lunes, 21 de abril de 2014

Crece el número de familias italianas sin ingresos por desempleo

ROMA.- Más de un millón de familias italianas carecían de ingresos económicos por desempleo hacia finales de 2013, cifra superior en un 18 por ciento a la registrada en 2012, divulgó hoy el Instituto de Estadísticas (Istat). 

Según un estudio de esa entidad, los datos del año pasado duplican los correspondientes a 2011, lo cual indica un gran crecimiento del número de personas sin trabajo en el país.

Las zonas más afectadas por esta situación son el norte y el sur de esta nación y casi la mitad de los hogares perjudicados están conformados por parejas con hijos, destaca el informe.

En Italia, alrededor de ocho millones de individuos viven en el límite de la pobreza y el índice de desempleo supera el 12 por ciento, la tasa más alta de las últimas tres décadas, señala un reporte de la Oficina europea de estadísticas Eurostat.

Una investigación de ese organismo concluyó que la problemática afecta, fundamentalmente, a los jóvenes, sector con un 30 por ciento de desocupación.

El juez Silva fuerza retrasar su juicio al renunciar su abogado a última hora

MADRID.- El magistrado Elpidio José Silva ha intentado forzar hoy un aplazamiento de su juicio por prevaricación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al renunciar su abogado por sorpresa a última hora de la sesión de la vista, que proseguirá mañana.

El letrado del juez, Cándido Conde-Pumpido Varela, ha pedido la anulación del juicio pero, ante la negativa de los tres magistrados que componen el tribunal de la Sala Civil y Penal del TSJM, ha presentado su renuncia porque ha "fallado" a su cliente.
"Teniendo en cuenta que he fallado, no puedo más que decir que hay una disparidad de criterios y por lo tanto renuncio a la defensa", ha dicho el letrado después de lamentar que "parece que todo vale" y pedirle al tribunal que otorgue a Silva un plazo de 10 días para designar uno nuevo.
Fuentes jurídicas han señalado que las posibilidades procesales abiertas tras la renuncia del letrado de Silva "son muchas", y que habrá que esperar a mañana para ver por cuál se decanta el TSJM.
Mientras, el juez ha asegurado a su salida que se siente "atropellado e indefendido" por las decisiones de la sala y sus maneras "amenazantes" y ha advertido de que si no anula el juicio, se "reproducirá la renuncia legal" de su abogado.
El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, que dio origen a este procedimiento al interponer una querella contra Silva por un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia durante su investigación al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, ha denunciado que se trata de un "nuevo fraude de ley".
Los abogados de Blesa y Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE, que ejercen de acusación, han señalado, respectivamente, que se trata de una "pirueta absolutamente previsible" y un "insulto a la inteligencia".
El tribunal, que se había negado previamente a anular la vista porque, en palabras de su presidente, Arturo Beltrán, es "la más fuerte y rotunda de las resoluciones que se pueden tomar para solucionar un problema" cuando no existen "otras alternativas", ha acordado retomar mañana el juicio para resolver esta cuestión.
La sesión de hoy ha comenzado con la lectura de los escritos de acusación de la Fiscalía, que reclama 30 años de inhabilitación, y de los abogados Carlos Aguilar y Nicolás González-Cuéllar, que representan a Blesa y Díaz Ferrán y que piden 43 años de inhabilitación y 24, respectivamente.
Posteriormente, la defensa de Silva había reclamado la nulidad del auto por el que se señaló la fecha del juicio y se acordaba la prueba a practicar en el mismo, dado que dos de los tres magistrados que componían inicialmente el tribunal aceptaron la recusación por haber participado en la instrucción.
Según su escrito, concurren hasta cinco causas de nulidad, entre ellas la existencia de ese motivo de recusación, que "provoca una evidente indefensión" a su representado "al producirse una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva".
Según el letrado, la actuación del TSJM "solo puede ser explicada por las prisas existentes" de juzgar a su defendido "antes de las elecciones europeas a las que es candidato y con un claro ánimo de influir en dicho proceso electoral".
"Resulta evidente que de no haber sido el señor Blesa el objeto de la investigación judicial, el magistrado jamás se habría visto sometido a un proceso por prevaricación", resalta el escrito, en el que critica además que no dejaran acceder a su cliente a los correos corporativos que él mismo ordenó incautar a Miguel Blesa.
Por último, el letrado señala la falta de competencia del tribunal para enjuiciar a Silva, que se encuentra en situación de excedencia y apartado cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial, ya que por ello no tiene aforamiento y, de tenerlo, renunciaría a él para ser juzgado por un tribunal ordinario.
Motivos todos ellos a los que se han opuesto el fiscal y las acusaciones y que ha compartido el tribunal, cuyo presidente ha recordado que los dos magistrados recusados aceptaron ser apartados y que su decisión de concurrir a las elecciones fue posterior a la apertura del juicio.
La sala también ha rechazado permitir a Silva, que ha negado "todas y cada una de las imputaciones" que pesan sobre él, ausentarse de las sesiones por estar inmerso en la preparación de la campaña electoral de los comicios europeos del 25 de mayo.

