viernes, 3 de mayo de 2013

Botín arremete contra el decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía

MÁLAGA.- El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha defendido la política llevada a cabo por los bancos españoles ante los problemas de los ciudadanos a la hora de hacer frente al pago de sus hipotecas inmobiliarias y ha considerado "muy mal, fatal", el Decreto Ley de Función Social de la Vivienda aprobado por la Junta de Andalucía.

   "Ese tipo de medidas no ayuda en absoluto a la economía española", ha manifestado Botín, que ha presidido este viernes la junta general de accionistas de Universia, celebrada en Málaga.
   En el caso del Banco Santander, ha subrayado que desde el pasado mes de noviembre no se ha hecho ni un solo desahucio, añadiendo que "mis directores tienen instrucciones de ver caso por caso cuando hay problemas". Según ha expuesto, se ha aplazado el crédito de casi 20.000 familias, por un importe de 2.000 millones de euros, y se han bajado las condiciones.
   Se trata, como ha recordado, de medidas voluntarias adoptadas para familias con problemas desde hace dos años por el Santander y por otros bancos españoles.
   En este punto, ha querido distinguir entre los bancos, que "han hecho una labor absolutamente encomiable, sin pedir ayuda al Estado para nada", y las cajas, algunas de las cuales "han tenido que pedir ayudas, unos 55.000 millones, que han creado todos estos problemas".
   Con las protestas de fondo de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga (UMA), donde se celebraba la junta general de accionistas de Universia, Botín ha reconocido que "el desahucio es la peor solución que se puede dar, es algo muy malo".
   Sobre la Ley Hipotecaria, el banquero ha indicado que "para España es importantísima porque es la forma de que en el futuro se sigan dando créditos en buenas condiciones". Ha admitido que estaba "preocupado" ante la posibilidad de que "se hicieran cambios que incentivaran a no pagar, cuando los españoles que tienen casa pagan en conjunto muy bien". 
 "Habría sido gravísimo que eso se hubiera alterado", ha apostillado.
   Por tanto, el responsable del Santander ha concluido que las medidas aprobadas en relación con la Ley Hipotecaria "son duras y nos cuestan dinero a los bancos, pero creo que son positivas".

La Ley Antidesahucios, vista para su aprobación definitiva en el Senado español

MADRID.- El proyecto de ley de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social ha quedado este viernes visto para su aprobación definitiva en el Pleno del Senado de la próxima semana tras rechazarse los tres vetos presentados por PSOE, PSC e ICV, y aprobarse con el respaldo 'popular' el dictamen, que no incorpora ningún cambio con respecto al texto que llegó del Congreso.

