar los datos pertinentes hace un siglo. El 1% más rico se llevó la quinta parte de los ingresos obtenidos por los estadounidenses, uno de los más altos niveles en el registro desde 1913, cuando el Gobierno instituyó un impuesto sobre la renta.

Las cifras ponen de manifiesto que Estados Unidos, Occidente en general, y muy especialmente nuestra querida España, se encuentran inmersos en lo que de manera sarcástica los escritores Mark Twain y Charles Dudley denominaron “The Gilded Age”, una aparente nueva Edad de Oro que en realidad ocultaba profundos problemas sociales que al final acabarían estallando. En el momento actual la concentración de rentas es exactamente igual a los años que precedieron a la Gran Depresión.

No es extraño, por lo tanto, que algunos de los más ricos se sientan exultantes. El colapso causado por el fraude bancario generalizado apenas les ha afectado, en tanto que ha acabado con la mayor parte de lo acumulado durante los años de crecimiento por las clases medias y bajas.

Esta situación ha sido en gran medida el resultado de las decisiones políticas y fiscales que han sido realizadas por los gobiernos occidentales en los últimos veinte años, en los que se fomentó una economía financieramente depredadora. Las burbujas financieras son a menudo mecanismos de transferencia de riqueza, y en nuestro país, además, responsables de un empobrecimiento generalizado, cuando finalmente acaban estallando.

Desigualdad, rescates bancarios y política monetaria

A diferencia de la mayoría de los ciudadanos, la élite bancaria y financiera tiene la mayor parte de su riqueza financiera en activos de deuda y derivados de todo tipo, que se evaporarían si se dejasen caer a los bancos. Si se reestructurara el sistema bancario y se redujera su tamaño acorde con la economía real, serían los más ricos y poderosos los grandes perdedores. Obviamente ni lo han tolerado ni lo tolerarán. En su lugar, diseñaron una estructura de ahorro para la economía en la que su riqueza se mantiene, así como las instituciones que la controlan, y lo han hecho a nuestra costa.

Para ello iniciaron una nueva huida hacia adelante a través de las expansiones cuantitativas de los Bancos Centrales que se han convertido en la nueva centrifugadora del riesgo de mercado. En el momento actual la inmensa mayoría de activos de riesgo están sobrevalorados. Sin embargo estas burbujas están a punto de estallar, lo que llevará a la mayor caída coordinada de precios de activos de riesgo de la historia. Y les aseguro que si eso ocurre la burbuja inmobiliaria será un juego de niños.

Esto mismo está pasando en nuestra querida España. Mientras que se rescata con dinero público a una casta financiera y política quebrada, se somete a la ciudadanía al mayor empobrecimiento de los últimos cuarenta años. La única razón por la que nuestros gobernantes insistieron en el rescate de los bancos es que al hacerlo los ricos y los poderosos simplemente se rescatan a sí mismos y garantizan la continuidad de un sistema que les conviene perfectamente. Sin embargo, no solo es el egoísmo, hay algo más, detrás se oculta toda una teoría de legitimación para confundir a los críticos y adormecer a los incautos.

(*) Economista y estratega jefe de varias entidades financieras

http://vozpopuli.com/blogs/3207-juan-laborda-discrepo-lo-peor-esta-por-llegar 

La prensa española y Madrid 2020; pecado mortal de omisión / José Cervera

El fracaso de la candidatura olímpica de Madrid 2020 puede leerse como el fracaso del modelo de gobierno español; tal vez la puntilla para una clase dirigente social, política, económica y mediática con orígenes en la Transición. Pero si el que Madrid no haya conseguido ser sede olímpica en su cuarto intento puede poner en cuestión las motivaciones y mecanismos de la élite empresarial y política, en el caso de la prensa la duda es mucho más grave. Porque el desastre afecta a la esencia misma de lo que es el periodismo y el papel social de los medios.

