lunes, 20 de octubre de 2014

El Círculo de Empresarios pide reducir el gasto público hasta en 90.000 millones

MADRID.- El Círculo de Empresarios considera necesario reducir el gasto público del actual 44% del PIB al 35% o 40%. Es decir, recortar entre 40.000 y 90.000 millones de euros esa partida. Así lo explicó este lunes el presidente del Comité de Presupuestos del Círculo, Manuel Pérez-Sala, durante la valoración de los Presupuestos Generales del Estado de 2015. 

«Es cierto que hay signos de recuperación, pero son muy débiles y en el futuro van a depender de cosas que estén fuera de nuestro control, como la evolución de las economías europeas», aseguró Salas.
Por este motivo, el Círculo critica la «escasa ambición» en la reducción del déficit público que contemplan los Presupuestos al confiar el ajuste al aumento de la recaudación en lugar de apostar «por una reforma estructural del gasto público que aceleraría el ritmo de la consolidación fiscal».
Salas también insistió en la necesidad de profundizar en la reforma laboral y equiparar el modelo de contratación y despido del sector privado a la empresa pública. Así, se mostró partidario de una mayor movilidad de los funcionarios entre las administraciones o de revisar el sistema de promoción de estos trabajadores. Por todo ello urgió al Gobierno a continuar con el «ímpetu reformista» como única fórmula para consolidar la recuperación.
La organización que preside Mónica de Oriol criticó la actual situación del sistema de pensiones. De hecho, en su informe reiteró la necesidad de iniciar una auténtica reforma estructural hacia un sistema mixto de reparto y capitalización. En este sentido, recuerda que el Fondo de Reserva de las Pensiones acabará este año con 44.001 millones de euros, es decir, se reducirá en otros 8.446 millones en 2015. Según sus estimaciones, de continuar a este ritmo se puede prever su desaparición para 2019.
Por su parte, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), dependiente de la CEOE, se mostró menos crítico y calificó los Presupuestos de «realistas» e incluso «prudentes». Sin embargo, el presidente del IEE, José Luis Feito, reclamó una mayor apuesta por la inversión pública para reactivar la economía: «Se podría haber albergado un aumento más significativo de la inversión pública sin romper la consolidación presupuestaria».
En cuanto a la posibilidad de subir los salarios en España, el presidente del IEE se mostró reacio. En su opinión «lo importante es preservar y aumentar la competitividad hasta que se reduzca la tasa de paro a niveles civilizados». Además, insistió en bajar las cotizaciones a la Seguridad Social como una herramienta fundamental para lograr reducir la tasa de paro.
La valoración de estas dos organizaciones empresariales se produce antes de que este martes el Congreso de los Diputados acoja el debate de enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, que superarán ese trámite gracias a la mayoría del PP.

El jefe de la UDEF plantea que se pueda pagar a quien delate a los corruptos

BARCELONA.- El comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, Manuel Vázquez, ha planteado que se pueda pagar a quien delate un gran caso de corrupción, como mecanismo para favorecer las denuncias. 