   El esquema seguido en el Congreso se ha vuelto a repetir en el Senado, donde el proyecto de ley Antidesahucios llegó prácticamente cerrado tras fusionarse la propuesta del Gobierno con la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago y con medio centenar de cambios que introdujo el Grupo Popular para reflejar el "espíritu" de las enmiendas de la oposición.
   La Comisión de Economía aprobó entonces con competencia legislativa plena --es decir, sin necesidad de volver a debatir el texto en el Pleno-- y por la vía de urgencia el proyecto de ley, que sólo contó con los votos favorables del PP frente al rechazo de toda la oposición. Ahora, en el Senado se ha repetido tanto el procedimiento como los argumentos y los posicionamientos.
   De esta manera, los 'populares' han tumbado los tres vetos en la Comisión de Economía del Senado, aunque aún deberán ser debatidos la próxima semana en sesión plenaria, lo mismo que las 275 enmiendas parciales. De no introducirse cambios en el proyecto, como es previsible, éste no tendrá que volver al Congreso, por lo que quedaría aprobado definitivamente con ese trámite.
   El socialista Juan Manuel Fernández ha ironizado con que el proyecto va en línea con toda la gestión del Gobierno 'popular', ya que "se opta por recortar" tanto en el tiempo de debate como en los contenidos, que considera "raquíticos". "Es un proyecto de querer y no poder, insuficiente para un problema que está generando una enorme herida social", ha dicho, pronosticando que pronto habrá que volver a legislar sobre el tema porque estas soluciones no serán suficientes.
   Además, ha reprochado que no se incluyan medidas de segunda oportunidad y que se fijen unos intereses de demora en el 12% cuando el Banco Central Europeo (BCE) acaba de bajar los tipos al mínimo histórico de medio punto, "24 veces menos". 
"No estamos haciendo lo suficiente, no se aborda el problema de fondo. El Gobierno sólo está aplazando y empeorando el problema", ha añadido.
   El senador Jordi Guillet, de la Entesa, ha defendido los dos vetos de su grupo (PSC e ICV) argumentando que el proyecto "es del todo insuficiente" ya que no prevé una segunda oportunidad, aplica "de forma arbitraria" la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, "no resuelve" los procedimientos de ejecución en curso y tampoco "repara el daño producido" a quienes ya han sido desahuciados, y se mantiene un Código de Buenas Prácticas "tan estricto que excluye a casi todos".
   Además, ha criticado el procedimiento de tramitación "por la vía de urgencia", con "falta de diálogo" y presentando un texto que "muy poco tiene que ver" con la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago. "Si el PP consideraba que la ILP no se adaptaba a sus criterios sobre cómo tratar este problema tenía que haber votado en contra, pero no aprobarla y luego transformarla en un proyecto en las antípodas", ha zanjado.
   Ramon Alturo, de CiU, ha lamentado que se haya desaprovechado la ocasión para hacer de este proyecto "la ley del consenso, de los grandes pactos", por lo que ha pedido al PP que aproveche los días que aún quedan hasta el Pleno de la próxima semana para negociar sobre las enmiendas de la oposición. "El PP tiene la mayoría absoluta pero la razón absoluta difícilmente la tenga. Alguna propuesta habrá que sea positiva", ha añadido.
   El senador del PNV Jokin Bildarratz cree que "no es normal" que prácticamente no haya habido debate en la Cámara Alta porque el texto llegó ya sin posibilidades de cambio, y ha reflexionado sobre si los poderes públicos han gestionado la política de suelo y de vivienda en pro del interés general, tal y como estipula la Constitución. Además, cree que es "momento de exigir a las entidades financieras que devuelvan a la sociedad lo que ésta le ha dado con creces".
   José Manuel Mariscal, de Izquierda Unida, ha comenzado reconocido que en este tema "ya está todo el pescado vendido" y ha lamentado que el "fraude político" cometido con la ILP no va a permitir "rescatar a las personas empobrecidas".
 "Podrá ser absolutamente legal lo que hacen con este texto pero es absolutamente ilegítimo. El tiempo nos dará la razón, porque con este texto no se van a paralizar los desahucios ni el drama social. Con esto no se resuelve el problema", ha añadido.
   El portavoz 'popular' de Economía, Francisco Utrera, ha reprochado a la oposición que, tras haber acordado en el Congreso la unión del proyecto de ley del Gobierno y la ILP, ahora "se quejen del procedimiento porque no les ha gustado su resultado", y ha recordado que si "todos acordaron" esta vía fue para "evitar una demora en la aplicación de unas medidas muy importantes".
   Además, ha recordado que el PSOE rechazaba la dación en pago cuando estaba en un Gobierno que "no hizo nada de nada" para solucionar este problema cuando ya empezaba a apuntar, por lo que ha pedido a los socialistas "humildad, sensatez y modestia" ante un texto que da respuesta a muchos de los afectados y que supone un paso adelante en la mejora de la regulación hipotecaria.
   "El proyecto de ley incluye ventajas indudables, sobre todo si las contrastamos con la nada que había antes", ha llegado a decir, dejando abierta la puerta a que los intereses de demora bajen con los próximos Presupuestos, donde se podría "relajar" el precio del dinero en línea con la baja de tipos del BCE.
   Finalmente, Utrera ha justificado su voto en contra de los vetos en que "no recogen ninguna propuesta novedosa" y ha asegurado que su grupo estudiará "una a una y con detenimiento" las 275 enmiendas parciales de la oposición para "incorporar a la ley durante el debate en Pleno del miércoles todas las que supongan una mejora del texto". No obstante, el PP ha renunciado a la presentación de propuestas de cambio en el articulado.