En efecto, ¿para qué sirve la prensa? ¿Debe ser un reflejo fiel de la realidad, o debe recoger y amplificar las esperanzas y sueños de la sociedad a la que sirve? Si los medios se limitan a transmitir lo que ocurre sin voluntad de mejora, pueden caer en la frialdad y el desapego; si se dejan llevar por la pasión y abandonan la realidad por el activismo, dejan de ser testigos para convertirse en activistas, o peor aún; en forofos.

Si esta tercera candidatura democrática de Madrid a los Juegos ha desnudado un modelo de política y de desarrollo económico, a la prensa la ha dejado hecha astillas. Y no hablamos de opinión, ese campo donde cada columnista y cabecera debe aguantar su propia vela y justificar lo que opinó, sino de información: de lo que se supone es el meollo del periodismo, la razón de su existencia.

En general, los medios españoles han funcionado como partidarios y no como críticos, como parte y no como analistas. Se han sumado al discurso oficial y han arrimado el hombro intentando vender un proyecto en lugar de informar sobre el mismo. El resultado ha sido una mezcla tóxica de informaciones sesgadas hacia el discurso oficial con clara intención propagandística y, lo más grave, estratégicos silencios que dejaban de lado los defectos de la candidatura y las realidades de la competencia. Este cóctel torticero ha confundido a la ciudadanía haciendo que la realidad nos pillara por sorpresa. Con escasas pero honrosas excepciones, la prensa no ha contado lo que pasaba, sino lo que quería que pasara: la definición de la propaganda.

Y así hemos visto a los medios dedicarse a repetir las cifras que daba la candidatura oficial, sin cuestionarlas ni comprobarlas: 91% de aprobación por la ciudadanía, 96% fuera de Madrid; 350.000 puestos de trabajo a crear; menos de 1.700 millones de euros de inversión; 80% de las infraestructuras terminadas. Periódicos de uno y otro signo político, los unos por cercanía ideológica, los otros por mal entendido patriotismo, han actuado como propagandistas en el sentido estricto. Muchos medios digitales se han limitado a publicar de modo automático los comunicados de prensa de la candidatura repartidos vía Efe; una abdicación completa de su tarea como localizadores, validadores y jerarquizadores de la información.

Lo peor del caso es que algunas pistas permiten sospechar que los medios, o al menos los periodistas, conocían la verdad; que sabían de la falsedad de ciertos datos, que sospechaban de la veracidad de según qué declaraciones. No hablamos de los 50 votos amarrados según El Mundo que para otros pueden haber costado los Juegos a Madrid, sino de las cifras presuntamenteobjetivas. Así en algunos artículos de El País se citaban 50.000 puestos de trabajo a crear, en lugar de los 300.000 oficiales. Pero cuando estas cifras contrarias a la versión oficial aparecían era en el último párrafo de una larga información, y sin ser destacadas, ni respaldadas. Escondidas.

Los ejemplos de flagrante forofismo son demasiados y demasiado obvios, aunque alguno ha rozado el ridículo; las alabanzas de La Razón al discurso de la alcaldesa Ana Botella –”la sorpresa agradable provino de Ana Botella, natural, inglés fluido, y relajada”– están ya en el museo de la infamia informativa. No son estos flagrantes intentos de tergiversación lo más preocupante; tal vez el mayor fallo del sector medios español no haya sido un pecado de acción, sino de omisión. Lo peor no era lo que decían los periódicos, sino lo que no decían.

