viernes, 7 de febrero de 2014

IU propone para España un Estado federal republicano, que contemple el derecho a la secesión

MADRID.-   Izquierda Unida trabaja en la propuesta de un Estado federal, republicano, solidario, plurinacional y democrático que reconozca el derecho de sus territorios a la secesión por una mayoría cualificada, ya que considera que "el derecho a convivir es algo que no se puede imponer por la fuerza".

   El coordinador federal de IU, Cayo Lara, ha presentado este viernes la Conferencia sobre modelo de Estado que el partido celebrará mañana junto al líder de la coalición en Andalucía, Diego Valderas, quien ha coordinado los trabajos de redacción de un texto base que después deberá ser refrendado por el Consejo Federal de IU.
   El partido afronta este debate desde la base de que, a su juicio, el actual marco constitucional y el Estado de las autonomías está "quebrado" desde que el Tribunal Constitucional rechazó diversos artículos del Estatuto de Cataluña aprobado por las Cortes Generales. Por este motivo, ve con buenos ojos el recurso previo de inconstitucionalidad para estatutos de autonomía.
   Pero además, liga el asunto a la actual situación del Estado debido a las políticas neoliberales "del bipartidismo con la ayuda de CiU" y las desigualdades sociales generadas. En este contexto, han surgido dos posturas: "la recentralizadora del PP que culpa a las autonomías y entidades locales de un derroche excesivo y el incremento de los movimientos independentistas bajo el argumento de un déficit fiscal".
   Por ello, IU quiere ofrecer a los ciudadanos una alternativa basada en un Estado federal que dé solución a los problemas sociales, así como a los de los territorios "dentro de una democracia participativa".
 "No se puede construir un Estado confrontando identidades y territorios. Hay que abordarlo desde el conflicto de clases", ha explicado Lara.
   Y aunque su modelo de Estado incluye el derecho a la secesión de los territorios federados, considera que los ciudadanos deben ser conscientes de que "no todo es autonomía o recentralización" y existen otras posibilidades de "convivir y seguir viviendo juntos". De hecho, Cayo Lara ha aventurado que, a su juicio, en la sociedad catalana serían muchos más los ciudadanos que optarían por seguir conviviendo en un Estado federal que aquellos que elegirían "romper o, por otro lado, dar marcha atrás".
   Pero además, ha reivindicado el papel de IU en este debate y ha recordado que su apuesta por el Estado federal y republicano ya estaba plasmada en un documento de 1996. "Quienes ahora hablan de esto y se quieren sumar, bienvenidos sean", ha apuntado en clara referencia al PSOE. Pese a ello, no ha querido comparar ambos modelos argumentando que el de los socialistas aún no es conocido.
   En este punto, Lara sí que ha hecho hincapié en los derechos fundamentales y ha censurado a los políticos que se dedican a "aplaudir la Constitución cada 365 días y violarla los otros 364 días".
 "Se están pasando la Constitución por el forro de las narices", ha denunciado a la vez que ambos dirigentes han dejado claro que en el nuevo marco de Estado que proponen no tiene cabida el artículo 135 de la Carta Magna pactado por PP y PSOE para garantizar la estabilidad presupuestaria.
   Además, Cayo Lara ha querido valorar el debate sobre la publicación de las balanzas fiscales y el modelo elegido para hacerlo, en el que "cada uno lo hace arrimando el ascua a su sardina". Y aunque ha asegurado que IU apoya su publicación porque las considera "importantes" para conocer "cómo se mueven los recursos", ha defendido que "lo importante son las balanzas sociales".
   "Hay un incremento de la pobreza, el paro, las empresas que están despidiendo con beneficios, las privatizaciones en educación o sanidad. Esas son las balanzas sociales que hay que publicar para descubrir el daño que han hecho las políticas neoliberales de PP y PSOE en alianza con CiU", ha defendido.
   Además, ha evitado entrar en las especulaciones sobre un encuentro entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, y ha defendido que ambos mandatarios deberían hablar sobre las consecuencias que han tenido sus políticas sobre los ciudadanos. "Es bueno el diálogo y el entendimiento, pero son dos polarizaciones que están escondiendo los problemas de sus políticas en Cataluña y España. A ambos les viene bien la guerra de banderas", ha advertido.