El juez Silva denuncia que su juicio es "manifiestamente ilegal" y pedirá su nulidad

MADRID.- El magistrado Elpidio José Silva ha denunciado hoy que la vista en la que se le empezará a juzgar hoy por haber presuntamente prevaricado durante su investigación a Miguel Blesa es "manifiestamente ilegal", por lo que reclamará su nulidad.

Silva ha hecho estas declaraciones a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) minutos antes de que arranque el juicio en la Sala Civil y Penal, donde está previsto que hoy se debatan las cuestiones previas.
El hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid ha asegurado estar "tranquilo" porque se trata de una "patraña" que atenta contra sus "derechos fundamentales" y "libertades" de cara a su candidatura en las próximas elecciones como cabeza de lista del Movimiento Red.
Para Silva, el auto con el que el TSJM acordó las pruebas a practicar en esta vista, así como su calendario, es nulo porque dos de sus magistrados aceptaron la recusación que planteó por haber participado en la instrucción de la querella que interpuso contra él la Fiscalía.
"El auto es nulo y lo sabe el tribunal; el juicio es nulo y también lo sabe el tribunal: es un juicio manifiestamente ilegal", ha resaltado.
Su abogado, Cándido Conde Pumpido Varela, ha añadido que el juicio debe suspenderse y los magistrados que componen el tribunal tienen que fijar una nueva fecha.
Los dos magistrados recusados eran el presidente de la Sala de lo Civil y Penal Francisco Javier Viera y Susana Polo, con lo que ahora el tribunal está compuesto por Arturo Beltrán, Eduardo Urbina y María Tardón.
De no suspenderse, mañana deberá declarar como acusado Silva y, el miércoles, Blesa y su abogado, Carlos Aguilar.
Silva, acusado de un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia, se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de 30 años de inhabilitación, que la defensa de Blesa eleva a 43 y la del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán deja en 24.

Bárcenas sobre cajas B regionales: "suponíamos que en todos los sitios tenían"

MADRID.- El extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas reconoció ante el juez de la Audiencia Nacional que su formación disponía de 'caja B' en "todas las provincias y regiones" que se destinaba a la financiación de las campañas electorales. "Suponíamos que en todos los sitios tenían", dijo en su declaración del pasado 10 de abril, para añadir: "Ni supervisábamos ni queríamos saber".
 
