MADRID.- El magistrado emérito del Tribunal Supremo
José Antonio Martín Pallín considera que las grandes estafas financieras
deberían ser consideradas como crímenes contra la Humanidad, igual que
ya lo son otros delitos como asesinato, exterminio, tortura, violación o
prostitución forzada, entre otros muchos.
Esta fue una de las conclusiones alcanzadas por Martín Pallín en
el seminario contra la corrupción organizado por Transparencia
Internacional, en el que sostuvo que la mejor política criminal es la
preventiva, donde tiene un papel "esencial" la transparencia.
Además, considera que en la lucha contra la corrupción es muy
importante el papel de la Agencia Tributaria y el Banco de España y es
partidario de la implantación de un impuesto sobre aquellas
transacciones financieras al margen de los países de la Unión Europea
con un doble objetivo, disminuir los paraísos fiscales y generar
importantes recursos para fines fiscales.
El magistrado emérito del Tribunal Supremo ve imprescindible la
lucha contra los paraísos fiscales, para lo que es necesario luchar
contra el secreto bancario recurriendo al Código Penal y considerarlo
como un caso de obstrucción a la justicia para poder dictar orden de
búsqueda y captura.
Martín Pallín vería además como una medida necesaria "despiezar o
desglosar" los procesos judiciales para evitar el 'delito masa', como
sería el caso del juicio por el caso Malaya, en el que hay alrededor de
200 acusados. Este punto es compartido por otro de los ponentes del
seminario, el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, que reconoce que no
es posible abordar eficazmente los procesos judiciales masificados
contra la corrupción.
Luzón aboga por la creación de tribunales especializados en la
lucha contra la corrupción y la delincuencia económica porque, según
sostiene, la Audiencia Nacional no es un órgano especializado en este
tipo de delitos. Además, cree que es necesario delimitar el papel del
Ministerio Fiscal y suprimir las acusaciones particulares y la acusación
popular en muchos procedimientos contra la corrupción.
También intervino en el debate la catedrática de la UAM Silvina
Bacigalupo, quien puso el foco en la necesaria cooperación y
responsabilidad de la empresa en la prevención y detección de la
corrupción.
Por su parte, Roberto Jiménez, profesor titular de la Universidad
de Murcia, defendió medidas como una nueva ley del proceso penal, una
reforma de la fiscalía para garantizar su independencia, así como la del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la judicatura, reforzar las
sanciones por delitos de corrupción, reformar la ley del indulto o
reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, el profesor de la Universidad Carlos III José Antonio
Gómez Yáñez cree que casi todos los delitos de corrupción posibles
están tipificados en el Código Penal y leyes anexas, por lo que no cree
que la corrupción sea un problema de legislación insuficiente.
Para él, sí que existe una precariedad de medios en la justicia
para perseguir estos temas y, además, en España han fallado "casi todos
los controles" menos los jueces de primera instancia. A su juicio, el
problema radica en la organización de los partidos, por lo que plantea
una nueva legislación que regule la actividad interna de las formaciones
políticas.
El último ponente fue el comisario del Cuerpo Nacional de Policía
José Luis Olivera, quien advirtió de que muchas investigaciones se
inician más de dos años después del delito principal y, además, no
existe protección para testigos y denunciantes, quienes en muchos casos
acaban siendo también imputados.
