viernes, 23 de marzo de 2018

Felipe VI, el rey más protegido de Europa

MADRID.- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido contundente. Los reyes y jefes de Estado no merecen mayor protección frente a las críticas e insultos que cualquier otro ciudadano. Es más, la lógica democrática dicta que debe ser más bien al contrario: los ciudadanos (sean reyes o no) que ocupan las instituciones de todos deben estar más expuestos a la crítica, según recoge Público

Y la crítica política, afortunada o desafortunadamente, no siempre es correcta. A veces es agresiva. Zafia. Maleducada. Hiriente. En otras ocasiones, incluso, la crítica se manifiesta en forma de hoguera. Pero, sea como sea, es crítica política y, por tanto, se debe permitir.  A España, concretamente, el TEDH se lo ha dicho en dos ocasiones con sendas sentencias condenatorias contra el Estado. La primera en el caso de Otegi, que fue condenado por decir que el rey Juan Carlos era "el jefe de los torturadores". 
La segunda, en el caso de los dos jóvenes de Girona que quemaron una foto de los reyes Juan Carlos y Sofía durante una protesta. En las dos ocasiones la justicia europea explicó a España que la crítica política no se puede censurar con este delito. 
La misma lógica se aplica con el resto de instituciones del Estado y símbolos, tales como el himno o la bandera. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, entre otros muchos, han señalado que los estados no deberían prohibir la crítica a las instituciones, como el Ejército o la Policía, y que deplora la existencia del delito de "difamación del Estado" o el ultraje a sus símbolos.
Todos estos delitos, sin embargo, siguen presentes en el Código Penal español. Tanto el de injurias a la Corona (con las recientes condenas a los raperos Hasel y Valtonyc) como el de injurias a las instituciones del Estado (por el que también fue condenado Hasel) o ultraje a España, por el que Santiago Espot fue sentenciado a pagar 7.200 euros euros por haber impulsado la pitada al himno de España en la final de la Copa del rey. 
La lista es aún más larga. A estas sentencias habría que añadir la condena contra El Jueves por su ya célebre portada con los entonces príncipes Felipe y Letizia, o las condenas contra el que fuera alcalde de Puerto Real por decir que al rey es “hijo de crápula” o contra el coronel Martínez-Inglés. También en los años 80 se produjeron condenas contra dos ciudadanos vascos que publicaron un artículo dudando del papel del monarca Juan Carlos I en el golpe de Estado del 23-F.
¿Pero somos los únicos países europeos que ignoramos las recomendaciones del TEDH y de las organizaciones supranacionales especializadas en Derechos Humanos? ¿Es España una excepción dentro de los principales países de la Unión Europea con los que nos gusta compararnos? ¿Es España el único país que sobreprotege al jefe del Estado?
La respuesta a estas preguntas es complicada y tiene dos vertientes. Por un lado, hay que analizar los diferentes códigos penales de los países de la Unión Europea y comprobar si el delito de injurias a la Corona o a la jefatura del Estado todavía existe o si ha sido eliminado, como en el caso de Francia. 
Por otro lado, hay que analizar la parte práctica: cómo se interpreta y se aplica este delito en el resto de países.  Es decir, si es un delito activo o en desuso y si se usa para perseguir la crítica política o, por contra, solo para perseguir los ataques a la vida íntima de los jefes de Estado, sean reyes o no.
Por partes. El estudio Leyes de difamación e insultos en la región OSCE, elaborado por el Comisionado de la OSCE para la libertad de prensa y facilitado a Público por la PDLI, refleja cómo los reinos de Bélgica, Dinamarca, Suecia y Holanda, junto con el de España, mantienen en sus legislaciones el delito de lesa majestad. Sin embargo, ninguno de estos reinos tiene un nivel de condenas por delitos de lesa majestad, en los últimos años, al nivel del de España. 
"El problema en España no es la existencia del delito de injurias a la Corona en sí mismo. El problema es que se está utilizando, tal y como nos ha dicho el TEDH, para perseguir la crítica política. El delito puede existir sin contradecir las sentencias europeas si solo se utilizara para perseguir los insultos o ataques dirigidos contra la vida íntima del rey. Es decir, los reyes o jefes de Estado deben tener los mismos derechos que todos los ciudadanos a defender su honor, pero no más", explica a Público el exletrado del Constitucional Joaquín Urías
El análisis del informe de la OSCE permite concluir que España, a pesar de tener una de las penas más bajas por el delito de injurias a la Corona, es de los países de la Unión Europea, si no el que más, que más persigue y castiga por los ataques contra la jefatura del Estado. Para alcanzar esta conclusión es necesario realizar un repaso, país por país, tanto de las legislaciones vigentes como de la aplicación e interpretación del delito de lesa majestad. Este análisis se realizará en primer lugar de las monarquías y, posteriormente, de las diferentes repúblicas. 
Los reinos de Suecia y Dinamarca recogen su Código Penal penas más altas que las de España. En Suecia, este delito tiene un castigo potencial de hasta seis años de prisión. En Dinamarca, cuatro. Sin embargo, como es apreciable en el informe de la OSCE, no se ha registrado en los últimos años ningún procedimiento judicial por este delito. En el caso de Gran Bretaña, por su parte, no hay ninguna ley que proteja el honor de la Corona de manera especial y tampoco se ha registrado ningún procedimiento judicial por este delito.
Por último, quedaría por analizar el caso de los reinos de Holanda y Bélgica. Los dos recogen en su Código Penal artículos que prohíben las ofensas a la Monarquía. En el caso de Bélgica, la ofensa hacia el monarca y la familia real y el insulto público al rey está castigo con penas de seis meses a tres años de y una multa. Si el insulto se dirige a cualquier otra persona de la familia real la pena desciende de tres meses a dos años de prisión, más la correspondiente multa. 
No obstante, no se ha registrado ninguna condena en el país por este delito. Eso sí, tal y como informa Alexandre Mato en CTXT, la Casa Real belga sí acudió al Consejo de deontología periodística del país para protestar por un libro que versaba sobre presuntas infidelidades en el matrimonio real y la supuesta homosexualidad del entonces Príncipe Felipe. El Consejo resolvió que el periodista había recurrido a insinuaciones y abusado de la práctica del off the record. No hubo multa ni proceso judicial.
El caso de Holanda es diferente. Tras España, posiblemente sea el país de las democracias occidentales que más uso ha hecho de este delito, aunque la cuantía de las multas y castigos no es comparable. En 2007 un hombre sin hogar fue multado con 400 euros por decir que la reina era "una puta". Una semana después, un periodista acudió a una rueda de prensa con una camiseta que rezaba 'La reina Beatriz es una puta'. El periodista fue arrestado, aunque finalmente no fue acusado de ningún delito.
El editor de la revista Spunk, a la que pertenecía el periodista, explicó que la intención era denunciar la condena que se había producido una semana antes. El último caso de este tipo que se vivió en el reino holandés fue cuando el activista Abulkasim al-Jaberi dijo en una manifestación de 2014 lo siguiente: “¡Que se joda el Rey! ¡Que se joda la Casa Real”, tal y como recoge el informe de la OSCE. No obstante, la causa fue archivada poco tiempo después.
El análisis comparado de las legislaciones y condenas por delitos contra el honor de los monarcas, por tanto, tumba el argumento habitual de que España no se sale de la normalidad europea dictando condenas por el delito de injurias a la Corona. España, tal y como se refleja, es el país que más está condenado por este delito en las monarquías de la Unión Europea. 
"La reciente sentencia del TEDH pone en evidencia que la existencia de este tipo penal en España no es el único problema en España. También lo es cómo se está aplicando: por su uso desproporcionado (fuera de los parámetros de las Naciones Unidas) por parte de la Fiscalía y por una posterior interpretación de los tribunales ajena a los estándares internacionales de Derechos Humanos. 
Así lo entendió también el magistrado del Constitucional que emitió un voto particular en el caso de la quema de la foto de los reyes", explica a Público Yolanda Quintana, portavoz de la PDLI, que considera que el tipo penal de las injurias a la Corona es una "amenaza" tanto "real como latente" contra un derecho fundamental como es "la libertad de expresión". "Por ello pedimos que este delito sea eliminado del Código Penal esta misma legislatura", sentencia. 