Como ya hemos comentado, las cifras no se cuestionaban, o cuando se ponían en duda era de modo casi subrepticio; los números se consideraban sagrados. Pero además hubo otras clamorosas ausencias. Así brillaron por su ausencia cuestiones clave como las consecuencias que podía tener la política antidopaje del Gobierno español, y la vinculación de personas relacionadas con casos de doping con candidaturas anteriores y con el partido en el poder; la proximidad personal de algunas de las candidaturas precedentes con implicados en casos de corrupción como el Caso Nóos (y con delegados presentes en Buenos Aires como Rita Barberá); el posible efecto del caso Madrid Arena tanto en las deliberaciones del COI (era una de las sedes olímpicas) como en los costes previstos; la falta de análisis críticos de la oferta propia y de las ventajas de las ofertas competidoras…

Como en otros casos de flagrante fracaso de la función periodística como la Guerra de Irak o la crisis financiera, lo peor no ha sido el fanatismo forofo de algunos, sino el silencio de todos a la hora de hacer preguntas importantes. La propaganda puede equilibrarse con la verdad, pero triunfa si enfrente no hay más que silencio. Algunos medios mantuvieron una posición crítica y cuestionaron las cifras y los mensajes de la candidatura, pero en conjunto la prensa fracasó. Y si malos fueron los mensajes torticeros de algunos, peor ha resultado el silencio de muchos. E insuficiente la crítica del puñado que ha osado ir contracorriente. Ojalá que esto sirva para que descubramos lo mucho que necesitamos a esos pepitos grillos; para que estas cosas no vuelvan a pillarnos por sorpresa.

Intensa movilización en Francia contra la reforma de las jubilacionesl

PARÍS.- Miles de personas marcharon hoy en toda Francia para protestar por el proyecto gubernamental de reformar el sistema de jubilaciones y aumentar el tiempo de cotización laboral para tener derecho a una pensión completa.
 

El consejo de ministros galo conocerá la semana próxima el plan del presidente François Hollande que prevé elevar de 41 a 43 años el pago de las cuotas de los trabajadores al sistema de seguridad social antes de acogerse al retiro.

"La primera consecuencia de este programa la sufrirán los jóvenes, quienes tendrán que jubilarse muy tarde, o conformarse con una pensión amputada", declaró a Prensa Latina Jean-Claude Mailly, secretario general de la organización sindical Fuerza Obrera.

Agregó el líder gremial que la política económica seguida por el gobierno del Partido Socialista no está muy alejada de la aplicada por el expresidente Nicolás Sarkozy, de la conservadora Unión por un Movimiento Popular.

Toda una generación será sacrificada para satisfacer las exigencias de los empresarios, dijo Mailly, y explicó que si, en el mejor de los casos, una persona ingresa al mercado laboral con 23 años y medio, recién egresado de la universidad, deberá esperar a cumplir 67 o 68 para jubilarse.

Mientras, la agrupación Vía Proletaria, denunció que el aumento del tiempo de cotizaciones laborales coincide con el deterioro constante de la esperanza de vida en buena salud, sobre todo entre el sector obrero.

El principal dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Thierry Lepaon, aseguró que entre 300.000 y 500.000 salieron a las calles francesas en las 180 marchas convocadas durante la jornada nacional.

Las mayores protestas ocurrieron en las ciudades de Marsella, Lyon, Nantes, Toulouse y esta capital.

Según la CGT, este es sólo el principio de las muestras de rechazo contra un sistema calificado como injusto por la mayoría de los trabajadores del país.

Durante las manifestaciones también se reclamó un esfuerzo mayor del gobierno para contener el creciente índice de desempleo, que afecta en la actualidad a más de tres millones 280.000 personas en edad laboral.

El presidente Hollande ha reiterado que la curva ascendente de este indicador se invertirá antes de fin de año, sin embargo hasta el momento todas las tendencias apuntan en sentido contrario.

Juristas de la Unión Europea cuestionan la legalidad de la 'Tasa Tobin'

BRUSELAS.- El plan para imponer a partir de 2014 una tasa a las transacciones financieras en 11 de los países miembros de la Unión Europea, incluido España, "infringe" los tratados de la UE y resulta "discriminatorio" para los países no firmantes de la iniciativa, según recoge un documento elaborado por los servicios legales del Consejo de la UE, el órgano que reúne a los Gobiernos de los 28, al que tuvo acceso 'Financial Times'.

