Sobre la nueva reunión de la Cumbre Social de mañana 10 de septiembre y las movilizaciones previstas

MADRID.- El pasado 25 de julio Ecologistas en Acción participó en la reunión convocada por CC OO y UGT. Tanto en el texto de la convocatoria como en las intervenciones iniciales de Toxo y Méndez, se señaló que el conflicto social planteado ante la actual política de recortes trasciende al ámbito laboral y que, por ello, habían decidido impulsar una reunión que permitiese comentar y contrastar pareceres sobre la necesaria respuesta a las medidas de ajuste impuestas por el Gobierno. Se propuso crear una mesa que moderase la reunión y Ecologistas en Acción fue invitada a formar parte de esa mesa.

Con posterioridad a la celebración de la reunión, el 26 de julio se difundían en los medios de comunicación el nacimiento de “Cumbre Social”, una estructura de coordinación para articular la respuesta ante los recortes y la “Declaración de la Cumbre Social”.

Ni con carácter previo a la reunión, ni durante la misma, Ecologistas en Acción tuvo conocimiento de la intención de crear este espacio ni de difundir un declaración conjunta. Además, los contenidos de la declaración son profundamente ajenos a los planteamientos del ecologismo social y entraban claramente en conflicto con la intervención que Ecologistas en Acción hizo en la reunión del 25 de julio.

Por ello, el mismo 26 de julio Ecologistas en Acción solicitó la retirada del nombre y logo de su organización de la declaración. La petición fue atendida por CCOO, que ofreció algunas explicaciones sobre cómo se había llevado a cabo el proceso.

Una vez transcurrido el mes de agosto, en el que la Secretaría Confederal –el órgano de coordinación de la organización– no se reúne, Ecologistas en Acción ha decidido no participar en la segunda convocatoria de Cumbre Social convocada para el 10 de septiembre.

Nos parece necesario, y forma parte de las señas de identidad de Ecologistas en Acción, debatir y contrastar análisis y propuestas con todo tipo de colectivos, incluso con aquellos con los que existen profundas divergencias. Sin embargo, nuestra organización discrepa en diferentes aspectos tanto del contenido como de la forma en este proceso.

Por otra parte, Ecologistas en Acción, a tenor de los contenidos de la Declaración de la Cumbre Social, cree que los análisis se encuentran desenfocados, que no sitúan los ejes centrales de la crisis que vivimos y que presenta graves carencias en lo relativo a la crisis ecológica y social que atravesamos.

Especialmente errática nos parece la consideración de que se está quebrando “el modelo de convivencia de los últimos 35 años” y la idea que subyace de que reproducir ese modelo es la salida a la crisis.

En los últimos 35 años se ha agravado el desbordamiento de la biocapacidad del territorio del Estado español; un tsunami de cemento ha cubierto una buena parte del territorio; se creó y potenció la burbuja inmobiliaria y una enorme deuda; se gestaron todas las políticas de la Unión Europea; el Estado español se integró en la OTAN; las multinacionales españolas comenzaron su carrera depredadora en los países de la Periferia; las emisiones de gases de efecto invernadero se incrementaron de una forma alarmante; se denominó riqueza y prosperidad a lo que en realidad era engrosar indicadores monetarios a costa de que una gran parte de la población se hipotecase por décadas...

Ignorando las restricciones físicas del planeta y las verdaderas raíces de la crisis se corre el riesgo de hacer propuestas inviables que agravan la situación social y ambiental, alentando la idea de que la salida de la crisis económica es reproducir el modelo anterior de crecimiento que es precisamente el que la ha provocado con todas las bendiciones de los diferentes gobiernos de las últimas décadas.

Para Ecologistas en Acción, la denuncia de la ilegitimidad de la deuda, la crítica y denuncia del papel de la Unión Europea, la inviabilidad del un modelo que no reconoce la existencias de límites físicos y la visibilidad del espacio doméstico como aquel al que se obliga a afrontar lo aspectos más dramáticos de los ajustes, son aspectos centrales.

Ante las movilizaciones de septiembre

Ecologistas en Acción continúa defendiendo la necesidad de articular un movimiento amplio que frene los recortes y propugne un cambio de modelo. En este sentido acudirá a la movilización del 15 de septiembre en el bloque crítico constituido junto con otros movimientos sociales. Ecologistas en Acción seguirá apostando por alentar la desobediencia civil pacífica y las acciones directas no violentas que promuevan una cambio de modelo económico y el establecimiento de prácticas de democracia participativa, como por ejemplo, la que se está organizando para el próximo 25 de septiembre.

http://www.ecologistasenaccion.org/article23974.html

¿Qué Europa queremos?

MADRID.- La crisis económica está alejando a los ciudadanos de la Unión Europea y distorsionando, a juicio de sus responsables, la imagen de una Europa integrada. La representación en España de la Comisión Europea le da ahora la posibilidad de quejarse, elogiar acciones y, sobre todo, proponer medidas para que Europa funcione mejor en 2020, mediante un foro abierto en Facebook. Los resultados se harán llegar a la vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding.

«No podemos permitirnos que Europa sea algo lejano para los ciudadanos, que se vea como algo que solo impone medidas de austeridad», dice Francisco Fonseca, responsable de la Comisión Europea en España. Por eso, con este debate abierto, se quiere saber la opinión de la gente sobre «qué hacemos mal, qué deberíamos hacer y en qué Europa queremos vivir en 2020».

La fórmula para participar es sencilla. Las opiniones se recogen en http://uesp.es/ideas. Se pueden aportar propuestas o votar por las ya emitidas con las que se coincida. Las contribuciones más votadas irán al Manifiesto de las Redes Sociales, que se entregará a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, el próximo 27 de septiembre en Cádiz. «No se trata de que el ciudadano se convierta en legislador, sino de que pida a la UE que legisle sobre lo que le interesa», aclara Fonseca.

Por ejemplo, entre las entradas ya recibidas en Facebook, hay apoyos a la emisión de eurobonos, hay quien pide una sede única para el Parlamento Europeo, una televisión pública para toda la UE como elemento de cohesión o quien quiere que se acaben las restricciones para los trabajadores rumanos que residen en España.

Está previsto que ese día Reding participe en la ciudad andaluza en un acto público, con un formato similar al programa de TV Tengo una pregunta para usted, en el que responderá ante una representación de todos los sectores sociales sobre lo que está haciendo y no está haciendo la UE en un momento decisivo para Europa.

«Reding y el presidente de la CE, Barroso, tienen en la cabeza una idea prioritaria, saber si los ciudadanos, en este contexto de crisis, ven a la UE como parte de la solución o parte del problema», dice Fonseca, quien anuncia que con esta iniciativa se abre una campaña para que 2013 sea un año en el que los ciudadanos hagan ver sus derechos en Europa y se empiece a preparar la participación en las elecciones al Parlamento Europeo.

La indiferencia ciudadana ante las euroelecciones se evidencia cada vez más en forma de abultada abstención y el jefe de la representación española de la CE afirma que no solo hay que trabajar para aumentar la participación unos meses antes, «hay que tener una agenda política que justifique el voto al Parlamento Europeo cada cinco años».

La iniciativa «Qué Europa queremos» arranca en España y está previsto que se realice en los 27 países de la UE.