Vázquez ha lanzado esta sugerencia en su intervención en una mesa redonda sobre 'La Batalla contra la corrupción', que ha compartido con el fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled y el presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, en el marco de unas jornadas en Barcelona sobre delincuencia económica.
Tras subrayar la importancia de favorecer las denuncias por casos de corrupción, Vázquez ha dicho: "Incluso se podría pagar por ello. ¿Por qué no? Pagar por dar un incentivo al que denuncie cuestiones de corrupción elevadas". Posteriormente, ante los periodistas ha evitado dar más detalles de su sugerencia, ya que, según ha explicado, quien eventualmente tendría que regular esta posibilidad sería el Gobierno.
En su intervención, Vázquez también ha sugerido que se vincule un eventual incremento de la pena a un condenado por corrupción a que devuelva el dinero que ha obtenido ilícitamente: "Si no lo devuelve, que la pena suba mucho", ha apostillado.
Con esta medida, según el responsable de la UDEF, se evitarían algunos casos de personas que están dispuestas a pasar un periodo corto de tiempo en la cárcel a cambio de obtener una importante suma de dinero de forma corrupta.
Además, también ha planteado que se regule por ley que los políticos no puedan permanecer más de ocho años en el mismo cargo público, porque por experiencia cree que, en ocasiones, cuando alguien se "eterniza" en el poder, se crea un "caldo de cultivo" propicio para que aparezca la corrupción.
También ha denunciado que, en ocasiones, la figura del aforado es utilizada por algunos políticos inmersos en casos judiciales de corrupción para dilatar el proceso, ya que a veces renuncian a sus privilegios, justo antes de ir a juicio, por lo que el caso pasa de un tribunal superior a un juzgado ordinario, que tiene que revisar la causa.
Por su parte, el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Barcelona, Emilio Sánchez-Ulled, ha advertido de que en España existe una "tentación estructural permanente de corrupción" y ha denunciado que, cuando existen implicaciones del poder político o económico en casos de corrupción que se investigan, "la ley queda desnuda".
Ulled ha apuntado que, desde una perspectiva histórica, el poder legislativo redactó de forma "técnicamente deficiente" los tipos penales relativos a la corrupción, ya que no ha habido una visión global, sino que se ha ido "parcheando a golpe de titulares de prensa y de directivas comunitarias". Esta situación ha llevado a los fiscales a "forzar" hasta el límite legal los tipos penales relativos a la corrupción para poder investigar a partir de una interpretación del Código Penal "adecuada a la época" actual, según el fiscal.
Según Ulled, el principal problema para combatir policialmente y judicialmente la corrupción es que no se trata actualmente de que el corruptor compre al político para obtener algo a cambio, sino que "se compra una relación que habrá que pagar en el futuro".
La jornada de debate, convocada por la Policía Nacional, ha sido clausurada por la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, que ha destacado la importancia de la coordinación y la cooperación policial para atajar los delitos vinculados a la delincuencia económica. 
 En este sentido, Llanos de Luna ha advertido de que la delincuencia económica "va cambiando de ropaje" y se beneficia de la internacionalización, por lo que es clave la especialización y la formación de las unidades policiales para combatir el blanqueo, el fraude y la corrupción.

Las cinco resoluciones aprobadas por 'Podemos'

MADRID.- La Asamblea constituyente 'Sí Se Puede' que Podemos ha celebrado este fin de semana en el Palacio de Vistalegre ha aprobado cinco resoluciones con las que se comprometen, entre otras cosas, a trabajar para llevar a cabo una auditoría y reestructuración de la deuda pública, y para conseguir la paralización de todos los desahucios.