Las repúblicas de nuestro entorno

La protección de los jefes de Estado no es una particularidad de las monarquías. También sucede en las repúblicas. De hecho, en nuestro entorno, los estados de Alemania, Grecia, Italia, Malta, Polonia, Portugal y Eslovenia mantienen una ley especial que castiga las injurias y las difamaciones contra los jefes de Estado.
La gran excepción, en este caso, sería la República de Francia, que eliminó en 2013 el artículo de la Ley sobre libertad de prensa, de 1881, que penaba las ofensas al presidente de la República con una multa máxima de 45.000 euros. 
Antes, en el año 2000, el país galo había eliminado las penas de prisión por delitos relacionados con las injurias y la difamación. Sin embargo, la eliminación de la sobreprotección del jefe del Estado no es total, ya que el presidente de la República se encuentra entre la lista de funcionarios públicos que goza de una mayor protección contra las injurias y la difamación que el resto de ciudadanos (artículo 30 y 31 de la Ley sobre Libertad de prensa de 1881).  
La última vez que el país galo vivió un caso de este tipo fue en el año 2008, tal y como muestra el informe de la OSCE facilitado por la PDLI. El militante socialista Hervé Eon fue condenado a pagar 30 euros por sostener una pancarta en la que podía leerse Cállate, pobre cabrón”. El TEDH condenó a Francia por vulnerar la libertad de expresión de este militante socialista y la Asamblea francesa actuó rápido para eliminar de la Ley de libertad de prensa este delito. 
En Alemania, por su parte, la difamación del presidente de la República está castigado con penas de tres meses a cinco años de prisión, pero el delito está prácticamente en desuso. El informe de la OSCE recoge que los enjuiciamientos por difamación del presidente son "raros" aunque no "desconocidos". Así, también cabe destacar que para poder iniciar un procedimiento judicial por este delito es necesaria la aprobación del presidente.
La última vez que ocurrió un caso similar fue en 2011 cuando el presidente Christian Wulff otorgó permiso para que se juzgara a un bloguero que había realizado un montaje en el que la esposa del ahora expresidente aparecía realizando el saludo nazi. Finalmente, Wulff retiró el permiso y el caso fue archivado. "Entre 1990 y 2004, por ejemplo, el permiso para juzgar se otorgó en dos ocasiones", recoge el informe.
Un caso más llamativo en Alemania, aunque se sale de los márgenes de este texto, es la petición que presentó el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, en 2016 para que Alemania iniciara un procedimiento judicial contra el presentador de televisión y humorista Jan Böhmermann por el delito de injurias contra un jefe de Estado extranjero, un delito inexistente en España. 
Un mes después de la solicitud, Merkel anunció que autorizaba el procedimiento, aunque también anunció el procedimiento para retirar ese artículo del Código Penal. Poco tiempo después, la Fiscalía alemana anunció que archivaba la causa contra Böhmermann ya que el poema denunciado estaba protegido por "la libertad artística".

Condenas aisladas

En el caso de Italia, el artículo 278 del Código Penal establece penas de entre uno y cinco años de prisión por "ofender el honor o prestigio del presidente de Italia". Sin embargo, las condenas por este delito son más bien raras de encontrar. 
El informe de la OSCE no recoge ninguna, mientras que el periodista Pierluigi Morena, en CTXT, se hace eco de una condena a 18 meses de prisión al político de la Liga Norte Umberto Bossi por decir que Giorgio Napolitano, hoy ya expresidente de la república italiana, era un "terùn", es decir, un garrulo del sur, mientras hacía el gesto de los cuernos con la mano.
Portugal castiga el insulto o la difamación contra el presidente con la pena de tres meses de prisión o una multa, aunque si el delito se ha cometido con publicidad el castigo asciende a entre seis meses y tres años de prisión. El informe de la OSCE no recoge ninguna condena por este tipo penal, aunque sí llama poderosamente la atención el alto número de condenas por difamación de funcionarios públicos o políticos. 
Por último, cabe destacar el caso de Grecia. La república helena castiga los insultos al jefe del Estado con hasta tres meses de prisión y autoriza la incautación de publicaciones que contienen insultos al presidente de Grecia. Mientras que la difamación, el insulto y la injuria está penada en Eslovenia con un máximo de un año de prisión. El informe de la OSCE no recoge ningún caso específico de personas condenas por insultar al jefe del Estado en estos países.

