jueves, 4 de abril de 2013

El PSOE pide a Rajoy que explique las adjudicaciones "sospechosas" a donantes del PP

MADRID.- El secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, ha exigido al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que explique con "celeridad" en el Congreso las "sospechosas" adjudicaciones de contratos públicos a empresas que aparecen como donantes del PP en los ya famosos papeles de Bárcenas.  

   En este sentido, ha enfatizado que si el jefe del Ejecutivo quiere dar credibilidad a su defensa de que España no es un país corrupto, Rajoy "debe salir del plasma" y dar explicaciones a la sociedad y "cumplir con su obligación parlamentaria de responder a la oposición".
   Hernando se ha felicitado así de que el jefe del Ejecutivo haya señalado que el Gobierno cumplirá con su "obligación" de responder en el Congreso a la batería de preguntas escritas que ha presentado el Grupo Socialista sobre este tema aunque le ha pedido que lo haga de inmediato.
   "Además, debería aceptar por fin las múltiples peticiones de comparecencia para que de explicaciones en el Pleno del Congreso sobre el caso Bárcenas, ya que es a los ciudadanos a quien les debe aclarar si el PP se financió de manera presuntamente ilegal a través de la trama de su extesorero, el señor Bárcenas", ha dicho.
   Tras recordar que Rajoy es el presidente que menos ha comparecido en el Congreso, Hernando ha ironizado con la necesidad de "tomarle la palabra cuanto antes y pedirle celeridad", ya que ha anunciado su intención de comparecer en el Congreso.
   "El Gobierno está obligado a revelar toda la información de las adjudicaciones públicas que están bajo sospecha y en las que participaron empresas que han realizado donativos al PP, según los papeles de Bárcenas y determinadas informaciones periodísticas", ha finalizado Hernando.

Cosidó insta a la Policía a ser independiente de los políticos en un Código Ético

MADRID.- El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha creado un Código Ético para la institución en el que, entre otras cosas, se insta a los agentes a actuar con independencia del poder político al tiempo que se les informa de que no habrá sanciones para quienes desobedezcan órdenes de sus superiores que sean ilegales.

   El documento consta de 26 artículos y será presentado este viernes en la reunión del Consejo de la Policía. Concretamente en su artículo 18 sobre el "Principio de responsabilidad personal y discrecionalidad" se establece que "la Policía debe actuar con la suficiente independencia respecto del poder político conforme a criterios profesionales y no de mera oportunidad política".
   Incluso este Código Ético deja claro que no habría represalias para aquellos que desobedeciesen órdenes que fuesen ilegales: "cada policía debe ser personalmente responsable de sus actos, de sus omisiones y, en su caso, de las órdenes dadas a sus subordinados. No incurrirá en responsabilidad el policía que incumpla una orden cuyo contenido sea ilegal".
   Insiste en el siguiente artículo sobre los "Principios de jerarquía, autoridad y subordinación" que "la Policía debe regirse por" estos principios y que "el personal de Policía debe ejecutar las órdenes dadas por sus superiores", pero aclara que "ninguna orden cuyo contenido constituya una infracción penal deberá ser cumplida".
   Este documento añade además que "los policías deben ser apoyados por sus superiores y sus compañeros cuando den cuenta de cualquier acto de corrupción o violación de los principios éticos profesionales. Incurrirán en este tipo de actos tanto los que los realicen como los que los toleren, o los que conociéndolos no actúen para impedirlos o no los denuncien".
   En cuanto a las investigaciones policiales, el Código Ético recuerda que "se pueden realizar por el mandato y decisión de la autoridad judicial, por denuncia ciudadana", pero también "por propia iniciativa policial ante la existencia de sospechas razonables de que una infracción se ha cometido, se va a cometer, o en prevención de la misma, actuando siempre según lo previsto por la ley".
 "Los policías serán objetivos e imparciales en las investigaciones", añade.
   El documento también establece una serie de normas de actuación de la Policía especialmente en su relación con los ciudadanos y en cuanto al uso de la fuerza. Así, indica que "deberán actuar con empatía, imparcialidad, autocontrol y elegancia, utilizando un lenguaje verbal y no verbal correcto, comprensible y respetuoso en todas las actuaciones".
   "Los policías se abstendrán de cualquier ingesta de alcohol u otro tipo de sustancias estupefacientes, farmacéuticas o psicotrópicas que alteren el control de su personalidad o impliquen una reacción inapropiada para el desarrollo del servicio", dice el texto en el que también se incluye el rechazo a la tortura entendida "como cualquier acto violento, físico o psíquico, realizado contra una persona que se encuentre bajo custodia policial con la finalidad de obtener una información".
   Incide en la cuestión de las identificaciones puntualizando que "los policías tienen que identificarse en todas sus intervenciones, de conformidad con los principios de transparencia y legalidad" y reitera que "el uso de la fuerza es una medida coactiva a la que sólo se puede recurrir en caso de absoluta necesidad y únicamente en la medida en que se requiera para conseguir un objetivo legítimo".

