MADRID.- Un total de 10.469 españoles inmigrantes en Alemania estaban cobrando la ayuda estatal "de seguridad básica para solicitantes de empleo" al cierre del año pasado, un 23% más que en las mismas fechas de 2012,
cuando eran 8.019 los beneficiarios, y un 57,9 por ciento más que en el
año 2010, según un informe de la Oficina Federal de Empleo alemana. El
Ejecutivo de Angela Merkel estudia obligar a los parados europeos a regresar a su país al cabo de tres meses y medidas para evitar el abuso en el cobro de este tipo de prestaciones sociales.
La estadística oficial apunta que al cierre de 2013 eran ya 59.241 los españoles trabajando legalmente en Alemania,
lo que supone un incremento del 18% respecto del año anterior y un 56,5
por ciento en comparación con las mismas fechas de 2010. Del total de
empleados, 52.214 estaban cotizando allí.
Asimismo, los datos indican que 6.592 españoles se encontraban en
paro en aquel país al cierre del pasado mes de febrero, cifra que se ha
incrementado un 24% respecto del mismo periodo del año anterior. En los últimos tres años, el número de parados de nacionalidad española creció en Alemania un 49%, pasando de 4.422 en enero de 2010 a los 6.592 que señala la Oficina Federal de Empleo.
La cifra de trabajadores españoles ha sufrido un incremento
exponencial en los últimos tres años, que la Oficina Federal relaciona
directamente con el impacto de la crisis de la deuda sobre la economía
nacional, y que también ha incrementado la emigración a Alemania de
griegos, italianos y portugueses, que registran cifras notablemente más
elevadas que las de España. En conjunto, suman más de 500.000 inmigrantes, el 1,4% del mercado laboral alemán.
En cuanto a los rumanos y búlgaros, la Oficina Federal de Empleo destaca que en diciembre de 2013, 137.000 ciudadanos de estas nacionalidades estaban trabajando, un 24% más que en el mes anterior. De ellos, 115.000 están cotizando y 21.000 "subempleados".
Precisamente la migración de origen rumana y búlgara
ha motivado que un panel de expertos ministeriales nombrados por el
Ejecutivo de Angela Merkel haya preparado un informe que plantea obligar
a volverse a su país a los ciudadanos europeos que no encuentren
trabajo en Alemania al cabo de un plazo de tres meses. Esta medida está
bajo estudio junto a otras iniciativas para evitar fraudes o abusos en
el acceso a las prestaciones sociales como la de búsqueda de empleo o
ayuda por hijo a cargo.
Bruselas ha declinado pronunciarse de momento sobre la restricción de la estancia en sí,
aunque ha reconocido que este tipo de medida es legal. En concreto,
sería una aplicación de la directiva europea de libre circulación que
dio origen al Espacio Común Europeo (Tratado Schengen) y que reconoce el
derecho de todos los ciudadanos de la UE a moverse por el territorio
pero no a permanecer en otro país indefinidamente.
La norma establece que para poder vivir en otro Estado miembro más de tres meses hay que cumplir alguna de estas condiciones:
estar desempeñando una actividad económica remunerada, disponer de
recursos suficientes y de un seguro de enfermedad para no "convertirse
en una carga" para el "anfitrión", estar cursando estudios y disponer
asimismo de recursos y cobertura médica o ser familiar de algún
ciudadano de la UE que sí reúna alguno de los requisitos.
Dado que la directiva afecta a todos los ciudadanos europeos, esta medida, de aprobarse, podría tener incidencia sobre los españoles que se encuentren desempleados en Alemania
y que al cabo de un tiempo no hayan encontrado forma de ganarse la
vida. Según el último Censo de Españoles Residentes en el Exterior,
89.190 españoles de entre 15 y 65 años viven en el país.
Sin embargo, para la profesora de Derecho Internacional Privado de
la Universidad de León Aurelia Álvarez, "no es tan fácil" aplicar una
medida de estas características. Considera que la Unión Europea debería reunirse y analizar el derecho de libre circulación dentro del espacio Schengen antes de permitir que los Estados miembros sigan adoptando por su cuenta iniciativas que supongan una restricción de la misma.
En declaraciones a Europa Press, Álvarez ha apuntado que adoptar
una medida similar "requeriría que todos los Estados miembros se
pudieran de acuerdo", de modo que "si se quieren introducir las nuevas
restricciones que se están viendo" en países como Bélgica, que en los últimos meses retiró el permiso de residencia a más de 2.000 europeos, se hiciera de forma conjunta en todo el territorio UE.
Conforme ha explicado, aunque la directiva europea de Libre
Circulación establece dichas condiciones para la residencia superior a
tres meses, sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y
pronunciamientos del Parlamento Europeo lo han acotado de manera
que la denegación de la residencia a un ciudadano comunitario sólo se
aplica por criterios de seguridad nacional.
En su opinión, "el problema de base es la reagrupación",
que permite a nacionales comunitarios traer de fuera de la UE a sus
familiares, --hijos hasta 21 años, cónyuge o análogo y ascendientes en
determinados casos--, y tradicionalmente es "lo que más ha preocupado" a los Estados miembros de la Unión Europea, junto a la migración procedente de Rumanía y Bulgaria.
Con todo, dice que "si los Estados quieren introducir las nuevas restricciones que se están viendo tendrían que modificar el texto,
definir un procedimiento y aprobarlo".
"Habría que ver, por ejemplo,
qué entiende el Tribunal Europeo que es 'no suponer una carga para el
Estado' anfitrión, algo que no ha sido definido. En todo caso, esto
necesita una interpretación por parte de la Unión Europea", ha añadido.
La experta afirma que en el Parlamento Europeo "preocupa que los Estados miembros desvirtúen la libre circulación" con medidas nacionales
como la que ahora plantea Alemania y así lo manifestó en una resolución
el pasado mes de enero. Sin embargo, los países miembros siguen
adelante en lo que para Álvarez, son "reinterpretaciones" del derecho
comunitario.
"Se están imponiendo restricciones a la circulación de nacionales de la Unión Europea
y lo que ha costado tantos años construir, ahora se está restringiendo y
lo están haciendo los Estados por su cuenta, reinterpretando solos la
directiva europea (...) y estableciendo un sistema que al final, es de
dos clases, uno para los migrantes pobres y otro para los ricos", ha
apuntado.
