miércoles, 6 de febrero de 2013

Miles de estudiantes salen a la calle para pedir "más educación y menos corrupción"

MADRID.- Miles de estudiantes de Secundaria han salido este miércoles a la calle para pedir "más educación y menos corrupción", coincidiendo con la segunda jornada de huelga, convocada por el Sindicato de Estudiantes, contra el anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa y para exigir la dimisión "en bloque" del Gobierno. 

   Las protestas contra la reforma educativa se han mezclado en esta ocasión con consignas y alusiones al 'caso Bárcenas' y a la presunto reparto de sobres con dinero B a dirigentes del PP. "Vosotros los sobres, nosotros las sobras", "Menos sobres y más becas" o "Rajoy, Bárcenas, ¿para la educación no quedan sobres?", son algunos de los gritos que se han podido oír en las calles este miércoles.
   En Madrid, donde la marcha ha transcurrido sin incidentes, el secretario general del Sindicato de Estudiantes, Tohil Delgado, ha pedido la dimisión "en bloque" del Gobierno: "No nos vale con que se vaya Rajoy, queremos que se vayan todos y que se cree un Gobierno para el pueblo, para los trabajadores y para la juventud".
   El líder estudiantil ha adelantado que a esta segunda semana de protestas en lo que va de curso, puede seguirle una "tercera" este mes, que contará, según ha avanzado, con el apoyo de los profesores para "poner contra las cuerdas" a un ministerio que, a su juicio, "solo legisla para una élite".
   En Barcelona, los alumnos --20.000, según la organización; 1.900 según la Guardia Urbana-- se han manifestado contra la reforma, pero también contra la intención del Gobierno de "españolizar" a los estudiantes catalanes, portando pancartas con el mensaje de 'Ni españolizar ni privatizar'. Además, se han concentrado ante el Palau de la Generalitat de Cataluña durante unos minutos al grito "Después de estudiar, queremos trabajar".
   En Castilla-La Mancha, las protestas han sido más dispersas y con menos asistentes. Toledo, Talavera, Guadalajara y Albacete son las ciudades en las que se han concentrado centenares de jóvenes. "Que las manifestaciones sean pequeñas no quiere decir que la gente no esté de acuerdo", ha indicado en Toledo la portavoz estudiantil, al tiempo que ha advertido de que "la lucha continúa y si no hay marcha atrás en la eliminación de esta ley".
   En Valencia, la manifestación ha concluido con una sentada en la plaza del Ayuntamiento en la que los estudiantes han manifestado su intención de continuar con las movilizaciones. Mientras algunos han quemado un muñeco de Wert, una gran parte del grupo se ha acercado a las puertas del Consistorio para continuar la sentada al grito de "Yo también quiero mi sobre" y han lanzado varios huevos contra el edificio.
   Santiago de Compostela y La Coruña han sido las ciudades gallegas en las que se han concentrado un mayor número de jóvenes, bajo los lemas En defensa de la enseñanza pública, ni un paso atrás, no a la LOMCE' y 'Unidos contra la LOMCE, un paso atrás', respectivamente.
   El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha asegurado que el seguimiento de la segunda jornada de huelga de alumnos de Secundaria en toda España es "muy inferior" al de este martes, cuyo dato definitivo fue del 17,2 por ciento.
   "Con los datos recopilados hasta este momento por las comunidades autónomas, constata un seguimiento de la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes muy inferior al de la jornada de ayer. Los datos finales reflejan que el porcentaje de alumnos que no asistió a clase (este martes) fue del 17,2 por ciento", ha indicado el departamento de Wert en un comunicado.
   Por su parte, el Sindicato de Estudiantes, convocante de la tres jornadas de paro en esta "semana de lucha", ha elevado al 90 por ciento de media el respaldo de los alumnos a esta segunda huelga. "El seguimiento es masivo", ha asegurado una portavoz de esta organización a Europa Press, durante la celebración en Madrid de la manifestación.

Los jueces decanos y el CGPJ también piden más medios para luchar contra la corrupción


MADRID.-   Los jueces decanos de España se han adherido al acuerdo adoptado el pasado 30 de enero por la Junta de Jueces Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional para reclamar más medios materiales y personales en la lucha contra la corrupción, los delitos económicos y las causas de "especial relevancia social". 