viernes, 9 de marzo de 2018

'El Corte Inglés' y 'Globalia' ganan el súpercontrato de viajes de funcionarios

MADRID.- Los trece ministerios del Gobierno de Rajoy ya tienen agencia de viajes para los desplazamientos de altos cargos y funcionarios de las diferentes carteras. El Ministerio de Hacienda acaba de adjudicar el famoso contrato CORA, es decir, el acuerdo centralizado para el servicio de agencia de viajes de la Administración General del Estado para los próximos dos años prorrogables por otros dos, según https://www.lainformacion.com

Durante las últimas horas el departamento dirigido por Cristóbal Montoro ha ido notificando a los agraciados quiénes han sido los adjudicatarios de los cinco lotes. El montante total es de 285,6 millones de euros y los elegidos han sido El Corte Inglés, Halcón Viajes (Globalia) y, por último, IAG7.
El lote número 1, relativo a los desplazamientos que realizará el Ministerio de Defensa, será gestionado por IAG7 (que se ha aliado con Nautalia para este contrato), quien presentó la oferta más ventajosa. 
Así, la firma especializada en viajes de empresa se encargará de facilitar los vuelos de los militares y trabajadores de Defensa entre Madrid y Canarias, así como entre Barcelona, Sevilla y Málaga con destino al archipiélago canario. A nivel internacional, ofrecerá los billetes de avión entre la capital e Irak, Dakar, Incheon (Corea del Sur), Munich, París y Roma. 
Asimismo, la agencia pondrá a disposición de los trabajadores de Defensa una serie de hoteles de entre cinco y tres estrellas en Madrid, Zaragoza y Sevilla.
IAG7 también ha sido la compañía elegida para facilitar a los funcionarios del Ministerio del Interior -policías y guardias civiles- los desplazamientos y hoteles que necesiten. 
Así, la agencia se encargará de gestionar los vuelos de Madrid a Barcelona, Canarias, Vigo, Palma, Sevilla y Tenerife, así como billetes internacionales con destino a Amsterdam, Bogotá, París, La Valeta, Quito, Santiago de Chile, Santo Domingo y Viena. 
Los hoteles ofrecidos en Madrid, Barcelona y Sevilla también variarán entre las cinco y las tres estrellas.
El lote 2 y 3 ha sido adjudicado a Viajes Halcón, la compañía del grupo Globalia, que será la agencia de viajes de los ministerios de Economía (donde acaba de llegar Román Escolano), Energía, Hacienda, Exteriores, Presidencia, Educación y Justicia. Estos departamentos prevén viajes de funcionarios entre Madrid y varias ciudades españolas, así como vuelos internacionales a Amsterdam, Berlín, Buenos Aires, Ginebra, Lisboa, Luxemburgo, México DF, Nueva York, París, Santo Domingo, Viena y Washington, y hoteles en Madrid, Barcelona, Bruselas y París. 
El Corte Inglés, por su parte, se encargará de gestionar los viajes de los ministerios de Agricultura, Empleo, Fomento y Sanidad correspondientes al lote número 4. Estos departamentos prevén viajes tanto nacionales como internacionales a las ciudades anteriormente citadas y a otras adicionales como Colonia, Düsseldorf, Frankfurt, Luxemburgo y Lisboa.
Todas las empresas a las que ha contratado el Gobierno para los viajes ofrecen un seguro que debe cubrir las siguientes necesidades: fallecimiento o incapacidad permanente total del asegurado (750.000 euros), repatriación desde cualquier lugar del mundo, cobertura sanitaria con un límite de 15.000 euros, cobertura odontológica de hasta 750 euros, desplazamientos y estancia de acompañante en caso de hospitalización, y pérdida, robo o daño de equipajes de hasta 1.200 euros.

Un contrato polémico

El actual contrato por 285,6 millones supone un incremento económico notable respecto al actual acuerdo en vigor. En los últimos tres años, Globalia ha gestionado en exclusiva los viajes de los diferentes Ministerios por 171 millones, una etapa que se ha caracterizado por las quejas recurrentes de los funcionarios por un servicio que ha tenido algunas carencias. 
Ahora el Gobierno eleva un 67% el montante destinado a desplazamientos y alojamientos de los funcionarios y cargos de la Administración General del Estado, pero sigue confiando en Globalia para dos de los cinco lotes. Las tres agencias adjudicatarias en este nuevo acuerdo comenzarán a trabajar en los ministerios a partir del próximo 6 de abril.
Este contrato de viajes de funcionarios del Estado no ha estado exento de polémica. La Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV) presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales al considerar que no existía igualdad de trato en la convocatoria. 
En concreto denunciaba que se producía alguna ventaja para aquellas agencias que ya tienen una línea aérea (como el caso de Globalia con Air Europa) ya que podrían ofrecer tarifas de vuelos en condiciones más económicas. El recurso no ha sido tenido en cuenta por el comité de expertos, compuesto por funcionarios de Hacienda, Agricultura y Defensa, que ha sido quien ha participado en la resolución este contrato marco.
Hay que recordar que Avoris, del Grupo Barceló, y Carlson Wagonlit Travel, de CWT, ya comunicaron a principios de año que renunciaban a pujar por este macrocontrato y denunciaron que las condiciones de Hacienda obligaban a los aspirantes a "asumir como pérdidas las diferencias de tarifas de los operadores al no depender el precio final de ella misma, lo que hace que el concurso ponga en riesgo claramente a los licitadores".

El nuevo 'Govern' borrará al Ejército de Cataluña en un plazo de seis meses

MADRID.- No habrá presencia militar en Cataluña seis meses después de la formación del nuevo 'Govern'. Así se recoge en el acuerdo de investidura suscrito entre ERC y JxCat en el que se dibuja la 'construcción de la nueva república catalana'. Más de cuarenta folios de leyes, disposiciones, pretensiones y ambiciones en las que se dibujan los 'criterios esenciales de la legislatura'. Entre ellos, la desaparición de las Fuerzas Armadas de la región. Se hará en seis meses, según vozpópuli.

