Marcha en Madrid contra los recortes en Educación

MADRID.- Cerca de 10.000 personas, según los sindicatos, se manifiestan en el centro de Madrid contra los recortes en Educación, la subida de tasas universitarias, el anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), y la "privatización" de la universidad. 

   La cabecera de esta movilización, que ha comenzado a las 18.00 horas, contiene el lema 'Nuestra educación no pagará nuestra deuda' y, además, se han podido diferenciar otras pancartas como 'Ni recortes, ni tasazo', 'Recortes a bancos, no a las universidades', 'Por una universidad pública y de calidad'.

   Asimismo los manifestantes recorren la marcha profiriendo distintos cánticos y gritos, entre los que se han podido escuchar 'La Universidad no se vende, se defiende', 'Nuestra crisis no la pagamos' o 'Ya está aquí el movimientos estudiantil'.

   El coordinador de IU-CM, Eddy Sánchez, ha calificado esta manifestación de "muy importante" ya que el profesorado, los estudiantes y los trabajadores de la universidad están participando en ella.

   "Toda la comunidad universitaria está contra los recortes del Gobierno y de algunos rectores que consideran que la universidad es un gasto y no una inversión", ha señalado Sánchez.

   De este modo, Sánchez ha indicado que para revertir esta situación su formación pide "no tocar las plantillas, más inversión pública, porque sin recursos no va a existir la universidad, y un modelo de futuro y no de pasado como Eurovegas".

   Por otra parte, un portavoz de 'Toma la Facultad', Víctor Valdés, ha señalado que la movilización de este jueves se basa en los pilares del "rechazo a la mercantilización, a los recortes y a la privatización del conocimiento en la universidad".

   "Tenemos que dar una respuesta contundente que sea prolongada en el tiempo para frenar los ataques del Ministerio de Educación, que solo responde a los intereses y élites económicas y financieras", ha detallado Valdés.

   Sobre las soluciones que aportaría este colectivo estudiantil, Valdés ha considerado que si se hiciese otro tipo de política económica "se conseguirá el reparto de la riqueza y que la educación como pilar esencial del país adquiera el presupuesto que se merece para que todo el mundo tenga una formación digna".

   Por último, otro miembro de 'Toma la Facultad', Alejandro Araujo, ha indicado que el despido de trabajadores de la universidad "merma la calidad educativa", y ha culpado de esta situación a los poderes políticos, académicos y económicos.

   "Queremos avanzar hacia un modelo de educación mejor, que sea más inclusiva para todos", ha apuntado Araujo, al tiempo que ha detallado que entre las propuestas aportadas se encontraría la "reducción progresiva de las tasas y el aumento de becas".

   Debido a la afluencia de manifestantes, la Policía Nacional ha procedido a cortar al paso de la marcha el tráfico en el Paseo de la Castellana en sentido Cibeles. La movilización culminará ante la sede del Ministerio de Educación, situado en la calle Alcalá.

Inspectores de Hacienda piden un plan especial para políticos y partidos

MADRID.-   La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha pedido la aprobación de un plan de inspección de los representantes políticos de todos las administraciones públicas y de todos los partidos políticos, y ha solicitado que se trate de un plan de carácter permanente y que se incluya, por tanto, cada año en el Plan de Control Tributario.

   El presidente de la Organización de Inspectores, Ransés Pérez Boga, que presentó este jueves un documento con propuestas del colectivo en materia de lucha contra el fraude, destacó que en momentos como el actual, en el que los ciudadanos consideran que el fraude y la corrupción son el segundo problema del país después del desempleo, se hace más necesario que nunca este nuevo plan.

   También piden que sea obligatorio remitir a la Agencia Tributaria la información de los registros de bienes patrimoniales de cada entidad local, así como cualquier registro oficial de este tipo existente en otros órganos e instituciones, como es la declaración de bienes y rentas que han de presentar los diputados en el Congreso.

   El seguimiento patrimonial de las personas condenadas por corrupción o tipificar como delito, castigado con penas de prisión, la no entrega o falseamiento de datos en la declaración de bienes patrimoniales son otras de las propuestas de este colectivo.

   A pesar de que para los inspectores ser político es una profesión de riesgo fiscal, como así está reconocido internacionalmente en el caso del blanqueo de capitales, desde el Ministerio de Hacienda se rechaza la posibilidad de establecer una línea especial de inspección para este colectivo porque, a su juicio, no está justificado.

   Para atajar la corrupción, los inspectores también demandan potenciar la Fiscalía Anticorrupción, aumentando el número de funcionarios de la Agencia Tributaria que auxilien a este órgano, así como aprobar una ley anticorrupción que supervise y controle todos los casos y que tenga facultades legales y medios necesarios.

   Pérez Boga denunció que, además de desoír estas propuestas de la organización de inspectores, el Gobierno, en la última modificación del Código Penal que entró en vigor en enero, ha mantenido la "excusa absolutoria" en el caso de los imputados por delito fiscal (fraude superior a 120.000 euros), de tal forma que su delito queda fuertemente rebajado cuando en el plazo de dos meses desde su imputación saldan sus deudas con Hacienda.

   En concreto, los jueces y tribunales pueden imponer al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, lo que puede rebajar la pena de prisión a entre 3 y 6 meses (por lo tanto no supone el ingreso efectivo) y una multa del 25% al 50%, que es un importe inferior al que se le habría impuesto en el ámbito administrativo.