   En un comunicado difundido este miércoles, los jueces decanos manifiestan su intención de desempeñar su trabajo "responsablemente y en las debidas condiciones" y aseguran que algunas de las deficiencias que presentan actualmente los juzgados y tribunales españoles se podrían resolver "de manera inmediata".

   "Son los jueces y fiscales quienes investigan los asuntos relacionados con la corrupción y, por tanto, las medidas más eficaces son aquellas que se dirigen a apoyar y facilitar su trabajo", afirman en un comunicado en el que señalan que no es posible llevar a cabo "una investigación seria y rigurosa" sin funcionarios, policías y peritos especializados.

   En concreto, los jueces decanos piden medidas de refuerzo al CGPJ, al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas. "El problema es que, o no llegan, o lo hacen demasiado tarde", aseguran.

   Entre las medidas necesarias apuntan el nombramiento inmediato de jueces y secretarios judiciales de refuerzo, la adscripción de fiscales con dedicación exclusiva, la facilitación de peritos contables con dedicación igualmente exclusiva en este tipo de asuntos (peritos de la Hacienda Pública, Banco de España, Intervención General del Estado) y la creación de un cuerpo nacional de peritos contables forenses. También destacan la necesidad de adscripción de grupos de auténtica policía judicial bajo las órdenes directas y exclusivas del juez.
   A su juicio, no parece que exista una especial sensibilidad hacia estos problemas, "cuando precisamente hace unas semanas se ha aprobado una norma que ha suprimido el llamamiento de jueces sustitutos, que son quienes venían llevando tales funciones de apoyo y refuerzo en los juzgados y tribunales".

El CGPJ pide información los TSJ

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, ha pedido hoy a todos los tribunales superiores de justicia autonómicos que entreguen toda la información referentes a casos de corrupción para agilizar los procedimientos en marcha.
Así lo ha señalado la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa posterior al debate que el Consejo ha realizado hoy sobre un informe opuesto a la reforma de este órgano propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Previo al debate, Moliner ha informado al Consejo de la comunicación realizada a los presidentes de los tribunales regionales, y anunciada en el último pleno, con el fin de que éstos ofrezcan "una completa información sobre procesos relacionados con la corrupción política y económica", ha explicado Bravo.
La portavoz ha indicado que esta iniciativa fue adoptada por Moliner desde el respeto a la independencia del poder judicial y a la función jurisdiccional de los jueces en sus juzgados.
No obstante, el Consejo solicita esta información, ha comentado Bravo, "conscientes en estos momentos de la preocupación de la ciudadanía dada la proliferación de asuntos relacionados con corrupción política y económica".
El objetivo es determinar la afectación que los casos de corrupción tienen sobre el funcionamiento de la Justicia, para saber si se colapsa y aportar soluciones necesarias o medidas de refuerzo para agilizar los procedimientos.
Bravo ha expresado que de esta manera el poder judicial quiere dar un mensaje de compromiso con la sociedad porque es "el último garante del sistema democrático".
Moliner, ha señalado Bravo, ha resaltado en el pleno la importancia de mostrar a los jueces el apoyo del Consejo desde todos los puntos de vista.
Una vez realizado el diagnostico de la situación, el presidente del CGPJ se comprometido a hablar con los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, "para abordar los problemas que tienen los juzgados autonómicos y facilitarles los medios materiales y personales con absoluta eficacia", ha concluido la portavoz del órgano de gobierno de los jueces.

Urdangarin y Torres no pagan la fianza de 8,2 millones de euros

PALMA DE MALLORCA.- Tras cinco días de plazo otorgados por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, el Duque de Palma Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres no han abonado finalmente la fianza de responsabilidad civil de 8,2 millones de euros que el magistrado les impuso en el marco de estas pesquisas. Los dos imputados tenían hasta esta medianoche para poder hacer frente al pago de la cuantía decretada la pasada semana.

