sábado, 30 de marzo de 2013

IU denuncia que en España persisten las "redadas racistas" en la calle

MADRID.- Izquierda Unida alerta de que persisten las identificaciones policiales de ciudadanos en la calle "teniendo muy en cuenta" cuestiones como "la raza o la etnia", según se desprende, a su juicio, del hecho de que desde el 20 de mayo de 2012 hasta enero de 2013 hayan sido identificadas 27.107 personas en España, de las cuales un 53,5% era de origen extranjero, mientras que la población inmigrante en nuestro país se sitúa alrededor del 11,5%.

   Así lo asegura la coalición de izquierda tras analizar los datos proporcionados por el Gobierno al diputado y portavoz de IU en la Comisión de Interior del Congreso, Ricardo Sixto, que se interesó por esta cuestión en una pregunta registrada en enero.
   En este sentido, IU denuncia que la "práctica vigente en estos momentos echa por tierra las recomendaciones para erradicarla que hace más de un año hizo la Defensora del Pueblo y demuestra el poco caso que merecen las órdenes dadas en igual sentido por el mismísimo director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en una circular interna fechada en mayo pasado".
   Así, la formación recuerda que el 20 de mayo de 2012 Cosidó emitió una circular interna en la que prohibía expresamente a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía las "actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos".
   En concreto, tal y como explica la formación, la circular interna prohibía el "establecimiento de cupos de identificación o detención de extranjeros a cualquier unidad del Cuerpo Nacional de Policía, evitándose igualmente actuaciones masivas o indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos" y establecía que cualquier control e identificación de personas en la vía pública o establecimientos públicos "deberán ser de carácter selectivo".
   Además, el director general de la Policía señala expresamente que se hicieran "de forma proporcionada, de tal manera que se evitaran aquellas que se consideren innecesarias, arbitrarias, abusivas y que supongan una extralimitación de las facultades que otorga al efecto el ordenamiento jurídico a las fuerzas y cuerpos de seguridad".
   Pese a que, según IU, las órdenes de Cosidó eran "taxativas", el resultado en la práctica es, a su parecer, "decepcionante" porque la media de extranjeros identificados apenas descendió tres puntos, al pasar del 56,2% anterior a la circular al ya mencionado 53,5% tras ella.
   Así lo demuestran las cifras totales facilitadas por el Gobierno a IU abarcan el periodo que va desde el mes de diciembre de 2011 al de enero de 2013, tiempo en el que los agentes de la Policía identificaron en las calles de España a cerca de 50.000 personas, en concreto 49.295.
   Según estos datos, desde diciembre de 2011 hasta mayo de 2012 fueron 22.188 identificados, de los cuales el 56,2 por ciento eran extranjeros, mientras que desde que Cosidó emitiera la circular el 20 de mayo de 2012 hasta enero de 2013 fueron 27.107 los identificados, de los cuales el 53,5% no eran españoles.
   Asimismo, la formación dirigida por Cayo Lara denuncia que los datos facilitados por el Gobierno demuestran que "una parte muy importante de estas identificaciones públicas van dirigidas a inmigrantes que poseen rasgos raciales muy característicos o definidos" pues de los 14.500 extranjeros identificados tras la circular, alrededor de un tercio --4.509-- eran africanos, 2.719 americanos y 2.290 asiáticos.
   En este sentido, señalan que "resulta muy llamativo lo que pasa con los europeos contabilizados" a la hora de comprobar la importancia de la etnia en las identificaciones policiales ya que la Policía pidió públicamente sus datos a 4.819 europeos de distintas nacionalidades, de los cuales 2.824 eran exclusivamente rumanos.
   "Es decir, pese a la importante colonia de ciudadanos rumanos existente en España resulta que por cada cuatro españoles al que se le pide la documentación ocurre lo mismo con un rumano. Sin embargo, esto no pasa con otros grupos de extranjeros con presencia también notable en nuestro país como ingleses (90 identificados), italianos (93) o franceses (116)", añaden.
   Por último, Izquierda Unida recuerda que además de las preguntas formuladas por Ricardo Sixto a las que ahora ha respondido el Gobierno, está pendiente de debatirse en el Congreso una proposición no de ley registrada hace un año donde se insta al Gobierno del PP a la "inmediata erradicación de las redadas racistas" y se reclama una condena expresa del Parlamento a "los controles de identidad basados en rasgos étnicos y raciales que provocan la discriminación y criminalización de personas por sus rasgos físicos y suponen una flagrante vulneración de los derechos humanos".
   "Pese al tiempo transcurrido desde que se registró la iniciativa los datos facilitados ahora por el Gobierno demuestran que las sospechas que mantenía Izquierda Unida y las denuncias que se sucedían estaban en lo cierto sobre el mantenimiento de estas prácticas", lamenta el diputado Sixto.