   "El defraudador tiene la puerta abierta para que pagando lo que no pagó en su día se pueda librar de la cárcel", insiste Pérez Boga, quien se preguntó de qué sirve el endurecimiento de las penas en el Código Penal si al que paga, aunque ya esté imputado, le resultan ahora mucho más ventajosas las penas que las que se imponían antes de la reforma.

   Los inspectores de Hacienda, que dan toda credibilidad a los estudios que cifran en torno al 20% del PIB la economía sumergida, denuncian también que, de acuerdo con el modelo de inspección actual, apenas tienen tiempo para investigar el fraude más sofisticado y complejo. En este sentido, indican que cada equipo de inspección debe analizar a 12 grandes empresas al año, lo que por término medio, supone dedicarles únicamente 20 días, un tiempo que consideran claramente "insuficiente".

   A la escasez de medios, se une también, según denuncian, los baremos utilizados para repartir entre los funcionarios de la Agencia Tributaria el complemento de productividad (que puede llegar a ser hasta el 25% del sueldo), que priman el número de contribuyentes investigados y la deuda recaudada, lo que motiva que se cierren los expedientes rápidamente, regularizando los incumplimientos más visibles y dejando de investigar las estructuras más complejas.

   Además, también rechazan que todo procedimiento de inspección se debe realizar en un máximo de 12 meses --limitación que no existe en ningún país desarrollado--, por lo que los expedientes se tienen que cerrar muchas veces antes de haber descubierto todo el fraude.

   Ante este panorama, la Organización de Inspectores pide un plan especial de actuaciones en la Agencia Tributaria, de tal manera que los funcionarios puedan trabajar horas extra, acudiendo por las tardes a sus puestos de trabajo por ejemplo, y sin coste para el organismo, ya que se podría financiar con el 5% del fraude descubierto por este trabajo extra. Así, de cada 100 euros de mayores ingresos obtenidos, 5 se destinarían al pago de los mayores gastos en la ejecución del plan.

El fiscal recurre para impedir que Bermúdez cite a los supuestos donantes del PP

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para impedir que el juez Javier Gómez Bermúdez continúe investigando la supuesta contabilidad B del PP y cite a declarar a los empresarios que, según los papeles atribuidos al extesorero 'popular' Luis Bárcenas, habrían hecho donaciones irregulares a esta formación. 

   En un recurso presentado este jueves, el Ministerio Público defiende la necesidad de "dejar sin efecto la práctica de las diligencias" acordadas por el juez instructor, al considerar que son "innecesarias y desproporcionadas" y no resultan pertinentes "para cumplir y satisfacer la finalidad perseguida".

   Gómez Bermúdez admitió a trámite el pasado lunes una querella presentada por Izquierda Unida (IU) y otros cuatro colectivos sociales con el criterio en contra de la Fiscalía Anticorrupción, que le informó de que el competente para asumir esta investigación era el juez instructor del 'caso Gürtel', Pablo Ruz, que había abierto una pieza separada tras encontrar tres conexiones entre las dos causas.

   En su escrito, el Ministerio Público recuerda que ya se pronunció el pasado 8 de marzo en el sentido de que Ruz es el competente para investigar estos hechos y pide a Gómez Bermúdez que se pronuncie sobre su inhibición antes de realizar diligencias, a fin de evitar una "doble instrucción sobre los hechos".

   "Consideramos innecesarias y también desproporcionadas las diligencias que se acuerdan por el instructor antes de resolver sobre su competencia, máxime cuando partimos de un hecho plenamente constatado por el instructor, cual es el parecer ya manifestado por los querellantes (...) de considerar competente al Juzgado Central de Instrucción nº 5", señala el escrito.

   En concreto, la Fiscalía pide que se "dejen sin efecto" las declaraciones de los 12 imputados que Gómez Bermúdez ordenó realizar entre los días 25 y 27 de este mes y la entrega de documentación sobre todos ellos que el juez pidió al Partido Popular (PP), la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el Registro Público de Contratos, el Tribunal de Cuentas y el diario 'El País', al que reclamó los denominados 'papeles de Bárcenas' que publicó el pasado 31 de enero.

   La Fiscalía también cuestiona por qué Gómez Bermúdez dio "credibilidad, al menos indiciariamente" a los hechos expuestos en la querella en lo relativo a "supuestos pagos de empresas y empresarios" y consideraba que existía "un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo" sobre los sobresueldos que habrían cobrado dirigentes del PP.

   "Si revisamos tanto la querella como la documentación con ella aportada, comprobamos que la fuente de unos hechos y otros son las anotaciones que se reflejan en los denominados 'papeles de Bárcenas', de suerte que la diferencia no está en elemento objetivo alguno ajeno a los mismos ni en el relato de hechos que se contiene en la querella, sino en la interpretación a nuestro entender no justificada del instructor", señala el fiscal.

   Esta convicción llevó a Gómez Bermúdez a citar como imputados a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta; al presunto número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo; y a los empresarios José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Manuel Contreras Caro (Azvy)  Juan Manuel Villar Mir (OHL), Luis de Rivero (Sacyr Vallehermoso), Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Fernández (Aldesa), José Mayor Oreja (Fomento de Construcciones  y Contratas), Antonio Vilella (Construcciones Rubau) y Adolfo Sánchez.

   Sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 dejó fuera de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y a los exministros Ángel Acebes y Federico Trillo.