   De esta forma, si bien en la mañana de mañana jueves se efectuará una nueva comprobación en la cuenta del Juzgado así como en el de guardia de la capital balear, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma podrá iniciar en breve los trámites para embargar los bienes de ambos encausados, quienes deberán designar los mismos hasta cubrir la caución fijada por el magistrado.
   Una vez comprobado su valor se procedería a su embargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). En caso de que ni Urdangarin ni Torres señalasen bienes concretos, el Juzgado iniciaría una investigación de la totalidad de su patrimonio en aras a embargarlo en cuantía suficiente hasta cubrir la suma reclamada.
   Tal y como ya indicó el juez, entre los bienes se verán afectadas las participaciones de las que sean titulares ambos imputados en las empresas de su entramado: Nóos Consultoría Estratégica, Intuit Strategy Innovation Lab, Shiriaimisu, Virtual Strategies, De Goes Center for Stakeholder Management, Blossom Hills, Fundación Deporte, Cultura e Integración Social y Aizoon, la sociedad cuya propiedad Urdangarin comparte al 50 por ciento con la Infanta Cristina.
   En cualquier caso, fuentes judiciales han precisado que el hecho de que haya expirado el plazo para abonar la fianza, no impide que más adelante puedan depositarla, lo que paralizaría el proceso de embargo de los bienes.
   Tanto Urdangarin como Torres han recurrido el auto mediante el que fue decretada la fianza. En el caso del Duque, denuncia haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución, lo que ha puesto de manifiesto "a los efectos de que [el derecho supuestamente quebrantado] pueda continuar siendo invocado, en el momento procesal oportuno", ante la Audiencia Provincial de Baleares y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional.
   Un recurso de reforma en el que, además, considera que, en el caso de que finalmente devenga firme la fianza en la anterior cuantía, se vería abocado a un "injusto empobrecimiento" y se produciría un "enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de la anterior cantidad.
   En su auto de responsabilidad civil, el juez José Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
   En una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".
   De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma aseveraba que los responsables de las instituciones balear y valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".
   Es más, Castro sostenía que, en el marco de las contrataciones llevadas a cabo entre las Administraciones y el Instituto Nóos, los convenios de colaboración suscritos para ello "no fueron otra cosa que la forma arbitraria de vestir el santo", cuya "única" finalidad era, con un "total abuso de poder", beneficiar a la entidad y en este caso "al más ilustre de sus miembros: el señor Urdangarin".
   En concreto, la fianza engloba los 1,2 millones de euros que percibió Nóos para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las tres ediciones llevadas a cabo del evento Valencia Summit, y los 382.000 euros que percibió Nóos en virtud de un convenio con el Consell de la Generalitat y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, por la celebración de unos Juegos Europeos que nunca tuvieron lugar.
   Asimismo, se incluyen los 54.520 euros pagados a Nóos por el Govern balear para el seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears - Banesto; los 174.000 que pagó el Illesport por la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo; los 116.566 del Ibatur por la elaboración de material promocional del Illes Balears, y 2,1 millones de multa (un tercio de la cantidad global solicitada).

El PP pierde apoyo electoral en un sondeo del CIS previo al caso Bárcenas

MADRID.- El respaldo electoral al Partido Popular, que hace algo más de un año se hizo con el poder con mayoría absoluta, ha vuelto a caer, según el barómetro del CIS realizado previamente a que estallara el escándalo de corrupción en la formación que hoy gobierna España.

Los profundos recortes y las dificultades económicas por las que atraviesan los ciudadanos siguen pasando factura al PP que, de celebrarse hoy unas elecciones generales, se haría con el 35 por ciento de los votos, frente al 44,6 por ciento que obtuvo en noviembre de 2011, según los datos del CIS difundidos el miércoles.
El Partido Socialista, principal formación de la oposición, ve mejorar levemente sus resultados con un 30,2 por ciento de los sufragios, frente al 28,7 por ciento de los comicios pasados, con lo que la diferencia entre las dos principales fuerzas políticas del país se estrecharía de 12,7 puntos en 2011 a 4,8 puntos a día de hoy.
El sondeo, realizado entre el 4 y el 14 de enero entre 2.483 personas, no refleja el descontento de la ciudadanía ante el llamado caso Bárcenas, que empezó a aparecer en la prensa hace dos semanas a raíz de conocerse que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas tenía cuentas millonarias en Suiza.
Además, la Fiscalía Anticorrupción está investigando si Bárcenas realizó pagos irregulares a varios dirigentes del PP, entre ellos el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, procedentes de fondos abonados por empresas principalmente de la construcción.
Aunque Rajoy - en el que el 82 por ciento de los sondeados dijo tener poca o ninguna confianza - ha negado con contundencia las acusaciones, el creciente escándalo probablemente pase más factura al PP entre los ciudadanos, que ya están muy desilusionados con el Gobierno por la gestión de la profunda crisis económica y un desempleo de más del 26 por ciento.
De hecho, el paro y los problemas de índole económica siguen siendo las principales preocupaciones de los ciudadanos, por delante de la política y los partidos en general y la corrupción y el fraude.
Frente a la caída de apoyos del PP, los grupos con menos presencia en el Congreso salen reforzados, como Izquierda Unida, que obtendría un 9,4% de los votos (frente al 7,02% actual) y Unión Progreso y Democracia (UPyD), que lograría un 6,8 por ciento (4,76% hoy).