   Respecto a los cargos encargados de gestiones estas 'cajas', Bárcenas indicó que normalmente las llevaba "el secretario regional del partido en cada sitio, y el tesorero del partido".
 "Vamos a ver... la realidad es que en cualquier provincia, en cualquier región de cualquier partido hay donaciones, especialmente cuando son campañas de índole municipal y autonómica", agregó, según refleja la transcripción íntegra de su declaración.
   "Eso se plantea en todos los niveles de la organización. Se plantea a nivel nacional y eso sirve para que la campaña nacional tenga un plus de fondos que se pueden dedicar a determinadas acciones y se plantea en las sedes provinciales y las sedes autonómicas con un criterio similar en las campañas que les afectan a ellos", agregó.
   "No se salva ningún partido, absolutamente ninguno", apuntó y explicó que hay gente que "sencillamente quiere colaborar con las personas que se presentan a las elecciones y contribuir a las campañas".
   El extesorero se refirió a la existencia de esta contabilidad opaca en las sedes regionales 'populares' en respuesta a las preguntas formuladas por las fiscales Anticorrupción Concepción Nicolás y Concepción Sabadell.
   "Por lo que usted sabía, por lo que a usted le constaba, las sedes regionales y en las sedes provinciales también debía de llevarse una contabilidad o unos papeles semejantes a los suyos, ¿es así?", preguntó Anticorrupción, a lo que Bárcenas contestó: "Así es".
   El extesorero explicó que las distintas cajas existían porque "en todos los sitios hay donantes".
 "Hay una campaña en Cáceres o en Badajoz, y hay un señor empresario que quiere aportar dinero para esa campaña, y eso pasa absolutamente en todas las provincias, entonces somos conscientes o éramos conscientes de que eso sucedía así, pero no interveníamos en nada de eso".
Durante el interrogatorio de cinco horas de duración, Bárcenas se refirió también a los poderes que el PP le confirió tras ser nombrado primero como gerente y después como tesorero del partido. "Yo los poderes que he tenido siempre, y hasta que se me nombra en junio de 2008 tesorero del partido, son poderes específicos para contratación y para temas relacionados con la gestión de recursos humanos", indicó.
   Según su versión, pasó a tener poderes que le permitían disponer de las cuentas corrientes cuando se le nombra tesorero en el congreso de junio del 2008 y dejó de disponer de ellos en el mes de marzo de 2010.
   Esta afirmación se contradice con la declaración prestada el pasado mes de agosto por la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, que aseguró que el partido le retiró el apoderamiento en octubre de 2009.
   "Yo esa afirmación la he oído, y es posible evidentemente, pero revocar el poder si no se le comunica a la persona que tiene el poder... hombre, es una barbaridad", aseguró el extesorero que indicó que nunca se le comunicó la retirada del apoderamiento.
   "Si ese poder estaba revocado, yo he seguido firmando en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, en teoría sin tener poder. El poder no basta con revocarlo, sino que hay que entregarlo a los bancos para que sepan que el poder está revocado. Si esta señora revocó mis poderes en octubre de 2009, y no se lo comunica al revocado, y no lo comunica a las entidades bancarias... no sé qué figura es esa, pero yo habría estado actuando sin apoderamiento", agregó.
   El juez Ruz dió el pasado día 15 cinco días de plazo al PP para que aporte la totalidad de las escrituras que ha venido otorgando desde 2007 a favor del extesorero para actuar en dicha condición y en la de gerente. Trata de acreditar la eventual "responsabilidad tributaria que pudiera alcanzar" la formación política.

Condenan a España por ordenar la expulsión de 30 saharauis sin ver su demanda

ESTRASBURGO.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España por ordenar la expulsión de treinta inmigrantes saharauis sin haber concluido el examen de sus demandas de asilo.

