lunes, 28 de enero de 2013

Las comunidades autónomas pagarán al Gobierno por el uso de las instalaciones de la Embajada ante la Unión Europea

MADRID.-   Las comunidades autónomas que han aceptado integrar sus oficinas en Bruselas en los locales de la Representación Permanente de España (Reper) ante las instituciones europeas pagarán al Gobierno por el uso de sus instalaciones un coste estimado de 7.000 euros por persona y año. 

   Así se establece en los convenios singularizados que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha suscrito con diversas administraciones autonómicas y que ha publicado recientemente el Boletín Oficial del Estado (BOE).
   Hasta la fecha, ascienden a seis las autonomías que han aceptado la oferta de Exteriores (La Rioja, la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Galicia, Asturias y Navarra) de integrar sus delegaciones en el exterior en la Embajada de España ante la UE con el objetivo de ahorrar costes y aumentar la coordinación entre administraciones.
   De entre ellas, La Rioja, Castilla y León, Navarra y Asturias ya han hecho la mudanza a la sede de la Reper en Bruselas, un complejo de varios edificios que alberga a más de 200 funcionarios del Estado, entre diplomáticos, consejeros y agregados de los distintos Ministerios.
   Los representantes de las comunidades están instalados en el edificio que acoge también al personal de otros Ministerios. Aunque el traslado a la Reper supondrá a las autonomías un notable ahorro, sobre todo porque dejarán de pagar el alquiler de una oficina propia, no les saldrá gratis ya que han acordado con Exteriores "contribuir a los gastos generales de la Reper por los bienes, servicios y suministros que se le proporcionen".
   En los convenios singularizados firmados por Exteriores con La Rioja y Castilla y León --los únicos que hasta la fecha ha publicado el BOE-- se establece que cada una de ellas deberá abonar a la Reper "una cantidad inicialmente estimada de gasto por persona y año" de 7.000 euros.
   Este montante --que deberá abonarse en cuotas trimestrales-- corresponde, más o menos, a los gastos de luz, agua, limpieza y calefacción de un despacho. Al final de cada año, se verá cuáles son los gastos "realmente efectuados" por cada delegación autonómica para proceder a la liquidación correspondiente.
   La Rioja tiene instalada en la Reper a una jefa de oficina, cuya labor es apoyada por un becario, por lo que esta Comunidad deberá abonar al Gobierno unos 14.000 euros anuales.
   El convenio suscrito con Castilla y León establece que esta Comunidad podrá incorporar en las instalaciones de la Reper a un máximo de ocho personas, por lo que podría llegar a pagar al Ejecutivo 56.000 euros anuales.
   Los gastos de teléfono los satisfará "por su importe exacto" cada autonomía, así como todos aquellos gastos correspondientes a viajes, dietas y traslados de su personal, según ambos convenios, en los que el Gobierno autonómico se compromete a "cuidar y hacer buen uso de las instalaciones y medios que le proporcione la Reper, responsabilizándose de los daños causados por negligencia de su personal".
   La Reper, por su parte, se compromete a proporcionar a los Gobiernos autonómicos "el apoyo institucional que sea posible para el adecuado ejercicio de sus actividades", para lo que designará a un miembro del personal de la legación encargado de coordinar acciones con el responsable de la delegación autonómica.

El juez Ruz pregunta al fiscal si debe investigar la supuesta "contabilidad B" del PP

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye la causa sobre la trama de corrupción 'Gürtel', ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe investigar la "supuesta contabilidad B" del Partido Popular (PP) y si existe alguna relación entre los sobresueldos que habrían cobrado dirigentes de esta formación y el hallazgo en Suiza de 22 millones de euros a nombre del extesorero Luis Bárcenas. 