Inquietud por la corrupción

La preocupación por la corrupción y el fraude ha marcado un nuevo récord de los últimos años y continúa como el cuarto problema para los españoles por detrás del paro, la economía y los políticos, según se desprende del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), correspondiente al mes de enero.
   El sondeo, hecho público este martes, se basa en 2.483 entrevistas realizadas en 238 municipios de 48 provincias entre los días 4 al 14 de enero de 2013.
   En medio del trabajo de campo se conoció el acuerdo de conciliación sobre el 'Caso Pallerols', en el que dirigentes Unió reconocieron el desvío de fondos públicos al partido. Sin embargo, aún no había estallado el 'caso Bárcenas' ya que fue el 16 de enero cuando se conoció que extesorero del PP Luis Bárcenas tuvo hasta 22 millones de euros escondidos en Suiza.
   En concreto, en enero la corrupción y el fraude fueron citados como un problema en el 17,7 por ciento de los cuestionarios, medio punto más del 17,2 por ciento que se había anotado el mes anterior. Este porcentaje supone un nuevo récord con respecto a las cifras de los últimos años, aunque queda muy lejos del 33,5 por ciento que logró en enero de 1995, durante los últimos meses de gobierno de Felipe González.
   En cualquier caso, la principal inquietud de los españoles sigue siendo el paro, que aparece en el 81,1 por ciento de los cuestionarios, seguida de los problemas económicos en general, con un 38,9 por ciento.
   Como viene ocurriendo desde febrero de 2010, la clase política figura como tercer problema, si bien ahora el porcentaje está cerca del doble del de hace tres años, ya que mientras en 2010 se situaba en un 16,8 ahora está en el 30,3 por ciento.
   Tras la corrupción y el fraude, esta vez el quinto puesto es para la sanidad, que baja uno respecto a diciembre y es mencionada como un problema en el 12,1 por ciento de las encuestas. La preocupación por la educación, que era la quinta en el mes anterior, empata ahora con la que generan los bancos, con un 5,8 por ciento. El séptimo lugar es para los recortes en general con un 5,4.
   La relación de problemas personales también está encabezada por el desempleo (48,4 por ciento) al que le siguen la economía (36 por ciento), la sanidad (12,4 por ciento), los políticos (9,2 por ciento) y los recortes, con el 8,7 por ciento.
   Como hace todos los meses, el CIS también preguntó en enero sobre la percepción de la situación política y económica. Nueve de cada diez consultados tachan de "mala" o "muy mala" la coyuntura económica, frente al 0,6 por ciento que la "bien" o "muy bien". El 66 por ciento considera que está peor que hace un año y cuatro de cada diez auguran que seguirá empeorando en los próximos doce meses.
   En paralelo, el 37 por ciento cree que su situación económica personal irá a peor durante este año, frente al 13,2 que confía en que mejore. En el plano laboral, el 19,2 por ciento prevé que le irá peor en su trabajo durante en 2013, mientras que el 12,3 espera que sea al revés.
   La situación política es "mala" o "muy mala" para el 77,4 por ciento y sólo el 2,6 la percibe como "buena" o "muy buena". El 42,6 por ciento asegura que ahora es peor que en enero de 2012 y el 34 por ciento pronostica que todavía será peor a un año vista; sólo un 12,7 por ciento opina que mejorará.