No se habla en el texto explícitamente de 'expulsión', sino de 'desmilitarizar Cataluña'. Nada de desfiles, ni de maniobras, ni presencia de uniformes en actos públicos, ni en las calles, ni asistencia a ferias, procesiones, actos religiosos, centros educativos, locales deportivos y otras manifestaciones ciudadanas. También se impulsará la recuperación de todo el patrimonio militar de tipo inmobiliario. Es decir, expropiación y defenestración. 
Primer paso, en seis meses, reclusión en los cuarteles, sin apenas capacidad para salir de ellos. Segundo paso, erradicación de las Fuerzas Armadas del territorio, tal y como plantea exigentemente  la CUP. Como 'precalentamiento', la Feria de Gerona ha expulsado a las Fuerzas Armadas de su Salón de la Juventud durante los próximos tres años. La misma medida que adoptó Ada Colau en la Feria de Barcelona. La "desmilitarización" ya ha empezado. Ahora se consagra en las líneas del acuerdo para la nueva Cataluña. 
Restablecer la honorabilidad de los Mossos d'Esquadra, institución cuya imagen resultó severamente damnificada por los episodios del referéndum del 1-O y sus derivados hasta el intento de golpe de Estado. Josep Lluís Trapero, anterior jefe operativo del cuerpo, así como sus responsables políticos, están actualmente imputados o en prisión. El documento para la investidura plantea la creación de una 'policía integral', en la que se incluirán los Mossos y los cuerpos de seguridad municipales, una cuestión que se ha planteado en ocasiones precedentes.

La construcción de la república

Las dos fuerzas mayoritarias del secesionismo consagran también el 'espacio libre en el exilio', es decir, la mansión de Waterloo donde reside Carles Puigdemont, como escenario desde el que se dirigirá la construcción de la república. Allí se asentarán tanto el 'consejo de la República' como la 'asamblea de representantes' y la propia presidencia. Dos veces al año peregrinarán hacia Bruselas los miembros de esa Asamblea para decidir cuestiones sobre la gestión política de Cataluña. Es decir, para recibir las órdenes del expresident. 
Elaborar una nueva Constitución, en base a aportaciones emanadas de un 'gran pacto ciudadano', para someterla luego a una 'multiconsulta', son las bases fundamentales de esta nueva etapa, bautizada ya en medios del independentismo como 'el Procés 2'. El documento incurre en excesos e ilegalidades de similar calado que los que condujeron a los episodios del 27 de octubre. No se menciona la palabra 'independencia' para evitar problemas con la Justicia. Pero se recogen todo tipo de excesos. 
La cuestión es lograr el respaldo de la CUP. El independentismo necesita sus cuatro escaños para proceder a la investidura de Sánchez. No parece que tal circunstancia se concrete, bien por el rechazo de los antisistema o porque el Supremo no permitirá al aspirante que salga de la cárcel para su investidura. De momento, los partidos de Puigdemont y de Junqueras han elaborado un papel para salir del paso. Incluído un nuevo referéndum. Ahí empezó todo.

jueves, 8 de marzo de 2018

¿Borbonea Felipe VI? / Javier Valenzuela *

Si alguno de los consejeros de Felipe VI tuviera dos dedos de frente y le quisiera de verdad, le rogaría de rodillas una rectificación de su proceder. Le recordaría lo que les ocurrió a su tío Constantino y su bisabuelo Alfonso por meterse en política, y le recomendaría que siguiera, en cambio, el ejemplo de exquisita neutralidad de su también pariente Isabel II. A ella nada ni nadie le saca de su papel ornamental. Ni tan siquiera el referéndum de Escocia.

Pero los consejeros de Felipe VI participan del tremendismo de derechas que infecta España. El que, por ejemplo, auguraba el fin de la continuidad en Barcelona del Mobile World Congress por el hecho de que Ada Colau no asistiera al besamanos al monarca. Pues bien, el Mobile World Congress valoró su edición 2018 como “una de las más exitosas” y tan solo lamentó que hubiera hecho “mal tiempo”.

Al negocio internacional de la telefonía móvil le importa un carajo si tal o cual rinde o no pleitesía (ahora se emplea el eufemismo de “respeto institucional”) al Borbón. Eso solo obsesiona a nuestros políticos y periodistas cortesanos. Los del Mobile se mueven por las compraventas, los buenos hoteles y restaurantes, el clima agradable y, en no pocos casos, el sexo fácil. El asunto es así, no lo he inventado yo.

Las gentes de ese y otros negocios, al igual que los turistas, no desean, por supuesto, disturbios, atentados y catástrofes. Eso les ahuyenta, pero no la politiquería local. Que no les engañen: si el conflicto de Cataluña inquietó durante un momento a las opiniones públicas del extranjero fue por las imágenes de violencia policial del pasado 1 de octubre que pudieron ver en sus telediarios.

Los cortesanos se han extrañado por ese reciente editorial del Times de Londres que recomienda a Felipe VI y Mariano Rajoy que dejen de perseguir a los independentistas catalanes y dialoguen con ellos. No tienen ni idea de que Reino Unido es una democracia vieja, inteligente y liberal, regida, incluso en un medio conservador como el Times, por ese common sense que permitió la celebración del referéndum escocés. Por cierto, tiene bemoles que el diario londinense dijera lo que no es capaz de decir ningún diario impreso español. Dice mucho sobre la mediocridad y el servilismo aquí imperantes.

Lo que aquí tenemos es una intensa propaganda, que, indudablemente, formatea muchas opiniones. Es la que aplaudió a rabiar la intervención agresiva y partidista sobre el conflicto catalán de Felipe VI del pasado 3 de octubre. ¿No hubo nadie en Zarzuela, Moncloa o Ferraz que tuviera el valor de decirle al monarca que lo mejor era callarse como Isabel II en el caso escocés, o, en todo caso, adoptar un tono moderado y arbitral, hacer un llamamiento genérico al diálogo, la negociación y el acuerdo en el marco de la legislación vigente?

No lo hubo, bien lo sabemos. Rajoy, Sánchez, Rivera y compañía ensalzaron a Felipe VI como supremo defensor del orden constitucional. Vinieron a decir que su intervención televisiva del 3 de octubre igualó a la de su padre en la noche del 23-F. Tal comparación era un colosal disparate: el 23-F hubo un Congreso secuestrado por hombres armados, hubo disparos en ese Congreso y hubo tanques en las calles de Valencia.

Felipe VI se lo ha creído, le ha soltado a Colau que su papel es defender la Constitución y se ha metido en otro charco. Lo ha dejado muy fácil a los que estos días recuerdan que solo ha irrumpido de modo extraordinario en el prime time televisivo de los españoles cuando los independentistas catalanes han puesto en cuestión su mamandurria.