El SUP tacha de "pantomima" el nuevo Código Ético de la Policía

MADRID.- El Sindicato Unificado de la Policía ha manifestado su rechazo al Código Ético para la institución que se presentará ante el Consejo de la Policía este viernes. Lo califica de una "pantomima" al tiempo que denuncia los ceses de mandos policiales por investigar a dirigentes del PP.

   "No entendemos que se pueda jugar a hacer política, a conseguir titulares o campaña mediática con estas cosas. Si el Gobierno quiere hacer un código ético para la Policía que refunda, en un texto con rango legal y por lo tanto de obligado cumplimiento, las disposiciones contenidas en los textos antes citados. Pero hacerlo en un documento sin ningún rango es simplemente un despropósito", ha dicho el sindicato por medio de un comunicado.
   El SUP considera esta iniciativa "una simple percha para obtener publicidad" y considera que "habría que empezar por impedir las amenazas a los policías forzándoles a llevar a cabo millones de identificaciones anuales, que vulneran los derechos civiles de los ciudadanos y ponen en riesgo la seguridad jurídica de los policías (de la escala básica la mayoría)".
   "Y habría que dejar de cesar a mandos policiales por investigaciones sobre casos de corrupción que pudieran afectar a responsables políticos del partido que gobierna", añade la nota. Por este motivo zanjan que el SUP no va a actuar de "florero en el decorado de una pantomima preparada para mayor gloria publicitaria del peor director general de la Policía de la democracia, Ignacio Cosidó".
   El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, ha creado este Código Ético en el que, entre otras cosas, se insta a los agentes a actuar con independencia del poder político al tiempo que se les informa de que no habrá sanciones para quienes desobedezcan órdenes de sus superiores que sean ilegales.

Un “macroseminario” analizará la corrupción en España

MADRID.- La asociación Transparencia Internacional (TI) está ultimando un “macroseminario” para analizar la corrupción en España y proponer medidas para hacer frente a este problema. 

Jesús Lizcano, presidente de TI España, explicó que la cumbre para debatir sobre la corrupción se celebrará durante los meses de mayo y junio. El encuentro se dividirá en tres partes, con el fin de estudiar cómo afecta este fenómeno a las instituciones españolas.
Así, una primera parte del “macroseminario” estará dedicado a la reforma de los partidos políticos, para lo cual se invitará a expertos para que aporten ideas sobre qué cambios deben hacerse para un menor funcionamiento de las fuerzas políticas españolas.
Los otros dos aspectos que se tratarán son cómo investigar adecuadamente la corrupción y cómo hacer frente a este fenómeno, que en los últimos meses ha afectado en España a todo tipo de instituciones y partidos.
En este sentido, TI España ha venido reclamando que se tomen algunas medidas, como incluir a los partidos en la Ley de Transparencia que debe aprobar el Congreso tras ser propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy.
A este respecto, Lizcano dijo en el Congreso, durante una comparecencia referida a la tramitación de esta ley, que "los ciudadanos están un poquito alterados e indignados" con los políticos, por lo que los partidos "deberían adoptar de verdad una postura ejemplarizante de transparencia".