El Gobierno tunecino cae tras las protestas por la muerte de un opositor

TÚNEZ.- Los islamistas en el poder en Túnez disolvieron el Gobierno el miércoles y prometieron celebrar elecciones lo más pronto posible en un intento por calmar las mayores protestas desde la revolución de hace dos años, que estallaron por la muerte de un líder opositor.

El anuncio del primer ministro de que un gabinete de tecnócratas interino sustituiría a su coalición, liderada por islamistas, se produjo al final de un día que arrancó con la muerte a tiros de Chokri Belaid, un abogado izquierdista con un seguimiento político modesto pero que habló en nombre de muchos que temen que los radicales religiosos estén apoderándose de las libertades logradas en la primera de las revueltas de la Primavera Árabe.
Durante el día, los manifestantes se enfrentaron a la policía en las calles de la capital y otras ciudades, como Sidi Bouizid, el lugar donde nació la "revolución de Jazmín" que derrocó a Zine al Abidine Ben Ali en enero de 2011.
En Túnez, la multitud prendió fuego a la sede de Ennahda, el partido islamista moderado que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones legislativas hace 16 meses.
El primer ministro Hamdi Jebali, de Ennahda, habló en televisión por la noche para declarar que las semanas de conversaciones entre varios partidos políticos sobre la remodelación del Gobierno habían fracasado y que sustituiría todo su Ejecutivo por un equipo de tecnócratas no partidistas hasta que se celebren elecciones, lo antes posible.
Los incidentes del miércoles, en los que la policía dijo murió un oficial, habrían llevado a Jebali, que permanecerá como primer ministro, a tomar las medidas.
"Después del fracaso de las negociaciones entre las partes sobre un cambio de gabinete, decidí formar un pequeño gobierno tecnócrata", dijo.
"El asesinato de Belaid es un asesinato político y el asesinato de la revolución tunecina", agregó.
No estaba claro a quién nombrará para su gabinete, pero la medida pareció ser bien recibida y las calles permanecían mayoritariamente en calma en la noche.
Las protestas tras el asesinato de Belaid mostraron la profunda división entre los movimientos islamistas y laicos, que temen que la libertad de expresión, la libertad cultural y los derechos de las mujeres estén amenazados a apenas dos años de que una revuelta popular puso fin a décadas de dictadura.
"Este es un día negro en la historia moderna de Túnez (...) Hoy les decimos a los islamistas 'váyanse' (...) es suficiente", dijo Souad, un maestro de 40 años en las afueras del ministerio del Interior, donde miles de manifestantes se habían reunido.
"Túnez se sumergirá en sangre si se quedan en el poder", añadió.
La convocatoria a una huelga general para el jueves podría generar más problemas, aunque la familia de Belaid dijo que su funeral, otro posible punto álgido, tal vez no se realice hasta el viernes.
Los islamistas, que sobrevivieron a las décadas de férrea dictadura, han enfrentado críticas de líderes laicos de que intentan mezclar las ideas religiosas en el nuevo estado. Aún debe terminarse la redacción de una Constitución.
Un hombre armado disparó contra Belaid, de 48 años, en la puerta de su hogar cuando se dirigía al trabajo. El agresor huyó en una motocicleta. En pocas horas, multitudes se enfrentaban con la policía, arrojando piedras en medio de ráfagas de gas lacrimógeno.
Las potencias mundiales, cada vez más alarmadas por la influencia islamistas y los estancamientos políticos, instaron a los tunecinos a rechazar la violencia y continuar con la transición a la democracia que comenzaron dos años atrás, cuando su revolución puso fin a décadas de dictadura e inspiró revueltas similares en Egipto y en naciones del norte de Africa y Oriente Próximo.
Miles de personas también protestaron en ciudades como Mahdia, Sousse, Monastir y Sidi Bouzid, donde la policía lanzó gas lacrimógeno y disparó en advertencia contra manifestantes que incendiaron automóviles y una comisaría.
Ennahda negó cualquier relación con el asesinato. Su líder Rached Ghannouchi culpó a quienes buscan desbaratar la transición democrática en el país. "Túnez hoy se encuentra en uno de los mayores estancamientos políticos desde la revolución. Deberíamos quedarnos tranquilos y no caer en un espiral de violencia. Más que nunca necesitamos unidad", afirmó.
Acusó a sus oponentes laicos de incitar a las personas contra su partido tras el asesinato.
Túnez fue el primer país árabe que derrocó a su líder y celebró elecciones libres antes de que los levantamientos se extendieran por la región hace dos años, llevando a la caída de los dirigentes de Egipto, Yemen y Libia y a la guerra civil en Siria.
Desde la revolución, el Gobierno ha afrontado una serie de protestas sobre las dificultades económicas y el futuro de Túnez, y muchos se han quejado de que los salafistas estaban secuestrando la revolución en un país dominado previamente por una élite laica.
El año pasado, grupos salafistas impidieron la realización de varios conciertos y obras de teatro en ciudades tunecinas, diciendo que violaban principios islámicos. Ello preocupa a los secularistas entre los 11 millones de habitantes, que temen que la libertad de expresión esté en peligro.
La caída del comercio con la Unión Europea, afectada por la crisis de deuda, ha dejado a los tunecinos en dificultades para lograr la mejora del nivel de vida que muchos esperaban tras la salida de Ben Ali.
El presidente Moncef Marzouki, que el mes pasado advirtió de que las tensiones podían llevar a la "guerra civil", pidió calma y acortó un viaje a Francia, además de cancelar una visita a Egipto prevista para el jueves, tras el asesinato.
"Hay fuerzas políticas en Túnez que no quieren que esta transición tenga éxito", dijo Marzouki a periodistas en Estrasburgo.