Rajoy y Rubalcaba o cómo hundirse en las encuestas / Ramón Cotarelo *

El gráfico de Metroscopia en El País de hoy cuenta la verdad de la vida, lo que todos vemos en la calle, el ánimo que se respira. El 84% de la ciudadanía desconfía de Rajoy. Perfectamente comprensible. Lo que no entiendo es en qué está pensando el otro 16%. Y el caso de Rubalcaba es todavía peor: el 89% desconfía de él. Ya hace falta ser malo para ser peor que Rajoy, pero Rubalcaba lo ha logrado porque en algo vence sin duda a su rival: si este no hace nada, él hace aun menos.

Rajoy carece de talla, de prestigio y, desde luego, de condiciones intelectuales para el cargo. Normalmente no se le entiende cuando farfulla algo y, cuando se le entiende, es porque está mintiendo. Rubalcaba también borda la nadería más engolada y todo se le va en esa actitud de abuelo bonachón, paciente con las travesuras de los niños. Los niños son los dirigentes y militantes de su partido que ven como este se hunde en los sondeos y corre el riesgo de convertirse en una fuerza política irrelevante, como ya lo es en Madrid y en Valencia y que exigen un cambio de rumbo a la dirección del partido. Pero Rubalcaba sabe más porque para eso lleva 30 años de servicios ininterrumpidos a la Patria. ¡A él van a decirle, con la experiencia que tiene! Paciencia y barajar que dentro de tres años sabe el hombre que va a ganar.

Será dentro de tres años. De momento, si se celebraran elecciones ahora, el PSOE sacaría un 25% del voto, su porcentaje más bajo jamás. Y lo grave es que no se beneficia en nada del descenso de 16 puntos porcentuales que ha tenido el PP desde marzo, 16 puntos que se irán a la abstención o a partidos menores que, a lo mejor, dejan de ser menores gracias a la obstinación de Rubalcaba de ofrecerse como alternativa que nadie quiere.

Los sociatas están reunidos en el Comité Federal a puerta cerrada para, supongo, hacer examen de conciencia y poner en orden la casa. Son ganas de perder el tiempo. Esta dirección está quemada. Ha tenido casi un año para articular una política alternativa al ataque y el desastre del PP y no ha hecho nada, salvo quejarse de que la derecha la desprecia. Parece que la reunión de hoy está pensada para dar un giro: no tiene sentido seguir con una política de oferta de pactos al PP que no quiere ni oír hablar de ellos. Brillante conclusión. Se parece mucho a aquella lógica absurda que traslucía una canción de Nat King Cole: "para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar". Igual de absurdo. Igual de inepto.  El Comité Federal parece pensado para consagrar este nuevo cambio de rumbo, a ver si se consigue que el personal vuelva a considerar el PSOE como un partido capaz de gobernar según sus presupuestos y no de echar a correr a la primera dificultad, como hizo Zapatero, dejando abandonados a millones de votantes o como el Mr. Conejo de John Updike

Si Rubalcaba y su gente no resultaban creíbles cuando decían que harían algo distinto a lo que habían hecho en el gobierno, excusado es decir ahora cuando dicen que van a hacer algo distinto a lo algo distinto que hicieron antes. Hasta la credulidad de los militantes socialistas tiene, supongo, un límite.

Rajoy cuenta aún con un margen porque es el presidente del gobierno y le quedan tres años. Rubalcaba ha agotado el suyo y lo que está haciendo es hundir el PSOE.

Y todo por un capricho. Porque si, cuando se nombró a Rubalcaba candidato a la presidencia en 2011, era lo mejor que podía hacerse en las condiciones de emergencia de entonces para salvar el PSOE, hoy, con las elecciones perdidas, sin prisas y con tres años por delante para preparar las próximas, es absurdo que se presente de nuevo el derrotado de 2011 que, como se ve claramente, ni simpatiza con la gente, ni despierta confianza ni consigue levantar la intención de voto al PSOE.

 

(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED, Madrid

Una teoría de la clase política española / César Molinas *

En este artículo propongo una teoría de la clase política española para argumentar la necesidad imperiosa y urgente de cambiar nuestro sistema electoral para adoptar un sistema mayoritario. La teoría se refiere al comportamiento de un colectivo y, por tanto, no admite interpretaciones en términos de comportamientos individuales. ¿Por qué una teoría? Por dos razones. En primer lugar porque una teoría, si es buena, permite conectar sucesos aparentemente inconexos y explicar sucesos aparentemente inexplicables. Es decir, dar sentido a cosas que antes no lo tenían. Y, en segundo lugar, porque de una buena teoría pueden extraerse predicciones útiles sobre lo que ocurrirá en el futuro. Empezando por lo primero, una buena teoría de la clase política española debería explicar, por lo menos, los siguientes puntos:

1. ¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la crisis, ningún partido político tenga un diagnóstico coherente de lo que le está pasando a España?

2. ¿Cómo es posible que ningún partido político tenga una estrategia o un plan a largo plazo creíble para sacar a España de la crisis? ¿Cómo es posible que la clase política española parezca genéticamente incapaz de planificar?

3. ¿Cómo es posible que la clase política española sea incapaz de ser ejemplar? ¿Cómo es posible que nadie-salvo el Rey y por motivos propios- haya pedido disculpas?

4. ¿Cómo es posible que la estrategia de futuro más obvia para España -la mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento y el apoyo a la investigación- sea no ya ignorada, sino masacrada con recortes por los partidos políticos mayoritarios?

En lo que sigue, argumento que la clase política española ha desarrollado en las últimas décadas un interés particular, sostenido por un sistema de captura de rentas, que se sitúa por encima del interés general de la nación. En este sentido forma una élite extractiva, según la terminología popularizada por Acemoglu y Robinson. Los políticos españoles son los principales responsables de la burbuja inmobiliaria, del colapso de las cajas de ahorro, de la burbuja de las energías renovables y de la burbuja de las infraestructuras innecesarias. Estos procesos han llevado a España a los rescates europeos, resistidos de forma numantina por nuestra clase política porque obligan a hacer reformas que erosionan su interés particular. Una reforma legal que implantase un sistema electoral mayoritario provocaría que los cargos electos fuesen responsables ante sus votantes en vez de serlo ante la cúpula de su partido, daría un vuelco muy positivo a la democracia española y facilitaría el proceso de reforma estructural. Empezaré haciendo una breve historia de nuestra clase política. A continuación la caracterizaré como una generadora compulsiva de burbujas. En tercer lugar explicitaré una teoría de la clase política española. En cuarto lugar usaré esta teoría para predecir que nuestros políticos pueden preferir salir del euro antes que hacer las reformas necesarias para permanecer en él. Por último propondré cambiar nuestro sistema electoral proporcional por uno mayoritario, del tipo first-past-the-post, como medio de cambiar nuestra clase política.