   Según fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 ha dado traslado este lunes al Ministerio Fiscal del escrito presentado el pasado 23 de enero por el PSOE, en el que se solicitaba la ampliación a las cuentas del PP de la investigación del 'caso Gürtel'.
   Los socialistas, que ejercen la acusación popular en este procedimiento, registraron un escrito en el que reclamaban al juez que pidiera al PP "toda la documentación" de Bárcenas, imputado en la causa, que "permanece en su sede de Génova".
   También solicitaron que Bárcenas vuelva a declarar en la Audiencia Nacional y que se interrogue como testigo al anterior tesorero del PP Álvaro Lapuerta, a fin de analizar si existe alguna vinculación entre los fondos hallados en el Dresdner Bank de Ginebra y las finanzas de la formación conservadora.
   El PSOE consideraba "razonable" pensar que las cuentas de Bárcenas estarían "en buena lógica" relacionadas con su cargo como tesorero del PP y con las "finanzas" de la organización. "La procedencia de esos fondos y su vinculación con la denominada caja B del PP está por aclarar, siendo en todo caso el único dato sobre el que se tiene certeza que ambas eran controladas por el Sr. Bárcenas", sostiene.  
   En su escrito, que fue redactado por el abogado del PSPV, Virgilio Latorre, el principal partido de la oposición citaba las informaciones periodísticas según las cuales Bárcenas habría pagado "sobresueldos" a trabajadores del PP que "no habrían sido declaradas a Hacienda" y recuerda declaraciones realizadas por varios dirigentes de las que se deduciría que la actual dirección acabó con estas prácticas.
   También señala que, según el diario 'El Mundo', el dinero manejado por Bárcenas procedería del pago de comisiones por parte de "constructoras y compañías de seguridad" que optaban a concursos públicos.
   Ante estos datos, esta parte solicitó que Bárcenas explique ante el juez "el origen sin justificar de los fondos" que tenía en la entidad bancaria suiza y que vació después de ser implicado en la trama en 2009, así como "los titulares, apoderados o beneficiarios de la misma y del resto de cuentas a las que transfiere" ese dinero.
   También quieren que se analice "su posible vinculación con la caja B del Partido Popular, el uso que se daba a la misma y, finalmente, la posible procedencia de parte de esos fondos del cobro de comisiones ilegales".  
   Si de su declaración se dedujera que sus fondos tenían "un origen ilícito", el PSOE quiere que presten declaración como testigos "los representantes legales de las empresas que hayan pagado comisiones" a Bárcenas por "la obtención de contratos públicos en Administraciones controladas por el Partido Popular".
   La declaración de Lapuerta estaría justificada, según los socialistas, "a efectos de constatar su conocimiento de las cantidades ingresadas en la cuenta" del Dresdner Bank.
   De igual modo, solicitaron al juez Ruz que pida a la Agencia Tributaria y a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que elaboren sendos informes sobre la documentación remitida en la comisión rogatoria suiza, tal y como acordó el propio instructor en el auto dictado el pasado día 16.
   También le pidieron que enviara un mandamiento a la Agencia Tributaria a los efectos de que "certifique" que la sociedad de Bárcenas "se ha acogido a la amnistía fiscal, por qué cuantía y de que cuenta proceden los fondos".
   En su escrito, el PSOE recuerda los indicios que obran en la causa contra Bárcenas, que está imputado por los delitos de fraude fiscal, cohecho y blanqueo de capitales, y los apuntes a nombre de "L.B."  y "Luis el cabrón" que constaban en la contabilidad B de las empresas dirigidas por Francisco Correa. Según la investigación, Bárcenas habría recibido de la trama 1.353.000 euros.  
   Según sus cálculos, al contar con 22 millones en la cuenta del Dresdner Bank "existen más de 20 millones euros de origen desconocido y presuntamente ilícito", a lo que suman declaraciones de dirigentes del PP en las que señalaban que Bárcenas no tenía "ninguna actividad profesional al margen de su cargo en ese partido".

IU se 'descuelga' del pacto global anticorrupción en España

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha avanzado este lunes que su partido se ha 'descolgado' del pacto global anticorrupción planteado por el Gobierno porque no quiere entrar en el "jueguecito" de "lavar la cara" al PP. De hecho, ya ha registrado este mismo lunes su propio catálogo con medidas anticorrupción en el Congreso que es, a su juicio, donde debe debatirse la "sistemática" corrupción política y empresarial que sufre España "y no de espaldas" a la sociedad.

   En rueda de prensa, Lara ha informado de que el pasado miércoles recibió una llamada de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que es la encargada de buscar apoyos entre los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo para combatir esta lacra que, según sus palabras, es un "cáncer" para la democracia.
   Sin embargo, el líder de IU ha dejado claro que la federación de izquierdas no va a respaldar en esto al PP, que ha planteado este pacto anticorrupción a raíz del estallido del 'caso Bárcenas' y después de anunciar que va a someter sus cuentas a una auditoría interna y a otra externa.
   "Que a estas alturas no nos cuenten milongas", ha exclamado Lara, antes de criticar que tanto PP como PSOE salgan ahora como adalides contra la corrupción cuando, ha remarcado, son los "responsables" de la misma por no haber legislado hasta ahora para erradicarla, por haber contribuido a incrementarla "al calor de la burbuja inmobiliaria" y por haber desarrollado un modelo de financiación de partidos que no es ni "público" ni "transparente".
   A su juicio, la corrupción es ya de por sí un tema de suficiente enjundia como para que el debate en torno a las medidas que habrían que tomarse para acabar con estas prácticas tenga lugar en el Parlamento, "y no en una mesa camilla".
"Y que cada palo aguante su vela", ha apostillado.
   En este sentido, y preguntado sobre si IU está exento de los casos de corrupción que se han registrado en España, Lara ha respondido que "alguno habrá" pero, eso sí, ha presumido de "actuar" en cuanto aparece, y ha puesto como ejemplo el caso "puntual" que afectó a su alcalde del municipio malagueño de Casares.
   Es más, ha dicho que cuando hace dos años el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, informó de que había 700 casos de corrupción en España y que 20 correspondían a IU, ya Lara le envió una misiva para que le diera cuenta de cuáles eran y aún esta a la espera de tener una respuesta.
   No ha negado que haya habido en sus filas "cuatro casos puntuales" de prevaricación, un delito que ha querido diferenciar de la corrupción "con mayúsculas", y ha insistido en que cuanto IU tienen conocimiento de este tipo de comportamientos actúa. "Actuamos, y no si no lo hacemos es porque no lo sabemos", ha remachado.
   Durante su comparecencia, el también presidente de la Izquierda Plural en el Congreso ha explicado algunas de las 41 medidas que su grupo parlamentario ha incluido en una proposición no de ley que ha registrado este mismo lunes y que espera que tenga buena acogida por el resto de fuerzas políticas que conforman el arco parlamentario.
   Además de la celebración de un pleno monográfico sobre la corrupción con el objetivo de alcanzar una serie de compromisos concretos para poner fin a esta práctica, Lara propone, entre otras cuestiones, la obligación de que los diputados tránsfugas devuelvan su escaño a la candidatura en cuya representación fueron elegidos o la reforma del actual régimen de aforamiento de diputados y senadores.
   Pero también plantea ampliar los tipos penales y endurecer las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y los corruptores, permitiendo penas de inhabilitación de hasta 30 años, establecer procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos, reforzar la Agencia Tributaria, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC), la Fiscalía Anticorrupción o las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas.
   De igual forma, sugiere una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, una regulación de los salarios de todos los cargos públicos y de los obsequios o invitaciones que éstos reciben y la creación de una oficina de regulación del Registro de Intereses de los diputados, miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración.
   Otras de las iniciativas por las que aboga IU pasa por reforzar el Tribunal de Cuentas, la reglamentación de los 'lobbies', por la reforma de la vigente Ley Electoral para, entre otras cosas, limitar el volumen de propaganda electoral, y por modificar la Ley de Financiación de Partidos Políticos para prohibir las donaciones a las formaciones, fundaciones y asociaciones ligadas a éstos por parte de empresas contratadas en el momento de la donación o con anterioridad, por las administraciones públicas, organismos y empresas públicas.

