viernes, 30 de septiembre de 2011

¿Deslegitimación del régimen? / Juan-Ramón Capella *

No es inoportuno preguntarse si el régimen actual, pese a reconocer libertades políticas y garantías individuales, está perdiendo su legitimación, si se entiende por esto su aceptación por la población gobernada. (Este es el único uso de 'legitimación' en este trabajo; el concepto se refiere a la capacidad del poder para obtener obediencia.)

En las libertades políticas y garantías individuales está el reducto último de la legitimación del régimen político actual. Esto parece intangible en cualquier circunstancia para la población española.

Otros aspectos del sistema constitucional de 1978, en cambio, resultan mucho más dudosos.

No está de más establecer su listado:
Los derechos sociales reconocidos constitucionalmente han sido sacrificados por el tratado de Maastricht primero y ahora por la precarización o liquidación de todos ellos.

Liquidación del derecho al trabajo, con un sistema político-social que parece carecer de instrumentos para limitar el paro o subsidiar a los parados; por la precarización del trabajo mismo, sometido en la práctica al despido libre y a la llamada eufemísticamente temporalidad; por el recorte generalizado de los salarios y de beneficios colectivos como la educación y la sanidad, con el sometimiento de las clases trabajadoras a una acumulación forzosa en beneficio del empresariado; por la volatilización del derecho a la vivienda en un país que tiene millares de viviendas vacías.

Las perspectivas vitales de las generaciones de trabajadores empleados se han recortado, y las generaciones jóvenes ni siquiera las tienen. El estado redistributivo al que se dio el apologético nombre de "estado del bienestar" ya no existe: ha sido sustituido por esta cosa.

La protesta en las plazas muestra que este asunto es hoy uno de los centros de la deslegitimación del sistema.

Otra fuente de deslegitimación, hasta ahora menor, está en el auge del secesionismo: los nacionalismos secesionistas van cobrando fuerza social al amparo de las concesiones a sus partidos afines, realizadas por quienes no cuentan con mayorías parlamentarias en el gobierno del estado. Y en cierto modo, también, ese auge navega gracias al olvido, por una parte substancial de la ciudadanía, de los valores cívicos y republicanos por los que se luchó y se lucha trabajosamente en este país desde 1808.

Una tercera fuente de deslegitimación está en el hermetismo y la corrupción del aparato representativo mismo. El hermetismo procede de la decisión, en la transición, de convertir a unos pocos partidos políticos rígidos en instrumento exclusivo de la formación de la voluntad del estado; en cuanto a la corrupción, el amiguismo y la utilización parcial del poder, unos partidos son más culpables que otros, pero todos participan de los privilegios opacos y del sistema de ayudas mutuas, favores recíprocos e interesadas cegueras que permiten a la casta de los políticos de palacio vivir del privilegio.

Otro factor de deslegitimación del régimen procede de los pactos de la transición, alcanzados con la espada militar pendiente sobre los padres de la patria, pactos que impidieron una asamblea constituyente en plena libertad e introdujeron en el régimen parlamentario elementos procedentes de la dictadura.

Un último factor de deslegitimación viene dado por la sumisión a la Otan y la participación en guerras en que no se le ha perdido nada a la población de España, cuyos costes en vidas y en dineros carecen de justificación ya que no añaden nada a la seguridad de los ciudadanos y sí añaden, y mucho, a su inseguridad.

En definitiva, el régimen aparece cada día más como gestor de un estado desplumado que se somete una y otra vez a los intereses de las grandes empresas y conglomerados financieros, y que además les sirve de instrumento.
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Más allá de las coyunturas, ésta es una situación peligrosa.

No hay duda de que en la ciudadanía hay aún fuerza suficiente para defender los derechos políticos y las libertades individuales, por mucho que se puedan poner en cuestión su capacidad y su inteligencia colectiva para impedir el expolio de sus derechos sociales. La reacción de la ciudadanía ante la ignominiosa participación del estado español en la guerra de Irak, ante las mentiras del gobierno de turno en los atentados ferroviarios de Madrid, así como las muestras de indignación de los jóvenes y no tan jóvenes tomando la calle ante los recortes sociales, muestran esa capacidad y esa fuerza.