La historia

Los políticos de la Transición tenían procedencias muy diversas: unos venían del franquismo, otros del exilio y otros estaban en la oposición ilegal del interior. No tenían ni espíritu de gremio ni un interés particular como colectivo. Muchos de ellos no se veían a sí mismos como políticos profesionales y, de hecho, muchos no lo fueron nunca. Estos políticos tomaron dos decisiones trascendentales que dieron forma a la clase política que les sucedió. La primera fue adoptar un sistema electoral proporcional corregido, con listas electorales cerradas y bloqueadas. El objetivo era consolidar el sistema de partidos políticos fortaleciendo el poder interno de sus dirigentes, algo que entonces, en el marco de una democracia incipiente y dubitativa, parecía razonable. La segunda decisión, cuyo éxito se condicionaba al de la primera, fue descentralizar fuertemente el Estado, adoptando la versión café para todos del Estado de las autonomías. Los peligros de una descentralización excesiva, que eran evidentes, se debían conjurar a partir del papel vertebrador que tendrían los grandes partidos políticos nacionales, cohesionados por el fuerte poder de sus cúpulas. El plan, por aquel entonces, parecía sensato.

Pero, tal y como le ocurrió al Dr. Frankenstein, lo que creó al monstruo no fue el plan, que no era malo, sino su implementación. Por una serie de infortunios, a la criatura de Frankenstein se le acabó implantando el cerebro equivocado. Por una serie de imponderables, a la joven democracia española se le acabó implantando una clase política profesional que rápidamente devino disfuncional y monstruosa. Matt Taibbi, en su célebre artículo de 2009 en Rolling Stone sobre Goldman Sachs “La gran máquina americana de hacer burbujas” comparaba al banco de inversión con un gran calamar vampiro abrazado a la cara de la humanidad que va creando una burbuja tras otra para succionar de ellas todo el dinero posible. Más adelante propondré un símil parecido para la actual clase política española, pero antes conviene analizar cuáles han sido los cuatro imponderables que han acabado generando a nuestro monstruo.

En primer lugar, el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas, ha creado una clase política profesional muy distinta de la que protagonizó la Transición. Desde hace ya tiempo, los cachorros de las juventudes de los diversos partidos políticos acceden a las listas electorales y a otras prebendas por el exclusivo mérito de fidelidad a las cúpulas. Este sistema ha terminado por convertir a los partidos en estancias cerradas llenas de gente en las que, a pesar de lo cargado de la atmósfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no fluyen las ideas, y casi nadie en la habitación tiene un conocimiento personal directo de la sociedad civil o de la economía real. La política y sus aledaños se han convertido en un modus vivendi que alterna cargos oficiales con enchufes en empresas, fundaciones y organismos públicos y, también, con canonjías en empresas privadas reguladas que dependen del BOE para prosperar.

En segundo lugar, la descentralización del Estado, que comenzó a principios de los 80, fue mucho más allá de lo que era imaginable cuando se aprobó la Constitución. Como señala Enric Juliana en su reciente libro Modesta España, el Estado de las autonomías inicialmente previsto, que presumía una descentralización controlada de “arriba a abajo”, se vio rápidamente desbordado por un movimiento de “abajo a arriba” liderado por élites locales que, al grito de “¡no vamos a ser menos!”, acabó imponiendo la versión de café para todos del Estado autonómico. ¿Quiénes eran y qué querían estas élites locales? A pesar de ser muy lampedusiano, Juliana se limita a señalar a “un democratismo pequeñoburgués que surge desde abajo”. Eso es, sin duda, verdad. Pero, adicionalmente, es fácil imaginar que los beneficiarios de los sistemas clientelares y caciquiles implantados en la España de provincias desde 1833, miraban al nuevo régimen democrático con preocupación e incertidumbre, lo que les pudo llevar, en muchos casos, a apuntarse a “cambiarlo todo para que todo siga igual” y a ponerse en cabeza de la manifestación descentralizadora. Como resultante de estas fuerzas, se produjo un crecimiento vertiginoso de las Administraciones Públicas: 17 administraciones y gobiernos autonómicos, 17 parlamentos y miles -literalmente miles- de nuevas empresas y organismos públicos territoriales cuyo objetivo último en muchos casos, era generar nóminas y dietas. En ausencia de procedimientos establecidos para seleccionar plantillas, los políticos colocaron en las nuevas administraciones y organismos a deudos, familiares, nepotes y camaradas, lo que llevó a una estructura clientelar y politizada de las administraciones territoriales que era inimaginable cuando se diseñó la Constitución. A partir de una Administración hipertrofiada, la nueva clase política se había asegurado un sistema de captura de rentas -es decir un sistema que no crea riqueza nueva, sino que se apodera de la ya creada por otros- por cuyas alcantarillas circulaba la financiación de los partidos.

En tercer lugar, llegó la gran sorpresa. El poder dentro de los partidos políticos se descentralizó a un ritmo todavía más rápido que las Administraciones Públicas. La idea de que la España autonómica podía ser vertebrada por los dos grandes partidos mayoritarios saltó hecha añicos cuando los llamados barones territoriales adquirieron bases de poder de “abajo a arriba” y se convirtieron, en la mejor tradición del conde de Warwick, en los hacedores de reyes de sus respectivos partidos. En este imprevisto contexto, se aceleró la descentralización del control y la supervisión de las Cajas de Ahorro. Las comunidades autónomas se apresuraron a aprobar sus propias leyes de Cajas y, una vez asegurado su control, poblaron los consejos de administración y cargos directivos con políticos, sindicalistas, amigos y compinches. Por si esto fuera poco, las Cajas tuteladas por los gobiernos autonómicos hicieron proliferar empresas, organismos y fundaciones filiales, en muchas ocasiones sin objetivos claros aparte del de generar más dietas y más nóminas.

Y en cuarto lugar, aunque la lista podría prolongarse, la clase política española se ha dedicado a colonizar ámbitos que no son propios de la política como, por ejemplo y sin ánimo de ser exhaustivo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, la CNMV, los reguladores sectoriales de energía y telecomunicaciones, la Comisión de la Competencia… El sistema democrático y el Estado de derecho necesitan que estos organismos, que son los encargados de aplicar la Ley, sean independientes. La politización a la que han sido sometidos ha terminado con su independencia, provocando una profunda deslegitimación de estas instituciones y un severo deterioro de nuestro sistema político. Pero es que hay más. Al tiempo que invadía ámbitos ajenos, la política española abandonaba el ámbito que le es propio: el Parlamento. El Congreso de los Diputados no es solo el lugar donde se elaboran las leyes; es también la institución que debe exigir la rendición de cuentas. Esta función del Parlamento, esencial en cualquier democracia, ha desaparecido por completo de la vida política española desde hace muchos años. La quiebra de Bankia, escenificada en la pantomima grotesca de las comparecencias parlamentarias del pasado mes de julio, es sólo el último de una larga serie de casos que el Congreso de los Diputados ha decidido tratar como si fuesen catástrofes naturales, como un terremoto, por ejemplo, en el que aunque haya víctimas no hay responsables. No debería sorprender, desde esta perspectiva, que los diputados no frecuenten la Carrera de San Jerónimo: hay allí muy poco que hacer.