Las juventudes del PSC y del PSPV piden "abolir" la Monarquía tras la imputación de la Infanta

BARCELONA.- Las juventudes del PSC (JSC) han considerado este jueves que la imputación de la Infanta Cristina por el caso Nóos "es un motivo más para abolir la Monarquía" e instaurar una república federal que convierta el sistema político español en más democrático, igualitario, justo y transparente.
   En un comunicado, ha recordado que la organización juvenil siempre se ha mostrado contraria a que el Rey sea el jefe del Estado, y ha animado a la ciudadanía a "salir a la calle el 14 de abril para pedir el fin de la Monarquía y la instauración de una república".
   La JSC, que ve a la Casa Real en una situación de permanente descrédito, ha lamentado que "se ha tardado demasiado" en imputar a la Infanta ya que considera que existían nexos evidentes con la actividad de su marido, Iñaki Urdangarin.
También Joves Socialistes del País Valencià (JSPV) ha considerado "urgente" que haya un proceso constituyente del que surja una "República laica y federal", tras los "últimos escándalos de la Casa Real", que sostiene que han "hundido definitivamente la imagen de la monarquía española, desgastada y en decadencia".
   Así lo ha indicado en un comunicado tras la decisión del juez de imputar a la infanta Cristina por el 'caso Nóos' y tras las informaciones sobre la herencia del Rey que Don Juan dejó en Suiza. A su juicio, estos son "acontecimientos que, en plena crisis económica y democrática, ponen en tela de juicio desde hace tiempo la estabilidad de nuestro actual modelo de Estado".
   JSPV ha propuesto abrir un "proceso constituyente muy profundo, que se adapte a los nuevos tiempos y a las demandas de las generaciones de jóvenes que no se sienten representados con el sistema político actual" para "mejorar la representatividad y legitimidad de los poderes públicos".
   Además, la organización aboga por "garantizar el bienestar del pueblo, blindando los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, laborales y culturales" y apuesta "por un nuevo modelo de Estado que sustituya la monarquía parlamentaria por una República popular, federal y laica".
   El secretario general de Joves Socialistes, José Muñoz, ha señalado que "sin regeneración democrática no puede haber salida de la crisis económica" y ha mantenido que se debe "ser radical en la eliminación de la corrupción, ya que se trata de uno de los factores de retraso económico de una sociedad, además de serlo en crear mecanismos para su control y prevención".
   "La democracia, sus derechos y libertades se tienen que ampliar, tanto al ámbito político como a los ámbitos social y económico para dar salida a las demandas de una generación de jóvenes a la que no se le puede seguir dando la espalda", ha indicado Muñoz.

También Romeu

El vicesecretario general y portavoz del PSPV-PSOE, Francesc Romeu, ha pedido que sea la sociedad la que decida si inicia "el camino a la Republica".
 "Sería necesario que la continuidad de la Monarquía se someta a referéndum", ha remarcado. 
   Romeu ha hecho públicas estas declaraciones a través de su blog personal titulado 'Justicia independiente, instituciones transparentes también para la Casa Real'. Se trata de la segunda entrada en la que hace una apuesta por la República porque, como dijo en la ocasión anterior, la sociedad española está cansada de la Monarquía que se encuentra "ensombrecida por la corrupción y el descrédito", por lo que el dirigente socialista apuesta por la República.
   En este caso, con motivo de la imputación de la Infanta Cristina en el 'caso Nóos', ha asegurado que es un "golpe más en el crédito y desprestigio de una institución que, desde hace tiempo hace agua, no participa en absoluto de mejorar nuestra imagen ni nacional ni internacional. Es más, participa de aumentar el distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones".
   Romeu ha agregado que "el problema es que la Casa Real no se somete al voto popular, no tiene juicio público y parece no tener nunca obligación de dar explicaciones" y "eso no puede ser".
   El dirigente socialista valenciano, considera que la democracia, el control y la transparencia "debe ser obligatoria para todos los responsables públicos". Por eso, ha afirmado que hay que "preguntarle al pueblo, perder el miedo a la voz de la gente". 
"Necesitamos poder votar y exigir responsabilidades" y "como mínimo sería necesario que la continuidad de la monarquía se someta a referéndum".
   "Es cierto que los españoles tenemos problemas cotidianos más urgentes, pero no puede pasarse por alto el crédito de nuestras instituciones y nuestra mayoría de edad para decidir nuestra forma de convivencia", ha apuntado. Así, "la sociedad será la que debe decidir si iniciamos el camino a la republica", ha apostillado.

El juez que llevó la Ley Hipotecaria ante el TJUE rechaza los 'escraches'

BARCELONA.- El juez José María Fernández Seijo, magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona y que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ha rechazado este jueves "de manera radical" las manifestaciones ante las viviendas de políticos, conocidas como 'escraches', ya que "el fin no debe justificar los medios" y "la utilización de instrumentos coactivos, aunque sean de baja intensidad, no es buena para la Democracia".