Pero hay varios fenómenos que van en sentido contrario, con cierta energía:
Uno es la utilización, más o menos solapada, de la xenofobia como arma política. Le ha dado alas la crisis económica, pero estaba presente ya antes. El odio clasista al proletariado inmigrado se une al odio cultural racista. Y se encuentran elementos de este cóctel explosivo no sólo en los partidos de la derecha pura y dura sino también en sectores que se presentan políticamente como pluralistas. Todo ello sin que los de abajo muestren un interés consistente en asociar a los trabajadores inmigrados a la vida política colectiva.

El otro fenómeno es la creciente intervención política de la iglesia católica española en formas arreligiosas y populistas. Ésta es una tendencia de largo alcance, muy anterior a la crisis, de diseño claramente antipluralista y que se presenta como combate contra el relativismo, esto es, contra quienes no comparten unos "valores" que son la manifestación actual de la España negra.

Y el último fenómeno: la desorientada respuesta política formal de la ciudadanía a la crisis, que a no dudarlo se va a manifestar próximamente.

Dicho en pocas palabras: estamos en riesgo de asistir en los próximos meses a un auténtico choque de trenes. La España de los "tres tercios" que pusieron de moda los sociólogos hace unos años se transforma cada día más en dos Españas: la de los de arriba y la de los de abajo.
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Por eso es peligrosa la situación: porque la deslegitimación del sistema y, sin embargo, su fuerza para chocar contra los intereses, las demandas y las necesidades de la población puede dar lugar a intentos de bonapartismo, a situaciones de auge del cesarismo.

El cesarismo, o bonapartismo, es el nombre que se da cuando alguien —una gran coalición, por ejemplo, o una personalidad fuerte— se presenta como salvador de la patria e impone "soluciones" políticas a su arbitrio ante una situación calificada de catastrófica.

Un cesarismo pondría entre paréntesis, y además adelgazaría —como ha dejado en los huesos los derechos sociales— los propios derechos y libertades políticas. Que ya están disminuidos por las prácticas de control de poblaciones puestas en marcha tras el atentado de las torres neoyorquinas (atentado nada investigado, por cierto: sólo publicitado, sin intervención de ningún tribunal con garantías).

Si este análisis contiene elementos substanciales de verdad, su consecuencia práctica tendría que consistir en esfuerzos estratégicos de confluencia real de todos los grupos y capas de la población consecuentemente democráticos por introducir regulaciones que frenen los impulsos estructurales, de fondo, hacia formas de dictadura no menos reales por inicialmente sutiles.

Hoy la gran coalición no está en el orden del día. Pero puede llegar a estarlo si, como es de prever, el gobierno que salga de las urnas en noviembre de 2011 es incapaz de encontrar una vía de superación de la crisis económica aceptable para la población. La vía de salida está obstruida por el verdadero soberano mundial: una economía especulativa que encuentra en la crisis la posibilidad de desembarazarse de toda regulación y de imponer a los trabajadores, con las políticas neoliberales, una tasa de explotación superior.

La izquierda social —o, por mejor decirlo, los de abajo— debe o deben buscar formas de expresión política. Abandonar la omfaloscopia política instalada en lo que se autodenomina "izquierda" y buscar formas e instituciones nuevas, grandes y pequeñas, de intervención sobre los poderes, de apertura de nuevos caminos; además, y sobre todo, de solidaridad civil.

En esta época de globalización es obligado revisitar el internacionalismo. Los problemas económicos y ecológicos son globales. La acción local es imprescindible pero no basta, y es preciso saberlo: el autoengaño y las falsas ilusiones del movimiento emancipatorio del pasado no se deben reproducir en el movimiento del presente.