Las burbujas

Los cuatro procesos descritos en los párrafos anteriores han conformado un sistema político en el que las instituciones están, en el mal sentido de la palabra, excesivamente politizadas y en el que nadie acaba siendo responsable de sus actos porque nunca se exige en serio rendición de cuentas. Nadie dentro del sistema pone en cuestión los mecanismos de capturas de rentas que constituyen el interés particular de la clase política española. Este es el contexto en el que se desarrollaron no sólo la burbuja inmobiliaria y el saqueo y quiebra de la gran mayoría de las Cajas de Ahorro, sino también otras “catástrofes naturales”, otros “actos de Dios”, a cuya generación tan adictos son nuestros políticos. Porque, como el gran calamar de Taibbi, la clase política española genera burbujas de manera compulsiva. Y lo hace no tanto por ignorancia o por incompetencia como porque en todas ellas captura rentas. Hagamos, sin pretensión alguna de exhaustividad, un brevísimo repaso de las principales tropelías impunes de las últimas dos décadas: la burbuja inmobiliaria, las Cajas de Ahorro, las energías renovables y las nuevas autopistas de peaje.

La burbuja inmobiliaria española fue, en términos relativos, la mayor de las tres que estuvieron en el origen de la actual crisis global, siendo las otras dos la estadounidense y la irlandesa. No hay duda de que, como las demás, estuvo alimentada por los bajos tipos de interés y por los desequilibrios macroeconómicos a escala mundial. Pero, dicho esto, al contrario de lo que sucede en EE UU, las decisiones sobre qué se construye y dónde se construye en España se toman en el ámbito político. Aquí no se puede hablar de pecados por omisión, de olvido del principio de que los gestores públicos deben gestionar como diligentes padres de familia. No. En España la clase política ha inflado la burbuja inmobiliaria por acción directa, no por omisión ni por olvido. Los planes urbanísticos se fraguan en complejas y opacas negociaciones de las que, además de nuevas construcciones, surgen la financiación de los partidos políticos y numerosas fortunas personales, tanto entre los recalificados como entre los recalificadores. Por si el poder de los políticos –decidir el qué y el dónde- no fuese suficiente, la transmisión del control de las Cajas de Ahorro a las comunidades autónomas añadió a los dos anteriores el poder de decisión sobre el quién, es decir, el poder de decisión sobre quién tenía financiación de la Caja de turno para ponerse a construir. Esto supuso un salto cualitativo en la capacidad de captura de rentas de la clase política española, acercándola todavía más a la estrategia del calamar vampiro de Taibbi. Primero se infla la burbuja, a continuación se capturan todas las rentas posibles y, por último, a la que la burbuja pincha… ¡ahí queda eso! El panorama, cinco años después del pinchazo de la burbuja, no puede ser más desolador. La economía española no crecerá durante muchos años más. Y las Cajas de Ahorro han desaparecido, la gran mayoría por insolvencia o quiebra técnica. ¡Ahí queda eso!

Las otras dos burbujas que mencionaré son resultado de la peculiar simbiosis de nuestra clase política con el “capitalismo castizo”, es decir, con el capitalismo español que vive del favor del Boletín Oficial del Estado. En una reunión reciente, un conocido inversor extranjero lo llamó “relación incestuosa”; otro, nacional, habló de “colusión contra consumidores y contribuyentes”. Sea lo que sea, recordemos en primer lugar la burbuja de las energías renovables. España representa un 2% del PIB mundial y está pagando el 15% del total global de las primas a las energías renovables. Este dislate, presentado en su día como una apuesta por situarse en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático, es un sinsentido que España no se puede permitir. Pero estas primas generan muchas rentas y prebendas capturadas por la clase política y, también hay que decirlo, mucho fraude y mucha corrupción a todos los niveles de la política y de la Administración. Para financiar las primas, las empresas y familias españolas pagan la electricidad más cara de Europa, lo que supone una grave merma de competitividad para nuestra economía. A pesar de esos precios exagerados, y de que la generación eléctrica tiene un exceso de capacidad de más del 30%, el sistema eléctrico español ostenta un déficit tarifario de varios miles de millones de euros al año y más de 24.000 millones de deuda acumulada que nadie sabe cómo pagar. La burbuja de las renovables ha pinchado y… ¡ahí queda eso!

La última burbuja que traeré a colación, aunque la lista es más larga (fútbol, televisiones…), es la formada por las innumerables infraestructuras innecesarias construidas en las últimas dos décadas a costes astronómicos para beneficio de constructores y perjuicio de contribuyentes. Uno de los casos más chirriantes es el de las autopistas radiales de Madrid, pero hay muchísimos más. Las radiales, que pretendían descongestionar los accesos a Madrid, se diseñaron y construyeron haciendo dejación de principios muy importantes de prudencia y buena administración. Para empezar, se hicieron unas previsiones temerarias del tráfico que dichas autopistas iban a tener. En la actualidad el tráfico no supera el 30% de lo previsto. Y no es por la crisis: en los años del boom tampoco había tráfico. A continuación ¿incomprensiblemente? el Gobierno permitió que los constructores y los concesionarios fuesen, esencialmente, los mismos. Esto es un disparate, porque al disfrazarse los constructores de concesionarios mediante unas sociedades con muy poco capital y mucha deuda, se facilitaba que pasara lo que acabó pasando: los constructores cobraron de las concesionarias por construir las autopistas y, al constatarse que no había tráfico, amenazaron con dejarlas quebrar. Los principales acreedores eran ¡oh sorpresa! las Cajas de Ahorro. Los más de 3.000 millones de deuda nadie sabe cómo pagarlos y acabarán recayendo sobre el contribuyente pero, en cualquier caso, ¡ahí queda eso!

La teoría

Termino aquí la parte descriptiva de este artículo en la que he resumido unos pocos “hechos estilizados” que considero representativos del comportamiento colectivo, no necesariamente individual, y esto es importante recordarlo, de los políticos españoles. Paso ahora a formular una teoría de la clase política española como grupo de interés.

El enunciado de la teoría es muy simple. La clase política española no sólo se ha constituido en un grupo de interés particular, como los controladores aéreos, por poner un ejemplo, sino que ha dado un paso más, consolidándose como una élite extractiva, en el sentido que dan a este término Acemoglu y Robinson en su reciente y ya célebre libro Por qué fracasan las naciones. Una élite extractiva se caracteriza por:

"Tener un sistema de captura de rentas que permite, sin crear riqueza nueva, detraer rentas de la mayoría de la población en beneficio propio".

"Tener el poder suficiente para impedir un sistema institucional inclusivo, es decir, un sistema que distribuya el poder político y económico de manera amplia, que respete el Estado de derecho y las reglas del mercado libre. Dicho de otro modo, tener el poder suficiente para condicionar el funcionamiento de una sociedad abierta -en el sentido de Popper- u optimista -en el sentido de Deutsch".

"Abominar la 'destrucción creativa', que caracteriza al capitalismo más dinámico. En palabras de Schumpeter "la destrucción creativa es la revolución incesante de la estructura económica desde dentro, continuamente destruyendo lo antiguo y creando lo nuevo".  Este proceso de destrucción creativa es el rasgo esencial del capitalismo.”Una élite extractiva abomina, además, cualquier proceso innovador lo suficientemente amplio como para acabar creando nuevos núcleos de poder económico, social o político".