Los demandantes llegaron en patera a Fuerteventura entre enero de 2011 y agosto de 2012, tras huir del campamento de Gdeim Izik, a 12 kilómetros de El Aaiún (Sáhara Occidental), que había sido desmantelado por la Policía marroquí.
A su llegada pidieron protección internacional ante el temor a sufrir tratos inhumanos si eran devueltos a Marruecos, pero esta fue rechazada por el Ministerio del Interior, que ordenó una expulsión que finalmente no se produjo.
Interior calificó sus alegaciones de "contradictorias e insuficientes", mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) señaló que eran "coherentes" y los "indicios suficientes" para aceptarlas.
Los demandantes, representados por los abogados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), presentaron recursos contencioso-administrativos contra las órdenes de expulsión y solicitaron su suspensión hasta que se examinaran, pero la Audiencia Nacional denegó esa solicitud.
Sólo la aplicación de las medidas provisionales de la Corte europea, a la que acudieron entre enero de 2011 y octubre de 2012, impidió que se ejecutaran las expulsiones.
Esas medidas implican que el TEDH solicite la interrupción temporal de la orden y, sin las mismas, según Estrasburgo, "los demandantes hubieran sido expulsados a Marruecos sin que el fondo de sus recursos fuera objeto de un examen tan riguroso y rápido como fuera posible".
La sentencia de hoy mantiene que el procedimiento por el que los saharauis pidieron en España la suspensión de las expulsiones no les permitió aportar información precisa sobre los riesgos que corrían.
El fallo concluye que España vulneró el artículo 13 (Derecho a un recurso efectivo), combinado con los artículos 2 (Derecho a la vida) y 3 (Prohibición de tratos inhumanos o degradantes) del Convenio Europeo de Derechos humanos.
La sentencia recuerda igualmente que los tribunales nacionales "tienen que demostrar una diligencia y prontitud particular y decidir sobre el fondo en plazos breves", porque si no es así, "el recurso perdería su eficacia".
Y en aplicación del artículo 46 del Convenio, estima que el Gobierno "debe garantizar, jurídica y materialmente, el mantenimiento de los demandantes en territorio español durante el examen de sus causas", que sigue abierto.

Denuncian al Rey y a Felipe González por supuesta cooperación en un delito de rebelión

MADRID.- El partido político ‘Soberanía’, presidido por el célebre abogado José Luis Mazón Costa, ha denunciado ante el Juzgado Central de Instrucción nº 1 al ex presidente del Gobierno, Felipe González Márquez, y al rey Juan Carlos de Borbón y Borbón por su cooperación –“ hasta ahora secreta”-, por hechos que pueden ser constitutivos de cooperación en un delito de rebelión acaecida el 23 de febrero de 1981, según consta en la denuncia, ahora transformada en querella, tras la admisión por el juez Santiago Pedraz.