(*) Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona

Los indignados exigen castigo penal para los especuladores

MADRID.- La responsabilidad de las entidades financieras en el escenario de la crisis económica ha sido, desde su eclosión, una de las principales demandas del Movimiento 15-M. Los integrantes del grupo de trabajo de economía han vuelto a insistir en este asunto en los últimos días con un documento en el que ponen el acento en el hecho de que el sistema financiero "salga reforzado" en el actual contexto gracias a llevarse, "a precio de saldo", una buena parte de las cajas de ahorros, según 'Público'.

Según explica Manuel Nolla, integrante del grupo y uno de los impulsores del texto, el objetivo primordial pasa ahora por "intentar parar el expolio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)", que, según aseguran los indignados, podría venderse a algún banco "por menos de 2.000 millones de euros y con garantías ante futuras pérdidas". "¡El Banco de España prefiere regalar las cajas de ahorros y nuestro dinero puesto en ellas antes de que sean nacionalizadas!", aseveran en el texto.
"Que las cajas sean semirregaladas a grandes bancos, que es lo que está haciendo este Gobierno, es para llorar. Es el suicido de la socialdemocracia", opina Nolla.
Los indignados afirman que los bancos privados "no lo han hecho mejor que las cajas" en los últimos años y les acusan de haber "hundido" el sistema financiero a nivel mundial. "Salvar a los bancos de EEUU y Europa ha costado ya dos billones de euros en ayudas directas y tres billones en garantías", advierten.
Nolla insiste en la misma idea: "Las cajas de ahorros han actuado de manera similar a los bancos; es decir, han sido gestionadas con criterios de máximo beneficio, por eso es posible que ahora puedan necesitar ser saneadas".
El grupo de economía no censura la inyección de dinero público en los procesos de reestructuración de estas entidades, pero lo que sí exige es que, en el caso de hacerse, el resultado sea una caja pública, "nunca su venta en almoneda y en el peor momento".
Nolla denuncia que, con cada crisis, se da "otro enorme bocado" al patrimonio público en lo que califica como una "estrategia política de los grandes poderes financieros para desmantelar el Estado".
Con esta perspectiva, el grupo de trabajo de economía apuesta por la "nacionalización" de las cajas de ahorros, una práctica a la que auguran además otros beneficios como la posibilidad de disponer de un parque de pisos y locales de alquiler que, aseguran, solucionaría en gran parte el problema de la vivienda y la supervivencia de muchas pequeñas empresas. 
Los indignados ponen en valor la necesidad de crear una banca pública gestionada de manera "democrática" y "transparente", "alejada de la especulación" en la que las empresas puedan "obtener la financiación que necesitan" y que dé "confianza a los ciudadanos" para invertir su dinero en una entidad que va a destinarlo a la "realización de actividades éticas y sostenibles".
"Tenemos derecho a decidir democráticamente hacia dónde dirigir la inversión para reactivar la economía y para luchar contra el paro", manifiestan.
En el mismo texto, los indignados vuelven a exigir acciones judiciales para esclarecer las posibles "responsabilidades civiles y penales" de los gestores de los bancos, los tasadores, los auditores y los cargos políticos en la gestión de la crisis.
De hecho, el grupo de economía trabaja también en la redacción de una demanda a las entidades financieras por las "ilegalidades" en las que han incurrido. "Los bancos han falseado el alto valor de tasación de las viviendas y han sacado cédulas hipotecarias de un valor superior al permitido", aseguran.
Asimismo, el 15-M denuncia la "irresponsabilidad" del Ejecutivo y los órganos de gobierno de las cajas en la actual coyuntura y denuncia también la "dejación de funciones" de supervisión del Banco de España. 

Los egipcios vuelven a la plaza Tahrir para rechazar los cambios en la ley electoral

EL CAIRO.- Miles de egipcios han llenado la plaza Tahrir de El Cairo este viernes para rechazar los cambios introducidos en la ley electoral y reclamar que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que gobierna Egipto desde el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak, traspase el poder a un gobierno civil.