Con la navaja de Occam en la mano, si esta sencilla teoría tiene poder explicativo, será imbatible. ¿Qué tiene que decir sobre las cuatro preguntas que se le han planteado al principio del artículo? Veamos:

1. La clase política española, como élite extractiva, no puede tener un diagnóstico razonable de la crisis. Han sido sus mecanismos de captura de rentas los que la han provocado y eso, claro está, no lo pueden decir. Cierto, hay una crisis económica y financiera global, pero eso no explica seis millones de parados, un sistema financiero parcialmente quebrado y un sector público que no puede hacer frente a sus compromisos de pago. La clase política española tiene que defender, como está haciendo de manera unánime, que la crisis es un acto de Dios, algo que viene de fuera, imprevisible por naturaleza y ante lo cual sólo cabe la resignación.
2. La clase política española, como élite extractiva, no puede tener otra estrategia de salida de la crisis distinta a la de esperar que escampe la tormenta. Cualquier plan a largo plazo, para ser creíble, tiene que incluir el desmantelamiento, por lo menos en parte, de los mecanismos de captura de rentas de los que se beneficia. Y eso, por supuesto, no se plantea.
3. ¿Pidieron perdón los controladores aéreos por sus desmanes? No, porque consideran que defendían su interés particular. ¿Alguien ha oído alguna disculpa de algún político por la situación en la que está España? No, ni la oirá, por la misma razón que los controladores. ¿Cómo es que, como medida ejemplarizante, no se ha planteado en serio la abolición del Senado, de las diputaciones, la reducción del número de ayuntamientos…? Pues porque, caídas las Cajas de Ahorro -y ante las dificultades presentes para generar nuevas burbujas- la defensa de las rentas capturadas restantes se lleva a ultranza.
4. Tal y como establece la teoría de las élites extractivas, los partidos políticos españoles comparten un gran desprecio por la educación, una fuerte animadversión por la innovación y el emprendimiento y una hostilidad total hacia la ciencia y la investigación. De la educación sólo parece interesarles el adoctrinamiento: las estridentes peleas sobre la Educación para la Ciudadanía contrastan con el silencio espeso que envuelve las cuestiones verdaderamente relevantes como, por ejemplo, el elevadísimo fracaso escolar o los lamentables resultados en los informes PISA. La innovación y el emprendimiento languidecen en el marco de regulaciones disuasorias y fiscalidades punitivas sin que ningún partido se tome en serio la necesidad de cambiarlas. Y el gasto en investigación científica, concebido como suntuario de manera casi unánime, se ha recortado con especial saña sin que ni un solo político relevante haya protestado por un disparate que compromete más que ningún otro el futuro de los españoles.

La teoría de las élites extractivas, por lo visto hasta aquí, parece dar sentido a bastantes rasgos llamativos del comportamiento de la clase política española. Veamos qué nos dice sobre el futuro.

La predicción

La crisis ha acentuado el conflicto entre el interés particular de la clase política española y el interés general de España. Las reformas necesarias para permanecer en el euro chocan frontalmente con los mecanismos de captura de rentas que sostienen dicho interés particular. Por una parte, la estabilidad presupuestaria va a requerir una reducción estructural del gasto de las Administraciones públicas superior a los 50 millardos de euros, un 5% del PIB. Esto no puede conseguirse con más recortes coyunturales: hacen falta reformas en profundidad que, de momento, están inéditas. Se tiene que reducir drásticamente el sector público empresarial, esa zona gris entre la Administración y el sector privado, que, con sus muchos miles de empresas, organismos y fundaciones, constituye una de las principales fuentes de rentas capturadas por la clase política. Por otra parte, para volver a crecer, la economía española tiene que ganar competitividad. Para eso hacen falta muchas más reformas para abrir más sectores a la competencia, especialmente en el mencionado sector público empresarial y en sectores regulados. Esto debería hacer más difícil seguir creando burbujas en la economía española.

La infinita desgana con la que nuestra clase política está abordando el proceso reformista ilustra bien que, colectivamente al menos, barrunta las consecuencias que las reformas pueden tener sobre su interés particular. La única reforma llevada a término por iniciativa propia, la del mercado de trabajo, no afecta directamente a los mecanismos de captura de rentas. Las que sí lo hacen, exigidas por la UE como, por ejemplo, la consolidación fiscal, no se han aplicado. Deliberadamente, el Gobierno confunde reformas con recortes y subidas de impuestos y ofrece los segundos en vez de las primeras, con la esperanza de que la tempestad amaine por sí misma y, al final, no haya que cambiar nada esencial. Como eso no va a ocurrir, en algún momento la clase política española se tendrá que plantear el dilema de aplicar las reformas en serio o abandonar el euro. Y esto, creo yo, ocurrirá más pronto que tarde.

La teoría de las élites extractivas predice que el interés particular tenderá a prevalecer sobre el interés general. Yo veo probable que en los dos partidos mayoritarios españoles crezca muy deprisa el sentimiento “pro peseta”. De hecho, ya hay en ambos partidos cabezas de fila visibles de esta corriente. La confusión inducida entre recortes y reformas tiene la consecuencia perversa de que la población no percibe las ventajas a largo plazo de las reformas y sí experimenta el dolor a corto plazo de los recortes que, invariablemente, se presentan como una imposición extranjera. De este modo se crea el caldo de cultivo necesario para, cuando las circunstancias sean propicias, presentar una salida del euro como una defensa de la soberanía nacional ante la agresión exterior que impone recortes insufribles al Estado de bienestar. También, por poner un ejemplo, los controladores aéreos presentaban la defensa de su interés particular como una defensa de la seguridad del tráfico aéreo. La situación actual recuerda mucho a lo ocurrido hace casi dos siglos cuando, en 1814, Fernando VII – El Deseado- aplastó la posibilidad de modernización de España surgida de la Constitución de 1812 mientras el pueblo español le jaleaba al grito de ¡vivan las “caenas”! Por supuesto que al Deseado actual –llámese Mariano, Alfredo u otra cosa- habría que jalearle incorporando la vigente sensibilidad autonómica, utilizando gritos del tipo ¡viva Gürtel! ¡vivan los ERE de Andalucía! ¡visca el Palau de la Música Catalana! Pero, en cualquier caso, las diferencias serían más de forma que de fondo.

Una salida del euro, tanto si es por iniciativa propia como si es porque los países del norte se hartan de convivir con los del sur, sería desastrosa para España. Implicaría, como acertadamente señalaron Jesús Fernández-Villaverde, Luis Garicano y Tano Santos en EL PAÍS el pasado mes de junio, no sólo una vuelta a la España de los 50 en lo económico, sino un retorno al caciquismo y a la corrupción en lo político y en lo social que llevaría a fechas muy anteriores y que superaría con mucho a la situación actual, que ya es muy mala. El calamar vampiro, reducido a chipirón, sería cabeza de ratón en vez de cola de león, pero eso nuestra clase política lo ve como un mal menor frente a la alternativa del harakiri que suponen las reformas. Los liberales, como en 1814, serían masacrados –de hecho, en los dos partidos mayoritarios, ya se observan movimientos en esa dirección.

El peligro de que todo esto acabe ocurriendo en un plazo relativamente corto es, en mi opinión, muy significativo. ¿Se puede hacer algo por evitarlo? Lamentablemente, no mucho, aparte de seguir publicando artículos como éste. Como muestran todos los sondeos, el desprestigio de la clase política española es inmenso, pero no tiene alternativa a corto plazo. A más largo plazo, como explico a continuación, sí la tiene.

