El juez Elpidio Silva condenado a 17,5 años de inhabilitación por prevaricación continuada

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido condenar al juez Elpidio Silva a 17 años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada en concurso con dos delitos contra las garantías constitucionales por la indebida privación de libertad de Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán.

La condena, que conlleva la expulsión de Silva de la carrera judicial, ha sido adoptada por dos votos frentea uno por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM. El presidente del tribunal, Arturo Beltrán, ha formulado un voto discrepante al ser partidario de su absolución.

La Fiscalía solicitaba contra Silva 30 años de inhabilitación y una multa de 10.800 euros.

El propio Miguel Blesa y su abogado, Carlos Aguilar, como acusación particular contra Silva ataron su inhabilitación durante 43 años y 18.900 euros de multa.

El ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, también personado como acusación particular, pidió para Silva una condena de 24 años de inhabilitación y que además le indemnice con 50.000.

En su escrito de acusación la Fiscalía calificaba el proceder de Silva como "absolutamente irregular y contrario a cualquier interpretación posible en Derecho" en la investigación al ex presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

A su parecer, Silva reabrió injustificadamente la causa en la que investigaba la concesión de un crédito de 26,6 millones por parte de Caja Madrid al Grupo Marsans más de dos años después de haberla archivado, sin que hubiera aparecido ningún dato nuevo que lo justificase y "sin sustentar dicha decisión en la más mínima motivación jurídica".

Para el fiscal, el propósito de Silva era iniciar una investigación general y prospectiva sobre Blesa, al que encarceló dos veces sin base jurídica. De hecho, la Audiencia de Madrid revocó todas las decisiones del magistrado.

El TSJM acordó el pasado enero la apertura de juicio oral contra Silva por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual de Blesa, a quien envió dos veces a prisión con apenas quince días de diferencia, durante la investigación de un crédito de 26,6 millones que la caja madrileña concedió al ex jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán y sobre la compra del City National Bank de Florida.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó en febrero suspenderle cautelarmente de sus funciones hasta que hubiese sentencia o se archivase el proceso penal.

El ex presidente de Caja Madrid declaró que el juez tenía la "decidida intención" de enviarle a prisión y actuó con "animadversión y alevosía" en el procedimiento que abrió contra él, al tiempo que denunció que su "proceder prevaricador" le causó a él y su familia un "perjuicio moral difícilmente reparable".

Silva consiguió paralizar su juicio tras recusar a la magistrada María Tardón por su antigua pertenencia a la asamblea general de Caja Madrid.

El nuevo juicio comenzó el pasado 7 de julio y Silva nuevamente intentó suspenderlo con la interposición de una demanda contra el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, pero el Tribunal Superior lo desestimó.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha adjudicado hoy mismo a la magistrada Esperanza Collazos Chamorro la plaza del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid tras conocerse la condena de su titular, Elpidio José Silva, a 17 años de inhabilitación por el caso Blesa.

Hasta ahora, la magistrada se encontraba adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y había tenido sus últimos destinos en los Juzgados de Instrucción 32 y 20 de la capital, según fuentes del CGPJ.

La Comisión Permanente del CGPJ ha acordado hoy adjudicar "en propiedad" el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid a la magistrada Esperanza Collazos Chamorro, que será su nueva titular después de que Silva "haya sido declarado en la situación administrativa de excedencia voluntaria tras no resultar elegido en las elecciones al Parlamento Europeo y no solicitar el reingreso al servicio activo".

El voto particular

El magistrado Arturo Beltrán, miembro del tribunal que ha condenado a 17 años y medio de inhabilitación a Silva, ha emitido un voto particular discrepante en el que se muestra a favor de su absolución y compara el encarcelamiento del banquero Miguel Blesa con otros casos polémicos, como fue la prisión del ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio o la fuga del antiguo director general de la Guardia Civil Luis Roldán.

    El presidente del tribunal explica que la decisión sobre la libertad o prisión de una persona "no es nada fácil" y conlleva un análisis de riesgos. "Hace años nadie pudo presumir que el fugado más famoso de España fuera un Director General de la Guardia Civil", ha expuesto.