Oceana pide a España que suprima los permisos de hidrocarburos en el Mediterráneo español

MADRID.- La organización de conservación marina Oceana ha pedido al Gobierno de España que adopte una postura similar a la de Francia que eliminó, durante el periodo de Nicolas Sarkozy, todos los permisos para explorar petróleo y gas en sus aguas del Mediterráneo.

   Así, recuerda que Francia ha pasado de tener casi un millón de hectáreas abiertas a actividades de búsqueda de hidrocarburos a cero hectáreas por mera voluntad política, por lo que España podría hacer lo mismo. Además, la organización señala la nueva apuesta de España por la explotación de petróleo y gas en el mar es "totalmente contraria" a los objetivos energéticos de la Unión Europea para 2030.
   "Pedimos al Gobierno presidido por Mariano Rajoy que, al igual que hizo Nicolas Sarkozy en Francia, rechace todas las perforaciones petrolíferas en el Mediterráneo", ha reclamado el director ejecutivo de Oceana, Xavier Pastor.
   Asimismo, ha recordado que Sarkozy explicó que no es cuestión de elegir entre protección del medio ambiente y crecimiento, sino de optar simplemente por un desarrollo sostenible. "Estas palabras muestran que explotar hidrocarburos es una decisión política. La única disyuntiva es hacer política a corto plazo o a largo plazo", ha apuntado.
   "El Mediterráneo es el corazón de nuestra identidad", afirmó en 2012 Sarkozy para dejar de lado un recurso energético que es fuente de daños al ecosistema y contaminación.
   En la misma línea, la Unión Europea aprobó la semana pasada un nuevo plan energético que establecía una disminución de un 40 por ciento en las emisiones de gases procedentes de combustibles fósiles y aumentar un 27 por ciento las energías renovables para 2030.
   Por eso, para Oceana "España camina en dirección contraria a la Unión Europea" y considera que la actitud del ministro José Manuel Soria, "dando todo tipo de facilidades a las empresas petroleras, contrasta con la guerra abierta contra las energías renovables, las cuales podrían estar tocadas de muerte con las nuevas decisiones del ministerio".
   Finalmente, ha advertido de que "miles" de puestos de trabajo en turismo, pesca y energías limpias podrían verse afectadas por "la fiebre del oro negro".

Ana Botella, a los jueces: 'Guiarse por la calle es "de la Revolución Francesa"'

MADRID.- La alcaldesa de Madrid ha pedido a la Justicia "instrucciones silenciosas" y que "no se prolonguen indefinidamente", a lo que ha sumado su rechazo a la tendencia de que los jueces se dejen llevar por "el sentir de la calle", algo propio "de la Revolución Francesa", ya que lo que hay que hacer es aplicar las leyes emanadas del Parlamento.

   En una entrevista en la Cadena Cope, Botella ha tildado de "lamentable" y "muy peligroso para el Estado de Derecho" el fallo de la juez que ha considerado que no es delito el escrache frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría.
   Preguntada sobre si la decisión hubiera sido distinta si el afectado hubiera pertenecido a otro partido político, la primera edil no ha dudado en contestar que "la vara de medir siempre ha sido distinta" y que no quería ni pensar qué hubiera ocurrido si el escrache lo hubiera sufrido un dirigente socialista. Para Botella, la situación es especialmente grave ya que lo que está en liza es la inviolabilidad del domicilio, razón por la que no entiende que el eschache sea considerado por una juez como "un acto dentro de la normalidad".
   La regidora ha lamentado igualmente que la Justicia en España sea tan "lenta", lo que genera unos "efectos perniciosos". Esto le ha llevado a pedir "instrucciones silenciosas", que se lleven a cabo "en un tiempo determinado, que no se prolonguen indefinidamente" y que, cuando se impute a alguien, que sea "corto" el tiempo que pase hasta que sea llamado a declarar.
   En este sentido, Ana Botella ha defendido que para que los jueces reciban el respeto de la sociedad española "deben actuar de manera callada y cumpliendo la ley", además de "no producir prejuicios irreparables para el honor de las personas", como ocurre en "ciertas ocasiones".