El PP urge a Rubalcaba a depurar responsabilidades en la Fundación Ideas

MADRID.- El portavoz del PP en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Antonio Gallego, ha instado al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, a dejarse de "hipocresías" y a aplicar en la Fundación Ideas las responsabilidades políticas que los socialistas exigen a los 'populares' cuando surge algún caso que les afecta. 

   Así se ha pronunciado Gallego después de que el vicepresidente de la Fundación Ideas, el exministro Jesús Caldera, haya asegurado que no piensa dejar su cargo tras descubrirse que esta entidad pagó trabajos a una supuesta columnista Amy Martin que en realidad era Irene Zoe Valdés, esposa del ya exdirector de la misma Carlos Mulas.
   "Si pide responsabilidades políticas allá donde aparece un caso de corrupción relacionado con el PP, que se aplique el cuento, y no actúe con hipocresía ni cinismo. No se puede actuar con una doble vara de medir en un función de si los casos salpican a un partido o a otro", ha sentenciado Gallego.
   En cualquier caso, el diputado 'popular' ha reconocido que todos los partidos, incluido el suyo, tienen que hacer "autocrítica" y limpiar sus filas de "corruptos".
 "En todas partes cuecen habas y en el PSOE cuecen a cucharadas", ha remachado, no obstante.

El Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio respalda la decisión del Gobierno islandés de no devolver el 100% del dinero a la banca anglo-holandesa

LUXEMBURGO.- El Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) acaba de dictaminar que el Gobierno de Reikiavik no violó la ley cuando forzó que 300.000 ahorradores británicos se quedasen sin el dinero que habían depositado en unas entidades que antes de la crisis parecían tan seguras como las de su país.

Tras la bancarrota, ocurrida en 2008 ante el rechazo del Ejecutivo islandés de no rescatar a sus principales entidades, los Gobiernos británicos y holandeses compensaron a los ahorradores con su propio dinero por las pérdidas. No obstante, inmediatamente después iniciaron un proceso legal que este lunes ha acabado su primera etapa.
Según el dictamen de la EFTA, cuya decisión ha sorprendido a muchos analistas, Islandia no actuó en contra de la normativa al tomar la decisión de no pagar a los ahorradores. “Es una satisfacción considerable que la defensa islandesa haya ganado el caso Icesave. El Tribunal de la EFTA hace que esté más cerca el final de una historia muy larga”, ha respondido hoy el Gobierno islandés.
Lo paradójico de este caso es que, pese al apoyo recibido hoy por los tribunales, el Gobierno de Islandia ha acabado por pagar gran parte del dinero que debía al Estado británico. Según portavoces oficiales, Reikiavik ya ha reembolsado casi 3.300 millones de euros de los más de 6.600 depositados en Icesave. La cantidad ya pagada supone más del 90% del mínimo garantizado que el Estado estaba obligado a devolver. Así que, pese al veredicto que hoy llega de Luxemburgo, los contribuyentes islandeses, de una forma u otra, acabarán pagando —tal y como han hecho los españoles e irlandeses— los excesos de sus banqueros.
En contra de las advertencias de Europa y de muchos de sus gobernantes, sus ciudadanos se negaron dos veces en referéndum a compensar a los británicos y holandeses que habían depositado sus ahorros en bancos de la pequeña isla que acabaron quebrados. Ahora, cuatro años después del hundimiento de su sistema bancario, un tribunal de Luxemburgo acaba de dar la razón a los que rechazaron pagar con fondos públicos a los clientes extranjeros de la entidad Icesave.