En un auto fechado el pasado 8 de abril, el juez central nº 1 de la Audiencia Nacional, registró la querella interpuesta por el citado partido politico contra la trama civil oculta del 23-F;  Pedraz, sin entrar a valorar aun los hechos, asegura que por lo demás la querella reúne los requisitos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Inicialmente Soberanía presentó denuncia, que luego transformó en querella, sobre la cual resuelve ordenando su tramitación el auto del juez Pedraz.
Las diligencias de la querella por la trama oculta del 23-F objeto de querella han sido registradas bajo el número 28 del año 2014.
La denuncia contra Felipe González lo es por “presunto cooperador necesario, quien estaba o figuraba en la lista del nuevo gobierno que iba a salir del golpe militar, en calidad de vicepresidente, según se publica en la información histórica contenida en el libro de Pilar Urbano, cuyos datos extracta en una entrevista elmundo.es”
Según “las mismas informaciones verosímiles publicadas”, Juan Carlos de Borbón y Borbón, rey de España, “era el verdadero jefe, el cerebro visible del golpe militar frustrado que dirigió el general Armada”.
La denuncia agrega que al gozar el rey de inviolabilidad, “será citado en calidad de testigo, para cooperar en el esclarecimiento de los hechos. Si no es que se interpreta que la inviolabilidad constitucional no puede amparar la participación de un jefe de Estado en un golpe de Estado”.
La circunstancia de ‘Soberanía’ considera que si “el delito podría estar prescrito no es óbice para la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Y se citan como ejemplos el procedimiento seguido contra Baltasar Garzón Real ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los patrocinios de los cursos de Nueva York, en donde el instructor señor Marchena concluyó una investigación que luego declaró prescrita por unos hechos que ya estaban establecidos desde el comienzo de la investigación”.
“La posible implicación de Felipe González Márquez en el golpe militar como cooperador necesario dcl general Armada a la hora de dar su consentimiento a la integración en la lista del nuevo gobierno que, como consecuencia del golpe militar, iba a sustituir al que hasta entonces presidía Adolfo Suárez, reclama una investigación que impone el principio de legalidad penal en relación al artículo 23.1 de la Constitución, el cual garantiza la democracia y el derecho de los ciudadanos a la participación en el poder político, lo que combinado con el precepto penal del delito de rebelión, exige un esclarecimiento de los hechos. Y la respuesta a la pregunta ¿dio su consentimiento el denunciado Felipe González a la participación en el gobierno opuesto por el general Armada, donde aparecía como vicepresidente?”, se dice en otro de los párrafos de la denuncia.
La denuncia pide que se llame a González a declarar como testigo, “ y de aparecer evidencias de su colaboración con el golpe militar del 23 F, que ahora son indicios o sospechas, se hiciera en calidad de imputado con independencia de que de hallarse el delito prescrito acudiría con la tranquilidad de no poder ser castigado en caso de responsabilidad de cooperador necesario en los planes del general Armada quien a su vez ejecutaba según las informaciones publicadas la voluntad del rey de España, que también debe de prestar su testimonio en calidad de testigo de no ser posible la interpretación del articulo 56.3 de la Constitución (inviolabilidad del rey) en el sentido de que dicha inviolabilidad no le protege frente a actos tan fuera de sus funciones como planificar un golpe de Estado acabando con un gobierno democrático para imponer otro de su libre configuración”.
La denuncia se apoya en “una completa credibilidad tanto por provenir de una periodista, Pilar Urbano, tradicionalmente ligada al Palacio de la Zarzuela, como por el medio que la publica, el diario ‘El Mundo’. El alegato final de la denuncia de ‘Soberanía’, reza así: “Y si la Justicia de ahora no investiga estos hechos, otra Justicia vendrá que lo hará, ya liberada de la hipoteca del régimen monárquico bipartidista que tan gran estafa ha cometido contra el pueblo. cooperando en un golpe militar del que se nos presentaban como los salvadores”.
La querella recoge el siguiente párrafo:
"Básicamente el juicio del 23-F fue cerrado en falso y constituyó una gran estafa al conjunto del pueblo español. Ahora se  ha descubierto que hubo una trama civil que pasó desapercibida y resultó impune, porque la integraban personajes muy importantes del régimen bipartidista y su ocultación fue a su vez favorecida por el propio Rey que tenía interés en que no se supiera que había pasado en realidad en el golpe de Estado del 23F donde él mismo era uno de los personajes principales ocultos tras la cortina que se ha caído al cumplir la edad de Cristo, los 33 años, el tiempo máximo que aguanta en España un gran fraude institucional, una gran mentira al pueblo español".

Los derechos humanos en los países que visitó el rey Juan Carlos / Antonio Maestre

La visita del rey a Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Kuwait vuelve a poner de manifiesto la connivencia de España y su jefe de Estado con los países del Golfo, que no se caracterizan por el respeto a los derechos humanos y la existencia de unos valores democráticos mínimamente aceptables. La ficha de los Emiratos Árabes Unidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores tan sólo dedica un pequeño párrafo a la situación democrática del emirato.
“En cuanto a los derechos sociales y las libertades públicas, el índice de libertad económica que elabora The Wall Street Journal y la Heritage Foundation califica al país como 'moderadamente libre' (2011). Los partidos políticos no están permitidos y tampoco las organizaciones de carácter sindical, aunque sí se permiten las asociaciones de asistencia o de interés cultural, así como de 'hombres de negocios'”
La escasa información sobre derechos humanos y el respeto a los valores democráticos que proporciona el Ministerio de Asuntos Exteriores se reduce a informar sobre la libertad económica, ya que alude al índice de la Heritage Foundation que se dedica a este propósito. La información facilitada por el ministerio contrasta con la realidad que vive el país que el rey ha visitado por segunda vez, tras la visita del monarca español en 2008.

