jueves, 20 de junio de 2013

Vicente Gimeno: “La corrupción política puede acabar generando auténticas mafias”

MADRID.- "La corrupción política en España podría acabar generando la aparición de auténticas mafias". Esta es la advertencia que ha lanzado este jueves Vicente Gimeno Sendra, magistrado emérito del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Procesal de la UNED en el marco de la jornada La corrupción política. Propuesta de medidas legislativas impulsada por el Consejo General de la Abogacía Española.

 “El alcalde de Polop fue asesinado por intereses urbanísticos”, ha ejemplificado, pese a que el crimen de Alejandro Ponsoda aún permanece sin resolver. El motivo de la expansión de la corrupción, que en casi una década ha alcanzado 800 casos y 2.000 denuncias es, a juicio de Gimeno, la desaforada expansión urbanística de los años de bonanza económica.
Gimeno ha participado en la jornada con el también catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y exletrado del Constitucional Joan Queralt Jiménez. Ambos han propuesto una batería de medidas legislativas para frenar la corrupción. Queralt ha sugerido que se apliquen penas de inhabilitación para volver a ejercer un cargo público en detrimento de las privativas de libertad. “Hay que dar donde duele”, ha aseverado.
El catedrático ha reconocido que hace falta una reacción más enérgica de la magistratura para combatir este tipo de delitos, pero ha admitido que actualmente no hay herramientas suficientes ya que la justicia se encuentra anquilosada. “Los procesos penales son eternos y generan la sensación de impunidad en la sociedad”.
Gimeno ha señalado la necesidad de modificar la manera en que los partidos se financian para evitar que se produzcan casos de donaciones irregulares, como ha ocurrido con las supuestas que conformaron una contabilidad en b al PP que se investigan dentro del caso Bárcenas. Para evitarlo, se ha mostrado partidario de que el cien por cien de los ingresos de un partido provengan de los Presupuestos Generales del Estado, y que se les prohíba recibir dinero de donaciones y de cuotas de socios. “Prefiero que me suba los impuestos si sé que van a terminar con este problema”.
En su intervención, el magistrado emérito ha insistido en que la corrupción política ha aflorado demasiado en las comunidades del Mediterráneo desde que estallara hace siete años el caso Malaya en Marbella. “Solo en el Parlamento valenciano hay 10 imputados por corrupción, podrían hacer un partido propio”, ha bromeado. A su juicio, no sobran funcionarios en la Administración, pero sí “políticos de lujo", asesores y cargos duplicados. “La mayoría de los políticos son honestos y trabajadores, pero deben purgarse a sí mismos”.
También ha achacado el ingente número de casos en España al anquilosamiento de la Justicia por la escasa inversión del Gobierno en el poder judicial y su consiguiente atasco. “En España hay un juez por cada 100.000 habitantes y un político por cada 300”, ha reprochado. "Se ha recortado un 20% a Justicia en los Presupuestos, eliminado un 80% de jueces sustitutos y tres unidades de policía judicial en Costa del Sol, Mallorca y Levante", ha completado Queralt.
Incrementar las partidas para el poder judicial o el autogobierno de la magistratura o establecer un servicio informático único que permita a jueces de diferentes autonomías comunicarse han sido otras medidas que ha citado como posible solución para agilizar la justicia, un aspecto clave a la hora de combatir la corrupción. "El tiempo medio desde que se inicia una instrucción hasta que sale la sentencia es de cinco años, es intolerable", ha recalcado Queral.
Gimeno también ha citado revisar el aforamiento para que un imputado no puede acogerse a esa condición si el delito fue cometido antes de su mandato o permitir a los jueces de lo contencioso administrativo dictar licencias de urbanismo para evitar sobornos.

El juez Silva deja a Blesa en libertad

MADRID.- El juez de Instrucción nº 9 de Madrid, Elpidio José Silva, ha decretado este jueves la puesta en libertad del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa tras la petición realizada hace unas horas por la Fiscalía y su abogado defensor. Blesa ha permanecido en prisión quince días desde que volviera a la cárcel por segunda vez el pasado 5 de junio.

   A primera hora de esta tarde, el abogado del exbanquero, Carlos Aguilar, llegaba a la prisión en Soto del Real con el auto y el mandamiento de libertad, han señalado hoy fuentes jurídicas.
   A las puertas de la prisión el letrado ha manifestado a los medios de comunicación congregados en el lugar que estaba parcialmente satisfecho con la puesta en libertad de su cliente ya que ha permanecido varias semanas de manera "injusta" en prisión y esta circunstancia es difícilmente reparable. Todavía no ha decidido si adoptará medidas contra el instructor del caso.
   La decisión se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulara este miércoles las actuaciones derivadas de la investigación sobre el préstamo de 26,6 millones de euros concedido al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero de la entidad.
   Entre ellas, ha quedado así anulada la resolución por la que se le impuso una fianza de 2,5 millones para poder eludir la cárcel la primera ocasión en la que se acordó su ingreso. Entonces, Blesa pagó la caución en menos de 24 horas y salió a la calle el pasado 17 de mayo, una fianza que tiene derecho a recuperar, según las fuentes consultadas.
   Aunque Blesa se encuentra en prisión desde el pasado 5 de junio en relación con una pieza separada de esta causa -por la venta del City National Bank de Florida-, tanto la Fiscalía como su defensa solicitaron esta mañana su excarcelación al considerar que era obligada tras la nulidad de la pieza principal.
   La Audiencia de Madrid anuló este procedimiento por considerar que el juez Elpidio José Silva, que rechazó inicialmente la querella que originó las actuaciones, lo había reabierto meses después sin un soporte probatorio suficiente. El auto añadía que se atentó además  contra el derecho a la intimidad y al secreto de comunicaciones tanto de Blesa como de Díaz Ferrán al ordenar tener acceso al contenido de sus correos electrónicos.
   En el escrito presentado por el Ministerio Público ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid se solicitaba la puesta en libertad por la "falta de validez de los nuevos elementos probatorios" invocados por el juez Silva para justificar el ingreso en prisión de Blesa y por la "falta de legitimación" de Manos Limpias que ejerce la acusación y solicitó la medida cautelar de la prisión provisional.
   El sindicato Manos Limpias, que ha ejercido la acusación en el 'caso Blesa', ha adelantado que plantea llegar hasta el Tribunal Supremo para que se reabra la investigación contra "una pareja --en referencia a Blesa y Gerardo Díaz Ferrán-- que se ha llevado por delante tres líneas aéreas, un baluarte del turismo español y la cuarta entidad financiera" del país.
   El juez Silva acordó en noviembre pasado reabrir las actuaciones que se incoaron después de que Manos Limpias presentara una querella contra Blesa y Díaz Ferrán que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó acumular a la causa abierta por la fusión y salida a Bolsa de Bankia. Imputa a ambos  delitos societarios y falsedad documental.
   Manos Limpias acusa al que fuera presidente de Caja Madrid de conceder un crédito doloso por importe de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un 'holding' empresarial que se encontraba en quiebra".
   El juez Fernando Andreu rechazó la admisión a trámite de este asunto argumentado que el sindicato presentaba los hechos que serían objeto de investigación "de una forma muy genérica y sin ninguna concreción", pretendiendo la ampliación del procedimiento "a cuestiones que no le son conexas, ni objetiva ni subjetivamente".