Más cárcel e inhabilitación para corruptos: las 'propuestas imposibles' de IU contra la corrupción en España

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha presentado el Congreso una iniciativa parlamentaria para luchar contra todo tipo de corrupción, especialmente la política, dentro de los planes que está elaborando esta formación para luchar contra esta lacra. La propuesta contiene 41 medidas incluidas en una proposición no de ley que ha sido registrada este lunes, con las que Lara quiere "meter el dedo en la yaga a fondo y debatir la verdad desnuda, sin taparla ni poner cortinas de humo".

El máximo responsable de IU ha salido así al paso de las tímidas reacciones puestas en marcha desde el Gobierno de derechas del PP y desde algunas formaciones políticas a raíz de que saltaran a la luz pública recientemente algunos casos importantes de corrupción, especialmente el 'caso Bárcenas', que afecta al ex Tesorero del PP implicado en la trama Gürtel y en la supuesta financiación irregular del partido de Mariano Rajoy.

Para Lara no caben medias tintas para atajar este asunto y considera que el debate para abordarlo "tiene que ir al Pleno del Congreso, discutir por qué hay corrupción en España y que cada palo que aguante su vela".

"Hay que decir -insistió Lara- por qué no se ha legislado, por qué la corrupción está explícita en ciertos partidos, por qué se descubren cuentas en Suiza con 20 millones, si es verdad que ha habido sobres o no, quién ha puesto el dinero en 'negro' y cuáles son concesiones administrativas que se han hecho y cuánto les han costado más a los ciudadanos esas concesiones".

Penas de cárcel, inhabilitación...

Entre las medidas concretas que Izquierda Unida incluye en la proposición presentada hoy se plantea ampliar los tipos penales relacionados con la corrupción -para corruptos y corruptores- y endurecer las penas que se les apliquen, incluyendo inhabilitaciones de hasta 30 años. En el mismo sentido, se establezcan procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos.

Para mejorar la actuación de todo lo que tiene que ver con posibles casos de corrupción política se recogen propuestas relacionadas con los cargos públicos, como la regulación de sus salarios, la prohibición de que reciban obsequios o invitaciones de contratistas de la institución y una nueva regulación de las incompatibilidades.

También se establecen medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de control de los procesos de contratación en las administraciones públicas y de control interno y externo de los procedimientos urbanísticos de planeamiento, recalificación y licencia.

Se completa con la exigencia de refuerzos para la Agencia Tributaria, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (SEPBLAC), la Fiscalía Anticorrupción o las fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades.

Reglamentación de los 'lobbies'

La iniciativa parlamentaria de IU insta también a la reglamentación de los 'lobbies', la limitación de los gastos en las campañas electorales, la prohibición de las donaciones a los partidos políticos, así como a fundaciones y asociaciones ligadas a ellos por parte de empresas contratadas por las administraciones públicas.

Especial significación tiene también la obligación por ley que se plantea para que los diputados tránsfugas devuelvan su escaño a la candidatura en la que fueron elegidos.

En la exposición de motivos del texto se incluyen nombres como los de Urdangarin, Matas, Pujol, González, Pallerols, Guerrero, Fabra, Baltar y Bárcenas, casos como los de La Muela, Malaya, Gürtel, Poniente, Campeón, Brugal, Babel, Pretoria o Palma Arena, y "extraños indultos" que enmiendan la acción de la Justicia y que "están agravando extraordinariamente la alarma social y el descrédito de la política y del propio sistema democrático".

Por otro lado, Cayo Lara ha mostrado su desacuerdo con la oferta realizada la semana pasada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de llegar a un pacto contra la corrupción por considerarlo una "especie de mesa camilla que se le ha ocurrido" que se concretaría en un "documento de expertos" sin más alcance real.

Tallín se convierte en la primera capital europea con transporte público gratuito

TALLÍN.-  La ciudad de Tallín, capital de Estonia, se ha convertido en la primera capital europea en instaurar la gratuidad en los transportes públicos para todos sus habitantes, con el fin de reducir los atascos y la polución. 