El 19 de marzo de 2014, Amnistía Internacional realizaba una denuncia por la violación de los derechos humanos en Emiratos Árabes Unidos. Un jóven activista fue detenido por criticar en las redes sociales el trato que el régimen del emirato daba a su padre, preso político, y a otros presos en su condición. No ha pasado ni un mes de esa denuncia y el rey ha visitado el país árabe acompañado de miembros del Gobierno y multitud de empresarios.

Osama Al Najjar es un joven de 25 años que se licenció en Arquitectura en Australia. El 17 de marzo varios agentes del servicio de seguridad fueron a su casa y se lo llevaron detenido junto a todo el material informático del que disponía. El delito fue la publicación de varios mensajes en Twitter denunciando la situación de su padre, preso político en la cárcel de Al Razeen. Amnistía Internacional denuncia el riesgo de torturas que corre Osama Al Najjar. El padre de Osama es Hussain Ali Alnajjar, de profesión Físico, que fue condenado a 10 años de cárcel en el proceso que fue llamado de los 94 emiratíes

Según Amnistía Internacional, “se negó a los acusados el acceso a abogados durante su detención en régimen de incomunicación en espera de juicio; se recluyó a todos en secreto, en algunos casos por periodos de hasta un año, y muchos dijeron al juez que habían sido sometidos a tortura; se admitieron como prueba de su culpabilidad “confesiones” obtenidas presuntamente durante su reclusión en secreto, y se negó a todos el derecho a interponer un recurso contra la sentencia, lo que vulnera las normas internacionales de derechos humanos”.

Este caso no es excepcional. Según el informe anual de Amnistía Internacional del año 2013, otras seis personas fueron condenadas por publicar contenidos en las redes sociales, se condenó a muerte a 21 personas y la discriminación contra las mujeres y los migrantes es uno de los grandes problemas del emirato de Shaij Jalifa bin Zayed al Nahyan.

Los derechos de la mujer en Emiratos Árabes Unidos
 
El pasado mes de julio, Marte Deborah Dalelv, una jóven noruega de 24 años, fue condenada en Dubai a un año y medio de prisión por mantener relaciones fuera del matrimonio y por consumir alcohol tras ser violada. La reacción internacional en general, y del Gobierno noruego en particular, consiguió que la sentencia finalmente fuera revocada. Pero las mujeres del emirato no tienen el apoyo de gobiernos extranjeros, lógicamente tampoco del español, como la visita del rey a EUA demuestra.

La nula información que el Ministerio de Asuntos Exteriores proporciona en la ficha de la oficina diplomática con respecto a la situación de la mujer en Emiratos Arabes Unidos se contradice con las recomendaciones de viaje que la embajada española en el país del Golfo proporciona a las mujeres que quieran viajar allí.

“Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son ilegales, independientemente del tipo de relación que tenga con su pareja en España (por ejemplo, si son pareja de hecho, figura jurídica no reconocida en los EAU). La cohabitación, incluso en hoteles internacionales, también es ilegal. Si queda embarazada fuera del matrimonio, tanto usted como su pareja se enfrentan a la posibilidad de penas de cárcel”.

Una de las recomendaciones de la embajada de Emiratos Arabes Unidos trata sobre el modo de comportarse de manera correcta en el emirato para evitar acoso y problemas legales.