Fitch prevé que el paro en España escale hasta el 28,5% en el primer trimestre de 2014

LONDRES.- La tasa de paro en España podría alcanzar un máximo del 28,5% en el primer trimestre de 2014, desde el actual 27,1%, según los pronósticos de la agencia de calificación crediticia Fitch, que advierte del impacto del elevado desempleo sobre las tasas de morosidad hipotecaria.

   "La tasa de paro en España probablemente registre una media del 27,5% este año y el próximo, alcanzando un máximo del 28,5% en el primer trimestre de 2014, aunque su impacto diferido sobre el mercado inmobiliario implica que la morosidad continuará subiendo más allá de entonces", indica la agencia.
   En este sentido, la calificadora de riesgos apunta que la profundidad de la recesión en España supone que el desempleo afecte cada vez más a trabajadores de entre 30 y 50 años con contratos indefinidos y educación superior, que son aquellos con mayor probabilidad de adquirir una vivienda.
   Fitch señala también que el incremento de hogares con todos sus miembros en paro, que alcanzó en 2012 un 16% desde el 14% registrado en 2011, hace más probable que aumente la morosidad, igual que el creciente número de afectados por el paro de larga duración, ya que la protección frente al desempleo expira a los dos años
   "Esperamos que el desempleo se estabillice por debajo del 30% el próximo año a medida que tengan efecto las decisiones del Gobierno para apoyar el empleo y termine la contracción de la actividad", indica la agencia.
   En este sentido, los analistas de Fitch apuntan que la caída material de los salarios, algo atribuible en parte a la reforma de la negociación colectiva adoptada por el Gobierno, contribuirá a retener empleo, así como la llegada de inversión extranjera, como la recientemente anunciada por Alemania hacia las pymes españolas.
   "A pesar de que aún no hay signos de un contrato único para abordar la dualidad en el mercado laboral, las medidas esbozadas deberían, en caso de ser aplicadas efectivamente, contribuir a incrementar la participación laboral y reducir el desempleo estructural a largo plazo", señala Fitch en referencia al plan nacional de reformas del Gobierno.
   Asimismo, la agencia sugiere que la reducción de la aportación a la Seguridad Social por parte de los empresarios que contraten a jóvenes podría frenar las altas tasas de paro actuales.
   Por otra parte, Fitch advierte de que el lento proceso de desendeudamiento de los hogares supone que los propietarios de vivienda en España seguirán expuestos a un empeoramiento de las condiciones económicas durante más tiempo que sus homólogos en otros mercados que sufrieron un 'boom' inmobiliario, como EEUU y Reino Unido.
   De hecho, los analistas de Fitch destacan que el endeudamiento de los hogares españoles en 2012 era del 133% de sus ingresos disponibles, apenas 7 puntos por debajo del máximo registrado, muy lejos del descenso medio de 26 puntos desde máximos observado en EEUU y Reino Unido.

Los españoles suspenden de nuevo a la Monarquía en abril

MADRID.- Los españoles sólo otorgan una nota de 3,68 puntos a la Monarquía, según refleja el Barómetro de Abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La última vez que se preguntó sobre esta institución, en octubre de 2011, logró una media de 4,89 puntos, con lo que en año y medio la Corona ha perdido 1,2 puntos tras todos los escándalos que han salpicado a la Casa del Rey.