   El informe fiscal, que no va firmado por ningún representante del Ministerio Público, también muestra su sorpresa por el hecho de que Gómez Bermúdez alegara que, antes de pronunciarse sobre su inhibición, era necesario escuchar a los querellantes y darles traslado de los dos autos en los que Ruz consideraba que la Fiscalía era competente para investigar los hechos en el marco de las diligencias informativas que abrió el pasado 24 de enero.

   "Nos sorprende, bajo el argumento que se establece, pues en modo alguno han sido alegados ni tenidos en cuenta por el Ministerio Fiscal para instar la inhibición", recalca la acusación pública antes de recordar que el 8 de marzo ya entregó al juez el auto por el que Ruz abría una pieza separada para investigar la supuesta contabilidad B del PP. "Con la entrega del citado auto a la parte querellante ya dispone de los mismos documentos que ha tenido el Ministerio Fiscal para emitir su informe", añade.

   A todos los querellados se les atribuyen los delitos de alteración de precios de concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales y asociación ilícita.

Bermúdez interrogará a los supuestos donantes del PP

El juez Gómez Bermúdez interrogará a los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y a diez supuestos donantes de esta formación entre los días 25 y 27 de marzo si la Sala de lo Penal no estudia con urgencia el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción.
   Así lo han indicado fuentes jurídicas, que han señalado que, si se cumplen los plazos habituales para la tramitación de los recursos de apelación, que en la Sala de lo Penal suelen durar en torno a un mes, el juez Gómez Bermúdez podrá realizar estas diligencias antes de que se determine si es competente para investigar la supuesta contabilidad B de los 'populares'.
   El artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) establece que los recursos de reforma y apelación presentados contra una decisión de un juez instructor "no suspenderán el curso del procedimiento", lo que avala la posibilidad de que Gómez Bermúdez lleve a cabo las diligencias que ha acordado.
   Después de que el juez Gómez Bermúdez reciba en su juzgado el recurso de apelación de la Fiscalía, presentado este jueves, dará traslado a los querellantes --Izquierda Unida (IU) y otros cuatro colectivos sociales-- para que en un plazo de cinco días puedan "alegar por escrito lo que estimen conveniente, señalar otros particulares que deban ser testimoniados y presentar los documentos justificativos de sus pretensiones".
   En los dos días siguientes a la finalización de este plazo, el juez "remitirá testimonio de los particulares señalados" a la Sala de lo Penal que, "sin más trámites, resolverá dentro de los cinco días siguientes". Este plazo, establecido en la LECRIM, no suele cumplirse a rajatabla, según las fuentes jurídicas consultadas.
   Excepcionalmente, además, la Audiencia correspondiente podrá "reclamar las actuaciones para su consulta siempre que con ello no se obstaculice la tramitación de aquéllas". En estos casos, según señala la legislación, deberán devolverse las actuaciones al juez "en el plazo máximo de tres días".

Los Mossos antidisturbios llevarán una identificación visible en la espalda

BARCELONA.- Los efectivos de la Brigada Móvil (Brimo), los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, llevarán a partir de ahora un código alfanumérico de identificación visible en la espalda adherido con un velcro al chaleco cuando estén de servicio, con nueve cifras y letras.

   En rueda de prensa, el consejero de Interior, Ramon Espadaler, ha anunciado que este cambio, el primero que se impulsa dentro del ámbito del orden público aunque "habrá más", permitirá que estos agentes estén siempre identificados, mientras que hasta ahora el número de identificación que obligatoriamente tienen que llevar los policías quedaba oculto bajo el chaleco.

   Con esta medida, Espadaler marca distancias con su antecesor, Felip Puig, y da respuesta a una reclamación de muchos sectores de la sociedad civil para que los agentes de la Brimo siempre lleven una identificación visible, tal y como marca un decreto de 2008.

   Sin embargo, el consejero ha querido dejar claro que ya había "una reflexión previa" sobre la identificación de los antidisturbios y que hay una continuidad entre su mandato y el de Puig, si bien en los dos años en que estuvo en el departamento no se impulsó ninguna medida en este sentido.

   "No invento ni improviso nada", ha sentenciado Espadaler, y, aunque ha admitido que esta medida como tal no estaba prevista y que la decisión la toman ahora, ha insistido en que ya había en el seno del cuerpo una reflexión al respecto y que estaba conceptualizado.

   Está previsto que este Número de Identificación Policial (NOP) empiece a utilizarse en unos diez días y tendrá un coste por agente de unos 12 euros, para el total de 495 agentes de la Brimo, y que podrá extenderse más adelante a otra área dedicada al orden público: el Área de Recursos Operativos (Arro), que cuenta con 900 agentes.

   Espadaler, que ha estado acompañado por el director general de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, y por el comisario jefe de los Mossos, Josep Milán, ha explicado que toma esta decisión para cumplir un mandato parlamentario y para dar respuesta a una demanda de la ciudadanía, además de cumplir un decreto que exige que los agentes siempre vayan identificados.

   Ha puntualizado que, con este sistema, en el que no se muestra el número identificativo policial TIP sino otro código, se logra un "equilibrio" entre los derechos de la ciudadanía de identificar al agente y también el de los policías, para evitar que reciban presiones y amenazas al ser identificados.

   "Es una propuesta garantista para la ciudadanía y para el propio cuerpo", ha abundado, y ha asegurado que el ciudadano que lo considere puede ir a denunciar con este número.