Cambiar el sistema electoral

La clase política española, como hemos visto en este artículo, es producto de varios factores entre los que destaca el sistema electoral proporcional, con listas cerradas y bloqueadas confeccionadas por las cúpulas de los partidos políticos. Este sistema da un poder inmenso a los dirigentes de los partidos y ha acabado produciendo una clase política disfuncional. No existe un sistema electoral perfecto -todos tienen ventajas e inconvenientes- pero, por todo lo expuesto hasta aquí, en España se tendría que cambiar de sistema con el objetivo de conseguir una clase política más funcional. Los sistemas mayoritarios producen cargos electos que responden ante sus electores, en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes partidarios. Como consecuencia, las cúpulas de los partidos tienen menos poder que las que surgen de un sistema proporcional y la representatividad que dan de las urnas está menos mediatizada. Hasta aquí todo son ventajas. También hay inconvenientes. Un sistema proporcional acaba dando escaños a partidos minoritarios que podrían no obtener ninguno con un sistema mayoritario. Esto perjudicaría a partidos minoritarios de base estatal, pero beneficiaría a partidos minoritarios de base regional. En cualquier caso, el rasgo relevante de un sistema mayoritario es que el electorado tiene poder de decisión no solo sobre los partidos sino también sobre las personas que salen elegidas y eso, en España, es ahora una necesidad perentoria que compensa con creces los inconvenientes que el sistema pueda tener.

Un sistema mayoritario no es bálsamo de Fierabrás que cure al instante cualquier herida. Pero es muy probable que generase una clase política diferente, más adecuada a las necesidades de España. En Italia es inminente una propuesta de ley para cambiar el actual sistema proporcional por uno mayoritario corregido: dos tercios de los escaños se votarían en colegios uninominales y el tercio restante en listas cerradas en las que los escaños se distribuirían proporcionalmente a los votos obtenidos. Parece ser que el Gobierno “técnico” de Monti ha llegado a conclusiones similares a las que defiendo yo aquí: sin cambiar a una clase política disfuncional no puede abordarse un programa reformista ambicioso. Y es que, como le oí decir una vez a Carlos Solchaga, un “técnico” es un político que, además, sabe de algo. ¿Para cuándo una reforma electoral en España? ¿Habrá que esperar a que lleguen los “técnicos”?

(*) César Molinas, economista y matemático, publicará en 2013 un libro titulado “¿Qué hacer con España?”. Este artículo corresponde a uno de sus capítulos.

http://politica.elpais.com/politica/2012/09/08/actualidad/1347129185_745267.html 

La dimensión política de Eurovegas / Vicenç Navarro *

Las Vegas es conocida coloquialmente en EEUU como “la capital del vicio” o, según algunos, “la capital del mal”, expresión utilizada no sólo por los conservadores, sino también en bastantes círculos progresistas. Y una de las causas de esta valoración negativa por parte de los progresistas es el profundo anti-sindicalismo de la industria lúdica basada en tal ciudad, junto con una gran discriminación en contra de los trabajadores latinos, que representan una cuarta parte de toda la fuerza laboral de tal industria lúdica. Las Vegas está hoy en medio de un gran conflicto laboral, resultado del intento de los trabajadores de los casinos y casas de juego de sindicalizarse.

En EEUU, la ley Taft-Hartley Act, aprobada por el Congreso de EEUU en los años post II Guerra Mundial (a pesar del veto del presidente Truman), resultado de una alianza entre el Partido Republicano y los congresistas del Partido Demócrata del Sur de EEUU (la zona más conservadora de aquel país) prohíbe a los sindicatos de EEUU comportarse como sindicatos de clase. 

Es decir, que cada grupo de trabajadores (dividido en miles de categorías) debe espabilarse por su propia cuenta, sin poder contar con la movilización de otros grupos que tengan en común las mismas condiciones de trabajo y las mismas reivindicaciones. Tal Ley debilita enormemente a los sindicatos, como aparece ahora claramente en Las Vegas, donde, a pesar de la gran simpatía a nivel popular que la movilización laboral para poder establecer tal sindicato ha despertado, es muy poco lo que otros sindicatos pueden hacer en su apoyo.

Es una lucha dura y enormemente desequilibrada, pues frente a los trabajadores que intentan sindicalizarse hay los grandes intereses empresariales de tal industria, financiados, por cierto, por los grandes bancos (como el Deutsche Bank y JP Morgan entre otros), que tienen a su vez gran número de cajas de resonancia mediática movilizadas para desacreditar a los trabajadores. 

Uno de los ejes de la campaña anti-sindical es acentuar que la sindicalización sería un desastre para los trabajadores y para la industria (los trabajadores de la industria lúdica de Las Vegas están entre los peor pagados en EEUU). El mundo empresarial envía mensajes a los trabajadores, que rezan como sigue: “No pidas la sindicalización. No firmes la petición a favor de la sindicalización. No pongas en peligro tu trabajo, sobre todo ahora cuando, si miras alrededor de ti, verás que no hay otros puestos de trabajo disponibles” (“Don’t sign a union card. Don’t put your job in jeopardy, specially when there is no job outside”. Labor Notes. September 2012).

La movilización empresarial se caracteriza por una gran brutalidad, que se ejerce con la complicidad de las autoridades públicas y la policía estatal (150 personas ya han sido detenidas). El Estado de Nevada, donde está situada Las Vegas, tiene como primer sector de empleo el sector lúdico de tal ciudad, lo cual explica que existan relaciones muy estrechas entre tal industria y las autoridades -llamadas representativas- de aquel Estado (el Estado de Montana es uno de los pocos Estados donde está legalizada la prostitución), y también, por cierto, del Estado central federal. En EEUU, donde el proceso electoral está privatizado y las campañas electorales son financiadas, en su mayoría, por fondos privados procedentes de grandes empresas, la clase política está sumamente influenciada por los intereses de los que la financian. 

El mayor propietario de Las Vegas, el Sr. Sheldon Adelson (que quiere establecer Eurovegas en España), es uno de los mayores financiadores del Partido Republicano. En el primer viaje que hizo el actual candidato a vicepresidente de Estados Unidos, el Republicano Paul Ryan, máximo exponente del Tea Party, fue a ver al Sr. Adelson, después de ser nombrado para tal candidatura (la cual recibió una donación de respaldo de 100 millones de dólares por parte de Adelson). Mientras, los trabajadores, liderados por los trabajadores de la cocina de los restaurantes y casinos –el sindicato de los empleados de las cocinas, Culinary Union, que tiene 55.000 miembros- continúan presionando para poder tener el derecho de organizarse en defensa de sus intereses.

Una última observación. Mucho se ha escrito sobre los méritos y deméritos de establecer en España (bien en Cataluña, bien en Madrid) un centro lúdico, referido en los medios como Eurovegas, propiedad de la empresa del Sr. Adelson. En un momento de elevado desempleo, es comprensible que tal desarrollo se vea por sectores de la administración pública, tanto autonómica como municipal, con buenos ojos para crear puestos de trabajo.

