China pondrá fin este año al sistema de campos de trabajos forzados

PEKÍN.- El Gobierno chino tiene previsto poner fin este año al sistema de campos de trabajos forzados, lo que supondría un paso más en la política de reformas anunciada por el nuevo secretario general del Partido Comunista chino (PCCh), Xi Jinping, según ha informado la cadena de televisión oficial CCTV. 

   El anuncio del próximo fin de este controvertido sistema de "reeducación" puesto en marcha en los años 50 ha sido realizado por el nuevo jefe del Comité de Asuntos Políticos y Legales del Partido Comunista chino (PCCh), Meng Jianzhu, durante una reunión interna de la formación política.

   Las autoridades chinas se habían comprometido a reformar el sistema de de "reeducación" basado en los campos de trabajos forzados, al que se destina a personas por un máximo de cuatro años sin que se hayan presentado cargos en su contra.

   "El empleo de la reeducación por medio del sistema de trabajo terminará este año, tras la aprobación por parte del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo", ha informado Meng, en declaraciones recogidas por el microblog de la cadena de televisión oficial CCTV.

   El Congreso Nacional del Pueblo tendrá su reunión anual el próximo mes de marzo. Al ser consultado por esta previsión, el Ministerio de Justicia ha declinado pronunciarse sobre el fin del sistema de campos de trabajos forzados.

   La influyente revista 'Caixin' también se ha hecho de las declaraciones de Meng, realizadas en el marco de una reunión del Partido Comunista Chino. Meng, que también es ministro de Seguridad, tomó posesión como del Comité de Asuntos Políticos y Legales del PCCh tras el último Congreso de la formación política.

PSOE e IU-ICV piden suavizar los requisitos de la moratoria antidesahucios en España

MADRID.- El PSOE y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) reclaman al Gobierno que sauvice los requisitos para poder acogerse a la moratoria antidesahucios establecida en el proyecto de ley de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios, así como congelar los intereses de demora mientras dure esa paralización de las ejecuciones, mientras que el BNG pide que se aborden directamente cambios de mayor calado en las normativas Hipotecaria, Concursal y el Código Civil para atajar de raíz el problema de los desahucios.

   Así figura en los textos alternativos que las tres formaciones parlamentarias han registrado en el Congreso acompañando a sus enmiendas de totalidad al proyecto de ley, que prevé una moratoria de dos años en las ejecuciones para familias que cumplan ciertos requisitos económicos y sociales, y la creación de un fondo de viviendas en alquiler social.

   En su propuesta, los socialistas reclaman una paralización de todas las ejecuciones hipotecarias --independientemente del punto en que se encuentren-- durante tres años y sin acumulación de intereses de demora, para todas las familias en situación de sobreendeudamiento sobrevenido y no doloso que tengan una renta familiar inferior a tres veces el IPREM y cuya hipoteca sobre la vivienda habitual supere el 50% de sus ingresos netos.

   Y es que el PSOE considera que los requisitos impuestos en el decreto del Ejecutivo son demasiado restrictivos y únicamente retrasan o incluso agravan el problema de estas familias, ya que se paraliza el lanzamiento cuando ya se ha perdido la vivienda y además se continúan acumulando los intereses de demora.

   Por otra parte, el texto alternativo incluye también la exigencia de que el Código de Buenas Prácticas aprobado hace casi un año sea permanente y obligatorio para todas las entidades financieras, y no sólo las participadas por el FROB, con el objetivo de que las personas que hayan perdido su vivienda puedan renegociar y reestructurar sus deudas.

   Con respecto al fondo social de viviendas, los socialistas reclaman que se destinen al mismo todas las viviendas controladas por el FROB, las que se transfieran al 'banco malo' y las gestionadas por las administraciones públicas.

   Por su parte, la Izquierda Plural reclama una moratoria "universal e indefinida" de las ejecuciones --independientemente de la fase en que se encuentren-- a petición del deudor con insolvencia sobrevenida o de las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales, siempre que se trate de la vivienda habitual y no se disponga de otra donde residir, sin otros requisitos económicos o familiares adicionales.

   La moratoria conllevará una suspensión del devengo de intereses y se mantendrá "mientras no se acuerde la dación en pago o un procedimiento de liquidación ordenada" de las deudas --quita o refinanciación ajustada a las posibilidades del deudor--, acompañándose de la puesta a disposición de la familia de una vivienda digna adecuada a sus posibilidades durante al menos cinco años.

   En la misma línea, se propone ampliar la moratoria de los desahucios de vivienda urbana en régimen de alquiler en situaciones similares y que se aceleren los términos de realojamiento, además de sugerir la creación de un fondo de pago de rentas para que los arrendadores no se vean perjudicados.

   Además, se reclama que el Fondo de Alquiler incluya todas las viviendas de titularidad pública que estén vacías, de entidades financieras nacionalizadas o participadas por el FROB y del 'banco malo'. Este fondo, que será de titularidad estatal pero que gestionarán las comunidades autónomas, deberá ofrecer viviendas en alquiler a precio protegido no superior al 30% de los ingresos mensuales de los beneficiarios durante al menos cinco años.