Estos cinco documentos, que entran desde hoy a formar parte de la línea política de Podemos, han sido los más votados del centenar de resoluciones presentadas, que entre el jueves y el sábado se han sometido a una votación en la que han participado más de 38.000 personas.
Estas son las principales propuestas que se han debatido y que Podemos se fija como objetivos prioritarios:
La resolución titulada 'Auditoría y reestructuración de la deuda: una propuesta para Podemos', promovida por los economistas de cabecera de la formación Alberto Montero Soler, Bibiana Medialdea García y Nacho Álvarez Peralta ha sido la quinta más votada, al recibir 8.981, votos -23'46 % del total- y defiende, por un lado, realizar una auditoría desarrollada por "expertos independientes" bajo "control ciudadano" que, además, "determine el grado de corresponsabilidad de los gobernantes y acreedores".
En cuanto a la deuda privada, se establece que la reestructuración de la deuda empresarial y especialmente de la hipotecaria, es lo que puede conducir a un recuperamiento de la demanda interna y "una reducción en el valor facial de las hipotecas de primeras viviendas en el caso de las familias que cumplan ciertos criterios sociales es un buen punto de partida".
La cuarta propuesta más votada, titulada 'Por el derecho a la salud: Sanidad pública para tod@s y tod@s", elaborada por Mónica García Gómez, Jesús María Montero Delgado y Juan Antonio Palacios Castaño, ha obtenido un 31'69% de los votos -12.129- y plantea el desarrollo de una financiación sanitaria suficiente y finalista, la universalización de la asistencia con compromiso de atención a toda la población, sin exclusión de inmigrantes irregulares ni ciudadanos españoles.
Además, entre los puntos clave de esta resolución se encuentran también la eliminación de los copagos, la derogación de las leyes de gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y de ordenación sanitarias de las comunidades autónomas que posibilita la gestión privada de los recursos sanitarios, el desarrollo de un plan que redefina los objetivos de salud y permita la reformulación de la Ley General de Sanidad (1986).
En cuanto a la primera resolución más votada, "Defender la educación pública, nuestro derecho y no su negocio", ha obtenido un 45'17% de los votos -17.289-, y resume la paralización y derogación de la LOMCE, la apertura de un proceso asambleario abierto a toda la comunidad educativa para conseguir una reforma educativa integral, la redacción de nuevas Leyes Orgánicas de educación, el restablecimiento inmediato de los recursos que aseguren el acceso universal a la educación y la articulación de mecanismos de garantía de condiciones laborales dignas.
La segunda por mayor número de votos, "Medidas Urgentes de Anticorrupción", ha sido elaborada por el ex fiscal anticorrupción y ex eurodiputado de Podemos, Calros Jiménez Villarejo, ha obtenido un 42'28% de los votos -16.186- y sostiene que se eliminen las tasas judiciales, el aumento de las penas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y fraude, la tipificación penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.
También, incluye la tipificación expresa como "organización y grupo criminal" de la asociación entre responsables políticos y actores económicos para cometer delitos de cohecho y prevaricación, la eliminación de los aforamientos -salvo para los parlamentarios y jueces, que queda restringida al ejercicio de sus funciones-, la obligación legal de total transparencia de renta y patrimonio para cargos electos y responsables públicos o la redefinición de las instituciones de control.
Por último, la tercera resolución más votada, avalada por el Círculo de Vicálvaro, 'Ganar el derecho a la vivienda y acabar con la impunidad financiera', que ha obtenido un 38'9% de los votos -14.889-, apoya los derechos habitacionales para todas las personas de acuerdo con los estándares internacionales de Derechos Humanos, el derecho a la dación en pago con carácter retroactivo, el establecimiento de unos procedimientos judiciales con todas las garantías y el fin de la impunidad financiera y la apertura de una auditoría social.
Además, promueve el fin de los desalojos forzosos sin alternativa y el reconocimiento del derecho al alquiler social. "Debemos acabar de forma definitiva con los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, que vulneran los compromisos internacionales en materia de DDHH. Es necesario reconocer el derecho al alquiler social, y la obligación de garantizar alternativas habitacionales estables en los casos en los que se realice un desalojo forzoso por ausencia de recursos económicos suficientes".

El juez rechaza que Mapfre pague la fianza de Blesa

MADRID.- El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que requiera a Mapfre la fianza de 16 millones de euros que le impuso por el escándalo de las tarjetas opacas, algo que ha rechazado hoy el magistrado.

Fuentes jurídicas han informado de que el pasado viernes, el exbanquero presentó un escrito en el Juzgado Central de Instrucción nº 4, en el que adjuntaba la póliza que en su día suscribió Caja Madrid con la aseguradora, para hacerle esta solicitud.
Sin embargo, Andreu ha dictado hoy una providencia en la que se niega a requerir a la compañía esa cantidad y se remite a lo que ya dictó el pasado jueves, cuando le emplazó a prestar esta fianza antes del próximo miércoles por su responsabilidad en el caso de las tarjetas opacas, o de lo contrario procedería a ordenar el embargo de sus bienes.
La defensa de Blesa, que sí que reunió 2,5 millones para poder salir de prisión en mayo de 2013, presentó este escrito el mismo día en el que se conoció que el expresidente de Caja Madrid daba por imposible alcanzar esa cifra con su patrimonio.
Además, el exbanquero tiene la intención de recurrir el auto del magistrado antes de que finalice el plazo, al igual que su sucesor, Rodrigo Rato, en cuyo caso el juez estableció una fianza de tres millones.
No obstante, la interposición de recursos no paraliza en ningún caso el plazo que les dio para iniciar el embargo, que comenzará con una averiguación patrimonial en la que el juez pedirá a los registros de bienes inmuebles, mercantil y de la propiedad, así como a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria todos los bienes de los que dispone.
Con el listado completo, librará un oficio de embargo y se comenzará por aquello que más facilidad de cobro presente, como una cuenta bancaria, acciones u otros títulos financieros, para dar paso después al patrimonio inmueble o sueldos, salarios y pensiones.
En el caso de que tuviera que embargar propiedades como pisos, emitirá una nota simple al registro para comprobar que no pesa ninguna carga sobre él.
Según el auto por el que ordenó esta medida, los dos "consintieron" y "propiciaron" el uso indebido de fondos de la entidad mediante este sistema de tarjetas opacas cuyos gastos se contabilizaron de forma encubierta para "evitar" los controles tanto de los auditores como de los órganos supervisores.