   Según argumenta, son "centenares" las veces que cada mes los tribunales de apelación acuerdan la libertad provisional de quien ha recurrido la prisión preventiva, sin que se imponga ninguna consecuencia penal para el instructor que la acordó. Recuerda además que las explicaciones de Blesa eran "endebles" y le envolvían cada vez más en su propia "tela de araña".

   Beltrán reconoce las "irregularidades" cometidas por Silva, aunque precisa que si una conducta, "por deplorable que sea, puede explicarse al margen del derecho penal, la conclusión es que debe dictarse sentencia absolutoria".

   Cree que el hecho de que Silva se sirviera de la Wikipedia para reabrir la causa contra Blesa "puede ser signo de comodidad, ajeno a la prevaricación".

 "La crisis económica, la gestión politizada y poco profesional de muchas cajas de ahorro, las inversiones en obras absurdas, el dinero derrochado etc. eran ya entonces hechos notorios", añade.

   Reconoce que el juez Silva amplió "con desmesura" el objeto de la investigación --inicialmente centrada en un préstamo a Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida-- pero defiende que está en su derecho.

   De hecho, dice, casi todas las investigaciones relacionadas con la gran delincuencia económica o la corrupción se han iniciado por "pequeñas corruptelas o por denuncias sobre hechos muy limitados y luego se han ido ampliando hasta el gigantismo".

    Eso sí, cree que el acusado cometió un "error y una contradicción" al no decir desde el principio con claridad que había cambiado el objeto del proceso y, por ello, llevaba a cabo una investigación exhaustiva.

   A su entender, la sustitución de autos por providencias es una "práctica viciosa muy extendida" en la Justicia, así como son frecuentes las resoluciones "sin fundamento" sin que se incoen causas por prevaricación contra sus autores. La tardanza de meses en resolver recursos, como hacía Silva, es "indeseable" pero tampoco suficiente, a su juicio, para condenarle.

   El magistrado recuerda también que el Ministerio Fiscal supervisó el proceso de Silva. "Se hace difícil pensar que alguien así percibiera con claridad como delictiva la conducta del juez y no la combatiera", concluye.

Opinión de Silva

El juez Elpidio José Silva ha calificado como un "éxito" la sentencia en la que se le condena a 17 años y medio de inhabilitación por prevaricación continuada en el 'caso Blesa' al entender que el voto particular discrepante emitido por el presidente del tribunal "quiebra la condena".

Silva, que ha abierto un despacho de abogados, ha afirmado en declaraciones a Cuatro, que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pone de manifiesto la "fisura tan profunda del aparato judicial".

"El presidente del tribunal, con más experiencia, ha dicho que aquí no hay nada", ha añadido.

  A su juicio, los correos electrónicos corporativos del ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa evidencian su "gestión funesta" y que su utilización era para fines "íntimos y particulares".

   En su cuenta de Twitter, Silva ha destacado que el delito de prevaricación debe ser claro y no caben interpretaciones. "La prevaricación es manifiesta o no es, no caben discordancias interpretativas. La absolución del presidente Beltrán quiebra la condena", ha dicho.

La gran nación / Ramón Cotarelo *

Cuando en julio de 2012 el eurodiputado británico Nigel Farage, líder del Partido por la Independencia del Reino Unido (UKIP), euroescéptico, definió a Rajoy como el lider más incompetente de toda Europa resultó profético. Pero se quedó corto, o quizá empleó el conocido understatement inglés. De Europa y quizá del mundo entero. Dos años después de tan atinado juicio y casi tres ya de mandato del presidente, las pruebas de que merece de sobra la caracterización son abrumadoras. Y, por descontado, contradicen el altísimo concepto que el interesado tiene de sí mismo. Suele repetir como un sonsonete cuando habla en público, lo cual no es frecuente, que España es una gran nación. A su juicio es un enunciado de hecho, tan evidente, que basta con mencionarlo para que todo el mundo lo reconozca y actúe en consecuencia. Sin embargo no está nada claro. No se sabe qué entienda Rajoy en concreto por una gran nación, de qué criterios, datos, indicadores e índices se vale para identificarla y distinguirla de una pequeña o mediana nación. Es más, sospecho que tampoco tiene claro qué sea España además de una unidad de destino en lo universal, como dijo José Antonio Primo de Rivera, quizá inspirándose en el socialdemócrata Otto Bauer. Tanteemos ambas cuestiones.