   El NOP siempre estará asignado al mismo agente y cuando éste abandona la unidad antidisturbios, el número "decae" y ya no se usará más, ha indicado el comisario Milán, que ha asegurado que se coloca en la espalda porque, si lo sitúan en el pecho, puede quedar tapado por el escudo.

   Preguntado sobre si cree que con este número aumentarán las denuncias, tanto Espadaler como Prat han asegurado que lo ven "probable".

   Espadaler ha desvinculado esta decisión de que los antidisturbios vayan identificados al caso Ester Quintana, la mujer que perdió un ojo durante la última huelga general en Barcelona y que asegura que fue por un proyectil de los Mossos, y ha sentenciado: "Nosotros no trabajamos con lo que diga una sentencia".

Admitida a trámite la demanda del PP contra "El País" y el autor de los papeles de Bárcenas

MADRID.- El juzgado de Primera Instancia nº 83 de Madrid ha admitido a trámite la demanda civil que interpuso el PP el pasado 6 de marzo contra la sociedad editora del diario El País y el autor de los "falsos papeles" sobre una presunta contabilidad B del PP, que según ese diario es el extesorero del partido Luis Bárcenas, han informado hoy fuentes 'populares'.

   La demanda ha sido admitida a trámite una vez que el PP ha corregido un error "burocrático" que había impedido su tramitación antes y que, según el partido, no afectaba al contenido de la demanda.

   El PP presentó esta demanda civil por vulneración del derecho al honor contra la empresa editora del diario El País y contra el autor de los "falsos papeles" publicados, que según el periódico es Bárcenas "aunque él lo haya negado públicamente y ante la Fiscalía Anticorrupción", según explicó el partido.

   Con esta acción judicial, el PP pide a los demandados abonar 500.000 euros en concepto de "indemnización de daños y perjuicios, que incluye el daño moral", y el partido ya anunció que esa cantidad será destinada a organizaciones de carácter social.

   Según señala el PP en esa demanda, "la difusión premeditada e irresponsable, inexplicable en un medio de comunicación, de documentos (presumiblemente prefabricados ad hoc) cuya autenticidad, veracidad y autoría no se ha contrastado ni de otro modo consta a quien los difunde, pone evidentemente de manifiesto el criticable e inexistente rigor profesional y mala praxis de lo que hace".

   Además, la demanda señala que "como han venido manifestando inequívocamente durante estas últimas fechas todos y cada uno de sus dirigentes a quienes se ha preguntado sobre el particular, el PP lleva, y siempre ha llevado, una única contabilidad".

   Según destaca, esa contabilidad se somete periódicamente, de acuerdo con la legislación vigente, a la supervisión y control del Tribunal de Cuentas, sin que la revisión de la misma por este órgano "haya sido objeto de tacha o reserva de ningún tipo".

 "Cualquier información o documento que ponga en duda la existencia de una única contabilidad en el PP debemos, pues reputarla como radicalmente falsa, temeraria y tendenciosa", añade.

   En su escrito, el PP considera que "lo que subyace en la forma de actuar no es sino la clara intención de dañar la imagen y buena reputación del PP y de sus dirigentes y empleados".

   Tras subrayar que la trascendencia de la difusión de las noticias que se denuncian en la demanda ha sido de grandes dimensiones, destaca que pocas veces ha podido someterse al enjuiciamiento jurisdiccional un caso de lesión del derecho al honor de "tan graves consecuencias" para los perjudicados.

   En este sentido, en el escrito de la demanda abunda en la idea de que las conclusiones "indebidamente extraídas de documentos falsos y muy probablemente manipulados, y los infundios derivados de su subjetiva interpretación por el medio, han dañado gravemente la imagen del PP  y de sus dirigentes".

   Por todo ello, el PP solicita que se declare que por parte de los demandados se ha vulnerado el derecho al honor de los demandantes y que esa vulneración ha supuesto un daño efectivo en la imagen y prestigio de los demandantes.

   Además, reclama que se condene a los demandados a la publicación a su costa, de la sentencia dictada en estos autos estimativa de la demanda, en los mismos medios utilizados para divulgar y poner a disposición de su público los artículos ofensivos, y durante los mismos días en que se han publicado las informaciones objeto del presente procedimiento, según consta en el comunicado emitido por el PP.

   Finalmente, se solicita a los demandantes que se abone en concepto de indemnización de daños y perjuicios, que incluye el daño moral, el importe de 500.000 que será destinado a organizaciones de carácter social.

Rajoy niega que Bárcenas haya intentado chantajearle

BRUSELAS.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha negado que el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas le haya intentado chantajear y ha evitado hacer más comentarios sobre el caso pese a las preguntas de la prensa, al término de la primera jornada de reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas.

   "Con absoluta franqueza, no", ha dicho Rajoy en una rueda de prensa en Bruselas, al ser preguntado por si Bárcenas había intentado chantajearle a cuenta de la supuesta contabilidad B del Partido Popular por la que está siendo investigado.

   "Eso no se ha tratado en el Consejo europeo de hoy", ha zanjado para evitar hacer más comentarios sobre el caso Bárcenas, pese a las preguntas de los periodistas sobre qué hay de cierto en los 'papeles de Bárcenas'.

   "Sobre ese asunto ya he dicho cuanto tenía que decir", ha remachado.