Las redes sociales se han llenado de comentarios al respecto. ¿Acaso se le ha visto pedir pista para defender el artículo 50 de la Constitución que establece el derecho de los mayores a cobrar pensiones dignas y actualizadas? ¿O el derecho al trabajo de los parados? ¿O el derecho a la vivienda de los desahuciados? ¿O el derecho a la libertad de expresión de las víctimas de la Ley Mordaza?

No se sabe cuántos españoles son republicanos, jamás se les ha permitido elegir explícitamente en referéndum entre una y otra forma de Estado. Como le confesó Suárez a Victoria Prego, no se hizo durante en la Transición porque cabía la posibilidad de que perdieran los monárquicos. Así que el tema se metió en un paquete. ¿Quieres democracia? Pues vota sí a este texto. Es todo o nada.

En todo caso, la mayoría de los republicanos hemos demostrado que estamos dispuestos a soportar un monarca si nos sale barato, es discreto y no mete a España en más líos. Felipe VI no nos sale demasiado barato: es posible que un presidente de la República a la alemana nos costara menos. Felipe VI no es discreto: ¿a qué vino el vídeo del almuerzo familiar y el paseíto en coche con la que está cayendo? Felipe VI tampoco parece servir para eso que decían tanto los socialistas sobre “el papel de la corona como elemento integrador de los pueblos de España”: miren la que se ha liado en Cataluña durante su reinado.

Empieza a decirse que Felipe VI no es tan simpático como su padre, que parece más soberbio y más de derechas que Juan Carlos, que menuda mirada le dirigió a Roger Torrent en la cena del Mobile…  Esto es lo malo que tiene meterse en política, pensarán en algunas casas reales europeas. A ti no te ha votado nadie, querido Felipe. Respeta a todos los contribuyentes que pagan tu sueldo, tus gastos y los de tu familia. Sonríe y calla. No borbonees.
 
 
 
(*) Periodista
 
 

ERC pide que se despenalicen las injurias a la Corona y la quema de banderas

MADRID.- Esquerra Republicana (ERC) defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso una proposición de ley para derogar los artículos del Código Penal en los que se castiga con penas de prisión el delito de calumnias o injurias a los miembros de la Casa Real y el que establece multa por ofensas o ultrajes a España, sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas.

Los independentistas catalanes han decidido incluir el debate de toma en consideración de esta iniciativa en la sesión plenaria del próximo martes, según el orden del día acordado este martes por la Junta de Portavoces.
La portavoz de Justicia de ERC, Ester Capella, autora de esta propuesta presentada el pasado 10 de noviembre, alega que "la libertad de expresión es el derecho fundamental de toda persona a expresar ideas libremente, y por tanto, sin censura", y que así queda recogido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Estados Unidos como ejemplo

Los independentistas catalanes defienden que una democracia avanzada y moderna debe asegurar a la ciudadanía su pleno derecho de la libertad de expresión y sugiere tomar como ejemplo otros países de larga tradición democrática, como Estados Unidos, donde su derecho constitucional considera que la quema y otros actos de sacralización de la bandera norteamericana están protegidos, "en tanto que se consideran muestras de libertad de expresión".
ERC pone también como ejemplo la portada secuestrada de la revista El Jueves, en julio de 2007, con el entonces heredero de la Corona como protagonista, o la persecución al rapero mallorquín Valtònyc por sus referencias a la monarquía.

IU también lo defiende

El Código Penal contempla que las injurias a la Corona serán castigadas con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son. De su lado el ultraje a la bandera de España o sus comunidades conlleva una pena de multa de siete a doce meses.
Pero ERC no es el único partido que ha planteado despenalizar las injurias a la Corona o el ultraje a España. Recientemente, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, presentó en el Congreso una propuesta de reforma legal para eliminar estos dos artículos, así como los que hacen referencia al enaltecimiento del terrorismo o la vejación de representantes religiosos, por considerar que son "obsoletos" y "ambiguos" y que, además, se están utilizando para restringir la libertad de expresión.

'Politico Europe' cuestiona el relato de que España es el mejor ejemplo del proyecto europeo

BRUSELAS.- Duele desde su mismo título: "Un 'país de ladrones' brega con la corrupción" ('Country of thieves' wrestles with corruption). El país en cuestión es España y el título es el de la "Carta desde Madrid" que escribe Guy Hedgecoe en Politico Europe, el diario más leído y más influyente entre la fauna que se mueve en Bruselas, capital de la Unión Europea. Dos frases resumen el contenido. Una, el subtítulo: "El deficiente sistema judicial y el legado del fascismo aún contaminan los partidos políticos en España". Otra: "Este es un país de chorizos y de una justicia que no funciona", dicha por el dirigente comunista Julio Anguita en el 2009 y que Hedgecoe recuerda, según ElNacional.cat de Barcelona.