Desde el inicio del año, los habitantes de Tallín deben validar una nueva tarjeta verde cuando suben al autobús o el tranvía, pero el trayecto en sí mismo es gratuito. «Es tan nuevo, que me suelo olvidar de hacerlo», comenta Pavel Ilmjarv, de 19 años, mientras coge el autobús nº 5 en el centro de la capital de Estonia. «Antes, tenía una tarjeta mensual y no tenía que validarla cada vez. Pero no me voy a quejar: la gratuidad de los transportes es superpráctica, me encanta», añade.
Solo son gratis los transportes para los 420.000 habitantes de Tallín. Sin una tarjeta magnética personal que atestigua que se reside en la ciudad, se paga dos euros.
«Tuvimos esta idea hace justo un año y hemos constatado que desde las primeras semanas, el número de personas que han utilizado el transporte público ha aumentado, así que hemos decidido aumentar el número de autobuses en servicio», explica el alcalde adjunto de Tallín, Taavi Aas. La mitad de los habitantes de Tallín han utilizado ya el nuevo sistema, según la alcaldía.
Para el Ayuntamiento, la gratuidad tiene un coste: «Este año no nos beneficiaremos de los 12,4 millones de euros provenientes de la venta de billetes de transporte, suma con la que se cubría alrededor del 23% del total de los gastos de transporte público en Tallín», precisa Toomas Pirn, portavoz municipal.
«Parte de esta suma se compensa con el aumento de los impuestos gracias a los nuevos habitantes. El año pasado la población de Tallín aumentó en 3.686 personas y sigue subiendo», dice.
Numerosos habitantes de Tallín que hasta ahora declaraban su chalet de verano como residencia principal se han registrado en Tallín para beneficiarse de la gratuidad de los transportes públicos, aumentando con sus impuestos locales las cuentas municipales.
El objetivo de la operación es luchar contra los atascos y la polución. «Esperamos limitar el número de vehículos en circulación en la ciudad y reducir así la contaminación del aire. Los estudios muestran que son los coches los que más contaminan», asegura Pirn.
Todavía es demasiado pronto para valorar la medida. «Hasta ahora, alrededor de la mitad de los habitantes utilizaban el transporte público. Habrá que esperar un tiempo para evaluar el número de coches que se quedan aparcados debido a la gratuidad de los transportes públicos», señala.
Para una familia de dos adultos y dos niños, la medida debería permitir ahorrar unos 600 euros al año, una cantidad nada desdeñable en un país en el que el salario mensual medio es de 900 euros.
Pero en este pequeño país de 1,3 millones de habitantes, los no residentes protestan. «Estudio en Parnu y para mí los transportes públicos no son gratis. Esta medida es muy injusta para los que no viven en Tallín. En el campo, la gente gana en general menos dinero que en la capital», dice Eve, una estudiante de 26 años. Un billete cuesta 1,60 euros.
El sistema de gratuidad está reservado solo a los residentes, existen controles y los defraudadores pueden ser multados con hasta 60 euros, el equivalente a un subsidio de desempleo. La tasa de paro es del 10% en este antiguo país de la Unión Soviética, convertido en miembro de la Unión Europea en 2004 y de la zona euro en 2011.
Tallín espera obtener el título de Capital verde de Europa, concedido este año por la Comisión europea a Nantes, Francia.
«Esperamos lograr el título en 2018. El hecho de ser la primera capital europea en instaurar la gratuidad de los transportes para todos sus habitantes nos va a ayudar a conseguirlo», señala el alcalde adjunto Taavi Aas.

La corrupción ha costado a España más de 7.000 millones desde 2000

MADRID.- La corrupción política, económica e institucional es el cáncer de nuestra democracia. Lo atestiguan las encuestas de opinión y lo demuestra la realidad. Desde el año 2000, y en la quincena de casos más llamativos y que más han golpeado a nuestras instituciones, la corrupción se ha cobrado 6.839 millones de euros, el equivalente por ejemplo al valor de Twitter (6.700 millones de euros, según «The Financial Times») o mil millones más que el presupuesto del Ministerio de Defensa para 2013 (5.900 millones de euros), publica hoy 'Abc'. 

Se trata además de un cálculo muy conservador, pues a lo largo de todos estos años desde 2000 se han producido muchos más episodios de corrupción -de alcance económico menor, es cierto- que no están incluidos en este informe de Abc. También, en algunos de los casos recogidos en estas páginas, las investigaciones judiciales aún están en marcha, por lo que la cifra defraudada podría incluso aumentar. Además, no se reflejan otro tipo de tramas delictivas en las que están implicados políticos supuestamente corruptos. La operación contra la mafia rusa del pasado viernes, con la implicación política de al menos un diputado de CiU, es el último ejemplo, e indudablemente la triste «factura de la corrupción» en España crecerá.
El caso Palau, el escándalo de los ERE fraudulentos de Andalucía, la trama Gürtel, las supuestas estafas del Forcem, la implicación de Iñaki Urdangarín en el caso Nóos... Episodios de sobra conocidos por las revelaciones que prácticamente a diario se publican en toda la prensa nacional y que demuestran que la corrupción es transversal, de modo que afecta a todos los partidos políticos -más a los más grandes porque son los que ocupan mayores parcelas de poder- y a todas las administraciones: central, autonómica y local. Y hay otra característica: siempre es utilizada como arma política contra el adversario.
Las reacciones de los partidos, sindicatos e instituciones afectados ante los casos de corrupción son también muy similares: primero se apela a la presunción de inocencia, luego se recuerda al resto de formaciones políticas sus propios casos de corrupción; se afirma que se trata de casos aislados, y se anuncian medidas más o menos llamativas para evitar nuevos casos en el futuro. Pero a menudo todo queda reducido a agua de borrajas.
Las encuestas son demoledoras. La última de ellas, publicada el pasado 20 de enero por ABC, revelaba que el 74 por ciento de los ciudadanos considera que la corrupción está aumentando en España, y más de la mitad que es un fenómeno que afecta más a nuestro país que al resto de Europa. Hay otro dato inquietante: el 89 por ciento de la población cree que la justicia trata mejor a los políticos que al resto de ciudadanos; es decir, consideran que el castigo para esas conductas no es suficiente, lo que abona la tesis permanente de que los miembros de instituciones, o los cargos públicos, pertenecen a una casta privilegiada sobre la que no existe una percepción real de justicia. Además, las encuestas muestran el camino a los partidos sobre cuál debe ser su respuesta ante este tipo de casos. Así, el 86 por ciento de los españoles cree que todo aquel cargo público que sea imputado debe dejar sus responsabilidades.
El hartazgo ciudadano, con casi seis millones de personas en paro en España, es cada vez más evidente. Los estudios de opinión reflejan que los españoles se fían cada día menos de sus cargos públicos, de los sindicatos o de las entidades bancarias, hasta el punto de que, según el último estudio del CIS sobre este asunto, de octubre pasado, para el 26,9 por ciento de los encuestados, los políticos, por ejemplo, son uno de los tres principales problemas. Es el mayor porcentaje de la historia de la democracia.
Tras hacerse públicas en las últimas semanas cifras tan escandalosas de la corrupción, como los 22 millones hallados al extesorero del PP Luis Bárcenas en Suiza, los principales partidos políticos están apelando a grandilocuentes pactos contra la corrupción. Pero de momento, sin una sola firma.