   IU-ICV pide por último que el arbitraje judicial y la mediación sea obligatoria en cualquier proceso de ejecución, que el deudor pueda elegir libremente qué opción de las previstas en el Código de Buenas Prácticas se le aplican, y que se supriman los condicionantes y limitaciones familiares o económicas para fijar el umbral de exclusión.

   Por su parte, la propuesta presentada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclama cambios legales profundos ante una normativa procesal, hipotecaria y civil que "impide que los juzgados adopten medidas intermedias que ponderen el derecho de la entidad financiera acreedora a que les sea resarcida la deuda contraída con el derecho al acceso a una vivienda digna de personas cuyo incumplimiento de la obligación de pago viene motivada por causas ajenas a su voluntad".

   En concreto, los nacionalistas gallegos proponen que en los casos de deudores de buena fe que vean en riesgo su vivienda habitual puedan optar a la dación en pago, "de forma que la pérdida de valor de los inmuebles sea asumida también por parte de la entidad". Además, reclaman procesos de negociación de las ejecuciones que conduzcan a una moratoria en los pagos acomodándolos a la situación del deudor, la transformación de la hipoteca en un alquiler con opción a compra o la condonación parcial de la deuda.

   El BNG pide también cambios en el Código Civil y la Ley Hipotecaria para que pactos voluntarios o normas legales puedan alterar el principio de responsabilidad ilimitada del deudor, de forma que no se vea abocado a la ruina; así como modificaciones de la Ley Concursal para que puedan acogerse a ella personas físicas.

   Todos estos cambios deben extenderse a los préstamos hipotecarios en trámite de ejecución anterior a la aprobación de la norma.

   El PSOE quiere que el debate de estas enmiendas de totalidad se celebre ya este mes de enero, aprovechando la sesión plenaria que deberá tener lugar para convalidar los decretos ley aprobados por el último Consejo de Ministros de 2012. Además, también han pedido al presidente del Congreso, Jesús Posada, que convoque con urgencia la Diputación Permanente a fin de poder acordar la celebración de las sesiones extraordinarias necesarias para albergar las comparecencias y negociaciones sobre este proyecto de ley.

   Y es que los 'populares' aceptaron tras la convalidación del decreto citar a comparecer a responsables de entidades financieras y asociaciones de afectados por los desahucios, si bien no se cerró ninguna fecha. Los socialistas pretenden aprovechar enero para realizar estas comparecencias de cara a incluir sus propuestas en las enmiendas parciales al proyecto, que deberán ser presentadas antes del 5 de febrero.

   Además, durante estas negociaciones los socialistas pondrán sobre la mesa otras ideas con una visión de largo plazo como las que incluyeron en su proposición de ley sobre Desahucios, relativas a la modificación de la Ley Hipotecaria y la de Enjuiciamiento, en particular en lo relativo a los intereses de demora o al precio de adjudicación.

   También la Izquierda Plural cree que este proyecto de ley supone una "solución transitoria" a este "grave drama social", con la que ganar tiempo en tanto en cuanto no se aborden otras reformas de mayor calado, entre las que reclaman la dación en pago con carácter retroactivo o el derecho a disponer de una vivienda digna.

   Tras el debate de las enmiendas de totalidad, que serán rechazadas gracias a la mayoría absoluta del PP. Entonces, la Comisión de Economía contará con competencia legislativa plena para terminar de tramitar el proyecto de ley.

   El proceso coincidirá con el plazo máximo concedido a los promotores de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre desahucios para presentar el medio millón de firmas necesarias para avalar su propuesta, que vencerá el próximo 6 de febrero.

El Gobierno español dice que tendrá listo un plan en junio" para mejorar la imagen de los políticos"

MADRID.- El Ejecutivo español de Mariano Rajoy dice que dispondrá antes del verano de una estrategia de regeneración democrática que impulsará la transparencia y el Gobierno 'abierto', fomentará la participación ciudadana en la tramitación de las leyes y más contactos entre parlamentarios y electores, acometerá una simplificación normativa y revisará el actual plan de derechos humanos.

   El objetivo es mejorar la imagen de la clase política, acercándola al ciudadano, y apostar por una democracia "eficiente".

   "Esta estrategia responde a la inquietud del propio Gobierno ante la percepción de un cierto distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones", ha declarado el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, que lleva varios meses trabajando en propuestas que permitan 'reconciliar' a los ciudadanos con la clase política, que ha llegado a convertirse en la tercera preocupación de los españoles según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

   En este sentido, Pendás ha explicado que lo que se persigue es "acercar la sociedad a los políticos y que se rompa esa imagen de la clase política un poco distante y que es ajena a las realidades".  También es clave, ha proseguido, "la idea de democracia eficiente" porque la gente "lo que quiere es que los políticos les resuelvan problemas reales y no que les creen problemas artificiales".