Las ejecuciones hipotecarias en trámite aumentaron en España un 484,7% durante la crisis

SANTIAGO.- Las ejecuciones hipotecarias en trámite aumentaron en un 484,7 por ciento en España si se comparan los años de la crisis (entre su comienzo 2008 y el 2012) con el quinquenio anterior de 'boom inmobiliario' (entre 2003 y 2007).

   En concreto, se ha pasado de las 33.882 ejecuciones hipotecarias en curso en el intervalo 2003-2007 a las 198.116 contabilizadas desde que estalló la burbuja inmobiliaria.

   Además, según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a nivel nacional, las ejecuciones hipotecarias ingresadas aumentaron un 371,7 por ciento en los últimos cuatro años respecto al periodo 2003-2007, pasando de las 88.066 a las 415.437.

   Por su lado, las ejecuciones hipotecarias resueltas en el periodo 2003-2007 ascendieron a 83.652, mientras que entre 2008 y 2012 supusieron 252.826, lo que significa que se incrementaron en un 202,2 por ciento.

   La comunidad con mayor incremento de ejecuciones hipotecarias en trámite entre los mencionados periodos ha sido Murcia, con una subida del 670,2 por ciento; seguida de Cataluña (610,8%); Castilla-La Mancha (603,7%); Andalucía (592,6%) y Navarra (585,5%).

   En cuanto al índice de ejecuciones hipotecarias ingresadas, la comunidad con mayor índice de subida fue la de Murcia, con un 540,4 por ciento de incremento; seguida de Castilla-La Mancha, con 441 por ciento; Cataluña, con 434,8 por cientos; Madrid, con 413,7 por ciento, y Andalucía, con 413,2 por ciento.

   Finalmente, La Rioja, con un 335,1 por ciento, encabeza el listado de incremento en las ejecuciones resueltas; seguida de Murcia, con 287,8 por ciento; Aragón, con una subida del 274,7 por ciento; y Canarias, con un 262,9 por ciento de incremento en este índice durante el periodo 2008-2012 frente a los cinco años anteriores.

Maduro anuncia que Chávez podría no ser embalsamado

CARACAS.- El presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que el fallecido mandatario Hugo Chávez podría no ser embalsamado finalmente, ya que el procedimiento para hacerlo debería haber comenzado antes.

   "Llegaron científicos rusos y alemanes para embalsamar a Chávez y nos dicen que es muy difícil porque se debió haber comenzado antes (...) de pronto y no se puede", ha señalado Maduro.

   "Estamos en medio del proceso, el proceso es complicado, es mi deber avisarles",  ha precisado el presidente durante la inauguración de la Feria del Libro de Venezuela en Caracas.

   El jueves pasado, Maduro había anunciado a los venezolanos que el cuerpo de Chávez sería embalsamado para poder exponerlo "eternamente". Ese mismo día había informado de que la capilla ardiente,  instalada en la Academia Militar, no se cerraría ese viernes, sino que permanecería otra semana más abierta para que el mayor número de venezolanos pudiera despedirse del presidente.

   Según explicó, "en un principio" los restos serán trasladados al Cuartel de la Montaña (Museo Histórico Militar) y posteriormente dio a entender que podrían trasladarse al Panteón Nacional, donde reposan los restos del libertador Simón Bolívar. La Constitución venezolana reserva "los honores del Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas ilustres, que hayan prestado servicios eminentes a la República", pero "después de transcurridos veinticinco años de su fallecimiento", sin embargo, muchos venezolanos han manifestado su deseo de que Chávez descanse allí.

La opinión de un experto

El cadáver de Hugo Chávez podría ser embalsamado "pero no para exponerlo cara al público", según ha asegurado el tanatopractor de la compañía de servicios funerarios Mémora, Josep María Sorigué, tras reconocer Maduro, que es "bastante difícil" conservar el cuerpo. Chávez falleció el pasado día 5 de marzo.

   A juicio del experto, la putrefacción "empieza desde el primer momento de la defunción", por lo que, transcurridos nueve días del fallecimiento del presidente venezolano, es dudoso que esté "en buenas condiciones para ser embalsamado". Sin embargo, sostiene que "es posible" realizar esta técnica, pero no "para velarlo como a Lenin".

   Los signos de deterioro en un cadáver comienzan a ser visibles "entre las 24 y 48 horas" después de la muerte, explica Sorigué. A pesar de que afirma no saber si el cuerpo de Chávez se encuentra en un estado irreconocible, sí precisa que pasados entre ocho y diez días del deceso, y si no se ha mantenido en neveras o lugares refrigerados, "empieza a desfigurarse porque ya tiene mucho gas abdominal y metano, y porque el glóbulo ocular se licua".

   Además, expone que "allí es verano o primavera, ha sido trasladado a temperaturas de 20 o 30 grados y no se sabe bien cuando murió". Para él, debido a las jornadas que han transcurrido desde su muerte, se puede conservar, "pero no se puede arreglar la putrefacción ya comenzada".

   Realizar el embalsamamiento cuanto antes asegura que éste sea "perfecto", continúa Sorigué, que señala que este proceso debe efectuarse "a partir de las 24 primeras horas después del fallecimiento". Para ello, es necesaria "la firma autorizada de un médico tanatólogo, o la de un médico forense si es una muerte traumática", explica.