   En declaraciones a los periodistas antes de participar en Sevilla en el seminario 'Las ejecuciones hipotecarias en España tras la sentencia de 14 de marzo de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea', organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, el juez ha señalado que la presión social es "buena" para que se cambien las leyes, pero "los límites deben ser firmes y le hacemos un flaco favor a las instituciones democráticas si miramos para otro lado cuando se intenta coaccionar aunque desde la perspectiva social sea legítimo".
   Asimismo, ha afirmado que este movimiento "no va a conseguir resultados" y puede terminar diluyendo el consenso social conseguido por las plataformas de afectados al "superar los límites razonables".
 "A ninguno nos gustaría que por nuestro trabajo vinieran a casa a afear nuestra conducta delante de nuestros hijos o familiares más cercanos", ha subrayado.
   Además, ha apuntado que si se quiere que la protesta social conecte con la gente "no se pueden utilizar medios coactivos", aunque ha señalado que "los gobiernos no han tenido la sensibilidad o la capacidad" para resolver este tipo de problemas.
   Fernández Seijo que "le perdió el miedo" al Tribunal de Luxemburgo tras un viaje con la Facultad de Derecho ha señalado que la sentencia de 14 de marzo, que declara contrarios al Derecho de la Unión Europea determinados puntos de la legislación hipotecaria y de la normativa española sobre ejecuciones y desahucios, ha tenido "más impacto emocional que jurídico" al coincidir en el tiempo con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso que pedía la dación en pago.
   No obstante, ha recordado que esta sentencia en sí "no va a solucionar todos los problemas" ante la situación que viven muchas familias y ha instado a "no demonizar" a un colectivo heterogéneo como es el de las entidades financieras. "Muchas han sido sensibles y han reaccionado, incluso algunas paralizaron ejecuciones antes de la sentencia", ha subrayado.
   De igual manera, ha apuntado que la Ley Hipotecaria no ha cambiado hasta ahora porque "las deficiencias del sistema se detectan una vez se inicia la crisis", y, en este marco, las entidades han buscando defender su interés pero "también son las primeras en querer cambiar la Ley".
   En este sentido, ha destacado que la directiva europea de 1993, en la que se basa la sentencia de Luxemburgo, debía concretarse para España en dos años y, en su ausencia, era aplicable directamente. Al no llegar aquel paso entonces, ahora con "20 años de retraso" ha saludado este paso.

Desestiman una querella contra Cifuentes por multar a manifestantes el 27-O

MADRID.- El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha desestimado una querella de IU contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, "por no ser constitutivo de infracción penal" interponer multas administrativas a los participantes en concentraciones o protestas no comunicadas oficialmente como la del pasado 27 de octubre.