Rato pide su suspensión temporal como militante del PP

MADRID.- El expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato ha remitido una carta a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la que le solicita su suspensión temporal de militancia en el partido y se muestra dispuesto a dar todas las explicaciones necesarias sobre las tarjetas opacas.

En la carta, Rato pide dicha suspensión temporal "hasta que todos estos hechos queden esclarecidos".
Fuentes del PP han informado que la suspensión temporal de militancia es automática una vez que Rato la ha solicitado.
En el texto, el exministro subraya la "firme convicción" de haber actuado "siempre dentro de la legalidad" y "en el convencimiento" de que esas tarjetas, "emitidas, conocidas y controladas por la entidad", eran para "uso personal" y "formaban parte" de su salario, de forma que eran "declaradas y contabilizadas".
El PP ha confirmado en un comunicado el envío de la carta, en la que Rato dice entender, que en estos momentos, en interés del Partido Popular, debe tomar la decisión de pedir la suspensión temporal de militancia.
Asegura asimismo que está a disposición del PP para dar todas las explicaciones que se le requieran ante los órganos pertinentes.
La misiva llega trece días después de que el partido anunciase la apertura de un expediente de información sobre Rato y los otros quince militantes que hicieron uso de las polémicas tarjetas, aunque tres de ellos se dieron de baja ya hace unos días.
Rodrigo Rato ha comunicado esta decisión al PP tras haber declarado en la Audiencia Nacional ante el juez Fernando Andreu, que investiga este caso, y quien le impuso una fianza de tres millones de euros que el expresidente de Caja Madrid debe presentar antes de este miércoles si quiere evitar el embargo de bienes.
Como ha explicado hoy Cospedal tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido, el PP está decidido a adoptar una resolución rápida sobre este asunto que afecta a Rato y a otros doce militantes, pero dándoles todas las garantías para su defensa.
Cospedal ha informado en conferencia de prensa de que el partido prevé seguir actuando en este caso de acuerdo con su legalidad interna y sin distinciones.
Es decir, que antes de que el Comité de Derechos y Garantías del partido tome una decisión sobre si les expulsa o no de la formación, se oirán los argumentos de los trece militantes sobre los que está abierto el expediente.

Rajoy dice que el PP será justo en el expediente abierto a Rodrigo Rato

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP que el partido resolverá de la manera "más justa posible" el expediente informativo que se ha abierto al expresidente de Bankia Rodrigo Rato y otros 12 afiliados por el presunto uso fraudulento de las 'tarjetas B' de Caja Madrid.