   Esta acción consiste en detener el proceso de putrefacción natural de un cadáver a partir de "unos líquidos que son conservantes y colorantes, y que se administran a través de una vía intraarterial", manifiesta. Éstos, denominados paraformaldeidos, "se intercambian por la sangre" en un proceso "parecido a la diálisis", señala.

   Además, se vacían los demás fluidos del cuerpo y se sustituyen por líquidos similares "en una concentración más fuerte", afirma. Todo ello conlleva un tiempo estimado de entre hora y media y dos horas de trabajo para el tanatopractor, espacio de tiempo que se incrementa hasta las cinco horas en cuerpos que han recibido una autopsia.

   Sin embargo, no todos los cadáveres pueden ser embalsamados, ya que las personas fallecidas por causas infecciosas o por radiación tienen restringido este proceso. Sin embargo, el cuerpo de Hugo Chávez sí podría ser tratado, y es que, a pesar de su estado de putrefacción, "no hay riesgo" porque los embalsamadores "tienen materiales suficientes para protegerse".

   Por último, Sorigué expone que el embalsamamiento no es algo que se realiza y no precisa de más procedimientos. El cuerpo que se ha sometido a esta técnica "requiere de ciertas revisiones, de otras conservaciones y de retoques", además de que debe conservarse "en un sitio con un nivel de humedad y temperatura constante", concluye.

La Fundación Europea de la Ciencia cierra las puertas a España por impago

MADRID.- La Fundación Europea de la Ciencia (ESF, por su siglas en inglés) ha cerrado temporalmente las puertas a los investigadores españoles porque las organizaciones del país no han pagado sus cuotas, según ha informado la revista 'Science'.

   La noticia ha llegado a través del biólogo del Centro Nacional de Biotecnología (CNB) de Madrid, Saúl Ares, quien informó de esta suspensión en su blog. El científico ha explicado que pidió ayuda a la FSE para organizar un taller internacional, pero la semana pasada se le anunció que no la recibiría porque la institución había suspendido su apoyo a las actividades española a partir de 2013 y en adelante.

   La fundación ha señalado que las actividades de financiación no regresarían al país hasta que la organizaciones miembro -- el Ministerio de Economía y Competitividad (Mineco) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-- no paguen los retrasos en las cuotas que, según 'Science', alcanzan los 700.000 euros.

   En este sentido, la revista científica ha señalado que no ha conseguido declaraciones del Ministerio, mientras que por parte del CSIC ha hablado con el vicepresidente de programación científica, Eusebio Jiménez Arroyo, que ha asegurado que el consejo está dispuesto a pagar la parte del retraso que le corresponde, tan pronto como reciba fondos del Ministerio. Jiménez ha señalado que espera que esto se solucione a finales de este mes.

   'Science' ha hablado también con el presidente de la Confederación de Sociedades Científica de España (Cosce), Carlos Andradas, quien ha apuntado que los retrasos en los pagos amenazar la capacidad de los científicos españoles a colaborar. "Estamos perdiendo oportunidades", ha señalado Andradas.

El juez que llevó la Ley Hipotecaria ante el TUE: algunos desahuciados podrían recuperar su casa

MADRID.- El juez José María Fernández Seijo, que llevó la Ley Hipotecaria española ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), ha señalado que la sentencia dictada según la cual esa ley vulnera la normativa comunitaria abre la puerta a la posibilidad de que algunas personas que han sido desahuciadas consigan recuperar su casa.

   Fernández Seijo, titular del juzgado mercantil nº 3 de Barcelona, ha dicho en declaraciones a la cadena SER que el mérito de este "hito" para el Derecho español lo tiene Dionisio Moreno, el abogado de Mohamed Aziz --un hombre que fue desahuciado de su piso de Mataró (Barcelona) en 2011--, por haber abierto un litigio que hasta ahora no se había planteado.

   El caso acabó en manos de Fernández Seijo, que preguntó al TUE si no resultaban desproporcionados el vencimiento anticipado y la aplicación de unos intereses de demora del 18 por ciento. La respuesta que ha recibido es que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa europea porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

   Eso se debe, según el tribunal con sede en Luxemburgo, a que los jueces no pueden paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión. Fernández Seijo ha dicho que no puede estar "satisfecho" porque "lo ideal" habría sido que no hubiera tenido que plantear esa pregunta porque la legislación española fuera correcta. Es una decisión que llega con "cuatro o cinco años de retraso", ha indicado.

   La resolución del TUE "pone de manifiesto que, durante años, nuestro sistema no ha protegido bien a nuestros clientes", ha destacado. En cambio, a partir de ahora, cualquier juez que detecte cláusulas abusivas en un contrato hipotecario podría decidir como medida cautelar no desahuciar al consumidor hasta que no se celebre un juicio sobre esas cláusulas, según Fernández Seijo.

   Eso no significa que los desahucios se vayan a evitar "de manera definitiva" cuando el afectado denuncia cláusulas abusivas, pero sí habrá que valorar las circunstancias en las que el banco le concedió el préstamo y, por lo tanto, "no será un proceso automático, como era hasta ahora", ha explicado.

   En cuanto a las personas que ya han perdido su casa como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria, ha afirmado que habría que analizar las circunstancias "caso por caso". Pero "habrá uno que será el kilómetro cero de una autopista nueva que nos puede llevar muy lejos", ha destacado.