Afinsa y Fórum. 4.400 millones

6.839 millones, por el sumidero de la corrupción desde 2000
Albertino Figueiredo
Un agujero patrimonial de 4.400 euros y medio millón de personas afectadas es el balance de una de las mayores estafas piramidales de la historia: la que llevó a la intervención judicial de las empresas filatélicas Fórum y Afinsa. Cuando están a punto de cumplirse siete años de la apertura de sendos procedimientos contra sus responsables por estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública, la Audiencia Nacional sigue tramitando ambas causas, que suman más de 3.000 tomos y en las que hay un total de 38 imputados, entre ellos Albertino Figueiredo, expresidente de Afinsa. Todavía hay en marcha varias comisiones rogatorias para localizar el dinero.

Caso de los ERE. 900 millones

6.839 millones, por el sumidero de la corrupción desde 2000
Francisco J. Guerrera
Las irregularidades en la gestión de los expedientes de regulación de empleo presentados y ejecutados por el mercado central de abastos de Sevilla fueron destapadas por una denuncia del comité de empresa. El asunto desembocó en un caso de corrupción de grandes proporciones que salpica a altos cargos de la Junta de Andalucía. Los hechos se remontan a 2003 y 2007, cuando Mercasevilla ejecutó dos ERE, costeados en parte por la Junta. Hay más de medio centenar de imputados, entre ellos el exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.

Nueva Rumasa. 500 millones

6.839 millones, por el sumidero de la corrupción desde 2000
José Mª Ruiz Mateos
Nueva Rumasa emitió entre 2009 y 2011 pagarés por valor de 385,3 millones de euros a 4.110 inversores, a los que ofrecían un interés de hasta el 12% anual. Pero las principales empresas del grupo, como Dhul y Clesa, quebraron en febrero de 2011 con una deuda de 700 millones. En ese momento los inversores privados solo habían cobrado algo menos de cien millones de euros, por lo que aún se les deben unos 300. Además, la «caja B» de la familia tenía anotaciones por otros 200 millones.

Caso Gürtel. 201 millones

6.839 millones, por el sumidero de la corrupción desde 2000
Francisco Correa
Un exconcejal del PP de Majadahonda dio las claves para desmontar una trama de pago de comisiones a políticos del PP de Madrid y Valencia a cambio de contratos. En 2009 fueron detenidos Correa, Pablo Crespo —exsecretario de Organización del PP de Galicia—, y Álvaro Pérez «El Bigotes». La investigación terminó con la carrera política del presidente valenciano Francisco Camps, tres alcaldes, dos diputados madrileños y un senador, Luis Bárcenas, entre otros. La investigación le costó la carrera al juez instuctor, Baltasar Garzón.

Palma Arena. 110 millones

6.839 millones, por el sumidero de la corrupción desde 2000
Jaume Matas
El caso Palma Arena, que hoy consta ya de más de veinte piezas separadas, entre ellas la de Noos que afecta a Iñaki Urdangarín, comenzó tras analizarse las obras del velódromo Palma Arena, ordenado construir por el entonces presidente balear, el popular Jaume Matas. Solo en esa instalación hubo unos sobrecostes de 110 millones de euros, aunque la cifra de lo saqueado en el conjunto de las investigaciones supera con mucho esa cifra. El caso, aún abierto, puso al descubierto una administración corrupta al servicio de Matas, imputado en la casi todas las piezas.