Bárcenas se somete a una prueba caligráfica en Anticorrupción

MADRID.- El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, ha realizado una prueba caligráfica durante su comparecencia este miércoles ante el fiscal anticorrupción Antonio Romeral, han informado fuentes del entorno del que fuera responsable de finanzas del PP, que ha negado que la letra que figura en los documentos publicados por el diario "El País" sea la suya.

   A lo largo del interrogatorio al que ha sido sometido en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, que se ha prolongado durante más de dos horas, el ex tesorero ha negado también la existencia misma de documentos donde pudiera haberse reflejado una contabilidad en 'B' del Partido Popular.
   El ex tesorero del PP Luis Bárcenas ha respondido en calidad de imputado a todas las preguntas formuladas por Romeral, según ha informado el Ministerio Público. Esta situación le ha permitido asistir a la comparecencia acompañado de su letrado, Alfonso Trallero, y sin obligación de decir verdad.
   A su llegada a la sede de Anticorrupción, Bárcenas ha sido  increpado en la calle por ciudadanos que gritaban 'chorizo, ladrón, delincuente' y "¿Dónde está mi sobre?"
   El que fuera gerente y responsable de finanzas del Partido Popular ha sido increpado en el marco de las diligencias informativas incoadas el pasado 24 de enero por la Fiscalía Anticorrupción sobre los supuestos pagos opacos en el seno del partido que sustenta al Gobierno.
    Antes de llegar a Anticorrupción, Bárcenas había  adelantado que contestaría a las cuestiones del fiscal en el mismo sentido "sin quitar ni una coma" a como lo hizo en la entrevista emitida el pasado lunes por 13TV, en la que negó la existencia de una contabilidad B en el PP y la autoría de los documentos publicados con los presuntos sobresueldos a dirigentes 'populares'. "
   No fue hasta el viernes pasado cuando se conoció la existencia de estas diligencias de investigación abiertas una semana antes, coincidiendo con el informe oficial que hubo de entregar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que había pedido que el Ministerio Público se posicionara sobre una posible citación de Bárcenas.
   La tramitación de las diligencias de investigación puede demorarse unos seis meses, prorrogables, tras los cuales el fiscal encargado del asunto puede optar por archivar la causa, al no encontrar indicios de delito, o bien judicializarla. De optarse por esta segunda opción, la instrucción del asunto correría a cargo del titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que investiga el "caso Gürtel".

Suiza dice colaborar

Suiza está cooperando con España ante la solicitud de detalles de cuentas bancarias conectadas con el ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas en el marco de un caso de corrupción que ha salpicado a la formación en el poder, dijo el miércoles el fiscal general suizo.
Michael Lauber declinó nombrar los bancos o individuos bajo sospecha.