Una gran nación no da el espectáculo mundial que dio ayer la ministra Mato en una rueda de prensa improvisada a toda pastilla para atajar el peligro de un pánico mundial a cuenta del ébola. El acto no fue sino la guinda de un increíble pastel de chapuzas en el manejo de una historia de todos conocida. Desde que el PP se instaló en el poder impuso dos criterios para la gestión de la sanidad pública española, hasta entonces una de las mejores del mundo, hoy en el lamentable estado que puede verse: a) disminuir gastos, costes, recortar prestaciones, reducir personal, eliminar servicios, instalaciones, encarecer y restringir el acceso al servicio público de salud so pretexto de la crisis económica que azota al país; b) desmantelar el sistema público en manos de sus comunidades autónomas privatizándolo por razones político-ideológicas so pretexto de una mayor rentabilidad falsa con el fin de enriquecer a los gobernantes y a los amigos, enchufados y parientes de los gobernantes. Es decir, las decisiones del gobierno para gestionar la sanidad pública han sido económicas, política e ideológicas. No sanitarias. La repatriación de los dos curas fue una decisión política que, al mezclarse con el desastroso estado en que dos años de recortes, incompetencia y expolio han dejado al sistema nacional dieron como resultado una alarma no solo nacional sino europea y mundial. Por eso se vio obligada la indescriptible ministra Mato a convocar una rueda de prensa con la que consiguió una vez más dejar clara su incompetencia y su denodada voluntad política de seguir destrozando la sanidad pública, así como el caos que reina en esta en especial en los servicios especializados en el tratamiento de este tipo de casos. En verdad Nigel Farage se quedó corto. Rajoy es el líder más incompetente de toda Europa, al frente de un gobierno cuyos ministros no le van en zaga en tan gloriosa condición.

Y presuntamente corrupto, cosa que tampoco encaja con concepto alguno de gran nación. El caso Gürtel, la corrupción extendida como una red mafiosa desde hace años entre las instituciones, los partidos y los delincuentes más o menos empresariales, afecta de lleno al partido del gobierno y salpica por todas partes a su presidente. En ninguna nación, no digo ya grande, tampoco pequeña o mediana, si es civilizada, se aceptaría que una persona en la situación de Rajoy, acusado de haberse lucrado con fondos ilegales, fuera presidente del gobierno. La Gürtel es un caso específico, al que se suman otros no menos pintorescos, como el de Matas, Fabra, Urdangarin, etc. España vive en estado de corrupción permanente. El expolio de Caja Madrid presidido por Blesa carece de parangón: ochenta y tantos individuos, sin más méritos que ser enchufados de partidos o políticos, trincando más de quince millones de euros en comilonas y gastos suntuarios pagados en negro, negrísimo. Un puñado de refinados granujas de la confianza de otro mangante encumbrado por el primer presidente del gobierno del PP, otro pájaro sin escrúpulos a la hora de forrarse como sea. ¿Puede ser grande una nación cuya cuarta entidad financiera es esquilmada por una partida de sinvergüenzas durante años y años? Y ese latrocinio quizá no sea sino el resultado de comprar el silencio de sus beneficiarios frente a otro latrocinio aun mayor, el de los miles de millones de euros de coste del rescate/estafa. ¿Es una gran nación aquella que expolia a sus ciudadanos y entrega después el producto del expolio a los bancos que, a su vez, desahucian a los expoliados?