El Príncipe de España destaca la "madurez" y "sabiduría" del pueblo tunecino

TÚNEZ.- El Príncipe de Asturias ha destacado este viernes la "madurez" y "sabiduría" del pueblo tunecino, gracias al cual este país ha sido "siempre" un "pionero" en la construcción de un Estado "moderno" y "respetuoso" de los derechos sociales.

   Don Felipe ha representado a España en el acto de celebración de la nueva Constitución tunecina en el Palacio Presidencial de Cartago, que ha contado con la presencia del presidente francés, François Hollande, el presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y el Príncipe Mulay Rachid de Marruecos, entre otras autoridades.
   El Heredero de la Corona ha sido una de las veinte personalidades que han tomado la palabra en el acto. Lo primero que ha hecho es transmitir a los tunecinos una "felicitación calurosa" en nombre del pueblo español y dejar claro que España comparte su "alegría" y "esperanza" en estos momentos.
   "Túnez ha sabido siempre estar en la cita con la historia y en la vanguardia de las conquistas políticas y sociales", ha subrayado el Príncipe, que ha recordado cómo España emprendió también hace casi cuatro décadas un proceso de "cambios profundos" que, en un periodo de tres años, culminó en 1978 con la aprobación por una "muy amplia mayoría" de una nueva Constitución que estableció "un marco de convivencia para todos los españoles".
   "También hoy la comunidad internacional ha reconocido y saludado los esfuerzos y sacrificios de todos los actores en favor de la adopción de la nueva Constitución tunecina" que "garantiza las libertades fundamentales, el estado de derecho, la separación de poderes y la independencia de la justicia", ha destacado el Príncipe en un discurso leído casi íntegramente en francés.
   Ha puesto en valor el apoyo que España ha prestado a la transición democrática "desde su inicio" y ha confiado en que la nueva etapa que se inicia ahora permita a ambos países "reforzar" la relación bilateral "en todos los terrenos". España, ha asegurado, tiene "la voluntad y la determinación" de "contribuir al progreso y a la prosperidad de Túnez".
   El Príncipe llegó esta mañana a Túnez, donde fue recibido en el aeropuerto con honores de jefe de Estado por el presidente de la República, Moncef Marzouki, con quien ha mantenido un encuentro.
   Don Felipe ha viajado al país magrebí acompañado del secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, el secretario general de la Casa del Rey, Alfonso Sanz Portolés, el secretario del Príncipe, Jaime Alfonsín y el director general para el Magreb, Africa, Mediterráneo y Oriente Próximo, Manuel Gómez-Acebo Rodriguez-Spiteri.
   Tras el acto de celebración de la nueva Constitución, el Príncipe se ha quedado al almuerzo que ofrece Marzouki a las delegaciones que se han desplazado a Túnez. En los márgenes de estos actos, Don Felipe ha tenido oportunidad de mantener un encuentro con el presidente Hollande, al que han asistido De Benito y el presidente de la Asamblea francesa, Bernard Accoyer.
   El Príncipe y el resto de la delegación española también se han entrevistado con el primer ministro tunecino, Mehdi Jomaa, y su ministro de Exteriores, Mongi Hamdi, a quienes han entregado una carta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, invitándoles a visitar España, con quien Túnez ha de retomar las tradicionales cumbres bilaterales o Reuniones de Alto Nivel.
   España ha sido uno de los países que más ha apoyado la transición tunecina, en la medida de sus posibilidades. El exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero fue el primer líder europeo que viajó a Túnez tras la revolución que derrocó el régimen de Zine el Abidine Ben Ali.
   Tras la llegada al poder en España del PP, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, visitó el país en marzo de 2012, para conocer de primera mano cómo estaba avanzando la transición hacia una democracia y cuáles eran las necesidades de las empresas implantadas allí.
   La presencia empresarial de España en Túnez, si bien no es muy significativa, es relevante en el sector hotelero, de la construcción, energías renovables y en agricultura.
   En el proceso de transición ha tenido un fuerte protagonismo el diplomático español Bernardino León, actual representante especial de la UE para el Sur del Mediterráneo.
   En el plano bilateral, España ha apoyado la transición tunecina a través de varios programas de cooperación, entre ellos el programa Masar que financia la AECID y que se centra en fortalecer las instituciones públicas y contribuir a capacitar a las sociedades civiles de los países del Mediterráneo que hayan iniciado reformas hacia una mayor democracia.
   En Túnez, en concreto, España ha financiado con 250.000 euros un programa de formación policial y otro para el personal de prisiones, con un coste de 300.000 euros, han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.
   En el ámbito de la UE, España ha dado la batalla para que los Veintiocho acompañen con fondos económicos la transición para evitar que la revolución hacia la democracia se trunque si la ciudadanía no ve satisfechas sus aspiraciones de mayor prosperidad. Al final la UE ha contribuido con 400 millones de euros para Túnez en el periodo 2011-2013.
   De cara al futuro, y a petición tunecina, España y el resto de la UE trabajarán para relanzar la economía tunecina y facilitar las reformas económicas y en la justicia, además de colaborar en rehabilitar barrios marginales.
   España será uno de los países que contribuya al desarrollo de la nueva Asociación entre la UE y Túnez, que tocará aspectos como la movilidad de trabajadores, la inmigración y la seguridad.

