viernes, 5 de septiembre de 2014

Montoro dice que Cataluña recibirá 1.720 millones adicionales en 2015

BARCELONA.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha subrayado que Cataluña recibirá el año que viene más de 1.700 millones de liquidez adicional dentro de los más de 5.000 millones adicionales a repartir en el conjunto de las comunidades autónomas.

Esta liquidez adicional para las comunidades se acordó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 31 de julio, y hoy Montoro, en su intervención en la conferencia política del PP catalán, ha detallado el montante que le corresponderá a Cataluña, más que a ninguna otra región, según ha recalcado.
"Estamos haciendo lo que tenemos que hacer", ha dicho Montoro tras aportar estas cifras y subrayar que hay que fortalecer la recuperación y no distraerse "ni un segundo" con "otros objetivos políticos".
30.000 millones entre 2012 y 2013
En declaraciones posteriores, el titular de Hacienda ha explicado que Cataluña se lleva la mayor cantidad de liquidez adicional por el volumen de esta comunidad y por cómo le afectan las medidas de reestructuración del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que rebajan el coste de financiación de su deuda.
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Por esa razón Cataluña tendrá ese dinero adicional, ha explicado Montoro, quien ha recordado que esta comunidad recibió en 2012 y 2013 por el conjunto de medidas tomadas por el Ejecutivo 30.000 millones de euros, que se suman a los más de 7.000 millones que recibirá este año, mientras que en 2015, además de lo que le corresponda por el FLA, tendrá esos 1.700 millones de euros más.

Detenido el gobernador del Banco de Albania por el robo de cinco millones de euros

TIRANA.- El gobernador del Banco Central de Albania, Ardian Fullani, fue detenido hoy en relación con el robo de 713 millones de lekë, unos cinco millones de euros, del Tesoro del Estado, por el que recientemente ya fueron detenidos varios empleados de la entidad.

Según anunció la Fiscalía general en un comunicado, Fullani, que ejerce este cargo desde 2004, no habría tomado presuntamente las medidas necesarias legales para el funcionamiento del departamento de emisión de monedas y del Consejo de Supervisión.
Además, no nombró a un vicegobernador encargado de la supervisión de los medios financieros, lo que habría menoscabado la seguridad bancaria, afirma el texto.
La Policía arrestó hoy también a la inspectora general del Banco, Elivar Golemi, lo que ha elevado a 18 el número total de detenidos.
El robo fue descubierto a finales de julio y los principales sospechosos son dos economistas: Ardian Bitraj y su cómplice Mimoza Bruzi.
La fiscalía sospecha que el robo, que fue descubierto durante un inventario de las reservas del banco, fue llevado a cabo entre 2012 y 2014.
Por el momento se desconoce el paradero del dinero robado.
El Banco Central de Albania está encargado de la política monetaria y la gestión de 16 bancos privados que operan en el país.
Este ha sido el mayor robo que se ha registrado en Albania tras el ocurrido durante las revueltas de 1997, cuando fueron sustraídos 360 kilogramos de oro en monedas y joyas que formaban parte del Tesoro del Estado y estaban depositadas y vigiladas en los túneles de Krrabe, en las cercanías de la capital.

La socialista Magdalena Álvarez defiende su honradez y pide volver a ser inspectora de Hacienda

SEVILLA.- La exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, ha defendido la honradez de su trabajo y espera que "todo se aclare" en el caso de presuntas irregularidades de los expedientes de regulación de empleo (ERE) aprobados por la Junta, tras lo que ha anunciado que ha pedido la reincorporación a su puesto de trabajo como inspectora de Hacienda.

   Álvarez, que ha asistido hoy a la conferencia del expresidente del Gobierno Felipe González en la Fundación Cajasol, ha indicado a los periodistas que ella confía en la Justicia "y en que todo esto se aclarará".
   Asimismo, ha reiterado que, "como siempre", ha trabajado "con la mayor honradez".
 "He dejado lo mejor de mí para que todo salga bien en los distintos cargos que he ido teniendo", ha subrayado.
   Ha recordado que tras su dimisión como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ahora no tiene responsabilidades y ha anunciado que ya ha pedido la reincorporación a su puesto de inspectora de Finanzas del Estado en la Oficina Nacional de Inspección, aunque apunta que se ha tomado unos días "para descansar un poco".
   Preguntada por el embargo decretado de sus bienes, Álvarez ha precisado que vive "todos los días" y ha recordado que el embargo es civil sobre todos sus bienes y sus cuentas embargadas, ante lo que espera que la Audiencia Provincial resuelva en este mes su recurso, aunque reconoce que sobre este asunto "no hay nada nuevo en el horizonte".