   A pesar de que las conclusiones de este organismo no son vinculantes, representan una significativa intervención que probablemente supondrá que cualquier posible acuerdo para una tasa común sea mucho menos ambicioso de lo previsto.

   La Comisión Europea ha arremetido contra este dictamen y ha sostenido que la tasa a las transacciones financieras es "jurídicamente sólida y plenamente compatible con los tratados de la UE y el derecho internacional".

 "No plantea ningún riesgo de discriminación contra ningún Estado miembro, participe o no en la tasa", ha dicho la portavoz de Fiscalidad, Emer Traynor.

   "En cualquier caso, esta opinión es una más entre las muchas que han alimentado las discusiones sobre esta propuesta y no implica la necesidad de ninguna ralentización en el trabajo para hacer avanzar la tasa", ha subrayado la portavoz.

   Los once países firmantes de la iniciativa, entre los que se incluyen España, Francia, Alemania e Italia, pretenden llegar a un acuerdo para la imposición de una tasa común a las transacciones financieras, pero las conversaciones al respecto se han estancado en los detalles respecto a cómo debería aplicarse y qué alcance debería tener.

   En su documento, los servicios legales del Consejo cuestionan uno de los puntos fundamentales del proyecto, el denominado "principio de residencia", que plantea gravar a las entidades en función de dónde se ubique su sede en vez de dónde se realice la transacción.

   En este sentido, los expertos de la UE llegaron a la conclusión  de que la definición de dónde se establece una compañía "excede la jurisdición de los Estados miembros para aplicar tributos bajo las normas del derecho internacional consuetudinario, tal como se entienden en la UE".

   Por otro lado, los juristas indicaron que la medida "no es compatible" con los tratados de la UE, ya que "infringe las competencias fiscales de los Estados no participantes" y encontraron que la provisión era "discriminatoria y probablemente llevaría a distorsionar la competencia en detrimento de los miembros no participantes".

   Las conclusiones de este órgano supondrán un impulso a las tesis defendidas por Reino Unido, que ha argumentado que la proposición era ilegal y superaba la jurisdicción de los países implicados.

   Asimismo, la opinión representa un gran golpe para la Comisión Europea, que había insistido en la legalidad del amplio alcance de la propuesta.

   De hecho, un funcionario de la UE consultado por el diario británico e involucrado en el diseño de la tasa defendió que la Comisión se mantenía en su valoración legal y discrepaba significativamente con los argumentos esgrimidos por los servicios legales del Consejo.

Más del 90% de las ayudas públicas españolas en 2011 se destinaron al sector financiero

MADRID.- Más del 90% de las ayudas públicas concedidas en 2011 se destinaron a mitigar la crisis financiera, lo que supone un total de 84.195 millones de euros, el 7,84% del Producto Interior Bruto (PIB) y 1.781 euros por habitante.

   En concreto, el sector financiero acaparó casi el 94,5% del total de las ayudas y casi el 99,5% de las ayudas anticrisis, según un informe elaborado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

   El peso de las ayudas al sector financiero para superar la crisis continúa siendo la partida más relevante, sobre todo desde la modificación de los criterios metodológicos de cuantificación por parte de la Comisión Europea.

   La categoría principal, dentro de estas ayudas al sector financiero, son las garantías, que recibieron 62.197 millones de euros, seguida por otras medidas de liquidez, con 13.488 millones de euros, y recapitalización (8.510 millones de euros). Por su parte, las intervenciones por rescate de activos no recibieron ninguna ayuda en 2011.

   "Es cierto que, debido a las actuales circunstancias, este tipo de medidas de intervención pública, si bien parecen necesarias para evitar el colapso financiero del sistema, debido a su magnitud y su forma de cálculo, trastocan cualquier reflexión sobre el conjunto de las ayudas de Estado", señala la CNC, que considera por ello necesario separar el análisis de este tipo de ayudas del correspondiente a las tradicionales ayudas regulares.