El fiscal se opone a indultar a Garzón porque su delito es de los "más graves"

MADRID.- La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a indultar la pena de once años de inhabilitación a Baltasar Garzón porque sus delitos son de "los más graves que un miembro de la Carrera Judicial puede cometer en el ejercicio de sus funciones" y además sus méritos personales y profesionales son "irrelevantes" a efectos de exonerarle totalmente de su responsabilidad criminal.

   El Ministerio Público se pronuncia así en el informe desfavorable a conceder el indulto total al ex magistrado de la Audiencia Nacional, condenado por un delito de prevaricación y otro contra las garantías constitucionales al intervenir las conversaciones de los cabecillas de la trama 'Gürtel' con sus abogados en prisión.
   El escrito, firmado por el Teniente Fiscal del Supremo Antonio Narváez, destaca que no se dan las razones de equidad, justicia o utilidad pública necesarias para concederle esta medida de gracia toda vez que "no ha exteriorizado muestra alguna de arrepentimiento" y le resulta "totalmente indiferente" el resultado del indulto.
   Narváez sostiene que la "razón primordial" de su condena fue la vulneración del derecho de defensa y el secreto de comunicaciones de presos preventivos. "El daño causado a la Administración de Justicia fue muy grave por las consecuencias jurídicas que esa iniciativa tuvo para los derechos de los encausados", añade.
   El fiscal subraya que el derecho de defensa es la "piedra angular de un régimen constitucional de garantías" y, aunque no le acusara en el juicio, asume con "lealtad institucional y procesal" el fallo condenatorio del Tribunal Supremo, en la "cúspide" de los órganos jurisdiccionales salvo en materia de garantías.
   En este sentido, entiende que la actuación de Garzón fue "muy grave" y la pena aplicada es "proporcionada". Además, cree que sería "absurdo" que se le redimiera totalmente la pena en base a sus circunstancias personales anteriores o simultáneas a la condena ya que "sería tanto como asegurar la impunidad".
   Para concederle el indulto total se debe valorar el comportamiento posterior a la condena, opina el fiscal, que recuerda la nota de prensa y los comentarios que Garzón ha vertido mostrando su rechazo a la sentencia y al tribunal que la dictó.
   "Desde luego, el término que podría definir la posición de Garzón acerca de la solicitud presentada es el de indiferencia", prosigue el representante del Ministerio Público, para apuntar que el acusado no ha pedido esta prerrogativa ni ha solicitado que la haga en su nombre la Asociación de Magistrados Europeos para la Demcoracia y las Libertates (MEDEL).
   A su entender, el hecho de que no haya apoyado ni mostrado de modo "explícito interés alguno" sobre el resultado de la solicitud de indulto "no deja lugar a dudas de que a Garzón le resulta totalmente indfierente" este asunto.
   "Tal comportamiento de indiferencia hacia la solicitud de indulto presentada no puede ser valorada de otra manera que como la de constituir indicio relevante de que el comportamiento de Garzón en relación con la remisión de la condena es, cuanto menos, de indiferencia", continúa el Narváez, para recordar que el exjuez mantiene que actuó legalmente.
   Además, rechaza equiparar el indulto concedido al ex juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño ya que la concesión del indulto no se trata de un procedimiento "automático" sino que deben valorarse las circunstancias que concurren en cada caso.
   El expediente de indulto a Garzón estuvo perdido durante más de un año a camino entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo. Justicia volvió a tramitarlo después de enterarse de que el Alto Tribunal no había recibido la petición de los informes.

Vicepresidenta Santamaría: El derecho de manifestación "tiene límites"

MADRID.-   La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este viernes que acata la sentencia que califica como mera "libertad de expresión" el escrache frente a su domicilio, aunque opina que los derechos "no son ilimitados", sino que su límite "son los derechos de los demás", y más si son menores de edad o personas mayores.

   Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no ha aclarado si la Fiscalía recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, puesto que actúa con "autonomía".
   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría se ha referido a la sentencia subrayado que una cosa es la "vida pública" de los políticos, que tienen obligación de "atender las críticas" y respetar el derecho de manifestación, y otra su "escenario privado" y sus familiares, que no tienen por qué compartir esa actividad pública.
   "Hay cantidad de instituciones públicas para manifestarse delante de ellas, otra cosa es un terreno familiar, personal, donde hay familiares y también vecinos cuyos derechos tienen que ser respetados", ha dicho. La vicepresidenta se ha referido especialmente a los menores y a personas mayores "que han tenido que ver a una edad avanzada determinadas cosas". No obstante, ha admitido que "los jueces han dicho otra cosa" y ha dejado claro que lo acata porque "ese es el Estado de Derecho".
   Gallardón, por su parte, ha reiterado que la posición del Gobierno es la de la Fiscalía, que entendió que sí que había una violación de las leyes españolas, que protegen la inviolabilidad del domicilio.
   Preguntado si el Gobierno se plantea alguna reforma legislativa, ha replicaado que estudiará "toda la legislación" pero ha insistido en que las leyes españolas, y también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), "garantizan que el domicilio no puede ser objeto de ningún tipo de agresión", tal como el Ejecutivo entiende que se produjo.

El Gobierno español aprueba una ley para dar la nacionalidad a los judíos sefardíes

MADRID.- El Gobierno español aprobó el viernes un anteproyecto de ley por el que reconocerá la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes, expulsados de España en 1492.

