jueves, 13 de junio de 2013

Los recortes y la austeridad española ponen vidas en peligro

LONDRES.- Los recortes aplicados en España como parte de las medidas de austeridad podrían llevar a un desmantelamiento efectivo de grandes partes del sistema sanitario y a un daño significativo en la salud de la población, según un estudio publicado el jueves.

Los investigadores que analizaron la situación advirtieron de que si no se hace nada para revertir la tendencia, el país se arriesga a caer en una espiral de problemas sanitarios que podrían aumentar las enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el virus que causa el sida.
Como parte del análisis se realizaron entrevistas con 34 médicos y enfermeras de Cataluña. Muchos declararon estar "conmocionados" y "desilusionados" por los recortes, y algunos expresaron que temen que "los recortes van a matar gente", según los investigadores.
"Durante cinco años, las políticas para hacer frente a la crisis financiera se han centrado casi por completo en indicadores económicos", dijo Martin McKee, profesor de Salud Pública Europea en la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), que codirigió el estudio.
"Nuestro documento arroja luz sobre la carga de sufrimiento humano que ha seguido a estas políticas", agregó.
El estudio publicado en el British Medical Journal (BMJ) halló que los recortes en el presupuesto nacional de casi el 14 por ciento y en el autonómico de hasta el 10 por ciento en sanidad y servicios sociales en 2012 han coincidido con demandas crecientes de cuidados, sobre todo por parte de mayores, discapacitados y enfermos mentales.
Los investigadores también destacaron un aumento de las depresiones, trastornos relacionados con el alcohol y suicidios en España desde que comenzó la crisis económica y aumentó el desempleo.
"Si no se aplican medidas de corrección, esto podría empeorar con el riesgo de aumentos en el VIH y la tuberculosis - como hemos visto en Grecia donde los servicios sanitarios han tenido fuertes recortes - así como del riesgo de un aumento de la resistencia a los medicamentos y la difusión de enfermedades", dijo Helena Legido-Quigley, profesora de Salud Mundial en la LSHTM, que trabajó con McKee.
Los hallazgos en España coinciden con otros estudios en Europa y Norteamérica que hallaron que los recortes presupuestarios han tenido un efecto devastador en la salud, aumentando los suicidios, depresiones y enfermedades infecciosas y reduciendo el acceso a medicinas y cuidados.
En un libro publicado en abril, los investigadores dijeron que se habían diagnosticado alrededor de 10.000 suicidios y un millón de casos de depresión durante lo que llamaron la "gran recesión" y las medidas de austeridad que llegaron con ella en Europa y Norteamérica.
El estudio del BMJ destacó que España ya tenía uno de los gastos públicos más bajos en su sistema sanitario dentro de la Unión Europea en relación con el PIB. Dijo que los recortes planeados en los fondos para dependencia dedicados a ancianos y discapacitados este año pondrían incluso en más riesgo a estas personas vulnerables.
Otros cambios incluyen la exclusión de inmigrantes ilegales de los servicios sanitarios gratuitos y el pago por parte de los pacientes de tratamientos extra como medicamentos, prótesis o ambulancias.
En Madrid y Cataluña, los recortes han llevado a un plan para privatizar hospitales y centros de salud, mayores tiempos de espera, recortes en los servicios de urgencias y menos procedimientos quirúrgicos, según los investigadores.

El juez del caso Blesa denuncia que está sufriendo "todo tipo de presiones"

MADRID.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, Elpidio José Silva, que la semana pasada envió a prisión al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, ha denunciado este jueves que no se está respetando su independencia porque está sufriendo "todo tipo de presiones" y "muchísimas injerencias".