   En este contexto, ha detallado que si se acredita un perjuicio para el consumidor por una situación de desprotección derivada de la "ineficacia" de la normativa española, "que arrastramos desde hace casi 20 años", deberá haber una reparación. Por consiguiente, "no es tanto una aplicación retroactiva, sino que el perjuicio es actual", y se plantea "no un juego técnico, sino un juego de prueba".

   Otro cambio que se producirá, a su juicio, como resultado de la sentencia de este viernes es "un cambio de cultura de las entidades financieras a la hora de buscar soluciones no judiciales".

 "Por eso, yo creo que es un punto de partida, un punto de arranque, y que pueden ocurrir muchas cosas. De hecho, ya están ocurriendo", ha asegurado.

El hombre cuyo desahucio originó la sentencia europea espera acabar con el "drama"

BARCELONA.- Mohamed Aziz, el vecino de Martorell cuyo desahucio ha originado la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contraria a la norma hipotecaria española, espera que esta resolución sirva para acabar con el "drama" que viven miles de familias en España que no pueden pagar su hipoteca y corren el riesgo de perder su vivienda.

   Aziz, de 52 años, ha explicado que ha recibido la noticia "con alegría y con nervios", y ha declarado estar muy contento por haber conseguido el aval del Tribunal de Justicia de la UE.

   "Esta sentencia debe ser una esperanza para todas las familias que están sufriendo un desahucio", ha afirmado Aziz, que está casado y tiene tres hijos.

   En 2007, Caixa Tarragona concedió a Aziz una hipoteca a 33 años por su vivienda, pero en 2009 la entidad financiera decidió resolver anticipadamente el préstamo por el impago de cuatro cuotas mensuales.

   "Yo era soldador y, tras muchos años trabajando, en 2009 me quedé en paro, no pude pagar la hipoteca y a principios de 2011 me desahuciaron de mi vivienda", ha relatado.

   "Ahora estoy viviendo en un piso de alquiler en el barrio de Buenos Aires con la ayuda del Ayuntamiento de Martorell", ha añadido Aziz, que cuando perdió su piso presentó una demanda contra Caixa Tarragona pidiendo la nulidad del contrato de la hipoteca porque, a su parecer, contenía cláusulas abusivas.

   Fue entonces cuando el titular del juzgado mercantil nº 3 de Barcelona se hizo cargo del asunto y trasladó una cuestión al Tribunal de Justicia de la UE, que ha acabado dictaminando que la norma hipotecaria española es contraria a la ley europea.

La CE contactará con España para ver cómo aplica el fallo sobre desahucios

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha calificado este jueves de "extremadamente importante" la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre la ley española de desahucios porque "protege los derechos de los consumidores" y ha anunciado que se pondrá en contacto con el Gobierno español para ver cómo aplica el fallo.

   "Es una sentencia que consideramos extremadamente importante porque protege los derechos de los consumidores europeos", ha dicho el portavoz de Justicia, Michele Cercone.

   "La Comisión va a examinar ahora los detalles del fallo y va a examinar qué medidas deben tomarse, en particular en relación con España", ha dicho el portavoz.

   "Vamos a ponernos en contacto con autoridades españoles para ver cómo deben actuar", ha anunciado Cercone. "Está claro que España y los jueces españoles que se ocupan del caso deberán juzgar a la luz de esta sentencia del Tribunal Europeo y de las clarificaciones que ha aportado", ha agregado.

   El Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera las normas comunitarias porque no garantiza una protección adecuada a los ciudadanos frente a cláusulas abusivas de hipotecas.

El Gobierno corregirá de inmediato los fallos en la Ley Hipotecaria

MADRID.- El Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. Al respecto, el Gobierno dice que cumplirá "lógicamente" con la sentencia y promete corregir de inmediato los fallos denunciados por el TJUE.

   La legislación española no permite a los jueces paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe tratarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión. El fallo cree que esta protección a posteriori "resulta incompleta e insuficiente" ya que "no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda" sino que se limita "al pago de una indemnización por daños y perjuicios".

   "Basta con que los profesionales inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores de la protección que pretende garantizar la directiva", denuncia la sentencia.

   Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que "la normativa española no se ajusta al principio de efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la directiva confiere a estos últimos".

   La sentencia del Tribunal de Luxemburgo responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por Mohamed Aziz contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.

   Aziz solicitó que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.

   En su fallo de este jueves, el TUE insiste en que "el régimen procesal español menoscaba la efectividad de la protección que pretende garantizar la directiva".

   "La directiva sobre las cláusulas abusivas se opone a una normativa nacional, como la normativa española en cuestión, que no permite al juez que conozca del proceso declarativo -es decir, el que tiene por objeto declarar el carácter abusivo de una cláusula- adoptar medidas cautelares, en particular la suspensión del procedimiento de ejecución, cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final", concluye la sentencia.

   "Lo están estudiando (los servicios jurídicos) y nosotros, lógicamente, pues cumpliremos con lo que nos dicen las sentencias", ha declarado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras señalar que no había tenido aún tiempo de examinar en detalle la sentencia del TUE. "No quiero hablar de las cosas sin tener absoluto conocimiento de causa y no lo tengo ahora", se ha excusado.

   "Me dicen que hay algunos problemas de procedimiento que intentaremos subsanar, es una ley que data ya de hace muchos años", ha indicado el presidente del Gobierno, para después explicar que el Gobierno aprovechará la tramitación en marcha de un real decreto de ley en el Congreso para "mejorar esta situación".