Caso Forcem. 100 millones

La Fiscalía pidó el procesamiento de seis cargos de UGT por el fraude de cien millones de euros en la Fundación para la Formación Continua (Forcem), formada por sindicatos y patronal. Las ayudas procedían de fondos de la UE y eran concedidas por el Inem. Algunas de las empresas receptoras del dinero carecían de actividad, empleados y hasta de alumnos. El Tribunal de Cuentas envió un informe al Congreso en el que se afirmaba que en el caso había responsabilidades penales y civiles en al menos dos sindicalistas. Tras la denuncia, que en su día promovió la Fiscalía de la Audiencia Nacional, una brigada policial adscrita al Ministerio de Trabajo investigó el 5 por ciento de los cursos subvencionados durante 2001 y detectó irregularidades en el 95 por ciento de ellos.

Gescartera. 88 millones

6.839 millones, por el sumidero de la corrupción desde 2000
Antonio Camacho
En junio de 2001, la Comisión Nacional del Mercado de Valores intervino Gescartera al detectar un agujero patrimonial de unos 100 millones. Fue el principio de un escándalo que se saldó con un total de 52 años de cárcel para ocho de los acusados (entre ellos, Antonio Camacho) y con la condena a La Caixa y Caja Madrid Bolsa como responsables subsidiarios de un perjuicio de 88 millones. La presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, condenada a 3 años, era hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique GiménezReyna, que dimitió.

Caso Pretoria. 45 millones

6.839 millones, por el sumidero de la corrupción desde 2000
Maciá Alavedra
La «operación Pretoria», contra la corrupción urbanística y el blanqueo de dinero, estalló en 2009 en Barcelona. Se detuvo a nueve personas, entre ellas el alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz (PSC) y dos altos cargos de CiU con Jordi Pujol: Macià Alavedra y Lluis Prenafeta. El presunto cerebro de la trama es Luis Andrés García Sáez, un exdiputado del PSC expulsado del partido. Anticorrupción les acusa de organizar una trama de sobornos que conseguía operaciones urbanísticas en suelo público con recalificaciones.

Caso Millet. 35 millones

6.839 millones, por el sumidero de la corrupción desde 2000
Félix Millet
Félix Millet y Jordi Montull están acusados de la desaparición de más de 35 millones de euros del Palau de la Música, el mayor expolio de una institución cultural que se habría realizado tanto para enriquecimiento propio como para financiar ilegalmente a CDC, el partido de Artur Mas. Millet y su mano derecha gobernaron el Palau durante 30 años, aunque el desfalco que se ha podido acreditar sólo se refiere a los diez últimos. Millet reformó inmuebles de su propiedad y pagó gastos de su familia con esos fondos.

Caso Bárcenas. 22 millones

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Luis Bárcenas
El extesorero y exsenador del PP, imputado en el caso Gürtel, se ha convertido en una caso en sí mismo tras conocerse que amasó 22 millones de euros en cuentas suizas. Bárcenas, que trabajó para el PP casi 30 años, compatibilizó estas tareas con sus negocios privados. La Audiencia Nacional investiga el origen de estos fondos y también se le acusa de haber cobrado una comisión de al menos 1,3 millones.

Caso ITV. 10 millones

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Un grupo de empresarios ofrecía concesiones públicas de ITV a cambio de quedarse con una parte del negocio. Contaban con el apoyo del secretario general de Convergencia, Oriol Pujol, al que los investigadores definen como «colaborador necesario», y tenían a sueldo al político convergente Josep Tous, al que la Generalitat le había encargado rehacer el mapa de las ITV del tripartito. Pujol proponía a los empresarios que contrataran los servicios de la consultora de su amigo Sergi Alsina.

Caso Malaya. 10 millones

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Julián Muñoz
Es una de las mayores tramas de corrupción política y empresarial desarticuladas en España. Con epicentro en Marbella, cuyo ayuntamiento tuvo que ser disuelto, a José Antonio Roca, considerado cerebro de la trama, le fueron intervenidos bienes por valor de 2.600 millones de euros. En estos días se ha celebrado el segundo juicio, dirigido contra la tonadillera Isabel Pantoja y su expareja, el exalcalde de Marbella Julián Muñoz. Durante la instrucción le fueron requeridas fianzas que alcanzan un total de 10 millones.

Caso Noos. 8,2 millones

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Iñaki Urdangarín
El caso Noos implica a un miembro de la Familia Real, el Duque de Palma, quien ya ha tenido que declarar ante el juez como imputado y volverá a hacerlo el próximo 23 de febrero. Tanto Iñaki Urdangarín como su socio, Diego Torres, habrían utilizado la imagen del primero para firmar convenios de colaboración con las administraciones públicas de Valencia y Baleares. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos una fianza civil de 8,2 millones de euros.

Caso Cooperación. 22 millones

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Rafael Blasco
El caso, instruido por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante la presunta implicación del portavoz parlamentario del PP en esa comunidad Rafael Blasco, investiga el supuesto fraude de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación. La investigación judicial, iniciada en mayo de 2011, se saldó con catorce detenciones y 26 imputaciones, entre ellas la de Blasco.