De hecho, el trabajo de campo para el sondeo hecho público este viernes --2.485 entrevistas personales y domiciliarias realizadas en 236 municipios de 46 provincias y con un margen de error de más/menos 2 por ciento-- se realizó entre el 1 y el 8 de abril, tras conocerse que su padre dejó al Rey 2,2 millones de pesetas en cuentas en Suiza, cuando aún coleaban las reuniones de la princesa Corinna, amiga del monarca, con el ministro de Exteriores, y coincidiendo con la imputación de la infanta Cristina en el 'caso Urdangarin'.
En concreto, la Monarquía figura ahora en sexto lugar en la lista de las instituciones por debajo de la Guardia Civil (5,71), la Policía (5,65) y las Fuerzas Armadas (5,21), que son las únicas que aprueban. También están mejor valorados que la Jefatura del Estado los medios de comunicación (4,79) y el Defensor del Pueblo (3,94).
Eso sí, la Corona queda muy encima de los partidos políticos y del Gobierno, que cierran la lista con un 1,83 y 2,42 puntos, respectivamente, seguidos de los 2,45 puntos que se anotan los sindicatos, del 2,43 que los ciudadanos ponen de media al Parlamento y del 2,87 con el que se quedan las organizaciones empresariales.
En comparación con aquel estudio de octubre de 2011, todas las instituciones han caído en valoración, pero lo han hecho especialmente la Monarquía, que se deja 1,2 puntos y el Parlamento, los partidos y el Gobierno, que pierden en torno a un punto cada una.
En medio de la tabla figuran la Iglesia Católica, la que menos puntos pierde en año y medio con una nota de 3,56 puntos y el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pierden alrededor de medio punto cada uno y se quedan con un 3,51 y un 3,52 puntos respectivamente.
La lista de problemas nacionales sigue reflejando también la preocupación de los españoles por la corrupción, los partidos y los políticos, aunque la principal inquietud, como viene ocurriendo desde septiembre de 2008, continúa siendo el paro, que es citado en el 80,7 por ciento de los cuestionarios, alrededor de un punto menos que en el mes anterior.
En el segundo puesto de la tabla repiten la corrupción y el fraude, que se habían anotado un récord histórico en marzo, pero ahora bajan medio punto, con un 39,3 por ciento de menciones. Y el tercer lugar es, de nuevo, para los problemas económicos, que recaban 35,5 por ciento de respuestas.
La clase política es percibida como un problema en el 29,4 por ciento de entrevistas, descendiendo mínimamente en comparación con el estudio anterior y como quinta preocupación, perdiendo algo más de dos puntos, sigue la sanidad (7,9 por ciento).
El sondeo también refleja que sigue creciendo la inquietud por los desahucios, que irrumpió por primera vez en el barómetro de febrero y aumentó hasta el 5,5 por ciento en marzo, coincidiendo con la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular sobre dación en pago y los 'escraches' a políticos auspiciados por la Plataforma de Afectados por la Hipotecas (PAH).
En abril, mientras seguían esas protestas, los desahucios fueron citados en 5,7 por ciento de cuestionarios, porcentaje muy similar el 5,4 que se anotaron los bancos, dejando por detrás a otros problemas como la educación o los problemas sociales en general.
Y ya muy debajo se produce un 'estreno' en la lista de problemas nacionales, ya que la Monarquía se cuela por primera vez, rozando el 1 por ciento de menciones. Aunque ese 0,9 por ciento es mínimo, supera por ejemplo al 0,4 por ciento que cosechan los nacionalismos y 0,6 por ciento que sumó el terrorismo el mismo mes, pese a que las encuestas se hicieron poco después de un comunicado de ETA sobre los presos y de que la banda advirtiera de que la negativa del Gobierno a atender a sus representantes en Oslo tendría consecuencias negativas.
La relación de problemas personales también sigue liderada por el paro (52,9%) y en segundo lugar figuran los problemas económicos en general (34%), seguidos de la sanidad (10,4%). La corrupción y el fraude y los políticos aparecen en cuarto y quinto puesto con un 10,1 por ciento y un 9,3 por ciento de menciones, respectivamente.
El barómetro de abril vuelve a evidenciar la mala percepción que tienen los ciudadanos de la situación política, aunque los porcentajes mejoran un poco respecto al mes anterior. Para el 82,8 por ciento es mala o muy mala --cifra que en marzo fue del 84 por ciento--, frente al 1,8 que la juzga buena o muy buena.
También descienden ligeramente los que consideran que la situación política es peor que hace un año, que pasan del 54,6 al 47,1 por ciento, así como lo que auguran que en doce meses será peor, que ahora se sitúan en el 32,6 por ciento y en marzo eran casi el 38 por ciento.

En libertad con cargos los tres jóvenes detenidos el 25-A

MADRID.- El juez de instrucción nº 27 de Madrid ha dejado este viernes en libertad con cargos a los tres jóvenes detenidos la semana pasada en la Universidad Complutense de Madrid con varios cócteles molotov, que supuestamente iban a usar en la protesta para asediar el Congreso el 25-A.