"Intentaremos resolverlos de la manera más justa posible", ha declarado Rajoy ante la plana mayor de su partido, sin mencionar en ningún momento al que fuera durante ocho años vicepresidente del Gobierno con José María Aznar.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también se ha referido a este asunto en esta reunión a puerta cerrada subrayando que los Estatutos del PP garantizan que "todo el mundo pueda ser oído", garantizando así un "mínimo derecho a la defensa".
Por eso, ha añadido que en los "próximos días" a Rato y a los demás militantes afectados se les pedirá que cuenten su versión de los hechos ante el instructor de este caso en el Comité de Derechos y Garantías del PP, el diputado por Albacete Francisco Molinero. Además, no ha descartado que pueda adoptarse alguna medida cautelar como la suspensión temporal de militancia. "Si se tiene que adoptar, se adoptará", ha apostillado.
La 'número dos' del PP ve "lógicas" las voces del partido que demandan ya medidas drásticas contra los usuarios de las tarjetas B como la expulsión. "Yo las entiendo perfectamente porque hay muchas personas y toda la ciudadanía estamos escandalizados con este asunto, indignados y sorprendidos", ha dicho.
Sin embargo, ha recalcado que el PP tiene que "obrar conforme a la legalidad" y "cargado de razón", algo que, a su juicio, da el cumplimiento de la ley y de las reglas internas del partido. En este sentido, ha insistido en que "todo el mundo tiene derecho a ser oído antes de tomar una decisión, que será rápida en cualquier caso".
"La contundencia no está reñida con el cumplimiento de la legalidad", ha enfatizado, al tiempo que ha reiterado que el PP tiene la "obligación" de cumplir con sus propias reglas internas. "Y es lo que vamos a hacer porque todos los militantes son de la misma condición", ha aseverado.
En este sentido, la secretaria general del PP ha abundado en que el Comité de Derechos y Garantías del partido que preside Alfonso Fernández Mañueco tomará una decisión sobre esos expedientes informativos en "el plazo más breve posible", una vez que se disponga de "toda la información".
Según ha agregado, su objetivo es que ninguno de los afiliados pueda recurrir después las medidas impuestas alegando que no se han respetado sus derechos. "Lo que queremos en el PP es que nuestras decisiones no sean recurridas a los tribunales y hacemos bien", ha aseverado. En cualquier caso, ha querido recordar que aquellas personas implicadas en este caso de las tarjetas que ocupaban "algún cargo o puesto institucional, fueron cesadas en las primeras 24 horas".
Al ser preguntada si le gustaría que Rodrigo Rato --con el que no ha hablado desde que se destapó el caso de las tarjetas-- renunciara voluntariamente a su carnet del PP, Cospedal no ha querido entrar en esa cuestión. "Mis opiniones son mis opiniones", ha manifestado.
En su intervención a puerta cerrada, el jefe del Ejecutivo ha puesto el acento en el ejercicio de transparencia que ha impulsado su Gobierno tras la nacionalización de Bankia, Caixanova o CaixaCatalunya, porque los nuevos gestores ordenaron auditorías que el FROB envió a la Fiscalía.
Igualmente, Cospedal ha subrayado que ha sido el Gobierno del PP el que ha hecho "que todo esto se sepa", ya que, según ha dicho, podría haber tenido "otra actitud".
 "Este ejercicio de transparencia se realiza en última instancia por un Gobierno del PP", ha proclamado.
Cospedal ha reconocido que es una "evidencia" que este asunto, que afecta a personas de diferentes partidos y organizaciones sindicales, "alarma, indigna y escandaliza" a "todos".
 "Pero también creo que es un caso para aprender de lo que nunca más se puede volver a hacer y es un caso para darnos cuenta de que ahora en estos momentos estamos siendo capaces de dar completa transparencia a unas actitudes que tuvieron lugar en el pasado y nunca más se van a volver a repetir", ha concluido.

Desestimada la demanda de Ada Colau contra Cristina Cifuentes

MADRID.- Un juzgado de Barcelona ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por la exportavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, por acusarla de apoyar a "grupos filoetarras".

Según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno, el juzgado encargado del caso ha desestimado íntegramente la demanda de Colau contra Cifuentes y condena a la primera en costas.
"La señora Cifuentes no llamó 'terroristas' ni a la señora Colau ni a los miembros de la PAH, ni tampoco los calificó de 'proetarras' o 'filoetarras'", dice la resolución judicial.
El juez entiende que "las palabras concretas utilizadas por la señora Cifuentes no pueden ser consideradas como ultrajantes, ni constitutivas de insulto, menosprecio personal o vejación injustificada, sin relación con las ideas que se exponen" y subraya que en la misma declaracion Cifuentes "desvinculó a la demandante y a la Plataforma del entorno de ETA".

Las 20 propuestas estrella de 'Podemos'

MADRID.- Podemos ha celebrado este fin de semana su asamblea fundacional en la que se han sometido a votación sus propuestas como partido político.