Los desahuciados podrán recurrir en España si hay cláusulas abusivas

MADRID.- La nueva ley concursal aprobada este viernes por el Gobierno otorga a los deudores hipotecarios la posibilidad de recurrir una sentencia de desahucio siempre que ésta esté fundada en cláusulas abusivas.

Según ha explicado el ministro de Economía, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con ello se permite que deudores y acreedores cuenten "con las mismas posibilidades", ya que hasta ahora los acreedores sí podían recurrir.
Con ello, según un comunicado del Ministerio de Economía, se adapta al ordenamiento jurídico una sentencia reciente del Tribunal Europeo de Justicia, de Luxemburgo, en lo relativo al recurso de apelación de las sentencias hipotecarias.
Esta modificación se ha incluido en el real decreto ley sobre medidas urgentes en materia concursal que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, y también prevé un plazo de un mes en aquellos casos en los que hubiera vencido el tiempo para recurrir una sentencia desfavorable al deudor.

Montoro, sobre el caso Pujol: ´Quien la hace la paga´

BARCELONA.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha avisado, en referencia al caso Pujol, de que "quien la hace la paga" y que el Gobierno "hará cumplir la ley" hasta el final "sin duda", por lo que ha pedido que "nadie lo vea en términos de otro tipo de condicionalidad política, ni cosas raras".

Durante su intervención en la conferencia política del PPC en Badalona, Montoro se ha referido al expresidente catalán Jordi Pujol y ha recordado que "hay conductas que son legalmente, y no sólo socialmente, no ya reprochables, sino inaceptables".
"No vamos a aceptar que en el Estado de Derecho puedan prosperar este tipo de actividades, ni las vamos a justificar ni las vamos amparar. Como también hemos tenido en nuestra casa en el PP, claro que la hemos tenido. ¿Y qué está pasando? Estamos aplicando la ley", ha aseverado.
Preguntado por si el Gobierno irá hasta el final en el caso Pujol, Montoro ha sido tajante: "Sin duda. Lo que puedo decir con todas las garantías, es que la ley hay que cumplirla y la vamos a cumplir todos".
"Y que no vea nadie cosas raras -ha apuntado-. El que se dedique a hacer novelas que las haga, las novelas históricas me apasionan, pero la historia es mucho más sencilla. Quien la hace, la paga".
Montoro ha respondido de esta manera a las críticas recibidas por parte del Govern, que le acusó de utilizar las "herramientas a su alcance" para "perseguir adversarios" con fines partidistas, después de que el ministro reprochara a Pujol que en los últimos tiempos "sorprendentemente" se reconvertiera en "adalid del independentismo" a la par que se investigaba su fortuna familiar.
"Estamos en el Estado de Derecho y con una Administración que es una garantía", ha insistido Montoro. "Y que esto nadie lo vea en términos de otro tipo de condicionalidad política ni cosas raras".
A su juicio, la España "de la libertad significa Estado de Derecho, ya que sin Estado de Derecho no hay libertad. Los que venimos y hemos estado en otra España sabemos lo que estamos diciendo. Me provocan una gran frustración determinados comportamientos personales. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, protegernos a nosotros mismos con el derecho y la ley en la mano, ¿en que clase de país estamos?".

El PP reprocha a Ruz la falta de indicios para acusarle de lucrarse con la trama Gürtel

MADRID.- El PP ha reprochado al juez Pablo Ruz la falta de indicios con que cuenta para acusar al partido de lucrarse con la trama Gürtel en el auto en el que concluyó la investigación a 45 imputados en esta causa, entre ellos el extesorero Luis Bárcenas, para que sean juzgados por hechos de la primera época de la red. 