Lo de la gran nación ya se ve en qué queda. Pura palabrería, mera fanfarronada hispana de un gobierno incompetente que vende la idea de una Marca España con espíritu comercializador o de mercadeo pero no puede evitar que esta represente incompetencia, corrupción, fracaso y chapuza. España aparece aquí como una empresa administrada por un Estado. A su vez la ideología neoliberal dominante considera tal Estado otra empresa. Se trata de España como Estado y empresa. Justo donde Rajoy muestra de nuevo su fabulosa incompetencia a la hora de enfrentarse a la cuestión catalana que, en buena medida, se ha avivado merced a la torpe, inepta e impositiva política del PP cuando estaba en la oposición y que luego en el gobierno ha convertido en línea maestra de sus decisiones sobre Cataluña. La gran nación es tan grande que no deja sitio a ninguna otra en España. Y defiende su unicidad mediante el Estado. España como Estado es el arma de que se vale Rajoy para hacer frente al secesionismo catalán. La única arma. El Estado, todo el peso de la ley, la legalidad y nada más. El Estado propio de una gran nación habrá de ser un Estado de derecho y por eso Rajoy esgrime la ley y la Constitución frente al nacionalismo catalán. Que esa ley y esa Constitución carezcan de legitimidad a los ojos de este y que mucho más carezca de ella el uso que de ambas hace Rajoy, instrumentalizándolas para sus fines partidistas, no es algo que preocupe a los gobernantes españoles. No ven estos que un conflicto tan desproporcionado entre España y Cataluña no puede tener buena prensa extranjera para los intereses españoles y, sobre todo, no calibran la trascendencia política que sus miopes decisiones puedan tener en Cataluña, en España, en Europa, en el mundo. La vicepresidenta del gobierno amenazó el otro día expresamente al presidente Mas advirtiendo que la Fiscalía estaría muy pendiente de sus actos. Al margen del juicio que esta amenaza merezca, imaginemos que la Fiscalía decide en algún momento proceder penalmente contra Mas. ¿Qué hará el gobierno? ¿Meterlo en la cárcel?

Y si la gran nación solo puede vender incompetencia y su Estado solo puede amenazar pero poco más, ¿de qué está hablándose aquí?

 

(*) Catedrático de Ciencia Política en la UNED

Sube la preocupación en España por los casos de corrupción

MADRID.- El paro y la corrupción siguen siendo con diferencia los dos principales problemas citados por los españoles, según el último barómetro del centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aunque baja la preocupación por el desempleo y aumenta la derivada de los casos de corrupción.

El último sondeo del CIS, hecho público hoy, fue realizado entre los días 2 y 13 de septiembre, y, según sus datos, el 75,3 por ciento de los españoles considera el paro como uno de los principales problemas (en el último barómetro, correspondiente al mes de julio, era del 77 por ciento), mientras que el 42,7 % muestra su preocupación por la corrupción (el 41,5 % en julio).

El fiscal Horrach defiende los pactos con imputados

PALMA DE MALLORCA.- El fiscal anticorrupción de Baleares Pedro Horrach, quien esta mañana ha participado como ponente en el XXII Congreso Nacional de Auditoría, ha aseverado que, tras haber analizado durante los últimos años "miles" de expedientes de contratación, "a los 30 segundos de abrir uno de ellos sé si está amañado", y "a los dos minutos veo si se ha producido un fraccionamiento" para posibilitar su adjudicación 'a dedo'.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la ponencia 'Transparencia y Administraciones públicas', en la que apuntado a las "connotaciones criminales" que presentan los expedientes que han pasado por sus manos nada más abrirlos, entre ellas el hecho de que hayan sido adjudicados a través de negociados sin publicidad y desgajados en contratos menores que "ponen en juego ingentes cantidades de dinero público".

"No soy auditor, y ganas no me faltan", ha espetado Horrach en su ponencia, recalcando no obstante que su trabajo le ha permitido comprobar cómo la inexistencia de informes de justificación, la ausencia de presupuestos por parte de al menos tres empresas concursantes, la falta de un precio de mercado o la adjudicación de trabajos "inútiles" son las irregularidades más frecuentes que se producen en Baleares, y "no creo que haya diferencias entre esta Comunidad y otras".

El fiscal ha puesto de relieve en este sentido la labor del Ministerio Público, al apuntar que "más del 99 por ciento" de los casos de corrupción de las islas han sido iniciados por la Fiscalía y, por tanto, "han estado liderados por fiscales".

Ha sido en este contexto donde ha subrayado, ante las críticas vertidas desde diversos ámbitos, que si el Ministerio Público alcanza pactos con los imputados se debe a "la incapacidad material y personal" de la propia Fiscalía, de los grupos de delincuencia económica de la Policía y la Guardia Civil y de los demás operadores de la investigación criminal. "Son necesarios porque esta incapacidad no nos permite llegar a conocer toda la verdad", ha incidido.

"Y es llamativo que quienes critican esto sean los que guardan silencio ante las absoluciones masivas por parte de los tribunales", ha remarcado.