La cosa es que la pieza concentra en cuatro o cinco minutos los casos de corrupción más conocidos, simplificados, en frío, tal como los ve un extranjero (el autor, irlandés, trabaja en España desde 2003). Es un puñetazo. Leer, de corrido —no aquí y allí—, que entre julio de 2015 y septiembre de 2016, 1.378 funcionarios o políticos de todos colores fueron juzgados por corrupción; que el PP tiene ahora mismo 50 casos de ídem en los tribunales; que el exsecretario general del PP de Valencia ha aceptado ante el Supremo que financió campañas electorales con dinero negro; que dos ex presidentes de Andalucía están procesados por presunta participación en una estafa con dinero público por importe de 136 millones de euros; que al tesorero de CDC le han condenado por el caso Palau (seis millones en comisiones); que España ocupa la posición 42 en el índice de percepción de la corrupción de Transparency International, detrás de Costa Rica y Botsuana.... Leyéndolo todo de golpe ¿qué cara se le queda, allende los Pirineos, a un eurócrata, a un diplomático o a un euroquídam cualquiera?
Según la crónica, "los abusos cometidos en la actual España tienen sus raíces en la dictadura de Franco", que "puso en práctica lo que Paul Preston ha llamado 'pillaje institucionalizado'". De aquí a cuestionar el mito de la transición va una micra. Los comentaristas que cita el periodista apuntan en esta dirección. Las democracias surgidas del fascismo heredan las estructuras corruptas, dice uno. Remacha otro: administrar una nueva democracia es muy difícil si no es con los métodos aprendidos durante la dictadura. Añade un tercero: los mismos partidos han gobernado demasiado tiempo, han debilitado los controles y equilibrios del sistema. Se han convertido en mafias, concluye otro más.
"En España, la justicia contribuye al déficit [democrático]", explica Hedgecoe, que cita el Eurobarómetro del año pasado, que muestra que los españoles "tienen menos fe en la independencia del poder judicial que cualquiera de sus vecinos de la UE, excepto Hungría y Polonia". Para acabar de arreglarlo, recuerda la dimisión del nuevo fiscal anticorrupción después de que los papeles de Panamá revelaran que tenía activos escondidos en una empresa offshore. Encima, "la sensación que los medios de comunicación no vigilan a políticos y empresas con rigor adecuado".
No es extraño, concluye uno de los comentaristas, historiador, que los políticos españoles "experimenten la impunidad que los políticos franquistas solían experimentar".
El artículo trata del alcance de la corrupción y de sus raíces. No es un retrato completo de España, ni tampoco una pieza académica. A su tono reprobatorio, entre el regaño y la bronca, contribuye la parcialidad de los citados en la crónica, todos, digamos, "indignados": Darío Adanti y Edu Galán, director y editor del mensual satírico Mongolia; Jaume Muñoz historiador, director de L'Avenç y autor de "La España Corrupta" (prologado por Paul Preston); Joan Coscubiela, exportavoz de CSQP, y Simona Levi, dramaturga, activista y directora del Master en Derechos Civiles, Tecnopolítica y Cultura Digital de la UPF Barcelona School of Management y coautora de "Votar y cobrar - La impunidad como forma de gobierno".
“Me interesa muchísimo por qué hay tantos casos de corrupción en España y quería entenderlo”, explica Hedgecoe a El Nacional. Sobre la selección de fuentes: “no quería hablar con políticos, obviamente. No pensaba que toda la gente con quien hablé me remitiría a Franco como origen de todo. Entiendo que no es la única causa, pero es la raíz”.
El periodista no lo ha pasado muy bien: “es un tema delicado: no quieres hablar de Franco cuando hablas de España”. Otra causa de la corrupción es la concentración de poder en algunos partidos: el PSOE en Andalucía, el PP en Valencia y Madrid, CDC en Catalunya... Y otro factor son los medios, que tienen un papel importante en todo esto”.
Esta crónica, más panorámica que otras recientes, por muy incompleta y tendenciosa que se quiera, contiene hechos que afectan al mismo relato de la UE, que suele presentarse en el mundo como la institución que sostiene el periodo de paz más largo nunca conocido en el continente (Premio Nobel de Paz 2012), y se gusta señalando España como mejor muestra de los beneficios del proyecto europeo. No sólo cuestiona este marco de interpretación. Promueve el contrario. ¿Por ejemplo, como cae, en este contexto, la represión del independentismo, o la noticia de que se ha cambiado el régimen del IVA con efectos retroactivos para los centros catalanes de investigación, algunos de referencia mundial, que ahora tienen que abonar, de golpe, 20 millones de euros a Hacienda? Pues cae, como imagina cualquiera, en el contexto de la corrupción y del abuso. Estas crónicas escuecen.

miércoles, 7 de marzo de 2018

La importancia de elegir una compañía eléctrica 100% renovable


MADRID.- Muchas veces en nuestro día a día tomamos decisiones y no nos damos cuenta de las consecuencias que pueden tener. Un ejemplo de ello es la decisión de escoger compañía eléctrica para el domicilio. Da igual que hablemos de un apartamento, de un chalet o de una casa en mitad del campo, si estás conectado a la red eléctrica y pagas el recibo de la luz, entonces este artículo es para ti, según se escribe en https://pasatealoelectrico.es.

Recientemente publicamos un artículo sobre las instalaciones de autoconsumo e instalación de placas solares, así como de la idea que tenemos sobre su ilegalidad en España. En él se explica que no es así y que existen ciertos casos en los que podemos hacer una instalación sin estar afectados por el comúnmente denominado “impuesto al sol”.
Ahora toca hablar de la importancia que tiene contratar una compañía eléctrica 100% renovable.

Conceptos sobre el sistema eléctrico en España

Para ponernos en antecedentes tenemos que conocer primero cómo funciona el sistema eléctrico en España. El sector de la energía está compuesto por cinco agentes: productor, transportista, distribuidor, comercializador y el propio cliente.
  • Productor. Como su propio nombre indica son empresas dedicadas a la producción de energía.
  • Transportista. El sistema global de transporte por líneas eléctricas lo hace la empresa Red Eléctrica de España (REE). Su misión, como operador del sistema, es asegurar el correcto funcionamiento del sistema de suministro eléctrico y garantizar en todo momento la continuidad y seguridad del suministro de energía eléctrica. REE gestiona toda la red de transporte de energía eléctrica (alta tensión), pero no realiza distribución de energía eléctrica (baja tensión).
  • Distribuidor. Las entidades distribuidoras de energía son las que se encargan de transportar la energía hasta los hogares además de gestionar, mantener y reparar las infraestructuras necesarias para que el suministro que recibe finalmente el usuario sea de calidad y no tenga interrupciones. Desde el 1 de julio de 2009 las empresas distribuidoras no pueden vender energía eléctrica, por lo que surge la figura de las comercializadoras. Los clientes pueden elegir comercializadora, pero no empresa distribuidora que es la que te toca según la zona donde vivas. Ambas pueden coincidir, pero no tienen por qué ser la misma.
  • Comercializador. La comercializadora es la compañía que vende la electricidad a los usuarios a un precio establecido previamente entre ambas partes.

¿Por qué elegir una compañía eléctrica 100% renovable?

Toda la electricidad producida va mezclada por el tendido eléctrico sin distinción del origen, y dado que todos compartimos la misma red eléctrica (REE), no podemos separar una de otra para su consumo. Es por esto que muchas personas se excusan en que no conocer el origen de la electricidad que consumes es motivo suficiente para no contratarlo. Como si el mero hecho de desconocer el origen de lo que consumes eximiese de responsabilidad. 
No nos damos cuenta de varias cosas: la primera de ellas es que contratar una comercializadora de electricidad con origen 100% renovable no implica pagar más; es más, es posible que implique pagar menos. La segunda es que contratar una compañía renovable supone incentivar un tipo de generación de electricidad y no otro. Y por último, y no menos importante, es que estás haciendo un bien por el planeta y por todos los seres vivos que lo habitamos. Para mí estos motivos son más que suficientes para descartar una frente a la otra.
Recuerda que al pagar tu recibo de la luz estás decidiendo dónde va a ir tu dinero y esa compañía va a comprar electricidad a una productora u otra, según lo que tú decidas. Por tanto, la responsabilidad que tienes sobre tu recibo de la luz es máxima, pues no implica sólo poder tomarte una cerveza fría del frigorífico sino también ser consciente de que para beberte esa cerveza fría no se han producido emisiones ni residuos contaminantes para el planeta.