Colau: "Las campañas para paralizar los desahucios van a continuar"

MADRID.- La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha asegurado que las campañas, no sólo escraches, para paralizar los desahucios "van a continuar", al reivindicar estas protestas como acciones "pacíficas".

   En declaraciones a La Sexta, Colau ha garantizado que los actos promovidos por la PAH no se han acompañado de "agresiones", al tiempo que ha apelado al derecho de manifestación para justificar estas protestas.
   "Estaríamos encantados de parar los escraches", ha afirmado en alusión al apoyo de los diputados del PP para facilitar la dación en pago.
   En cuanto a las declaraciones de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien relacionó la PAH con personas del entorno de ETA, Colau ha asegurado: "Es increíble que Cifuentes no dimita".

El PP renuncia a la auditoría externa por las reticencias de las empresas y el Tribunal de Cuentas

MADRID.- El Partido Popular finalmente no contratará a ninguna empresa externa para auditar sus cuentas, a pesar de que Mariano Rajoy anunció en enero que encargaría a una compañía de renombre la revisión de sus finanzas para limpiar su imagen tras el escándalo provocado por el extesorero Luis Bárcenas.

Fuentes de la dirección nacional confirmaron que, tras más de dos meses de búsqueda, se ha renunciado a la auditoría externa porque ninguna empresa está dispuesta a asumir la tarea. Además, el Tribunal de Cuentas la ha desaconsejado tras una consulta escrita realizada por el partido.
Todo comenzó cuando el líder del PP y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado 21 de enero la realización de una auditoría interna y otra externa durante una reunión a puerta cerrada del Comité Ejecutivo Nacional.
El PP revisó primero a nivel interno sus finanzas e hizo público un resumen de las mismas a través de su página web. Acto seguido, comenzó una ronda de reuniones con las principales consultoras y auditoras de cuentas de España pero pronto encontró dificultades.
Dos meses después, ninguna de las firmas más importantes está dispuesta a realizar la auditoría. La formación que lidera Mariano Rajoy asegura que todas se niegan a llevar a cabo el encargo al entender que el Tribunal de Cuentas es el único competente para ello.
Para ello, se basan en una comunicación que el propio Tribunal de Cuentas difundió en 2011 ante la posibilidad que se planteó en aquel momento de que las comunidades autónomas solicitaran una auditoría de sus cuentas a empresas privadas.
Este organismo recordó entonces que "la fiscalización externa de todas las entidades públicas está encomendada al Tribunal de Cuentas" y subrayó que "ningún auditor privado, persona física o jurídica, puede fiscalizar ni auditar a ninguna administración pública".
Las empresas a las que recurrió el PP alegaron estos dos argumentos del Tribunal de Cuentas para negarse a revisar las cuentas del partido, a pesar de que las formaciones políticas no son propiamente ni una administración ni un organismo público.
De hecho, el artículo 4 de la Ley Orgánica que rige el funcionamiento del Tribunal de Cuentas establece competencia exclusiva para fiscalizar las cuentas de aquellas instituciones que conforman el sector público: la Administración del Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, las entidades gestoras de la Seguridad Social, los organismos autónomos y las sociedades estatales y demás empresas públicas. No incluye expresamente a los partidos políticos.
Para despejar la duda, el PP remitió hace unas semanas una consulta escrita al Tribunal de Cuentas en la que planteaba la posibilidad de contratar una empresa externa para revisar sus cuentas, independientemente de la labor fiscalizadora que a posteriori siempre realiza este órgano con carácter anual.
Las fuentes consultadas aseguraron que la respuesta del Tribunal de Cuentas subrayó que tiene "competencia exclusiva" para auditar las finanzas de los partidos políticos, con lo que daba a entender que el PP no debía seguir adelante.
Ante las reticencias encontradas en las empresas especializadas y el aviso del Tribunal de Cuentas, el PP ha tomado la decisión de abandonar la idea de contratar la auditoría externa que anunció Mariano Rajoy en el mes de enero, dado que es imposible encontrar una compañía que esté dispuesta.
El encargo de una auditoría externa en realidad no era una idea nueva del Partido Popular. En el año 2009 ya se impuso como una obligación esta práctica con el fin de verificar sus cuentas internas con carácter anual.
Así lo establecía el punto 17 del Código de Buenas Prácticas que el partido elaboró hace más de tres años, a raíz del escándalo que el 'caso Gürtel' provocó en la formación por los regalos y el dinero que varios dirigentes recibieron presuntamente de la supuesta trama de corrupción organizada por el empresario Francisco Correa.
En aquel documento se plasmó por escrito como una obligación que "anualmente se someterán las cuentas del partido a una auditoría externa, cuyo resultado se publicará en la página web".
Sin embargo, nunca llegó a hacerlo. 
Fuentes de la dirección nacional del PP precisaron que hasta ahora no se había recurrido a una empresa especializada porque se consideraba que el examen del Tribunal de Cuentas al que están sometidos todos los partidos políticos por ley ya constituía en sí mismo una auditoría externa.