Este planteamiento lo hace el PP en el recurso que ha interpuesto contra ese auto, dictado el pasado 29 de julio y en el que Ruz imputaba al PP la responsabilidad civil por la trama Gürtel como "partícipe a título lucrativo".
En su escrito, el abogado del PP Jesús Santos rechaza que el partido deba ostentar "la responsabilidad civil a título lucrativo -puesto que ningún beneficio ha obtenido como consecuencia de los hechos que se investigan-" sino más bien "la de perjudicado" porque "son más evidentes" los perjuicios que ha sufrido "y sigue sufriendo" a causa de las conductas atribuidas a los imputados, "respecto de los cuales la organización política que represento es absolutamente ajena -sostiene-".
Para impugnar el auto, Santos alega indefensión y vulneración del artículo 24 de la Constitución (tutela judicial efectiva), "al desconocer con detalle y concreción la base fáctica de la imputación y los indicios racionales de criminalidad que la sustentan".
En su resolución, Ruz sostenía que el PP pudo beneficiarse de "al menos" 236.864 euros procedente de comisiones de la trama Gürtel que cobraron los exalcaldes populares de Majadahonda y de Pozuelo, Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda.
Sin embargo, el representante del PP entiende que Ruz no ha explicado con detalle "los hechos acaecidos tendentes a crear el soporte de la imputación como responsabilidad civil a "título lucrativo", ya que no hay indicios para establecer "un nexo causal entre las actuaciones ilícitas presuntamente realizadas por los imputados y el supuesto beneficio ilícito del partido".
Si bien el juez, según el escrito, parece encontrar esa responsabilidad del PP en la conducta presuntamente delictiva de los exalcaldes de Majadahonda y de Pozuelo, a juicio de la representación legal del partido no queda "enunciado el soporte indiciario" respecto al supuesto beneficio económico que habría obtenido la formación.
Respecto de Sepúlveda, recuerda el recurso, "se llega a afirmar que existen indicios que podrían alcanzar la consecuencia fáctica de que el Partido Popular resultó beneficiado en las elecciones municipales de 2003", pero aprecian la ausencia de "soporte probatorio" para "llegar a establecer tal inferencia". Por ello creen que la afirmación de que el PP se habría beneficiado de los actos y trabajados sufragados por Sepúlveda en las elecciones municipales, "carece de base indiciaria alguna respecto del origen de dichos caudales" ni se especifica a qué gastos "se habrían dedicado dichos fondos".
En el caso de Guillermo Ortega, también se apunta a que con lo obtenido por éste a través de la trama Gürtel se costearon actos del PP, pero "no se especifican los momentos de campaña en los que se habrían utilizado dichos recursos, ni tampoco para qué se habrían destinado".
Por todo ello, el PP expone en su recurso que "no se cumplen los requisitos", fijados en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "para que un hecho típicamente antijurídico supuestamente cometido por el imputado origine la responsabilidad civil a título lucrativo de un tercero".
Además argumentan que en el auto no queda determinado con exactitud la cantidad que se establece para el resarcimiento por cuantía de participación y figuran unas cuantías de responsabilidad de las que ni se argumenta el origen ni el soporte material para afirmar dicho importe y tampoco se dice cuándo se realizan los trabajos o cuándo se sufragan dichas campañas electorales.
Recuerdan también al juez que "las cuentas del PP están debidamente auditadas y contabilizadas" por el Tribunal de Cuentas, por lo que "no cabe a este respecto hecho indiciario que revele el posible beneficio económico que el Partido Popular haya podido percibir de los actos presuntamente ilícitos cometidos por los imputados".

Pablo Iglesias tacha de 'patético' que Rajoy 'dé instrucciones'

MADRID.- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este viernes que le parece "patético" que el presidente del Gobierno de un país "que quiere tener dignidad" dé "instrucciones a su equipo" para no ser superado en seguidores en Twitter por el propio Iglesias.

"Aspiramos a un país en el que el presidente del Gobierno por lo menos no haga el ridículo", ha dicho en declaraciones a Cuatro, en las que ha avisado de que estas son las cosas que convierten el sistema político español "en un tema de mofa" y son "la España de Berlanga".
Así, ha afirmado que quiere un país en el que el presidente del Gobierno dé ruedas de prensa "no a través de pantallas de plasma", "que no compre seguidores en Twitter y que se atreva a debatir y a contestar a los periodistas.

La Audiencia de Madrid ve delito el incidente de Esperanza Aguirre

MADRID.- Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid han calificado de un posible delito de desobediencia el incidente de tráfico protagonizado el pasado 3 de abril por la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, en contra de la postura mantenida por el juez Carlos Valle, quien consideraba los hechos como una falta leve de desobediencia, han confirmado hoy fuentes jurídicas.
Así lo han plasmado en una resolución notificada este viernes y de la que ha sido ponente el magistrado Julián Abab Crespo, en la que se estima de forma parcial el recurso presentado por la asociación Transparencia y Justicia, personada en la causa como acción popular, contra el auto en el que el juez Carlos Valle calificaba los hechos de falta leve.

La Sección Sexta está compuesta por los magistrados Pedro Javier Rodríguez González-Palacios; Julián Abab Crespo; José Manuel Fernández-Prieto González; y Francisco Jesús Serrano Gassent.