“Hay constancia de que se han producido incidentes de acoso por parte de taxistas y, en más de una ocasión, ataques a mujeres extranjeras que caminaban solas por los pasos subterráneos en la Corniche de Abu Dhabi. Las ciudadanas extranjeras deben tener siempre presentes las diferencias culturales y entender que algunas actitudes (involuntarias o no) pueden ser malinterpretadas. Por ello, debe evitarse sentarse en el asiento delantero de un taxi y debe comprenderse que, en ocasiones, las conversaciones, el exceso de amabilidad o las simpatías hacia un conductor pueden ser interpretadas por parte de algunos taxistas como una proposición”.

Los casos de violaciones de los derechos humanos en el emirato son continuos. En el año 2005, una mujer fue condenada a recibir 150 latigazos por adulterio. En el año 2010, dos años después de la primera visita del rey Juan Carlos a EAU, una mujer australiana de 27 años fue condenada a un año de cárcel tras ser violada salvajemente por tres hombres en un hotel en Fujairah. La tolerancia del emirato con las violaciones y la criminalización de las mujeres que lo sufren es una seña de identidad del país del Golfo Pérsico.

Los derechos de los homosexuales y los transexuales son los propios de un régimen que se rige con una ley islamista y reaccionaria. Las relaciones entre personas del mismo sexo conllevan penas de entre 1 y 5 años de cárcel. El travestismo es ilegal y también conlleva penas de cárcel.

Un grupo de españoles son expulsados de Marruecos tras prohibirles entrar al Sáhara

RABAT.- Cuatro españoles se encuentran en el aeropuerto de Marraquech a la espera de ser expulsados esta tarde del país, después de que las autoridades marroquíes les prohibieran la semana pasada entrar en el Sáhara Occidental.

Según Raúl Ramos, integrante del grupo que pertenece a la Brigada Solidaria Aragón-Sáhara, ayer por la tarde la Policía marroquí se presentó en el apartamento en el que estaban (y que pertenece a unos estudiantes saharauis que les ofrecieron alojamiento) y les obligó a recoger sus cosas para dirigirse al aeropuerto.
"Nos dijeron que íbamos a ser expulsados del país", explicó Ramos.
El grupo, que tenía su vuelo de regreso a España para el próximo miércoles, ha pasado toda la noche y la mañana de hoy en el aeropuerto sin que nadie les facilitase información.
"Nos mandan de un lado a otro y nos echan de todas partes del aeropuerto. Ahora nos acaban de decir que por la tarde probablemente nos iremos en un vuelo a Barcelona o Gerona", comentó Ramos, quien añadió que tampoco se les ha informado si deberán pagar el billete de vuelta.
A estos cuatro españoles, Raúl Ramón, Laura Soteras, Diego Marín e Irene Bailo, que tenían la intención de viajar a El Aaiún, capital del Sáhara Occidental, para recoger testimonios de los saharauis en este territorio, se les prohibió la entrada a la ciudad el pasado miércoles y se les introdujo en un autobús hasta una ciudad cercana a Agadir, en el sur del país.
Tras pasar un par de noches en Agadir, el viernes pasado los activistas decidieron viajar a la ciudad marroquí de Tantán, donde vive población saharaui, pero también se les prohibió el acceso y fueron reenviados a Agadir, desde donde se dirigieron a Marraquech.
Desde hace más de una semana, las autoridades están prohibiendo la entrada casi de forma sistemática a los extranjeros que intentan entrar al Sáhara Occidental con el argumento de que llegan para "crear agitación en las calles" y "por tener opiniones parciales y posicionarse con una sola parte" del conflicto.
Estas expulsiones se producen cuando el Consejo de Seguridad tiene previsto votar una resolución este miércoles para prorrogar la misión de la ONU en el Sáhara Occidental (Minurso), cuyo mandato vence a final de mes, y Marruecos se encuentra inmerso en una campaña para explicar sus avances en materia de derechos humanos en esta zona.