   Así lo ha asegurado a preguntas de los periodistas durante la 'Ponencia sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y sus Repercusiones Legales' organizada por la revista Iuris & Lex, al ser preguntado si está sufriendo presiones por parte de algunos sectores o instituciones. "Muchísimas. Algunas no se pueden ni contar", ha sentenciado.
   "Yo sí creo sin duda alguna que el principio de independencia no se está respetando adecuadamente en este caso. Injerencias hay de todo tipo. Esto es público y notorio y esto nunca debía haber sucedido", ha criticado, para añadir que no puede "tolerar" dichas presiones porque son "muy incómodas para un juez de instrucción".
   En este sentido, ha asegurado que durante los últimos días ha oído en los medios de comunicación "declaraciones que no debían haberse formulado", así como que se ha creado un contexto "muy inadecuado".
 "Hay que dejar a la persona trabajar en paz, con tranquilidad y sosiego para que haga su trabajo lo mejor posible y cuando se trata de la justicia, hablamos de algo más", ha manifestado.
   Según Silva, la separación de poderes garantizada por la Constitución conlleva que se respeten los tiempos marcados para cada poder del Estado. "Cada ámbito debe trabajar con la mayor autonomía e independencia posible. Aquí esto ha fallado de una manera destacable", ha ahondado.
   Preguntado sobre la posibilidad de que la Fiscalía interponga una querella contra él, ha señalado que, aunque no tiene constancia de ello y no sabe "si es verdad", supondría una "injerencia".
 "Yo lo interpreto así. Al juez hay que dejarlo trabajar", ha añadido.
   No obstante, ha señalado que respeta cualquier decisión que decida adoptar el ministerio público, si bien ha asegurado que de presentar finalmente la citada querella, ésta está destinada "casi seguro o seguro" a "estrellarse" porque durante su instrucción no está haciendo nada "que se separe un milímetro de la legalidad".
   Asimismo, ha señalado que si el Ministerio Fiscal entiende que se ha cometido un delito, es su deber formular una acusación, pero que si la evaluación que realiza para llegar a esa conclusión "no responde a un criterio sólido, de alguna manera habrá alguna resonancia social porque vivimos en una sociedad democrática".
   En cuanto a las acusaciones realizadas contra él por la defensa de Blesa sobre su supuesta "animadversión" hacia el expresidente de Caja Madrid, Silva ha señalado que "no tiene ningún tipo de enemistad con nadie".
 "El que diga que yo tengo enemistad tiene un grave error cognitivo. No tengo enemistad", ha asegurado.
   Sobre la decisión que podría adoptar mañana la Audiencia Provincial de Madrid de declarar nula la pieza principal del 'caso Blesa', en la que el juez mantiene imputado Blesa por la concesión de un crédito de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, Silva ha señalado que acatará lo que se decida, aunque ha confesado que ni siquiera sabía que este asunto podría resolverse mañana.
   Por otra parte, durante la ponencia,  Silva ha defendido que los delitos de blanqueo de capitales merecen por parte del derecho penal "una atención especial", y ha hecho hincapié en la necesidad de profundizar en la elaboración de un "sistema de alertas" que posibilite determinar "el grado de intervención" en estos delitos de las personas implicadas en ellos. Otro de los problemas actuales, según ha señalado, es el hecho de que es "muy difícil" encontrar pruebas que los demuestren.

Bélgica expulsó a 207 españoles por beneficiarse de forma irregular de la seguridad social

BRUSELAS.-   Las autoridades belgas expulsaron del territorio nacional a 207 españoles el año pasado por beneficiarse de forma irregular de la seguridad social del país, según el Informe de Actividad del Servicio Público Federal del Interior belga de 2012 difundido por el diario 'La Dernière Heure'.

   La Oficina de Extranjería belga puso fin al permiso de estancia en el país de un total de 2.407 ciudadanos de otros Estados miembros en 2012, bien por un uso no razonable del sistema de seguridad social belga (1.918 casos) o fraude (489 casos), frente a los 1.542 casos del año anterior, lo que representa un aumento de las expulsiones de algo más del 24% en un año.
   En comparación con los españoles, Bélgica sólo rescindió más permisos de estancia en el país a rumanos (402) y búlgaros (236). También expulsó a 161 holandeses, 109 franceses, 75 italianos, 73 eslovacos, 70 polacos, 32 portugueses y 23 alemanes.