   En el que han denominado "el Viernes para Reinvindicar la Revolución", los manifestantes han pedido que en las próximas legislativas, que comenzarán el próximo 28 de noviembre, se utilice un sistema electoral en el que todos los candidatos se presenten dentro de listas, según ha informado el diario 'Al Masry al Youm'.
   Con las modificaciones introducidas por el Consejo Supremo, el 30 por ciento de los escaños están reservados para candidatos independientes. La mayoría de los grupos políticos creen que este sistema permitirá que algunos políticos partidarios de Mubarak ocupen cargos públicos.
   También exigen el fin del estado de emergencia, que los civiles no sean juzgados por tribunales militares, que el Consejo Supremo anuncie un calendario para entregar el poder a un gobierno civil, la cancelación del Artículo 5 de la Declaración Constitucional y la activación de la Ley de Traición (para que ningún antiguo miembro del disuelto Partido Nacional Democrático, la formación de Mubarak, pueda participar en política).
   Uno de los manifestantes ha afirmado que el primer ministro, Essam Sharaf, les ha "engañado". "Lo considerábamos un revolucionario y resulta que era del régimen" de Mubarak, porque "o tiene las manos atadas o le parece bien lo que está ocurriendo", ha declarado, según el periódico.
   En la protesta de la plaza Tahrir, epicentro de la revolución que derrocó a Mubarak el pasado febrero, han participado varias organizaciones políticas, como el Movimiento Juvenil 6 de Abril, el Partido Wafd, la Asociación Nacional por el Cambio, el Segundo Viernes de la Ira y la Unión de Jóvenes Revolucionarios.
   La Asociación Nacional por el Cambio ha dicho que se va a reunir con otras fuerzas políticas el próximo domingo para organizar otra gran manifestación para el 7 de octubre. El Segundo Viernes de la Ira, por su parte, ha anunciado marchas diarias en caso de que el Consejo Supremo no satisfaga las demandas de los revolucionarios.
   Por último, el Movimiento 6 de Abril ha indicado que da a los gobernantes una semana de plazo para que cumplan sus demandas y que si no lo hacen intensificarán las protestas.
   Una de las personas que ha estado en la plaza Tahrir este viernes es el actor estadounidense Sean Penn, que llevaba una bandera egipcia e iba acompañado por el intérprete egipcio Jaled al Nabawy. Según el periódico 'Al Badeel', Penn fue ovacionado por los manifestantes.
   "El mundo está inspirado por la petición de libertad que supuso la valiente revolución de Egipto", ha declarado el estadounidense, citado por el diario 'Al Ahram'. "Pero aún hay batallas por delante, hay problemas constitucionales (...), el Ejército tiene que traspasar el poder al pueblo", ha añadido.

Miles de personas se manifiestan en Siria contra Al Assad

DAMASCO.- Decenas de miles de manifestantes tomaron este viernes las calles de Siria pidiendo el fin del régimen del presidente Bashar al Assad mientras las luchas continúan entre las fuerzas leales y contrarias al Gobierno en el centro del país, según varios activistas.  

  Imágenes filmadas por ciudadanos muestran a la multitud gritando "Siria quiere libertad" en el barrio de Khalidiya en Homs. Los activistas informaron de ataques contra controles de carretera del Ejército en la vecina ciudad de Talbiseh y de enfrentamientos entre desertores y tropas leales en Rastan, más al norte.

Al menos 27 muertos en las protestas de este viernes

DAMASCO.- Al menos 27 personas han muerto este viernes como consecuencia de la actuación de las fuerzas de seguridad sirias en todo el país que abrieron fuego contra los miles de manifestantes que una semana más han protestado contra el régimen de Bashar al Assad pese a la represión con la que el Gobierno ha respondido hasta ahora.