En la resolución, los magistrados consideran que los hechos deben ser instruidos en "el marco de las diligencias previas del procedimiento abreviado por revestir provisionalmente los indicados hechos caracteres de un posible delito de desobediencia a los agentes de la autoridad" del artículo 556 del Código Penal.

Por ello, acuerdan estimar el recurso en este apartado, con "la consiguiente revocación de la resolución recurrida". Así, piden al instructor que transforme la causa en diligencias previas para la instrucción de la causa para "la averiguación y comprobación de los hechos denunciados".

Este artículo establece que "los que, sin estar comprendido en el artículo 550, resistieren a la autoridad o a sus agentes, o la desobedecieran gravemente, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año".

El precepto 550 señala que "son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas".

De este modo, la causa volverá al Juzgado para que se tramiten las diligencias. El juez tendrá previsiblemente que llamar a Aguirre a declarar, así como a los testigos del incidente, según han indicado fuentes jurídicas.

Los magistrados señalan que "no puede descartarse que la gravedad de la lesión causada por la conducta de la denunciada al bien jurídico protegido con la tipificación del delito de desobediencia, cual es el orden público, tenga la suficiente entidad como calificar provisionalmente dicha conducta como un delito de desobediencia del artículo 556 del Código Penal, excediendo la entidad de la desobediencia del carácter meramente leve de la falta de desobediencia".

"Debe incluso señalarse, a mayor abundamiento, que los actos de desobediencia tuvieron lugar en la vía pública, en una zona muy concurrida, por lo que se incrementa la gravedad de los actos de desobediencia al lesionar en mayor grado la dignidad del ejercicio de la función pública llevada a cabo por los agentes de la autoridad", añade el texto judicial.

Asimismo, relatan lo sucedido aquel día, conforme a los hechos denunciados, y narran que Aguirre había dejado su coche estacionado "indebidamente" en un carril bus de la plaza de El Callao, de Madrid, personándose los agentes de movilidad para redactar la correspondiente denuncia administrativa.

Tras solicitarle un agente el permiso de conducción, Aguirre les replicó: "¿Qué pasa? ¿Bronquita y denuncia? Venís por mí porque soy famosa. Tienes la placa. Denuncia el vehículo". Acto seguido, el agente le pidió de nuevo la documentación. "Yo me voy. Tienes la placa. Denúnciame", le espetó y arrancó el motor de su vehículo.

En su marcha, según apuntan los magistrados, "llegó a colisionar con una de las motocicletas de los agentes en la maniobra para marcharse del lugar". La moto cayó al suelo y resultó dañada. Los agentes ordenaron a Aguirre que detuviera el vehículo, "haciendo ésta caso omiso a la orden".

El altercado de tráfico llegó a los tribunales madrileños después de que la Policía Municipal remitiera el atestado policial sobre lo sucedido. Ese día, la expresidenta de la Comunidad de Madrid se marchó con su coche tras supuestamente arrollar la moto de un agente que la había multado por aparcar en un carril bus de Gran Vía.

En el recurso, Transparencia y Justicia señalaba que "por los mismos hechos cualquier otro ciudadano normal hubiese acabado en el calabozo de una comisaría, con los grilletes en las muñecas, para ser inmediatamente citado de comparecencia para la celebración de juicio rápido".

Hacienda devuelve 2.137 euros a la mujer del sospechoso Jordí Pujol

BARCELONA.- Hacienda ha devuelto 2.137 euros por el impuesto de la renta de 2013 a Marta Ferrusola, que en el mismo ejercicio ha pagado 407,58 euros en tributos por su patrimonio declarado por inmuebles, acciones y depósitos bancarios, valorado en de 685.099 euros.