España venía concediendo la nacionalidad a los sefardíes que lo solicitaran de forma individual, pero la generalización anunciada ahora permitiría obtener la carta de naturaleza a unos tres millones de personas, residentes principalmente en Israel, Francia, Estados Unidos, Turquía, México, Argentina o Chile.
"El anteproyecto que hoy hemos aprobado tiene un significado histórico profundo: no es solamente porque se deriva de hechos de nuestra historia de los que obviamente no debemos sentirnos orgullosos, como el edicto de expulsión de los judíos de 1492, sino porque lo que hace es reflejar una realidad de la sociedad española como una sociedad abierta y plural", dijo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La novedad de la nueva ley, avanzada por el ministro en noviembre de 2012, es que ahora no tendrán que renunciar a su actual nacionalidad.
"Ahora se abre la posibilidad sin que tengan que renunciar a su anterior nacionalidad. Esto va a permitir que numerosos judíos sefardíes la van a poder tener", dijo Ruiz-Gallardón en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La medida reconocerá a todo aquel que demuestre a través de un certificado de la federación de comunidades judías de España su condición de sefardí por apellidos, idioma, parentesco o especial vinculación con la cultura de Sefarad (España, en hebreo).
"No se exige que se pertenezca a ninguna religión. Sino que es la pertenencia a la comunidad sefardí lo que da derecho", dijo el ministro.
Tras la toma de Granada de manos de los musulmanes en 1492, los Reyes Católicos ordenaron la conversión al catolicismo o la expulsión de España de musulmanes y judíos, muchos de los cuales siguieron manteniendo las costumbres y el idioma de su país de origen.
"Lo que hacemos hoy es reencontrarnos, dándoles la posibilidad de darles la oportunidad de formar parte de la misma", dijo, recordando que "había una deuda histórica" porque los sefardíes propagaron la lengua y cultura españolas.
"Muchos de ellos, como ocurre en Estambul, guardaban las llaves de la casa de la que fueron expulsados, hoy tienen la puerta abierta", dijo.

Plazo de dos años

Los judíos sefardíes tendrán un plazo de dos años para solicitar la nacionalidad española por el nuevo procedimiento que establece la ley por la que se modifica el Código Civil para la agilización de la concesión de la nacionalidad española, cuyo anteproyecto ha aprobado este viernes el Consejo de Ministros.
   Los interesados deberán formalizar su solicitud en un plazo no superior a dos años desde la entrada en vigor de la ley, aunque este plazo podrá ser prorrogado un año más si así lo decide el Gobierno, según informa el Ministerio de Justicia.
   En cuanto al procedimiento de solicitud, se establecerá un modelo normalizado por parte del Ministerio de Justicia, para su presentación por escrito, siendo necesaria su ratificación presencial ante el encargado del Registro Civil municipal o consular correspondiente.