 "Procuraremos adecuarnos a lo que allí se nos pide", ha concluido en rueda de prensa.

   Al respecto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha garantizado que, a la espera de un "estudio en profundidad" de la redacción de la sentencia, el Gobierno "naturalmente" incorporará la doctrina del TJUE a la legislación española. "Asumimos el compromiso de corregir aquellos aspectos que se consideren contrarios a la legislación europea", ha asegurado.

   De hecho, el portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Alfonso Alonso, ha señalado que con la reforma de la ley hipotecaria que tramita actualmente el Congreso, la que aglutinará el proyecto derivado del decreto ley del Gobierno y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la dación en pago, bastará para adaptar la legislación española a la sentencia del TJUE, un proceso que se hará en breve plazo y que como máximo requerirá prorrogar hasta la próxima semana el plazo de enmiendas.

   El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha coincidido en que el Gobierno debe "valorar y estudiar convenientemente" la sentencia para trasladar al ordenamiento jurídico español "todo lo que sean garantías". "Tipificar supuestos de cláusulas abusivas en los contratos de hipoteca me parece que defiende al consumidor y que restablece el principio de equilibrio entre las partes", ha reflexionado.

   Por su parte, el PSOE ha pedido al Gobierno que apruebe un decreto ley que sirva para paralizar todos los desahucios que estén en marcha debido a cláusulas abusivas de las entidades financieras hasta que se elabore una nueva norma que adapte y corrija los aspectos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que no protegen suficientemente a los ciudadanos.

   Sin embargo, el PP ha rechazado esta propuesta de los socialistas. "Me parece muy bien el desvelo del PSOE, que no propuso jamás nada cuando gobernó y ahora es sorprendente que tengan tanta iniciativa", ha señalado Alonso.

   Respecto a la sentencia, la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, y la portavoz socialista de Vivienda, Leire Iglesias, se han felicitado por ella ya que crea jurisprudencia en toda la UE y con ella se da "protección a los deudores", pero han advertido de que puede llevar a provocar un "aluvión" de procedimientos judiciales.

   "Hay que revisar la Ley y ponerla al día, porque los tiempos y la sociedad han cambiado. Hay que analizar y revisar la legislación a la que este tema se refiere", ha señalado la defensora del Pubelo, Soledad, Bcerril sobre la sentencia del TJUE.

   Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el dictamen es una "victoria". Fuentes de la asociación, han explicado que la sentencia les "da la razón" sobre que la normativa no garantiza a los ciudadanos la protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas, y ha llamado a los españoles a tener en cuenta la sentencia para defender sus derechos.

   Asimismo, ha llamado a los jueces a aplicar un sentencia que según ha remarcado es de obligado cumplimiento para todos los magistrados de la UE, y ha afirmado que la plataforma seguirá presionando para que prospere la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la dación en pago, que está en periodo de enmiendas en el Congreso.

   Por su parte, Mohamed Aziz, el vecino de Martorell cuyo desahucio ha originado la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE contraria a la norma hipotecaria española, ha explicado que ha recibido la noticia "con alegría y con nervios", y ha declarado estar muy contento por haber conseguido el aval del TJUE.

   "Esta sentencia debe ser una esperanza para todas las familias que están sufriendo un desahucio", ha afirmado.

   En este sentido, el titular del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, que trasladó la cuestión al TJUE sobre la norma hipotecaria española, ve muy positivo el fallo.

   Por último, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, ha manifiestado que la sentencia europea es "inmediatamente aplicable" en España y ha remarcado que el Gobierno central tendrá que modificar la actual ley hipotecaria al "tratarse de una normativa comunitaria".

Los procedimientos de ejecución hipotecaria y desahucios en España vulneran Derechos Fundamentales, según el TEJU

LUXEMBURGO.- El Tribunal Europeo de Justicia (TEJU) ha hecho pública hoy su sentencia sobre la legislación española en materia hipotecaria y desahucios, que da la razón a las PAH’s sobre lo injusto de esta legislación y sobre el hecho de que los procedimientos de ejecución hipotecaria y desahucios en España vulneran Derechos Fundamentales de la persona.

Tras un primer y rápido análisis, esta sentencia tiene varias consecuencias inmediatas:

1ª Los jueces deberán paralizar de inmediato todos los procedimientos vivos que estén en sus juzgados, incluidas las órdenes de lanzamiento, esto es los desahucios.

2º Deberán revisar obligatoriamente todas las cláusulas de las hipotecas, para eliminar de ellas las consideradas abusivas, y las consecuencias de dichas cláusulas, como las cláusulas suelo o los intereses elevadísimos de demora, en cuyo caso tendrían que condenar a la entidad financiera a devolver lo cobrado.

3º Todos los hipotecados que no estén aun con problemas, podrán revisar sus hipotecas para exigir a sus bancos la supresión de dichas cláusulas.

4º Esta sentencia, acarrea también retroactividad para las personas que han sido víctimas de un procedimiento injusto, y que tendrán que ser compensadas.

5º El Gobierno está obligado a incluir en la nueva ley los contenidos de la sentencia. En este sentido, desde la PAH le recordamos que tiene una gran parte del trabajo ya hecho con la ILP que, avalada por casi millón y medio de personas, tiene en la Comisión de Economía del Congreso, y que le exigimos que apruebe sin dilación, ya que, en caso contrario, la ciudadanía se le echará encima.