   La delegada del Gobierno en Madrid ha mostrado este jueves en una rueda de prensa su "satisfacción" por el archivo de las actuaciones. "La querella, a mi modo de ver, era política porque yo, como delegada, me limito a cumplir la ley con mayor o menor acierto. Nunca ha estado de acuerdo en querer judicializar la vida política", ha añadido.
   Además, Cifuentes ha señalado que el hecho de que la presentaran dos diputados de Izquierda Unida de fuera de Madrid es "una cosa bastante exótica".
   Concretamente, el diputado por Valencia, Ricardo Sixto y por Málaga, Alberto Garzón esgrimieron como base legal de dicha querella que la Delegación del Gobierno había cometido un delito contra la administración pública por prevaricación (artículo 404 del Código Penal) "porque sabe que no pude identificar a personas por el simple hecho de aparecer en una manifestación, además de forma tan discriminada", alegando además que no se produjo ni desorden ni daño alguno.
   Le imputaba también otro delito de falsedad documental (artículo 390.1) pues "la multa intenta dirigirse a obstaculizar el tráfico, cuando en esa manifestación no se salió de la Plaza de España" y un tercer delito cometido por autoridad o funcionario públicos contra la Constitución (artículo 542 del Código Penal).
   Sin embargo, en el fallo, el juez considera "indiscutible" que la manifestación del 27 de octubre, que discurrió por el centro de Madrid, produjo "una seria alteración o perturbación del orden público, impidiendo la normal utilización de las vías y espacios públicos".
   Y así argumenta que es función de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad ciudadana y mantener las condiciones adecuadas al efecto.
   El juez asegura que aunque los querellantes afirmaron que se iniciaron múltiples expedientes sancionadores a raíz de la intervención policial, sólo se identifica uno, la multa aplicado al propio diputado Garzón, "que se incorporó a la manifestación pese a estar advertido de que no había sido ni comunicado ni autorizada".
   En esta sentido, indica que "no hay indicios de dicha identificación caprichosa o indiscriminada" ni que la Policía hubiera recibido una orden semejante de Cifuentes.
   Y frente al argumento de los parlamentarios de IU de que "ninguna manifestación es ilegal", en virtud del artículo 3 de la Ley Orgániza 9/83, que establece que ninguna reunión estará sometida al régimen de autorización previa, el magistrado recuerda que otro punto de dicha normativa indica que "si se desarrolla en lugares de tránsito público, deberá ser comunicada por escrito a una autoridad gubernativa, que podrá prohibirla".
   El magistrado esgrime además que el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/92 considera infracción grave la celebración de manifestaciones no comunicadas en lugares de tránsito público, así como originar desórdenes graves en las vías o espacios públicos.
   Por otro lado, de la documentación obrante en autos "no se desprende indicio alguno de que se haya faltado a la verdad en la narración de los hechos en el expediente sancionador ni tampoco de que se haya supuesto la intervención de personas ajenas a la manifestación o se hayan hecho constar manifestaciones distintas de las efectivamente realizadas".
   Por último, el magistrado indica que las identificaciones realizadas por la Policía ese día "no equivalen en modo alguno a una declaración de ideología o creencias por parte del manifestante".

AUME se manifestará frente al Ministerio de Defensa para protestar por el arresto de su presidente

MADRID.- La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha convocado una manifestación para el próximo 27 de abril frente a la sede del Ministerio de Defensa en Madrid para condenar el arresto que está cumpliendo su presidente, Jorge Bravo, por criticar en los medios los recortes de este Departamento.

   El secretario general de AUME, Mariano Casado, ha explicado este jueves en una rueda de prensa que la Junta Directiva de la asociación quiere que "la parte política del Ministerio reflexione" y sepa "qué personas son las que crean problemas en las Fuerzas Armadas", que no son los miembros de las asociaciones sino algunos generales, según Casado.
   Bravo se encuentra desde ayer en la base de Colmenar Viejo cumpliendo una sanción de un mes y un día de arresto por unas declaraciones con las que criticó los recortes después de que el Gobierno decidiera eliminar la paga extra de los funcionarios. El subteniente defendió que si se eliminaran "gastos superfluos" como festejos y actos públicos, se podrían evitar algunas reducciones en las retribuciones de los militares.
   Casado ha indicado que la Junta Directiva se ha planteado, en su reunión de este miércoles, que AUME abandone el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, donde Bravo es su representante. "Si no se le deja hablar, AUME dejará de estar en ese Consejo", ha advertido.
   La Junta Directiva considera que el arresto de Bravo es un "ataque frontal" a la asociación y a su presidente y que además se produce en un momento en el que se estaban haciendo avances en algunos aspectos, como la puesta en marcha del Consejo de Personal. "Debe de ser que hay gente a la que eso no le gusta", ha comentado Casado.
   Por eso, AUME va a interponer un recurso de alzada ante el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Jaime Domínguez Buj. Sin embargo, puesto que la resolución que resulte de ese recurso "la van a hacer los mismos" que impusieron la sanción, Casado cree que "no van a cambiar el criterio".
   "Desconfiamos absolutamente del JEME y de su asesoría jurídica", ha manifestado Casado. Según ha señalado, la resolución contra Bravo fue dictada por un órgano "manifiestamente incompetente" en este caso, el general jefe de los Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Cuartel General del Ejército de Tierra, que, según ha dicho, solo tiene competencia para imponer sanciones diciplinarias por faltas leves.
   Casado ha denunciado que "han hecho un traje a medida para salvar esa dificultad" y tratar de impedir que la resolución fuera objeto de un recurso de alzada ante los órganos políticos del Ministerio. "Si lo hubieran hecho correctamente, el que tenía que haber impuesto la sanción era el JEME y entonces el que conocía el recurso era el ministro", quien ahora podría ordenar "la suspensión del cumplimiento de la sanción e incluso la inejecución", ha precisado.
   Esto se puede interpretar, a su entender, como que los ejércitos están aprovechando "algún tipo de vacío" en las políticas en el Ministerio para que las decisiones en asuntos de este tipo las adopten los cuarteles generales y no el poder político.
   En opinión de AUME, se está "utilizando el ordenamiento jurídico disciplinario" para "atacar a la asociación mayoritaria de las Fuerzas Armadas", que "les está poniendo las cosas complicadas". Sin embargo, Casado ha dejado claro que arrestando a Bravo --ésta es la tercera vez-- "no van a conseguir que se calle".
   La asociación también va a presentar un 'habeas corpus' porque estima que "la privación de libertad de Jorge Bravo no tiene ninguna justificación jurídica", ha adelantado Casado. Si se aceptase, permitiría su puesta en libertad inmediata.
   Asimismo, van a pedir a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que visite el centro donde Bravo está arrestado, donde no tiene acceso a su teléfono móvil ni a internet, y así constate cuál es su situación.
   Casado ha explicado que la impresión de AUME es que hay "militares del Ejército de Tierra" que "ponen trabas al Gobierno" en lo relativo al respeto de los derechos fundamentales de los militares, que están "absolutamente hartos" de esta situación. "El poder político tiene que dar un golpe en la mesa, un puñetazo, y decir: 'Esto se acabó. Aquí todo el mundo cumple la Ley'", ha subrayado.
   La asociación cree que algunos militares quieren que la Ley de Derechos y Deberes, que data de 2011 y tiene una "clara falta de sintonía" con el Régimen Disciplinario, "no se ponga en marcha" porque, según Casado, "les dificulta el ejercicio del mando" ante los nuevos derechos de los que disfrutan las asociaciones profesionales.
   "Hay mucha gente, altos mandos, que se resisten a que los militares puedan hacer uso del derecho de asociación y de la libertad de expresión", ha denunciado. Sin embargo, Casado ha destacado que esa resistencia aparece cuando se tratan temas de personal, y en cambio "apoyan a militares que sí que exceden los límites y quiebran la neutralidad política", como es el caso de los generales Pontijas, Chicharro y Mena.