Ahora bien, en la evaluación de los pros y los contras de este centro debería también tenerse en cuenta su impacto económico, laboral, social y político.

 La industria de la cual la empresa Adelson es un importante componente, es conocida por sus posturas profundamente conservadoras, siendo uno de los principales financiadores del Tea Party –la ultraderecha estadounidense- y uno de los mayores proponentes de las medidas económicas sumamente reaccionarias propuestas por tal movimiento (favorable a la eliminación de la universalización de los derechos laborales y sociales), incluyendo su oposición a la sindicalización de sus empleados y trabajadores. 

Tal postura, bien conocida en EEUU, reforzará, sin lugar a dudas, a la ultraderecha en España, pues es característico del comportamiento de tal sector intervenir activamente en el contexto político donde su ubica para optimizar sus beneficios empresariales que considera unidos a la promoción de su ideario político. Su decisión final dependerá, en gran manera, de la afinidad política del Sr. Adelson y Co. con las autoridades gubernamentales del lugar de su ubicación. Sería un error que las fuerzas progresistas apoyaran tal proyecto.

(*)  Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España). Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.

Excusas para no ayudar a los pobres

MADRID.-  «La autoexculpación es un mecanismo mental del ser humano cuando tomamos una decisión en contra de nuestra escala de valores. No hay justificación para no dar parte de nuestro dinero, pero es duro actuar contra nuestra ética», explica en 'Abc' el psicólogo social Luis Muiño. Los mecanismos clásicos de justificación son, en este orden: culpar al necesitado de su situación, dudas sobre la penueria real de la víctima y diluir la responsabilidad entre la sociedad (los ricos, el Estado, los demás).

«Nos justificamos porque queremos transmitir una identidad social y personal positiva para seguir creyendo que somos buenas personas», explica Guillermo Fouce, presidente de Psicólogos Sin Fronteras y profesor de la Universidad Carlos III. «Los donativos se dan para no sentirse mal con uno mismo. No ayudan realmente. Si se quisiera ayudar, se acompañaría a una persona a los servicios sociales o se formaría parte activa de una ONG».

No hay consenso sobre la paradoja de tomar la decisión de ayudar a los demás es por altruismo o por egoísmo, es decir, si se auxilia para sentirse uno bien o por aliviar el sufrimiento de los otros. Las conductas de ayuda al prójimo obedecen a muchos motivos, especialmente si el comportamiento es espontáneo o reflexivo, según explica Fernando Chacón, profesor de Psicología Social de la UCM y experto en altruismo. La reacción rápida depende de factores tan variables como, por ejemplo, el estado de ánimo, el tiempo o el atractivo personal de la víctima. Es más fácil ayudar a una persona guapa, un día de sol agradable y cuando se está un poco bajo anímicamente para así sentirse mejor. Una persona entristecida asistirá menos porque está ensimismada, mientras que un eufórico busca que nada perturbe su estado. También influye el entorno: si la petición ocurre cuando se está solo es más probable la ayuda, ya que si hay mucha gente se diluye la responsabilidad.

Una ayuda a largo plazo, por el contrario, depende de una postura reflexiva donde el concepto de responsabilidad ejerce un gran peso. La dicotomía altruismo-egoísmo compite hasta predominar una sobre otra. «Hay quien dice que el altruismo no existe. Yo digo que sí», mantiene Chacón. «Con la mendicidad es diferente, porque actuamos con un guión habitual, siempre reaccionamos igual ante un pobre, y solo modificamos el comportamiento si ocurre algo distinto, como una mayor empatía con el sujeto por una interpelación o por su historia».

Los expertos reconocen comportamientos que incentivan el sentimiento de culpa de la persona. Si se mira directamente a los ojos o si se interpela es más doloroso esquivar al necesitado. La empatía es fundamental. Cuanto más identificado esté un individuo con la víctima es más fácil que la socorra. El contexto actual de crisis económica crea nuevos casos de personas cuya historia vital no es diferente a la de cualquier trabajador.

«No somos comerciales, no recibimos formación. Solo tratamos de ser lo más humanos posibles. Hay que convencer de algo de lo que se está convencido», explica el voluntario Pastor, antes captador de socios para ACNUR. «Nadie se levanta pensando voy a ayudar a una ONG. En tres minutos de explicación es difícil dar una idea clara del problema».«Un contexto de catástrofe ayuda a la empatía. Sin embargo, una crisis económica se prolonga en el tiempo y da lugar a respuestas distintas y contradictorias», apunta el profesor Chacón. Una persona solidaria puede dejar de serlo porque le bajan el sueldo. Una persona no caritativa puede comenzar a serlo porque las consecuencias de la crisis están muy presentes. Una persona no solidaria en paro puede comenzar a dedicar tiempo libre a voluntariado. En cualquier caso, el último estudio de la Fundación Adecco y Achalay España demuestra que un 17,2% de los ciudadanos ha finalizado, reducido o sustituido su colaboración económica con las ONG a causa de la crisis, según 'Abc'.

El presidente de Psicólogos Sin Fronteras es pesimista en su diagnóstico: «La crisis está reforzando el individualismo. Hay una tendencia a cerrarse en uno mismo y esperar que no nos pase a nosotros». Las sociedades rurales tradicionalmente son más caritativas porque su red social cercana es más amplia: familiares, amigos y conocidos. La ciudad, por el contrario, tiende al individualismo. Aunque, como apunta el profesor Chacón, en un entorno urbano influye sobre todo el factor de cantidad, es decir, el hecho de que no se puede ayudar a todos los necesitados.

«No damos parte de nuestro dinero por asegurarnos nuestra economía, porque la conservación puede al altruismo, aunque va en contra de lo que predicamos. El instinto de conservación hace que cada uno vea lo suyo, no vemos a los necesitados porque no queremos verlos», afirma el psicólogo social Muiño. Y matiza: «Pero no hay justificación ética para no dar parte de nuestro dinero».

Más de 1.000 trabajadores protestan en Zaragoza contra los recortes y exigen servicios públicos de calidad

ZARAGOZA.- Más de 1.000 trabajadores se han concentrado esta mañana en la Plaza del Pilar de Zaragoza para reclamar al Gobierno de España unos servicios públicos universales, de calidad y en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos en un acto convocado por la Mesa Sindical Unitaria dentro de la campaña de movilizaciones contra los recortes en las Administraciones públicas. 

Han convocado la movilización los sindicatos AUGC, CEP, CC.OO., CSIF, GESTHA, OSTA, STEA, SUP, UGT, USAE y USO. A esta movilización seguirá otra en Madrid el 15 de septiembre.

Los participantes han acudido a la céntrica plaza de la capital aragonesa en varias columnas que han marchado, andando, en patines y en bicicleta desde distintos puntos de la ciudad. Han amenizado la concentración dos gaiteros, han actuado los cantantes Ángel Petisme y Diego Escosul y los concentrados han cantado las canciones 'Somos' y el 'Canto a la libertad', de José Antonio Labordeta.

El periodista de El Periódico de Aragón José Luis Trasobares, presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón (APA), ha leído un manifiesto. En el acto han intervenido varios sindicalistas.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO.-Aragón, Enrique Gracia, ha declarado a los medios de comunicación que el de hoy "es un paso más frente al proceso que se está dando de deterioro de las condiciones de trabajo de los empleados públicos y, lo que es peor, de recorte de los servicios públicos esenciales".