Así consta en las declaraciones tributarias que la defensa de la familia Pujol ha entregado a requerimiento de la titular del juzgado de instrucción nº 31 de Barcelona, que investiga la fortuna que el expresidente catalán Jordi Pujol ha confesado que mantuvo oculta durante 34 años.
La declaración del IRPF de 2013 de la esposa de Jordi Pujol, que escogió tributar por separado de su marido y asignar a la Iglesia católica los impuestos que le correspondiera pagar, revela que en ese ejercicio ingresó 20.185 euros anuales por su pensión.
Ferrusola manifestó además en la declaración del IRPF unas ganancias patrimoniales de 7.132,61 euros y unas pérdidas de 11.846 euros en intereses bancarios, por los que en total sumó unas retenciones de 3.578 euros.
Con esas retenciones, junto a las deducciones derivadas de su pensión y las correspondientes a donativos, la esposa del expresidente de la Generalitat logró que la Agencia Tributaria le devolviera 2.137,03 euros.
Marta Ferrusola declaró también a Hacienda por el ejercicio de 2013 un patrimonio de 685.099,83 euros, que incluye la valoración catastral de sus bienes inmuebles y los fondos depositados en entidades bancarias españolas, por el que ha tenido que pagar a la Agencia Tributaria 407,58 euros.
En su declaración de patrimonio, la esposa de Jordi Pujol manifestó ser propietaria de tres inmuebles en la ronda General Mitre de Barcelona, donde el matrimonio tiene su vivienda habitual, con una valoración a efectos tributarios de casi 140.000 euros en total, a los que suma la casa de Queralbs (Gerona), con una estimación de 58.240 euros.
Entres sus bienes financieros, Ferrusola declaró una decena de cuentas o depósitos corrientes en distintas entidades, con fondos que suman 397.427,81 euros, acciones y participaciones por valor de 64.823 euros y un seguro de vida de 157.325 euros.
Por su parte, a la hija del expresidente Marta Pujol la Agencia Tributaria le ha devuelto 3.032,65 euros por la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio de 2013, en el que, como trabajadora autónoma, manifestó unos ingresos de 27.170,04 euros y otros 5.458 de rendimiento de capital.
En su declaración del IRPF, la hija del expresidente catalán eligió la tributación separada de su esposo y asignar los impuestos que pudieran corresponderle pagar tanto a la Iglesia católica como a fines sociales.
El periódico La Razón publica también que a otros hijos de Pujol también les ha devuelto Hacienda: en concreto 4.719,86 euros a Pere Pujol Ferrusola y otros 2.806,45 euros a Mireia Pujol.

El gobierno de los ladrones / Ramón Cotarelo *

Andan los socialistas muy atareados sugiriendo todo tipo de reformas que, a su juicio, podrían mitigar el desastre de España. Alguien ha dicho al nuevo Secretario General que debe desgranar una serie de propuestas en asuntos tangibles, concretos, ser constructivo, para recuperar la confianza del electorado. Igualmente los otros partidos de izquierda, aparte de debatir sobre su anhelada cuanto quimérica unidad, proponen baterías de medidas alternativas para sacar a España del hoyo en que la ha metido la estupidez y la incompetencia de Rajoy. Todos creen que la oposición no solo debe criticar al gobierno sino también proponer otras soluciones, distintas, a las que dan por fracasadas; ser positiva.

Pierden el tiempo lamentablemente. Los gobernantes no entienden de política ni les importa. Basta con mirar sus currículums; lo suyo es la explotación de los demás o el enchufe y la mamandurria propios. No les interesan las medidas de recuperación ni el crecimiento económico, ni los índices de desarrollo, ni el bienestar de los españoles. Lo único que les importa es cómo robar, como expoliar y esquilmar lo público, cómo llenarse los bolsillos, los propios y los de los amigos y enchufados por todos los medios mediante el BOE, la recomendación, el compadreo, el enchufismo o el caciquismo. Al PP, que no es propiamente un partido político, sino que más bien parece una asociación de malhechores, le traen al fresco las cuestiones políticas, morales, ideológicas y, cuando invoca una de estas, es para acudir en auxilio de la iglesia católica, su aliada y cómplice, la organización parásita española por excelencia que no ha sufrido un solo recorte en todo lo que va de crisis.

Hoy, viernes, el consejo de ministros aprobará el llamado "rescate" de las autopistas radiales de Madrid, todas en quiebra. Es un ejemplo diáfano de la forma cleptocrática de gobernar de estos apandadores de lo público. Las autopistas se pusieron en marcha como empresas privadas en contra de todo criterio de rentabilidad y viabilidad bajo un gobierno del PP con cuantiosas subvenciones públicas y la intención de favorecer a los amigos, sin contar los presuntos fraudes, mangoneos, favoritismos y chanchullos que se hicieran en el proceso. Mientras dieron algún rendimiento, los beneficios fueron privados; cuando, a causa de la planificación incompetente, sino directamente delictiva, y de la crisis, entraron en pérdidas, estas se socializan, de forma que son los contribuyentes quienes pagaremos el nuevo latrocinio de miles de millones. Para los peperos, gobernar es exactamente esto: piratear, robar lo público en beneficio privado y socializar las pérdidas privadas producto de la incompetencia o la granujería. Como han hecho con los bancos.