El Gobierno español se gastó más de 100.000 euros en cambiar los nombres de los ministerios y sus respectivos departamentos

MADRID.- El Gobierno de Mariano Rajoy se gastó un total de 103.426 euros en  cambiar los nombres de los ministerios y sus respectivos departamentos administrativos tras ganar las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. Sólo el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas destinó a este objetivo casi 40.500 euros.

   Así consta en la respuesta que el Ejecutivo ha dado al exministro de Fomento, exportavoz del Gobierno y ahora diputado del PSOE José Blanco, quien se interesaba en conocer el coste que había supuesto para las arcas públicas las modificaciones de nomenclatura de los diferentes departamentos ministeriales.
   Máxime después de que el Gobierno, según comentaba Blanco en su pregunta, ha convertido el cumplimiento del objetivo de déficit "en única meta" de su política económica, llevando "hasta la irracionalidad" su política de austeridad, y está exigiendo a los ciudadanos "día sí y día también" nuevos "sacrificios" en forma de "más impuestos y menos y peores servicios públicos".
   La llegada del PP al poder conllevó cambios en las denominaciones de hasta seis ministerios: el de Educación, Cultura y Deporte; el de Empleo y Seguridad Social; el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; el de Economía y Competitividad; el de Hacienda y Administraciones Públicas, y el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
   En su respuesta, el Gobierno especifica la partida que destinó a estos cambios en cada 'nuevo' ministerio, siendo el departamento que dirige Cristóbal Montoro, con 40.485 euros, el que más dinero ha desembolsado para este fin.
   Detrás del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se encuentra el de Empleo y Seguridad Social, cuya reestructuración ministerial supuso un coste de 16.332,38 euros, y el de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que pagó 14.714,88 euros en el cambio de rotulaciones y señalizaciones de las sedes de su departamento.
   El Gobierno precisa que los costes de las acciones tomadas en relación con los sistemas informáticos y de comunicaciones de este Ministerio por el cambio de denominación resulta "difícil" de cuantificar, puesto que se trata de acciones "puntuales" que han sido abordadas con sus propios medios "sin que hayan supuesto un incremento de gasto".
   De su lado, el Ministerio de Economía y Competitividad destinó 13.200 euros a sus gastos de señalización, carteles, papelería y otros tales como sellos de caucho; el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 7.174.40; el de Energía, Industria y Turismo, 6520.13, y el que regenta José Ignacio Wert, alrededor de los 5.000 euros.
   Eso sí, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se puntualiza que pese al incremento en los gastos de señalización y cartelería respecto a los producidos en 2011, ha tenido lugar una rebaja de unos 1.000 euros en los de papelería, pese a la renovación de dicho material para adaptarlo a la nueva nomenclatura, "debido a las medidas de austeridad aplicadas a lo largo del ejercicio presupuestario" en dicha cartera ministerial.