   En total, el volumen de ayudas públicas concedidas en 2011 registró una ligera disminución con respecto al año anterior, hasta 89.162 millones de euros, pese a mantenerse en niveles superiores al 8% del PIB nacional.

La Eurocámara apoya la norma que mejora la protección frente a hipotecas

ESTRASBURGO.- El pleno de la Eurocámara ha respaldado este martes una norma cuyo objetivo es acabar con los excesos en la concesión de créditos hipotecarios como los que provocaron la burbuja inmobiliaria en España o Irlanda y mejorar la protección de los consumidores frente a los desahucios en caso de impago.

   La directiva no ha sido sin embargo aprobada de forma definitiva, ya que persisten las diferencias entre el Parlamento y los Gobiernos sobre cómo supervisar desde la UE que los Estados miembros la incorporen correctamente a sus legislaciones nacionales. Una vez que se pacte esta cuestión, los países tendrán un plazo de dos años para transponerla.

   "La nueva directiva pone fin a la desregulación del mercado hipotecario europeo y consolida el préstamo responsable", ha dicho el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo, ponente parlamentario de la norma. Su objetivo, ha resaltado el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier, es "prevenir los comportamientos de préstamos irresponsables en Europa y proteger a los consumidores".

   Por su parte, el eurodiputado del PP, Pablo Zalba, ha respaldado la nueva norma y ha sostenido que la legislación española antidesahucios "sigue la línea" de esta directiva. El representante de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha apoyado la directiva, aunque ha acusado a la Comisión de ser una "sucursal de la gran banca" por haber vetado el decreto andaluz antidesahucios.

   La directiva impide que los Estados miembros se opongan a la dación en pago si las dos partes la acuerdan expresamente en el contrato de crédito. Además, exige a los bancos que se muestren "razonablemente tolerantes" en el caso de clientes con graves dificultades de pago y que hagan "todos los esfuerzos razonables para resolver la situación" antes de iniciar un procedimiento de desahucio.

   Cuando un ciudadano deja de pagar la hipoteca, la norma exige que la propiedad se venda por el mejor precio posible y que el banco facilite el pago de la cantidad pendiente con el fin de evitar que los consumidores estén sobreendeudados durante largos periodos. Así, se prevén mínimos inembargables en salarios y pensiones.

   La directiva obliga al banco a evaluar la capacidad del consumidor para reembolsar el crédito, introduciendo por primera vez estándares a nivel europeo. Si el resultado de la evaluación de solvencia es negativo, la entidad deberá denegar la hipoteca.

   Los bancos tendrán que entregar a los clientes un folleto estandarizado de información sobre la hipoteca que, según Bruselas, les permitirá comparar ofertas e identificar la más barata y que más se ajusta a sus necesidades. El folleto deberá avisar de los riesgos asociados con la oferta, por ejemplo si es de tipo variable o está contratada en una divisa extranjera.

   Los consumidores se beneficiarán de una mayor competencia porque la directiva prohíbe, en términos generales, ligar la concesión de la hipoteca a la adquisición de otro producto financiero. No obstante, este vínculo se permitirá en algunos casos como cuando se trata de seguros o de productos de ahorro.

   La directiva reconoce el derecho de los consumidores a reembolsar la hipoteca antes de su vencimiento. Y deja a los Estados miembros libertad para imponer el pago de una "compensación justa" al banco. Los consumidores se beneficiarán de un plazo de tiempo garantizado de siete días antes de quedar vinculados por el contrato de hipoteca, mediante un periodo de reflexión, un derecho de desistimiento o ambos.

   La nueva norma pretende además crear un mercado único hipotecario que sea más eficaz y competitivo. Para ello, se creará un pasaporte europeo que permita a los intermediarios de crédito autorizados en un Estado miembro ofrecer sus servicios en toda la UE, como ya ocurre por ejemplo con los fondos de inversión. Los intermediarios tendrán derecho además a acceder de forma no discriminatoria a las bases de datos sobre historial de crédito de sus clientes.