"Puedo decir dos cosas. Mantenemos una buena cooperación con las autoridades españolas. Desde luego, tenemos interés en recibir todo lo necesario para continuar las indagaciones", dijo Lauber en rueda de prensa en Ginebra al ser preguntado sobre el estado de la investigación.

La Fiscalía Anticorrupción investiga las informaciones del diario El País, según las cuales había una contabilidad alternativa en el Partido Popular a través de la cual se realizaban pagos irregulares a sus dirigentes con dinero procedente de constructoras durante el boom inmobiliario que precedió al estallido de la burbuja que hundió a España en la crisis de deuda y en la recesión hace cinco años.

El presidente Mariano Rajoy ha dicho que las acusaciones son falsas, anunció auditorías de las cuentas de su partido y prometió hacer pública su declaración de la renta en la página web del Gobierno.

"En todo lo que respecta al número de cuentas y el nombre de sus titulares, nuestra práctica es que nunca comentamos oficialmente si una determinada persona o banco puede estar implicado en una de nuestras investigaciones", dijo Lauber.

"Si confirmásemos que tuviésemos algo en ese sentido, se comprometerían algunas de nuestras investigaciones. Por eso somos muy prudentes", añadió.

Ada Colau: mucha corrupción se debe a que los políticos se beneficiaron de la burbuja

MADRID.- La portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Ada Colau, ha opinado este miércoles que muchos de los casos de corrupción política están asociados con la burbuja inmobiliaria ya que éstos se beneficiaron de la misma.

   En una entrevista con Antena 3, Colau ha indicado que las administraciones públicas se "beneficiaron" y "financiaron" a corto plazo "con el tema inmobiliario" y es por eso que en España hay "tantos casos de corrupción que están muy asociados a la burbuja inmobiliaria y cuando todo esto estalla".
   Asimismo, ha añadido que durante años "inmobiliarias, constructoras y entidades financieras" sacaron beneficio y contribuyeron a que se incentivara la burbuja.
   También, en este sentido ha criticado que "hasta el mismo día" que estalló todo el asunto las ministras socialistas decían que "no había burbuja, que la vivienda era un valor seguro, que lo mejor que podía  hacerse en España era comprarse una vivienda".
   Por otra parte, la portavoz de la PAH ha lamentado que este país "está en el punto de mira" de todos los medios de comunicación del mundo que "se escandalizan con la ley que tenemos aquí".
   "No hay ningún país de Europa, ni en EEUU, ni en ningún otro lugar que estén desalojando como aquí y, encima, la gente se quede con la deuda de por vida", ha subrayado al tiempo que ha dicho que "todo el mundo reconoce que esto es una anomalía".
   Haciendo alusión a los alquileres en España, ha explicado que a diferencia de otros países del mundo, "no es una alternativa real" porque, según ha destacado, son más caros y de mala calidad. Sin embargo, en Alemania el alquiler "es la opción mayoritaria porque está incentivado por el estado, está protegida, hay límites de precios y no te pueden echar así como así", ha ejemplificado.
   Además, ha recalcado que las personas afectadas por las hipotecas no es que rehuyan de su responsabilidad, sino que la gente "está dispuesta a asumir la responsabilidad que era consciente que asumía".
   Colau ha criticado que en este país a las inmobiliarias, a las empresas, a los corruptos y a los partidos les "perdonan" y les "prescriben" las deudas "muy rápido", sin embargo, "a los únicos que no les prescriben es a las familias".
   También, ha afirmado que hay un discurso oficial que "culpabiliza" a la gente más pobre y que lo ha perdido todo. Algo que, a su juicio, es "intolerable" porque ese discurso "se hace, evidentemente, para rehuir las propias responsabilidades".
   A la pregunta de si se arrepiente de haber denominado ayer de  "criminal" a un representante de la banca durante su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso, ha sostenido que "en absoluto" , que incluso fue "prudente" y que la banca "tiene las manos marcadas de sangre".  
   "Digo criminal y lo ratifico porque la política que han seguido las entidades financieras es criminal, han hundido la economía de este país y han hundido a miles de personas a las que han empobrecido hasta el final de sus días", ha aseverado Colau.