   Los sefardíes deberán aportar la documentación necesaria para la tramitación del expediente y todo aquello que consideren necesario para acreditar su especial vinculación con la cultura y las costumbres españolas. Se tendrán en cuenta de manera especial los estudios cursados y las actividades benéficas o sociales realizadas, según apunta el Ministerio.
   Igualmente, la Dirección General de los Registros y del Notariado podrá recabar informes que corroboren la veracidad de las condiciones aportadas de instituciones como la autoridad rabínica competente y la comunidad judía de origen, así como de los organismos que puedan acreditar la ausencia de antecedentes penales del interesado.
   El texto también incluye una disposición transitoria, por la que los sefardíes que hubieran solicitado la nacionalidad española con anterioridad a esta reforma legislativa y aún no se hubiera resuelto, podrán continuar la tramitación de su expediente con el nuevo procedimiento que se aprueba mediante esta ley. En este caso, deberán solicitarlo expresamente y aportar la documentación necesaria para ello.
   Para aprobar esta ley, el Gobierno modifica el artículo 23 del Código Civil, según el cual, es "requisito" para la validez de la adquisición de la nacionalidad española que la persona "declare que renuncia a su anterior nacionalidad". Ahora, la reforma permitirá la doble nacionalidad, aunque se trate de países con los que hasta ahora no existía esta posibilidad.
   El anteproyecto destaca los "especiales vínculos" de la comunidad sefardí con España. Además, Justicia pone de relieve sus aportaciones a la Literatura y al Derecho, "como prueban las Partidas del Rey Alfonso X, el Sabio, escritas en gran parte por sefardíes en el castillo de Monteagudo, en Murcia", así como "la contribución de esta comunidad al descubrimiento de América".
   La concesión de la nacionalidad española a los sefardíes de Marruecos ya se estudió cuando Fernando de los Ríos era ministro de Estado, aunque finalmente se frustró el proyecto. En 1886, por impulso de Práxedes Mateo Sagasta y en 1900, del senador Ángel Pulido, se inició un acercamiento a los sefardíes que culminó en la autorización para abrir sinagogas, la fundación de la Alianza Hispano-Hebrea en Madrid (1910) y la constitución de la Casa Universal de los Sefardíes en 1920.
   En 1924 se aprobó un Real Decreto destinado a conceder la nacionalidad a los "antiguos protegidos españoles o descendientes de estos" en el que no se nombra expresamente a los sefardíes, pero que permitió en la II Guerra Mundial salvar a muchos judíos gracias a la misión humanitaria que realizaron diplomáticos españoles como Ángel Sanz Briz en Budapest, Sebastián de Romero Radigales en Atenas, Bernardo Rolland de Miotta en París, Julio Palencia en Sofía, Javier Martínez de Bedoya en Lisboa, José Rojas en Bucarest o Eduardo Propper de Callejón en Burdeos.