Caso Pallerols. 388.483 euros

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Fidel Pallerols
Tres lustros de investigación y en unos minutos se alcanzó una conformidad. La trama de financiación irregular de Unió consistió en un desvío de fondos de la Unión Europea destinados a cursos de formación para desempleados a través de las sociedades del empresario andorrano Fidel Pallerols. Unió Democrática de Cataluña era responsable civil subsidiario. Pallerols y los otros tres imputados han evitado ir a la cárcel al aceptar la devolución de forma conjunta de 388.483 euros. Sin embargo, no es todo lo defraudado.

6.839 millones equivalen a...

121 veces las ayudas a Cruz Roja y Cáritas. La subvención anual que Cáritas y Cruz Roja disponen cada año es de 56 millones, y con ella atienden a un millón de personas. Con lo robado por los corruptos podría darse esta subvención 121 veces.
Presupuesto del Ministerio de Defensa. El Presupuesto de un Ministerio como el de Defensa se eleva a 5.900 millones, mil euros menos que los 6.821 millones que suman las cantidades que se han llevado los casos de corrupción.
El valor de la red social Twitter. 6.700 millones es el valor de la red social Twitter (9.000 millones de dólares), más o menos lo que suma el desfalco en las arcas públicas que han implicado los distintos casos de corrupción.
15 veces la plantilla del Real Madrid. Los 6.821 millones de la corrupción son 15 veces el valor de la plantilla de un club de fútbol como el Real Madrid, cuyos jugadores están valorados en 517 millones de euros.

Cuatro parlamentarios españoles participan en la V Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción

MADRID.- Cuatro miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados español, dos del PP y dos del PSOE, participan esta semana en la V Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción que tendrá lugar en Manila (Filipinas) entre los días 30 de enero y 2 de febrero.

   En concreto, la delegación española la componen los vicepresidentes segundo y tercero, el socialista Javier Barrero y la 'popular' Dolors Montserrat, y los secretarios primero y cuarto, Ignacio Gil Lázaro (PP) y Teresa Cunillera (PSOE), respectivamente.  
   Según han informado fuentes parlamentarias, los diputados emprenderán viaje hacia la capital de Filipinas este martes, tras la reunión de la Diputación Permanente, con lo que no podrán estar presentes en el Pleno extraordinario que el Congreso tiene programado para el miércoles.
   La V Conferencia Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción se ha organizado bajo el lema 'Buenos líderes. Buenas leyes. Buenos Ciudadanos' y congregará a unos 500 delegados de 78 países. Ninguno de los representantes españoles figura como ponente, pero podrán participar en distintas sesiones de trabajo.
   Según el programa del evento los parlamentarios discutirán sobre supervisión parlamentaria y el papel de la auditoria contra la corrupción, ética y conducta parlamentaria, legislación antiblanqueo de capitales, participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción, y el papel de las mujeres en esta tarea. 

Piden al PP aclarar "quién está detrás" del dinero de Bárcenas en Suiza

MADRID.- El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido este lunes al PP que aclare "quién está detrás y de dónde viene" el dinero que el extesorero de los 'populares' Luis Bárcenas llegó a acumular en una cuenta suiza.

   En una entrevista en TVE, Rubalcaba ha manifestado que "ojalá" Bárcenas devolviera ese dinero, pero ha subrayado que "primero" quiere saber "quién está detrás, de quién es y de dónde viene" ese dinero.
   "Todo eso es lo que tienen que aclarar Bárcenas y el PP porque estamos hablando del corazón mismo del PP, de Génova, de la sede central, de las finanzas del PP. Estamos hablando de 22 millones de euros", ha manifestado.
   A la pregunta de si cree que la auditoría encargada por el presidente de los 'populares', Mariano Rajoy, ayudará a saber esto, el líder del PSOE se ha limitado a señalar que quiere ser "muy respetuoso" con el PP y que en estos casos de corrupción en los partidos "el 'y tú más' no funciona".
   No obstante, a continuación ha destacado que fue ministro del Interior durante más de cinco años y que durante este tiempo se empeñó "muy duramente en la lucha contra la corrupción", lo cual le "costó muchos disgustos" por la "cantidad de acusaciones tremendas" que, en su opinión, le transmitieron desde el PP por la investigación del 'caso Gürtel', trama que ahora, según ha dicho, está relacionada con la gestión de Bárcenas en el PP.
   En cuanto al conocido como 'caso Amy Martin' dentro de la Fundación Ideas, Rubalcaba ha indicado que el PSOE se está planteando "reestructurar la fundación para que no vuelva a pasar" un caso similar, que ha calificado como un "timo" para el partido.
   En cualquier caso, el secretario general del PSOE ha recordado que Carlos Mulas fue destituido "fulminantemente" como director de la Fundación Ideas y ha garantizado que va a "devolver el dinero, hasta el último euro" cobrado por los artículos firmados con el pseudónimo de Amy Martin.
   Para Rubalcaba, la corrupción política es "un cáncer para la democracia" al que hay que "hacer frente" 
. "Hasta ahora se ha perseguido, pero no nos hemos preocupado por prevenirla. Hay que poner controles previos", ha subrayado, para defender después la inclusión de los partidos políticos en la Ley de Transparencia que se está tramitando en el Congreso.