   La primera iniciativa en esta materia que ha impulsado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es la llamada Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que ya está en trámite parlamentario en el Congreso, donde se escuchará a expertos en la materia. Pendás considera que esta norma constituye "un cambio en la cultura democrática enorme".

 "Es un cambio decisivo para que los poderes públicos se acostumbren al Gobierno abierto, a estar un poco a disposición de los ciudadanos en ese terreno", ha añadido.

   Para fomentar la participación democrática, el director del CEPC ha revelado que otra de las propuestas en la que están trabajando es que asociaciones y colectivos sociales puedan dar su opinión durante la tramitación parlamentaria de los principales proyectos de ley. Según ha precisado, se trataría de que en el Congreso y en el Senado se estableciera "un trámite de audiencia para que los sectores sociales interesados transmitieran a los parlamentarios cuáles son sus problemas e inquietudes".

   Otra de las iniciativas pasa por hacer una "evaluación de la aplicación de las leyes pasado un cierto tiempo, que podría ser dos años".

 "En España tenemos un poco la costumbre de creer que llenas el Boletín Oficial del Estado de páginas y ya está todo arreglado. Tenemos un problema y hacemos una ley", ha dicho, para asegurar que es bueno que las Cámaras puedan analizar cómo funcionan las normas pasado un tiempo desde su entrada en vigor.

   Otro de los puntos de esta estrategia, ha explicado Pendás, consiste en "mejorar la calidad de las leyes", ya que hay "un clamor" tanto en el ámbito jurídico como en sector empresarial e inversor de que en España hay un "ordenamiento muy complicado y disperso", con una legislación "a veces confusa y contradictoria" porque en ocasiones no se derogan leyes y no se sabe muy bien qué es lo que está en vigor.

   Con el fin de tener un ordenamiento "más claro y sencillo", ha señalado que presentarán al Gobierno "un plan que codifique por sectores el ordenamiento jurídico", como por ejemplo medio ambiente, urbanismo o seguridad, con el fin de que "se eliminen normas que sobren, se aclare lo que está en vigor y lo que no".

 "Es una tarea muy compleja pero imprescindible, que está en línea con lo que la UE se llama 'better regulation' y eso se ha descuidado mucho en España", ha aseverado.

   El director del CEPC ha indicado que también están estudiando la idea de "facilitar las reuniones entre los diputados y senadores, y sus electores", de forma que si un "grupo de presión" tiene algo que manifestar lo diga públicamente "con luz y taquígrafos". 

 "Se trata de que los partidos pudieran estudiar la posibilidad de tener una especie de encuentros formalizados en la circunscripción entre los representantes y los ciudadanos que quieran", ha aclarado.

   Dentro de esta estrategia de regeneración democrática se incluye también un nuevo Plan de Derechos Humanos que "actualice" el Título I de la Carta Magna pero sin necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional, ya que en el momento actual han surgido nuevos problemas con las nuevas tecnologías e Internet. En este punto, Pendás ha destacado que hay que analizar aspectos relacionadas con la ponderación de la intimidad y la información, el respecto a colectivos especialmente vulnerables como la infancia y la juventud, o la discapacidad.

   "Estoy empezando a reunir a grupos de expertos en esa materia y estamos sobre todo pensando en los estándares de la UE, del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha avanzado el director del CEPC, que ha confirmado que este plan estará listo "antes del verano". Una vez terminado se remitirá al Gobierno para que lo apruebe en Consejo de Ministros y después lo remita al Congreso.

   De acuerdo con el calendario que maneja el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el objetivo es que todas estas propuestas que componen la estrategia de regeneración democrática puedan estar en manos del Gobierno antes del verano. "La idea en general es que todos estos encargos estén listos para el próximo verano, para mayo o junio", ha manifestado Pendás.

   El director del CEPC, que ha recordado que hay abierto un proceso de reforma del Senado impulsado por la propia Cámara, ha manifestado que se trata de "una pieza fundamental del sistema".

 "Prácticamente ningún país importante del mundo tiene una sola Cámara. Algo parecido al Senado lo hay en todas partes y creo que la idea de suprimirlo no tiene ningún sentido.  Tiene una función que cumplir, pero probablemente se tienen que potenciar sus funciones y no solo las territoriales", ha declarado.

   Sobre la reforma del sistema electoral español que demandan los partidos más pequeños alegando que la Ley D'Hondt les perjudica, Pendás se ha mostrado partidario de esta norma  porque "ha producido en España gobiernos de todo tipo, por mayorías absolutas y relativas tanto del PP como del PSOE". A su entender, las reglas de juego "son iguales  para todos" y si un partido minoritario "trabaja mucho y bien, pues pasa a ser mayoritario".  

   "Lo que no podemos permitirnos en una situación como la actual son parlamentos inestables y atomizados. El sistema proporcional puro aparentemente hace una radiografía mejor de la sociedad pero luego produce Parlamentos ingobernables y la historia del parlamentarismo está plagada de ejemplos en ese sentido", ha concluido.