No tienen proyecto de país, ni plan alguno de recuperación, ni la menor idea de política económica ni de política a secas. Si hablan de esas cosas, como hace Rajoy de vez en vez, se las inventan, fabulan, mienten descaradamente, al estilo del mismo Rajoy a quien ya no creen ni en su casa, aunque a él, con su falta absoluta de dignidad, le dé igual. Lo suyo, lo de todos ellos, es forrarse, enriquecerse. Entienden la política como un negocio. La militancia en su organización de presuntos malhechores era una preparación (sabrosamente remunerada a base de sobresueldos) con el fin de llegar al poder para arramblar con todo lo público y quedárselo. Un botón de ejemplo: Rajoy es registrador de la propiedad; dos hermanos (o hermanas) suyos, también, y algún cuñado o cuñada. Un clan de registradores. En consecuencia, el ministro de "Justicia" del Reino privatiza el registro para que los amigos, parientes, deudos, enchufados de Rajoy y el propio Rajoy, hagan negocios suculentos a costa del sufrido contribuyente y negocios fabulosos, sin costes de infraestructura (pagados por los ciudadanos) y en el que todo son ganancias.

Cualquier persona normal se avergonzaría de esto, pero no los peperos. En todo país democrático, un presidente acusado de cobrar dinero en negro y de haber amparado una caja B en su partido habría dimitido, abochornado, y no digo nada de una vicepresidenta que parece haber cobrado 500.000 € de dinero dudoso o de una ministra a quien una organización delictiva pagaba los cumples de sus hijos. Aquí siguen siendo presidente, vicepresidenta y ministra y tienen la desvergüenza de amadrinar un proyecto de... ¡regeneración democrática!

El estilo elevado a categoría. La práctica es siempre la misma: unos funcionarios públicos (todos abogados del Estado, inspectores de trabajo, técnicos de la Administración, etc) al servicio de los intereses privados con la misión de descapitalizar lo público, arruinar el Estado del bienestar y derivar los dineros de todos a sus bolsillos o los de sus amigos y/o amos. A esto lo llaman capitalismo liberal, con desparpajo propio de turistas de paraísos fiscales. Y lo practican con todo: con la educación (en donde comparten el botín con los curas, otros liberales de siempre que imponen su modelo dogmático al tiempo que esquilman a la colectividad en nombre de Dios), la sanidad pública, los servicios esenciales, la gestión pública y hasta las pensiones cuyo fondo de reserva han saqueado para comprar deuda de la suya.

La oposición está en la luna cuando se toma en serio la actividad institucional. O algo peor que en la luna. A lo mejor está también en el ajo (el caso de los EREs y otras corruptelas son significativos) y por eso sigue la corriente en lugar de denunciar de modo sistemático y recurrente, sin descanso, la corrupción del partido del gobierno en todos los niveles. El gobierno y su partido no entienden de política; la democracia les parece una estupidez; las libertades, como a Franco, libertinaje. Llaman política a enchufar a los suyos, por ineptos que sean, como han hecho en Europa con De Guindos y Cañete, y responden al creciente descontento y malestar sociales comprando material antidisturbios y endureciendo la legislación autoritaria y la censura con el fin de amedrentar a la población, escarmentarla, asustarla y oprimirla. Es lo único que saben hacer. Eso y rezar a una pintoresca panoplia de vírgenes, en la más acrisolada tradición de la estupidez nacionalcatólica.

Para ese fin han imaginado el proyecto de reforma de la Ley electoral: para imponer por vía de pucherazo  a los suyos en los ayuntamientos en los que, como se prueba por el alud de procesos en marcha por los más diversos delitos, llevan años, lustros, decenios robando. No vaya a ser que los demás partidos formen gobiernos democráticos y se descubra el pastel de este latrocinio masivo de la derecha, esta corrupción a base de la alianza de políticos malhechores, funcionarios venales, empresarios corruptos, curas chupones y delincuentes que, en muy buena medida explica la pavorosa crisis española, cuyas consecuencias estamos pagando la población civil.

Por eso mismo empiezan ya a oírse voces en el partido del gobierno para ampliar este pucherazo a las elecciones autonómicas. Los presidentes y consejeros también quieren blindarse frente a las investigaciones de sus saqueos. Y me apuesto cualquier cosa a que sale alguien pidiendo que también se extienda a las elecciones legislativas.

Es lo mejor para robar más cómodamente porque, lo que es de política, estos mangantes no entienden nada ni les importa.
 
(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED