La protesta del 25-A frente al Congreso acaba con cargas por el centro de Madrid

MADRID.- El "asedio" al Congreso promovido por la Plataforma ¡En Pie! ha congregado esta tarde a cerca de dos mil personas en las inmediaciones de la Cámara Baja, blindada por la Policía, que se enfrentaba en la Gran Vía, plaza de Atocha y de Cibeles a pequeños grupos de activistas violentos.

La protesta ha transcurrido de forma pacífica hasta que, hacia las 21.00 horas, un grupo de manifestantes en la Carrera de San Jerónimo han derribado las vallas que protegían el acceso al Congreso. Gritos de "!Corruptos!" y "!Gobierno dimisión!" fueron algunos de los que lanzaban los participantes en la protesta contra el Congreso y la policía que protegía las instalaciones.

Grupos de jóvenes encapuchados han quemado varios contenedores en las confluencias de la calle Alcalá y Gran Vía. Algunos manifestantes arrancaron adoquines del suelo en la Gran Vía para arrojarlos contra los agentes.

La convocatoria de la Plataforma !En pie! emplazaba al "Asalto" al Congreso a partir de las cinco de la tarde, hora en la que se habían programado tres marchas desde distintos puntos del centro de Madrid con destino al Congreso, que al final no se han llevado por la escasa afluencia de gente.

Así, los manifestantes han acudido directamente a la plaza de Neptuno, donde las Fuerzas de Seguridad mantienen un dispositivo con el fin de impedir la entrada a la Carrera de San Jerónimo donde se encuentra la cámara baja. Según han informado fuentes policiales, los concentrados en el momento de mayor afluencia de la protesta alcanzaban a "algo menos" de 2.000 personas.

Durante la protesta, a la que se ha unido la Coordinadora 25S con el lema "escrache" al Congreso, los agentes han detenido hasta las 21.30 horas a quince personas, uno de ellos menor de edad, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Entretanto, en el interior del Congreso la calma ha sido absoluta, ya que esta tarde no ha habido ningún tipo actividad parlamentaria oficial. El presidente de la cámara baja, Jesús Posada, ha confiado en el desarrollo pacífico de la manifestación porque lo contrario supondría "un atentado a la democracia" y ha considerado que la afluencia no ha sido un fracaso pese a ser inferior a protestas anteriores.

El "asedio" al Congreso promovido por la Plataforma ¡En Pie! ha congregado esta tarde a cerca de dos mil personas en las inmediaciones de la Cámara Baja, blindada por la Policía, que se enfrentaba en la Gran Vía, plaza de Atocha y de Cibeles a pequeños grupos de activistas violentos.

La protesta ha transcurrido de forma pacífica hasta que, hacia las 21.00 horas, un grupo de manifestantes en la Carrera de San Jerónimo han derribado las vallas que protegían el acceso al Congreso. Gritos de "!Corruptos!" y "!Gobierno dimisión!" fueron algunos de los que lanzaban los participantes en la protesta contra el Congreso y la policía que protegía las instalaciones.

Grupos de jóvenes encapuchados han quemado varios contenedores en las confluencias de la calle Alcalá y Gran Vía. Algunos manifestantes arrancaron adoquines del suelo en la Gran Vía para arrojarlos contra los agentes.

La convocatoria de la Plataforma !En pie! emplazaba al "Asalto" al Congreso a partir de las cinco de la tarde, hora en la que se habían programado tres marchas desde distintos puntos del centro de Madrid con destino al Congreso, que al final no se han llevado por la escasa afluencia de gente.

Así, los manifestantes han acudido directamente a la plaza de Neptuno, donde las Fuerzas de Seguridad mantienen un dispositivo con el fin de impedir la entrada a la Carrera de San Jerónimo donde se encuentra la cámara baja. Según han informado fuentes policiales, los concentrados en el momento de mayor afluencia de la protesta alcanzaban a "algo menos" de 2.000 personas.

Durante la protesta, a la que se ha unido la Coordinadora 25S con el lema "escrache" al Congreso, los agentes han detenido hasta las 21.30 horas a quince personas, uno de ellos menor de edad, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Entretanto, en el interior del Congreso la calma ha sido absoluta, ya que esta tarde no ha habido ningún tipo actividad parlamentaria oficial. El presidente de la cámara baja, Jesús Posada, ha confiado en el desarrollo pacífico de la manifestación porque lo contrario supondría "un atentado a la democracia" y ha considerado que la afluencia no ha sido un fracaso pese a ser inferior a protestas anteriores.

La protesta, que como es costumbre no ha sido comunicada a la Delegación de Gobierno de la comunidad de Madrid, se había convocado con la pretensión de no mantenerla hasta que "caiga el régimen". Con motivo de la protesta, el Ministerio del Interior ha diseñado un operativo de seguridad integrado por unos 1.400 agentes de la Unidad de Intervención Policial, los antidisturbios.

Ya sea por no compartir "las formas" o por no estar "interesados en participar", colectivos como Democracia Real Ya, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o la Comisión de Legal de Acampada Sol, que han estado presente en las protestas de los últimos meses, han querido desligarse de la convocatoria.

Baldoví opina que Cifuentes y el PP han "calentado el ambiente" para "actuar con la dureza con que se actuó"

ALICANTE.- El diputado de Compromís-Equo en el Congreso, Joan Baldoví, ha opinado que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el PP han "calentado el ambiente" con respecto a la manifestación convocada bajo el lema 'Asedia el Congreso', para "luego poder actuar con la dureza con que se actuó", algo que ha considerado como una "nueva estrategia" de la formación 'popular'.

   Baldoví se ha expresado en estos términos al ser preguntado sobre la protesta realizada este jueves en la Plaza de Neptuno madrileña, que finalizó con disturbios saldados con 15 detenidos y 14 agentes de la Policía heridos.

   Así, el diputado ha recalcado que "muchísima gente se había desmarcado" de la movilización, como los colectivos 15M o 25S, si bien ha resaltado que otro sector ciudadano, "legítimamente", quiso manifestarse delante del Congreso. "Creo que por parte de la delegada del Gobierno y de significados dirigentes del PP se ha calentado el ambiente para luego poder actuar con la dureza con que se actuó", ha subrayado.

   En el mismo sentido, ha resaltado que "lo peor" es que este hecho "no sólo se circunscriba a la manifestación" de este pasado jueves, sino que, tal y como ha añadido, es "una nueva estrategia del PP intentar criminalizar a toda la gente que se mueva en su contra".

   A su juicio, "se ha podido ver perfectamente cuando se ha intentado criminalizar a la gente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), llamándoles de una manera sistemática filoetarras o filoterroristas, y nazis, y no es una palabra que se escapa porque a alguien se le suelta la boca en una rueda de prensa, sino que dirigentes del PP --entre los que ha hecho referencia a María Dolores de Cospedal-- han insistido en el argumento", ha expuesto.

   Finalmente, ha insistido en que la "estrategia" de los 'populares' es "intentar criminalizar" y "meter miedo" en la gente "para después, todo aquel que se mueva, sea tildado como sospechoso de alguna cosa mala".

El Parlament balear rechaza instar al Gobierno que evite los desahucios de personas que no puedan pagar la hipoteca

PALMA DE MALLORCA.- La Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Parlament ha rechazado, con los votos del PP, una Proposición No de Ley presentada por MÉS y que contó con el apoyo del PSIB, mediante la cual se instaba al Ejecutivo central a que modificara el Decreto de Medidas Urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, de cara a evitar los desahucios de aquellas familias que puedan justificar no poder pagar la hipoteca por motivos de la crisis. 

   Asimismo, mediante esta iniciativa, MÉS pedía que el Parlament reconociera el trabajo de sensibilización que han realizado las diversas plataformas contra el desahucio en el conjunto del Estado, teniendo en cuenta que su movilización "ha hecho visible un hecho de graves consecuencias sociales".

   Por otro lado, la Proposición No de Ley también planteaba que la Cámara balear instase al Ejecutivo central que, con carácter de urgencia, elaborase y entregara a las Cortes, para su aprobación, una Ley de Desahucios que dé garantías de protección eficaz de los consumidores frente a cláusulas abusivas y que incorpore el derecho a la dación en pago.

   Para MÉS, el Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, pese a que realiza un análisis acertado de la exposición de motivos, en su articulado "no se recogen propuestas adecuadas, ni reales a las circunstancias actuales", al tiempo que considera que el colectivo de personas que se podrían beneficiar de la suspensión temporal de los desahucios es del "todo insuficiente".

   Muy contraria es la opinión de la diputada 'popular' Marga Prohens, quien ha justificado su rechazo a la iniciativa de la coalición econacionalista, ya que, según ha considerado, desde todas las instituciones "se están llevando a cabo las medidas necesarias para afrontar los desahucios".

   Prohens ha criticado a MÉS por presentar iniciativas "extemporáneas, ya que la última ley estatal aprobada hace una semana da respuesta a las urgentes necesidades de las personas y colectivos afectados".

   Así, ha destacado que la Proposición de Ley aprobada en el Congreso la semana pasada, sobre deudores hipotecarios, "ya prevé la suspensión de lanzamientos durante dos años para personas con especial vulnerabilidad, se amplía a tres meses el plazo de impago de la hipoteca antes de poner en marcha la ejecución, se limitan los intereses de demora, además de que el juez podrá paralizar el proceso si hay cláusulas abusivas".

   Además, ha añadido que la citada Ley también prevé que las entidades financieras deberán reestructurar la deuda hipotecaria y, si no es posible, se admitirá la dación en pago y el deudor podrá permanecer dos años en la vivienda como arrendatario, por lo que ha afirmado que "estamos haciendo los deberes para afrontar esta situación".

   De este modo, la diputada del PP ha reprochado a la oposición por utilizar nuevamente "frases vacías" en sus discursos y "hacer uso de la demagogia y de no querer aceptar la realidad".

   Así, Prohens, ha destacado que cuando ellos gobernaban, ésta realidad 2ya estaba en la calle y no hicieron nada para remediarlo, es más, podemos recordarles la creación de los juzgados especiales para desahucios, en el 2008, la Ley de desahucios exprés aprobada en 2009 o los 300 desahucios que se producían al día durante el Gobierno de ZP".

   Por el contrario, ha resaltado que el Gobierno del PP tanto a nivel estatal, como a nivel autonómico, "sí que está lleva a cabo políticas reales dando respuestas rápidas frente a situaciones de emergencias, mientras se preocupa para adecuar la legislación vigente a la realidad que está en la calle".

Interrogan al marido y madre de Soraya Saénz de Santamaría por el 'escrache' en su casa

MADRID.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha citado el próximo viernes a Petra Antón Moreno, madre de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,  y al marido de ésta, José Iván Rosa Vallejo, para que se ratifiquen en la denuncia y puedan prestar declaración como testigos del 'escrache' realizado el pasado 6 de abril frente al domicilio de la mandataria popular.

   El juez, que abrió diligencias por estos hechos contra un total e 27 personas, tomó declaración el pasado lunes a varios policias testigos de los hechos y ese mismo día dictó una providencia, librando oficio a la Brigada Provincial de Información de la Policía para que remita copia de la "orden de servicio" relacionada con la concentración.

   Igualmente, el juez Sexmero ordenó remitir telegrama a los denunciados por los hechos que aún no se han personado para informarles de la existencia del procedimiento.

   En un auto fechado el pasado 12 de abril, que se conoció el día 19, el magistrado acordaba incoar diligencias previas a instancias de una denuncia presentada por el marido de la vicepresidenta al estimar la posible existencia de un delito de coacciones, amenazas y manifestación ilegal derivados de su participación en la concentración.

   Siete días más tarde, además de citar a los policías que participaron en el 'escrache', pidió información sobre quiénes son los responsables de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

   En la primera de sus resoluciones el juez consideraba al ex secretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge uno de los cabecillas de la supuesta manifestación ilegal, junto con María Eugenia G.Y. y Adrian R.P., si  bien solicitaba a la Policía más información sobre este extremo, que aún está pendiente de entregarse según han señalado fuentes del caso.

   Las diligencias se abren después de que el pasado 8 de abril entrara en el Decanato de los Juzgados ordinarios el atestado policial de la Brigada Provincial de Información. En el informe constaban los identificados en la protesta por parte de la Policía.  

   El atestado se unió el 9 de abril a una denuncia presentada por los citados hechos a instancias del marido de Sáenz de Santamaría, que recayó en el Juzgado nº 4 de Instrucción.

   En los fundamentos de derecho, el juez relataba que en la manifestación que tuvo lugar el pasado 6 de abril se congregaron cerca de unas 300 personas enfrente del domicilio de la vicepresidenta, lo que a su juicio podría incurrir en los citados delitos.

   Según el juez, la naturaleza y circunstancias de tales hechos denominados 'escraches' no están determinados, "pero sí las personas que en ellos han intervenido".

Archivada la querella contra los diputados que cobran dietas pese a tener casa en Madrid

MADRID.- El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella que presentó el colectivo Democracia Real Ya (DRY), uno de los promotores del 15-M, contra los diputados que, pese a tener residencia en Madrid, perciben indemnizaciones por gastos derivados de su labor en el Congreso. El presidente de la Cámara, Jesús posada, que fue uno de los querellados, ha expresado su satisfacción destacando que se confirma que no hay ningún tipo de infracción.

Según se establece en su régimen económico y social, los diputados reciben, además de su asignación constitucional mensual, una indemnización para cubrir "gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función". Se trata de 1.823,86 euros al mes para los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y de 870,56 euros para los electos por Madrid. Al ser una cantidad dedicada a cubrir gastos, está exenta de tributación.

El pasado enero Democracia Real Ya presentó una querella por malversación de caudales públicos contra más de sesenta diputados que, pese a haber declarado tener una casa en Madrid, perciben la indemnización máxima por haber sido elegidos en provincias distintas. Entre los denunciados figuraban unos cuarenta parlamentarios del PP, una veintena del PSOE, uno de CiU y uno de CC.

En la lista estaba el presidente del Congreso, Jesús Posada, diputado por Soria, ministros como Cristóbal Montoro, Jorge Fernández Díaz y Ana Pastor, y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su caso porque disfruta de indemnización como diputado por Madrid pese a que sus gastos de alojamiento y manutención están cubiertos en el Palacio de la Moncloa, de titularidad pública.

En el auto del Supremo, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal decide inadmitir el procedimiento al considerar que los hechos no son "constitutivos de ilícito penal alguno".

Según argumenta, esta indemnización se fijó "a tanto alzado" debido a "la extrema dificultad para una determinación taxativa del elenco de gastos y dada la muy diferente manera en que los diputados hacen frente al ejercicio de su función".

Por tanto, y más allá del criterio de si los diputados son elegidos por Madrid o por otra circunscripción, la indemnización no singulariza qué gastos debe cubrir, ni los diputados tienen que dar cuenta ni justificar las diferentes cuantías que dedican a los gastos derivados de su función parlamentaria, ni destinar ese dinero indefectiblemente a gastos de alojamiento.

"Es más, resulta perfectamente factible que un diputado, dado el régimen abierto de asignación de gastos que se le aplica, tenga una vivienda en propiedad en Madrid y la tenga alquilada o cedida en precario y no la use en sus estancias en esta capital --añade--. También puede darse una situación a la inversa, que tenga vivienda en Madrid y desempeñe la función de diputado en otra circunscripción en la que acabe invirtiendo el dinero de la indemnización para sus estancias allí".

Así las cosas, el Supremo entiende que "no cabe colegir que por tener una vivienda en Madrid (el diputado) se esté apoderando con ánimo de lucro del dinero del erario público o destinándolo a un fin diferente al asignado".

 "Ninguno de los dos supuestos concurre en el presente caso", concluye.

El auto ha sido acogido con "satisfacción" por el presidente del Congreso, Jesús Posada, que ha subrayado la "unanimidad" de la decisión adoptada: "Siempre hemos opinado que no había ni el más mínimo delito ni infracción en hacer algo que se ha hecho consuetudinariamente y que responde a una realidad, que son los gastos --ha comentado a los periodistas--. Es una noticia muy satisfactoria para mí y para todos mis antecesores.