Energía Verde vs Energía 100% Verde

Antes de continuar me gustaría aclarar dos conceptos: energía verde y energía certificada como verde. Muchas empresas, como la que tenía antes en mi domicilio, ofrecen contratos de energía verde pero, al preguntarles por el origen de la electricidad, te dicen que no te aseguran el 100%. Recuerdo además la persona con la que hablé que me argumentaba que además eso no era posible. 
Y claro, si atendemos al consumo real que viene por la línea eléctrica a mi casa es cierto, pero es que como ya he explicado antes, el consumo que realizamos en casa tiene un origen, por tanto ser responsable de nuestra factura nos lleva a ser también responsables del origen de la electricidad que consumimos. Del mismo modo que somos responsables del origen del petróleo que consumimos con nuestros vehículos de combustión y, por tanto, somos responsables en mayor o menor medida de las consecuencias que ello ocasiona.

¿Como sé que la electricidad que consumo y pago en mi factura tiene un origen 100% verde?

A través de la Certificación CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Si una empresa comercializadora especifica que provee energía verde o 100 % renovable y tiene certificado CNMC, entonces puedes confiar. La forma para comprobarlo es la siguiente, ya que la certificación se consigue al año vencido, es decir, al año siguiente de haber consumido dicha electricidad (por tanto, hasta primeros de 2018 no podremos comprobar el origen de la electricidad consumida en 2017).
En la web de CNMC podrás consultar y comprar el origen de la electricidad de tu domicilio. Pasos para realizar la comprobación:
  • Entra en la sección “Redenciones por CUPS” de la web de la CNMC.
  • Una vez dentro, completa el primer campo con el año en el que disfrutaste la electricidad sobre la que quieres hacer la consulta, indica tu CUPS en el campo correspondiente (puedes encontrarlo en cualquier factura de la luz). Y ya podrás descargar el documento con la información.

Conclusiones

Hay mucha información en Internet sobre las diferentes compañías comercializadoras de energía renovable existentes en el mercado español. Algunas emplean el dinero que pagas en tu factura para crear nuevas centrales hidroeléctricas, solares o eólicas.  Aquí  un enlace en con 24 alternativas. Elija la que más le guste y mejor se adapte a usted, pero elija siempre 100% renovable.

Bruselas alerta del alto nivel de desigualdad y pobreza en España pese a la recuperación

BERLÍN.- Berlín y Bruselas decretaron recortes y reformas para salir de la crisis, y España se ha convertido en paradigma del éxito de ese modelo en Europa: el PIB crece a ritmos del 3% y el paro ha caído del 26% al 16%. Pero el informe social de la Comisión Europea alerta de los niveles de desigualdad y del riesgo de pobreza que aquejan a la economía española, que se sitúan "entre los más altos de la UE" pese a la despampanante recuperación. Bruselas critica la temporalidad y una política social "inconsistente", con menor poder de redistribución que en el resto de la UE, tal como recoge El País, de Madrid.

El ministro Luis de Guindos se marchará un día de estos a Fráncfort como vicepresidente del BCE con un relato deslumbrante de la salida de la crisis española. España ha saneado sus bancos. Crece por encima de la media europea. Ha rebajado 10 puntos el desempleo desde máximos. Lleva cinco años acumulando superávits comerciales gracias a las publicitadísimas reformas laborales, de pensiones, de todo tipo. Todo eso es cierto. Pero el informe social de la Comisión Europea, al que ha tenido acceso este periódico y que se presenta hoy en Bruselas, relata la cara b de esa recuperación. 
Y deja un puñado de cifras mucho menos llamativas: el estudio destaca que España redujo el año pasado mínimamente la desigualdad y los niveles de pobreza, que a pesar de la recuperación siguen "entre los más elevados" de la UE. Y subraya las "vulnerabilidades" de España: básicamente, niveles de deuda pública, privada y exterior estratosféricos, que pueden poner la economía española en terreno pantanoso si suben los tipos de interés.
Bruselas, en fin, alerta de que la recuperación es desigual: no ha llegado a todos los bolsillos en la misma medida. Pero aun así no cambia de recetario: "La fuerte recuperación española es una oportunidad para revitalizar las reformas", arranca el estudio. 
A pesar del fuerte crecimiento del PIB y del empleo, "la productividad crece lentamente, y la fuerte segmentación del mercado laboral [con un incremento continuo de los contratos temporales] y la inconsistente política social dan como resultado un estancamiento de la desigualdad en niveles elevados". 
Esa tendencia puede resumirse con un dato: el 20% más rico gana en España 6,6 veces más que el 20% más pobre, diferencia que se sitúa entre las más abultadas de la Unión Europea.
El estudio ofrece un dato malo por cada dato positivo del que presume el Gobierno. Pero sobre todo deja la impresión de que el Ejecutivo ha hecho sus deberes solo a medias.
Desequilibrios macro: ligera mejoría, pero vulnerabilidad. "La reducción de los desequilibrios macroeconómicos registra progresos, pero los altos niveles de deuda externa, privada y pública suponen que las vulnerabilidades siguen ahí", cita el informe. El desempleo también mejora, pero Bruselas afirma que el insoportablemente alto nivel de contratos temporales (el 26,8%, entre las peores cifras de la UE) tiene "impacto negativo tanto en la productividad como en la cohesión social".
Recomendaciones específicas a España: progresos "limitados". Bruselas hizo recomendaciones a España de índole fiscal, para el mercado laboral y para asegurar la inversión en I+D y la unidad de mercado. Los progresos, en todas las áreas, son "limitados". Se ha mejorado el marco fiscal y los contratos públicos, pero sin alardes: la Comisión no ve "riesgos inmediatos de estrés fiscal", aunque sí "riesgos elevados a medio plazo". 
Bruselas ve algún progreso en la coordinación entre los servicios de empleo, pero critica los escasos avances en los inventivos para los contratos fijos y en la puesta en marcha de los esquemas de renta garantizada, y alerta de los limitados progresos en la implementación de la ley de unidad de mercado y en las inversiones en I+D. Aplaude, eso sí, la reducción de las emisiones de gas y el avance en los objetivos de energías renovables.
Trabajadores pobres. Lo más sabroso del informe es el análisis del mercado laboral y sus consecuencias sobre los indicadores sociales, en los que España sale mal parada. "La situación social mejora pero tanto la desigualdad como el riesgo de pobreza siguen siendo muy elevados", resume, con especial hincapié en las altas tasas de abandono escolar, de pobreza infantil y de paro juvenil. 
"El uso generalizado de contratos temporales afecta negativamente a la productividad y a la desigualdad, particularmente entre los jóvenes y los trabajadores de baja cualificación", que siguen teniendo "alto riesgo de pobreza". Los incentivos para aumentar los contratos fijos no han funcionado, critica Bruselas, que prevé incrementos salariales "modestos" en 2018 y 2019, y en todo caso inferiores a la media europea.
El 27,9% de la población española está en riesgo de pobreza: al arrancar la crisis, allá por 2008, esa cifra era del 23,8%. La renta per cápita ha crecido menos que el PIB desde que empezó la recuperación: la desigualdad experimenta una leve mejoría pero evoluciona con más lentitud que la recuperación y sigue siendo una de las más elevadas de la Unión. Las razones son "las altas tasas de paro y la segmentación del mercado laboral", según Bruselas, que deja un último rejón: el sistema fiscal y los beneficios sociales en España "tienen un poder redistributivo bajo respecto a la media europea": reducen la desigualdad en torno a un 34%, frente a una media europea del 40%.