ECONOMÍA
1. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y de la edad de jubilación a 60 años, como mecanismos para redistribuir equitativamente el trabajo y la riqueza, favoreciendo la conciliación familiar.
2. Prohibición de los despidos en empresas con beneficios. Derogación de las reformas laborales implantadas desde el estallido de la crisis: 2010, 2012 y RD 3/2014.
3. Auditoría ciudadana de la deuda pública y privada para delimitar qué partes de éstas pueden ser consideradas ilegítimas para tomar medidas contra los responsables y declarar su impago. Reestructuración del resto de la deuda y derogación del artículo 135 de la Constitución española con el objetivo de garantizar los derechos sociales frente a los intereses de los acreedores y los tenedores de la deuda.
4. Reorientación de instituciones como el FROB y la SAREB para convertirlos en instrumentos dedicados a la recuperación de las ayudas públicas concedidas a la banca.
5. Tipificación del delito fiscal a partir de 50.000 euros de cuota defraudada y ampliación de los mecanismos y de los recursos destinados a su persecución.

REFERÉNDUM
6. Ampliación y extensión de la figura del referéndum vinculante, también para todas las decisiones sobre la forma de Estado y las relaciones a mantener entre los distintos pueblos si solicitaran el derecho de autodeterminación.

COMUNICACIÓN
7. Creación de medios públicos al servicio de los ciudadanos con una gestión democrática e independiente de los gobiernos de turno. Legislación destinada a instaurar una cuota mínima de medios públicos e independientes. Creación de una agencia de noticias europea independiente de estricto control democrático y ciudadano.

RELIGIÓN
8. Eliminación de los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, así como de los privilegios que se le conceden en materia educativa.

JUSTICIA
9. Fin de las políticas antiterroristas y de seguridad ciudadana que vulneren la libertad de expresión, los derechos de asociación, de manifestación y de protesta, y las garantías procesales que deben asegurarse para todas las personas.
10. Derecho a la justicia gratuita y con todas las garantías de acceso a la misma en condiciones de equidad.

HOMOSEXUALIDAD
11. Despatologización de todas las opciones sexuales e identidades de género no normativas y puesta en marcha de políticas destinadas a corregir la discriminación, por ejemplo garantizando el acceso al empleo público de las personas lgtbi (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales) en riesgo de exclusión social.

SANIDAD
12. Devolución al sector público de todos los centros y hospitales privatizados. Para ello se derogarán todas las leyes que permitieron esa privatización, y el RDL 16/2012 que cambió el modelo sanitario universal por otro de aseguramiento y resultó en la exclusión de diversos colectivos en razón de su situación administrativa, legal o laboral. Aumento de plantilla en la sanidad pública.
13. Contemplación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, libre y gratuita, dentro de la red pública. Garantía del derecho a una muerte digna.

EDUCACIÓN
14. Eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la modalidad de concertada, destinando el ahorro a la financiación y mejora de los centros públicos.

VIVIENDA
15. Consideración del suministro de luz, agua y calefacción como un derecho básico inalienable, que debe ser garantizado por parte de empresas públicas.

CULTURA
16. Reducción del IVA cultural del 21 al 4%. Control público encaminado a garantizar que los beneficios obtenidos por la difusión y distribución del arte nunca sean superiores a los del artista.

INMIGRACIÓN
17. Prohibición de los CIES. Anulación de los programas contra la inmigración FRONTEX y EUROSUR. Eliminación de las vallas fronterizas anti-persona y del SIVE. Fin de la política de externalización de fronteras. Fin a los vuelos o barcos de deportación de inmigrantes.

POLÍTICA EXTERIOR
18. Política de apoyo a la autodeterminación del Sáhara Occidental. Reconocimiento del Estado Palestino y exigencia de la devolución íntegra de los territorios ocupados por Israel. Referéndum vinculante sobre la salida de España de la OTAN.
19. Abandono del proceso de suscripción del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Apertura de un proceso de revisión sustancial de los Tratados de Libre Comercio con América Latina.

MEDIOAMBIENTE
20. Prohibición de la tauromaquia y del tráfico de especies exóticas o en peligro de extinción. Regulación de la caza mayor y de especies protegidas.