   Según han informado activistas a la cadena Al Arabiya, al menos 27 personas han muerto y varias decenas más han resultado heridas por los disparos de las fuerzas de seguridad. Solo en la ciudad de Hama, en el centro del país, al menos trece personas habrían muerto, según un portavoz de la Comisión General de la Revolución Siria.
   De acuerdo con los activistas con los que ha hablado Al Arabiya, los desertores del Ejército sirio han luchado para proteger a los civiles. "Gracias a Dios ahora tenemos un Ejército que nos defiende", ha afirmado uno de ellos, precisando que "los civiles se están uniendo al Ejército Libre de Siria y nos estamos armando para defendernos contra este régimen".
   Las protestas han tenido lugar este viernes en Damasco y sus suburbios, así como en la provincia de Deraa, en el sur, donde comenzaron las manifestaciones a mediados de marzo, en la provincia de Idlib (noroeste) así como en Hama y Homs.
   Muchos de los manifestantes han expresado su solidaridad con los habitantes de la localidad de Rastán, al norte de Homs, donde el Ejército lleva a cabo desde hace cuatro días una ofensiva contra los numerosos desertores que se han hecho con el control de la misma y que luchan, junto a residentes armados, contra los soldados.

La ONU pide a Damasco que les permita entrar en Siria

GINEBRA.- La comisión de investigación designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha pedido este viernes al Gobierno sirio que le permita entrar en el país para investigar las informaciones sobre asesinatos y torturas, incluido a niños, durante los seis meses de protestas contra el presidente Bashar al Assad.

   "Hemos recibido muchas informaciones terribles sobre la situación de los niños durante el conflicto", ha señalado Paulo Pinheiro, un experto en Derechos Humanos brasileños que encabeza la citada comisión, en rueda de prensa. "En estos momentos, estamos intentando tener acceso por parte del Gobierno sirio", ha añadido.
   "En cualquier caso, con o sin cooperación de Siria, elaboraremos un informe. Siempre es mejor si un estado miembro coopera con una comisión de investigación", ha subrayado.
   Al menos 2.700 personas han muerto en la represión, según la ONU. El Gobierno sirio afirma que más de 700 soldados y policías han sido abatidos a manos de "grupos armados terroristas".
   La comisión de investigación, integrada por quince personas entre ellas forenses y expertos legales, espera reunirse con las autoridades sirias la próxima semana en Ginebra para discutir sobre su visita, ha adelantado Pinheiro.
   Además, planean visitar los países vecinos, incluida Turquía, para recoger los testimonios de los refugiados y de testigos antes de preparar su informe antes de finales de noviembre. "Somos una comisión independiente con plena independencia e imparcialidad", ha subrayado.
   Una investigación inicial de la ONU indicó que había encontrado pruebas de crímenes contra la Humanidad y elaboró una lista confidencial de 50 personas a las que se podría llevar ante los tribunales.
   Preguntado sobre si la nueva investigación tendrá acceso a la lista confidencial de nombres, Pinheiro ha señalado que "expertos legales en la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos están examinando esta cuestión".
   Asimismo, ha dejado claro que "por el bien de nuestra investigación no estamos trabajando para el Consejo de Seguridad o el Tribunal Penal Internacional, estamos trabajando para el Consejo de Derechos Humanos".

Más de un millón de ciudadanos piden derogar la actual ley electoral italiana

ROMA.- Un total de 1,2 millones de ciudadanos han firmado un documento en el que piden al Tribunal Supremo que se derogue la actual ley electoral mediante la convocación de referéndum, una propuesta presentada por un comité formado por los principales partidos de la oposición, Partido Democrático e Italia de los Valores.

   Según la normativa italiana, una propuesta de este tipo debe presentarse ante el Tribunal Supremo y después pasa al Tribunal Constitucional, que tendrá que admitir si se somete a referéndum. De ser admitido, la consulta se celebrará entre abril y junio de 2012.
   A esta iniciativa se ha unido también el presidente de la República, Giorgio Napolitano, que ha destacado que el sistema electoral vigente "ha roto la relación de responsabilidad entre elector y elegido" y ha destacado que es necesario "un mecanismo electoral que facilite la vuelta a la confianza". Precisamente, Napolitano ha instado a que exista un sistema de elección "más directo".
   El líder del partido Italia de los Valores, Antonio Di Pietro, ha exhortado a cambiar la ley electoral bajo tres condiciones: "impedir que los condenados sean candidatos a las elecciones" y "que no desarrolle labores de gobierno quien esté bajo un proceso judicial", así como que los parlamentarios suspendan "su propia actividad profesional" si son elegidos.