La crisis transformará a los jóvenes españoles durante los próximos cuatro años

MADRID.- Los jóvenes españoles se movilizarán más y serán más tolerantes y solidarios durante los próximos cuatro años a causa de los efectos de una larga crisis económica y el alto desempleo, mostró un estudio divulgado el jueves.

"Su identidad social pasará de la acepción de 'pasota' a un perfil activista comprometido con la realidad en la que vive y un más alto civismo que contagiará al resto de nuestra sociedad", dijo el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud en una nota de prensa.
El estudio titulado "La sombra de la crisis. La sociedad española en el horizonte 2018", con un especial énfasis en la juventud, mostró que este grupo de edad seguirá teniendo dificultades para encontrar empleo durante los próximos cuatro años y que seguirá teniendo altos niveles de precariedad.
El paro juvenil es uno de los problemas más acuciantes en Europa, donde la tasa es de casi un 25 por ciento, y España es uno de los países europeos más afectados, con tasas superiores al 50 por ciento.
Los jóvenes afrontarán esa realidad laboral emigrando y refugiándose en una mayor formación, dijo el estudio.El estudio, realizado entre febrero y octubre de 2013 mediante las opiniones de un panel de expertos sobre las relaciones intergeneracionales en el futuro, arrojó que la sombra de la crisis se alargará otros cuatro años en la sociedad.
"El escenario económico, social y político de España estará todavía condicionado por la inestabilidad estructural actualmente en curso, por una marcada precariedad laboral y por una disminución de las rentas familiares, que supondrán un riesgo de exclusión social para muchas familias", dijo el estudio.
En este contexto, los expertos consideran que los jóvenes españoles tendrán una participación social más frecuente, directa y por más temas en 2018.
"Sus movilizaciones serán cada vez más frecuentes, responderán a motivaciones muy diversas y buscarán cauces de acción directa, dando la espalda a los cauces tradicionales de participación y de representación institucional (partidos y sindicatos)", dijo el estudio.
En el ámbito personal, los jóvenes darán legitimidad plena al divorcio, la maternidad en solitario y la cohabitación y asumirán las nuevas formas familiares -familias monoparentales, familias homosexuales y su derecho a la adopción, parejas de hecho.
Además el estudio añadió que tendrán una mayor tolerancia en relación al sexo, sobre todo respecto a las relaciones desvinculadas de la pareja, la infidelidad y la prostitución.
La investigación, realizada mediante un método Delphi, o la coincidencia de las opiniones de varios expertos, contó con la participación once destacados catedráticos y profesores de Sociología y Ciencias Políticas.