El PP se enfrenta en la Eurocámara a la PAH

BRUSELAS.- Los eurodiputados del PP se han enfrentado este miércoles, durante la reunión de la comisión de Peticiones de la Eurocámara, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y a su portavoz, Ada Colau, a la que han acusado de "acoso e intimidación" por los escraches, y han defendido las medidas del Gobierno de Mariano Rajoy para paliar los desahucios.

   Tras el debate, la comisión de Peticiones ha decidido mantener abierta la queja de la PAH, que reclama la dación en pago y una moratoria sobre los desahucios, y seguir de cerca los trabajos para completar la nueva directiva europea sobre hipotecas, según ha dicho su presidente en funciones, Willy Meyer. Por su parte, la Comisión ha dicho que la regulación de la dación en pago es competencia de los Estados miembros y no de la UE.

   "Aquí tienen una ocasión para demostrar que Europa sirve para algo. Europa no puede dar la espalda a los ciudadanos que están sufriendo violaciones de derechos humanos", ha dicho Colau a los eurodiputados, a los que ha pedido que envíen una misión a España para conocer el problema de primera mano.

   Sólo en 2012 se produjeron en España 40.000 desalojos de primeras viviendas lo que, según ha dicho, constituye "una anomalía absoluta en el contexto europeo" y responde a una "mala praxis bancaria" que incluye "estafas, clausulas abusivas y coacciones y amenazas" por parte de las entidades. Las familias afectadas, ha proseguido, viven en una "situación límite", que se ha traducido en "suicidios directamente vinculados a esos desalojos".

   En su opinión, las medidas antidesahucios aprobadas por el Congreso con el único apoyo del PP no recogen "los mínimos" que reclamaba la iniciativa legislativa popular por la dación en pago y "no resuelven el problema". Y ha acusado al Gobierno de "criminalizar" a los ciudadanos que participan en escraches, que según ha subrayado no tienen carácter violento.

   "Se nos llama terroristas y nazis desde el Gobierno, se nos ponen multas de miles y miles de euros", ha resaltado.

   La réplica se la ha dado el eurodiputado del PP, Carlos Iturgaiz, que ha acusado a Colau de "estar detrás de los escraches", a los que ha tachado de "acoso e intimidación".

 "He vivido y vivo con el acoso y la amenaza. En 1996 tuve el primer escrache en mi casa y además lo denuncié y lo gané en los juzgados", ha señalado en referencia al ex dirigente de Herri Batasuna, Koldo Celestino.

      "Como ellos, ustedes están cometiendo un error. Están intentando socializar el dolor de lo que ustedes representan, intentando que ese dolor angustie a otros y a sus familiares", ha sostenido. "Al PP, lejos de intimidarnos, esas actuaciones suyas de los escraches nos dan fuerza para seguir defendiendo nuestros ideales", ha agregado Iturgaiz.

   "Nos han dicho que no representamos a la ciudadanía y nos han señalado, no en nuestro discurso público, sino en nuestras casas, y eso es todo menos democrático", ha dicho el eurodiputado del PP Juan Andrés Naranjo.

   Por su parte, el parlamentario popular Pablo Zalba ha asegurado que "no hay ninguna sola incongruencia, ni una sola discrepancia" entre las medidas del Gobierno español para paliar los desahucios y la nueva directiva de la UE sobre créditos hipotecarios que fue acordada el lunes y cuyo ponente es el eurodiputado socialista Antolín Sánchez Presedo.

   "Por eso no entiendo que la señora Colau diga que es una anomalía en el contexto europeo", ha dicho Zalba. "Algo estará haciendo bien el Gobierno español cuando está en línea con lo que ha hecho este Parlamento", ha apuntado.

   Sánchez Presedo le ha contestado que la nueva directiva europea obligara a España a "adoptar nuevas iniciativas" para paliar los desahucios, y ha resaltado que su grupo apoyaba la iniciativa legislativa popular, aunque a su juicio "la dación en pago es una solución pero no una panacea".

   El eurodiputado de Iniciativa per Catalunya, Raül Romeva, ha criticado a Iturgaiz  por comparar los escraches con el terrorismo y ha pedido al Gobierno que atienda a la "mayoría ciudadana" que apoya la dación en pago y la paralización de los desahucios. Y la representante del BNG, Ana Miranda, ha reclamado "no criminalizar" a los representantes de la Plataforma.