   Se trata de las tres únicas personas que permanecían detenidas en relación con los arrestos llevados a cabo en el marco de la protesta para rodear el Congreso. Los jóvenes --dos de ellos de 20 años y un tercero de 22-- estaban acusados de un delito de tenencia de sustancias inflamables.
   El juez ha tomado esta decisión, a petición tanto de la defensa como de la Fiscalía, al entender que han desaparecido las circunstancias que motivaron su ingreso en prisión al haber pasado ya el acto de protesta del 25-A y, por tanto, desaparecer la posibilidad de reiteración delictiva, según ha confirmado a Europa Press uno de los abogados de los detenidos.
   Los tres fueron arrestados el día anterior al acto de protesta, por lo que se ordenó su ingreso en prisión para evitar que pudieran participar así en la misma. Una vez descartada esta posibilidad, el magistrado les ha dejado en libertad con cargos.
   Tras su detención, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, indicó que los cócteles molotov que portaban estaban preparados para usarlos en la protesta para "asediar" el Congreso del 25-A y aseguró que los tres pertenecían a un grupo de izquierda radical y antisistema.

Llamazares acusa a Aguirre de "agitar a la derecha" con sus declaraciones sobre la reducción del gasto público

OVIEDO.- El diputado de IU Gaspar Llamazares ha acusado a la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, de tratar de "agitar a la derecha" con sus declaraciones sobre la reducción del gasto público y ha considerado que la expresidenta de la Comunidad de Madrid "no se ha leído bien" el segundo paquete reformas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, donde se incluyen más medidas de ajuste.

   "Parece que a la señora Aguirre no le contentan (las políticas del Gobierno). Pues resulta que las propuestas de las que hace propaganda y agita a la derecha en torno a las propuestas de recortes y privatizaciones, no se lo ha leído bien, son las que están en el segundo paquete de reformas del señor Rajoy. Por ejemplo, en políticas sociales hay un recorte de 1.000 millones de euros", ha señalado Llamazares en una rueda de prensa en la sede de IU de Asturias.
   Así, para Llamazares, las peticiones de la expresidenta de la Comunidad dan voz al ala más dura del PP. No obstante, a su juicio, estas declaraciones en las que Aguirre defendió una "reforma radical" de las administraciones públicas y una "reducción del peso del sector público", no tendrían sentido, pues son precisamente las medidas que está tomando el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
   Asimismo, el diputado de IU por Asturias ha alertado de que la próxima desaparición del denominado Plan Concertado afectará inevitablemente a la prestación de los servicios sociales básicos municipales.
   "El Gobierno declara a extinguir el Plan Concertado y no presupuesta para 2014 ni un solo euro. Con la reforma local y los planes de reforma aprobados recientemente se da satisfacción al extremo derecho del Gobierno, a la señora Aguirre, recortando, suprimiendo empresas y privatizando empresas, porque empresas públicas se habla de sanidad, educación y servicios sociales", ha señalado.
   El parlamentario ha asegurado que el nuevo paquete de reformas supondrá un nuevo recorte de 1.000 millones de euros, lo que a su juicio sólo se puede explicar por un incremento extraordinario del copago en dependencia.
   La política del "austericidio" está siendo incluso desacreditada por las previsiones de sus promotores, según Llamazares. De hecho, ha añadido que la Comisión Europea ya asume un empeoramiento de los datos económicos para España en el futuro inmediato.
   "La Comisión Europea confirma y agrava las peores previsiones sobre España, tanto en relación a decrecimiento económico como en desempleo. Eso demuestra el fracaso de la política de austeridad, recortes y privatizaciones que han compartido la troika y el Gobierno español", ha concluido.

Detenido Miguel Ángel Rodríguez por circular ebrio en Madrid

MADRID.- El exportavoz del Gobierno de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, ha sido detenido esta madrugada en el madrileño distrito del Retiro por circular ebrio tras un accidente en el que colisionaron tres vehículos, han informado hoy fuentes policiales.

   Tras el siniestro de tráfico, cuyas causas se están investigando, la Policía Municipal de Madrid sometió al test de alcoholemia a Rodríguez, que superaba con creces la permitida, por lo que fue detenido, según las mismas fuentes.
   El ahora tertuliano televisivo fue trasladado a la Unidad de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid acusado de un delito contra la seguridad vial.
 A las 9.15 horas de este viernes quedó en libertad con cargos a la espera de juicio rápido.