Bárcenas vuelve a negar que la letra de los papeles sea suya

MADRID.- El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha vuelto a negar este jueves, esta vez ante el titular del Jugzado de Instrucción nº 38 de Madrid, Juan Antonio Sáenz de San Pedro, que su letra sea la que aparece en los denominados 'papeles de Bárcenas' sobre una supuesta contabilidad B en el Partido Popular.

   Bárcenas ha permanecido unos veinte minutos en el despacho del juez, donde ha contestado a todas las preguntas que se le han hecho en relación con un supuesto delito de injurias del que le acusa la exministra de Asuntos exteriores Ana Palacio. Según los papeles publicados por el diario 'El País' el pasado enero, Palacio habría recibido 6.000 euros el 10 de febrero de 2004.
   Fuentes jurídicas han manifestado al término de la declaración que el extesorero ha dicho también que nunca ha tenido relación con Palacio y que, por lo tanto, nunca pudo entregarle ninguna cantidad en mano. La exdirigente popular ha estado representada durante la comparecencia por el abogado Jesús Castrillo.
   Bárcenas afirmó el pasado 22 de marzo, con ocasión de su última comparecencia en la Audiencia Nacional, donde se negó a declarar, que en lo sucesivo no volvería a responder a preguntas de los jueces.
   Este jueves, momentos antes de entrar en el juzgado, manifestaba que se estaba "pensando" si contestaría en esta comparecencia, cosa que al final sí ha hecho para mantener la que es su versión desde el principio y negar la autoría de los mencionados documentos.
   Al término de la declaración, el abogado de Bárcenas, Alfonso Trallero, ha manifestado en el mismo sentido que su cliente ha vuelto a negar ser el autor de los papeles de la supuesta contabilidad 'B' del partido popular. "No entendemos por qué estamos aquí", ha indicado a preguntas de los informadores.
   La querella fue presentada contra Bárcenas "y cualquier persona que resulte relacionada causalmente con estos graves hechos", en respuesta a la publicación por el diario El País, el jueves 31 de enero  de las llamadas "cuentas secretas de Bárcenas", en las que se le imputa haber recibido 6.000 euros el 10 de febrero de 2004.
   La querella de la exministra imputaba indiciariamente al extesorero del PP la comisión de varios delitos entre los que se encontraban los de injurias entre particulares pero también corrupción, falsificación documental, coacciones y otros.
   El magistrado rechazó tramitar la querella y, tras el recurso de reforma presentado por Palacio, ha terminado admitiéndola en lo relativo a las supuestas injurias entre particulares, volviendo a rechazar la existencia del resto de tipos penales que se atribuyen al extesorero.
   Ana Palacio hacía constar en la querella que es falso que recibiera ni la cantidad citada ni ninguna otra cantidad de dinero de mano de Bárcenas. Añadía que, además de "la falsedad de este grave hecho", se da la circunstancia de que "se encontraba fuera de España desde el día anterior (9 de febrero de 2004) del que supuestamente tuvo lugar la entrega de dinero, como ha quedado acreditado, por lo que resulta materialmente imposible que esta entrega hubiera tenido lugar".
   Asimismo, explicaba que "sobre la base de la legitimación que le otorga ser española y miembro del Partido Popular", extendía esta querella a los delitos coloquialmente incluidos bajo el concepto de 'corrupción política' que al dañar la imagen del PP y lesionar gravemente su apreciación pública, empañan la imagen y crédito internacionales de España, por tener el Partido Popular la responsabilidad del Gobierno de la Nación así como de una mayoría de autonomías y municipios".
   En el texto presentado, Ana Palacio se reservaba el derecho de emprender acciones legales contra cualquier persona que le impute la percepción de cantidad alguna con relación a las llamadas cuentas secretas de Bárcenas, por causar un gravísimo perjuicio contra su reputación y poder considerarse un atentado contra su derecho al honor y a su propia imagen, recogidos en el artículo 18 de la Constitución.