La movilización de esta mañana representa "un salto adelante" ya que se han unido todos los sindicatos de la función pública en un acto unitario. Las políticas de recortes contra las que protestan "son innecesarias", ha dicho Gracia, quien ha añadido que "hay otras alternativas" y además "llevan al desastre a este país".

El presidente autonómico del sindicato de Administración Local de CSIF-Aragón, Carmelo Pardo, ha afirmado que la Mesa Sindical Unitaria ha trabajado para unir las distintas "mareas" de trabajadores a las organizaciones sindicales. La marcha ciclista y la concentración han sido un éxito, ha apuntado.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, ha considerado que este acto reivindicativo ha sido un éxito "muy por encima de nuestras expectativas".

El manifiesto argumenta que el Estado social y democrático se basa en los servicios públicos "eficaces" que garantizan el ejercicio de los derechos ciudadanos y que el Estado debe garantizar servicios como la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales y la Justicia. El texto recuerda que estos servicios públicos se financian mediante impuestos.

"La defensa de lo público, como derecho y no como bien de consumo, garantiza que las políticas estén al servicio de la ciudadanía y no de los intereses de los mercados", indica el manifiesto.

También agrega que recortar el gasto social reduciendo y eliminando servicios públicos, empeorar las condiciones de vida de los empleados públicos y destruir empleo público "supone un deterioro en la calidad de vida de la ciudadanía que castiga injustamente a todos los ciudadanos y margina a las personas y colectivos con mayores dificultades y menores rentas".

El manifiesto asegura que la opción del Gobierno de España de Mariano Rajoy ante la crisis "es equivocada, tremendamente injusta y provoca más desigualdad".

El texto expone que "la campaña de desprestigio social a la que se está sometiendo tanto a los servicios públicos como a los trabajadores del sector público nos está presentando --a los empleados públicos-- como parte del problema en lugar de un activo socioeconómico de alto valor para nuestro país", continúa el manifiesto.

Los convocantes critican el "discurso criminalizador de la función pública", que "sirve para el desmantelamiento activo de los servicios públicos en beneficio de intereses ajenos al interés general".

Asimismo, el manifiesto expresa que los recortes contra los servicios públicos "no solo suponen un despilfarro del potencial humano del empleo público y una peores condiciones en los servicios, sino que suponen un desmantelamiento del Estado social en perjuicio de la cohesión y la prosperidad, que profundiza las desigualdades sociales, implica injusticia y exclusión".

Defender a los empleados públicos "es defender la justicia social y la dignidad de todas las personas". El manifiesto exige al Ejecutivo central que obtenga ingresos fiscales "de aquellos que más tienen y no favorecer intereses mercantiles y financieros".

Los autores del manifiesto recuerdan que mediante los servicios públicos el Estado redistribuye la riqueza "que todos generamos" y son "motor de desarrollo y progreso social y económico".

Un estudio predice un aumento de adictos al trabajo en España

BILBAO . - El porcentaje de adictos al trabajo en España es actualmente de un 4,6% y en poco más de tres años podría aumentar al 11,8% de los trabajadores, según un estudio de tres universidades españolas.

Expertos de la Universitat Politécnica de Valencia, la Universitat Jaume I de Castellón y la Universidad del País Vasco señalan que este aumento podría deberse no sólo a factores emocionales de los propios empleados, sino también a la presión de la crisis económica.

"La crisis brutal que vivimos está estableciendo una cultura del miedo a perder el trabajo y aparecen sobretrabajadores, no por desequilibrios emocionales, sino, y más que por la situación económica en sí, por contagio social", dijo Lucas Jódar, director del Instituto de Matemática Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia.

El desempleo en España subió en agosto a 4.625.634 personas, en un contexto de recesión económica, y la mayoría de los españoles cita el paro como una de sus principales preocupaciones en los sondeos periódicos del CIS.

Por adictos al trabajo se conoce a aquellos que dedican una excesiva cantidad de tiempo y energía a trabajar y lo hacen de forma intensa y compulsiva. Los investigadores dividieron a la población en tres categorías: trabajadores racionales (con 40 horas o menos semanales), sobretrabajadores (más de 40 horas) y adictos, aquellos que además de trabajar más de 40 horas presentan un alto nivel de compulsión que se deduce de sus respuestas.

Mediante la aplicación de un modelo matemático de "ecuaciones en diferencias", los investigadores han analizado la posible evolución de este fenómeno en los próximos años bajo diferentes perspectivas para la economía española.

Los expertos tuvieron en cuenta cuatro posibles escenarios económicos: Uno basado en las previsiones de la OCDE, "que augura un crecimiento del paro hasta 2013"; un segundo optimista, "que contempla la bajada de la tasa de desempleo el año que viene a niveles de 2010"; el tercero basado en los análisis de la FUNCAS, "que prevé una recuperación lenta a partir de 2014"; y un último, más pesimista "marcado por un continuo ascenso del número de parados en España desde 2012 y hasta 2015".

"Asimismo, para la construcción del modelo matemático tuvimos en cuenta también otros factores que pueden influir en la adicción al trabajo, como por ejemplo situaciones de estrés emocional, que hemos cuantificado a partir de la tasa de disoluciones matrimoniales, y el contagio social", añaden los investigadores del IMM de la Politécnica de Valencia.

Desde el equipo de investigación de la Universitat Jaume I, especializado en la prevención psicosocial en el ámbito laboral, elaboraron un cuestionario con el objetivo de medir y clasificar a la población en función de su nivel de adicción y entrevistaron a casi 1.200 trabajadores de la Comunidad Valenciana y del País Vasco con edades comprendidas entre los 16 y 69 años.

"Resolviendo las ecuaciones de nuestro modelo, podemos predecir la prevalencia de la adicción al trabajo en nuestro país", apuntó Lucas Jódar.

Según Jódar, la investigación hace referencia a cualquier tipo de trabajo, aunque "tradicionalmente hay algunos más sensibles a la adicción, caso de aquellos con una repercusión directa en reconocimiento social, en dinero o en vanidad".

A partir de la aplicación del modelo, el estudio augura un incremento de adictos laborales en todos los escenarios, siendo el más alto en el "optimista" con un 11,88%. En el de la OCDE, la tasa es de un 11,72%; de un 11,65% en el de FUNCAS; y en el peor de los escenarios de un 11,55%.

"Las adicciones están aumentando en general, pero la adicción al trabajo , yo diría que es de las pocas, por no decir la única que está bien vista. Pero tiene sus víctimas, quienes la sufren, que son los familiares", señaló el experto.

Por este motivo y derivado de los resultados del estudio, los autores de la investigación plantean "la necesidad de poner en marcha medidas de cara a evitar el contagio de la que está considerada como una de las psicopatologías sociales de este siglo, así como de promocionar una cultura empresarial que permita aumentar la capacidad de los trabajadores para sobreponerse a contextos de dolor emocional, traumas o el miedo a perder el empleo".

El trabajo fue presentado en el marco de las Jornadas "Mathematical Modelling in Engineering & Human Behaviour 2012", organizadas por el Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar de la Universidad Politécnica de Valencia.