Botella: las facturas por las clases de golf "no se corresponden con la realidad"

MADRID.-   La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha sido tajante asegurando que las facturas por las clases de golf "no se corresponden con la realidad" y que se ha decidido por parte de su familiar abonar la totalidad de las sesiones facturadas por Club de Campo con independencia de la investigación anunciada y a pesar de que las facturas fueran presentadas por "alguien" que "utilizó" el nombre de su familia.

   "Hemos decidido pagar el importe total de esas facturas porque hubo un desembolso en el Club de Campo por alguien que utilizó nuestro nombre y por eso hemos compensado (a la empresa mixta), con independencia de la investigación que se abra", ha señalado este jueves la primera edil en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
   'El Mundo' informó ayer de que la entidad municipal habría pagado 203 clases de golf en 2001 de las 285,5 facturadas. Club de Campo aclaró en un comunicado que esas horas no se corresponden con la agenda de los Aznar-Botella, idea en la que ha insistido la alcaldesa, que ha puntualizado que su familia aceptó las clases "como un detalle" pero que el número facturado "nunca se correspondió con la realidad".
 "Las facturas no se corresponden  con la realidad", ha asegurado.

Más de 860.000 menores españoles de 25 años han abandonado el mercado laboral

MADRID.- Más de 860.000 jóvenes menores de 25 años abandonaron el mercado laboral desde que arrancó la crisis, en el tercer trimestre de 2007, hasta finales de 2012, según un informe de la patronal de grandes empresas de trabajo temporal, Asempleo.

   En concreto, el número de activos menores de 25 años se ha reducido en 864.100 personas en este periodo, un 33,9%, descenso que contrasta con la media nacional, que arroja un crecimiento de la población activa de 619.900 personas (+2,8%) en estos años.
   Esto significa que el saldo negativo de activos registrado desde el tercer trimestre de 2007 se debe a la población joven, que no confía en sus posibilidades de encontrar empleo en el mercado laboral español.
   Cantabria es la comunidad que más activos menores de 25 años ha perdido en este periodo, un 51,8%, seguida de Asturias (-42,9%); Castilla y León (-42,7%) y Navarra (-42,6%). Las que menos activos han visto desaparecer han sido Extremadura (-22,9%), Canarias (-25,8%) y Baleares (-29,5%).
   A cierre de 2012, un total de 930.200 jóvenes menores de 25 años que querían y podían trabajar estaban en paro, el equivalente al 55,1% de los activos. Casi la mitad de los jóvenes desempleados, el 45,9%, lleva más de un año en el desempleo, por lo que entran en la categoría de parados de larga duración.
   El paro juvenil se ha duplicado desde que estalló la crisis, pues al inicio de la misma los jóvenes en desempleo sumaban 458.000 parados. Seis de cada diez nuevos jóvenes que han engrosado las listas del paro en estos años eran varones.
   El perfil del joven en paro se corresponde, por tanto, con el de un varón, con un nivel de formación de hasta secundaria, y que lleva más de un año buscando empleo sin éxito.
   En algunas comunidades, la tasa de paro juvenil es todavía más alarmante que el resultado obtenido a nivel nacional. Es el caso de Canarias, donde siete de cada diez jóvenes están en paro, de Andalucía (65,1%) y de Extremadura (61,1%). Las que menos desempleo juvenil tienen son La Rioja (36,3%), Cantabria (41,6%), Aragón (45,9%) y País Vasco (46%).
   Mientras que la tasa de actividad del colectivo juvenil se ha reducido en diez puntos desde el estallido de la crisis, hasta el 41%, la tasa de empleo se ha reducido prácticamente en un tercio, hasta el 18,41%.
   En total, desde el tercer trimestre de 2007 se han perdido 1,33 millones de empleos juveniles y en el último año, la caída de la ocupación en el colectivo ha sido de casi 180.000 trabajadores.
   Sólo la Comunidad Valenciana ha creado empleo joven en el último año, a un ritmo del 5,9%, mientras que el resto de regiones lo ha destruido a tasas de dos dígitos, con excepción de La Rioja (-6,9%).