viernes, 2 de marzo de 2018

Puigdemont carga contra Felipe VI y afirma estar preparado para ir a la cárcel

LONDRES.- El expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha criticado este viernes a Felipe VI por su gestión del proceso soberanista, y ha avisado: "Una república no necesita rey".

Lo ha hecho en una entrevista en 'The Guardian', en la que se refiere especialmente al discurso del Rey Felipe VI tras el referéndum del 1 de octubre y lo compara con el que hizo su padre y antecesor, el Rey Juan Carlos, tras el 23F.
"Su padre se puso un uniforme militar e hizo un discurso civil, mientras que él se vistió de civil e hizo un discurso militar", ha dicho Puigdemont.
A su juicio, Felipe VI ha actuado "fuera de la Constitución española y de su papel de árbitro", y se ha alineado con el Gobierno central contra el independentismo.
"Excluyó a millones de catalanes que votaron por la independencia" en el referéndum del 1 de octubre, critica, y señala que se ha convertido en un jefe de Estado que solo representa a una parte de la sociedad.
Por ello, "la monarquía ha perdido a Cataluña y su visita la semana pasada --al Mobile World Congress-- no fue plácida, fue un error", ha considerado.
También ha explicado que la estructura republicana que se articulará en Bélgica y que él presidirá será "como un Govern en el exilio, un espacio libre sin amenazas ni temores".
Preguntado por su elección de ir a Bélgica y no comparecer ante la justicia española, Puigdemont ha dicho que quiere "continuar la lucha en las mejores condiciones y, para ello, se necesita libertad de expresión y movimiento".
"Estoy psicológicamente preparado para la cárcel, pero quiero seguir luchando por Catalunya", ha subrayado.

El ayuntamiento leridano de Cervera da la vuelta a Felipe V


LÉRIDA.- El consistorio leridano de Cervera ha anunciado en un comunicado que en las próximas semanas retirará los retratos reales que conserva en dos salas del histórico edificio municipal en los que están representados desde los Reyes Católicos hasta Fernando VII junto con las respectivas esposas y los trasladará al Museo Comarcal de Cervera.

"Felipe V, el primero de los monarcas hispánicos de la dinastía de los Borbones, fue el responsable de un grave retroceso en las libertades y derechos del pueblo catalán cuando en 1716 promulgó el Decreto de Nueva Planta", ha afirmado el alcalde, Ramon Royes (PDeCAT).
Para Ramon Royes, "estos cuadros simbolizan una época muy oscura y negativa para Cataluña y es anacrónico que estén expuestos en un edificio que es la casa de todos los cerverinos, cuando su lugar debe ser el Museo".
"Una exhibición de monarcas, muchos de ellos Borbones, no se corresponde con un espacio que debe ser la representación de la ciudadanía a partir de los valores democráticos y de libertad" añade el alcalde.
El alcalde señala que a la hora de tomar esta decisión también ha tenido en cuenta "el papel del rey Borbón Felipe VI, defendiendo la actitud y decisiones del Gobierno de España, que ha aplicado el artículo 155 de la Constitución española contra el pueblo catalán, hecho que como mínimo se debe calificar de injusto y decepcionante.
En este contexto ha señalado que ve "un claro paralelismo con la aplicación contra Cataluña del Decreto de Nueva Planta en 1716, que supuso la pérdida de libertades de expresión, presos políticos, ataques a la lengua y cultura catalana y la intervención y disolución de las instituciones catalanas, al igual que ahora en pleno siglo XXI ".
"Nos sentimos extremadamente lejos de España y queremos simbolizar nuestro rechazo a los Borbones y a lo que hicieron hace 300 años poniendo el retrato de Felipe V girado durante unas semanas antes de quitar todos los retratos de un edificio que se llama Paeria y que representa unos valores que nada tienen que ver con el comportamiento de los Borbones con el pueblo catalán", ha agregado.

jueves, 1 de marzo de 2018

Centenares de jubilados exigen bajo la lluvia en Madrid una subida digna de su pensión

MADRID.- Centenares de jubilados han exigido bajo la lluvia frente al Ministerio de Hacienda de Madrid una subida de las pensiones vinculada al IPC para tener "prestaciones dignas" y han acusado al Gobierno de "robarles" su pensión con la revalorización del 0,25 % anual.

El mal tiempo meteorológico no ha impedido que centenares de jubilados se hayan concentrado en los alrededores de la puerta del Sol convocados por CCOO y UGT bajo la pancarta "Contra la congelación de las pensiones. No a la subida del 0,25 %".
"Seguimos viviendo. Somos pensionistas" ó "Manos arriba esto es un atraco" son algunos de los lemas que portaban bajo la lluvia los manifestantes que a su vez coreaban con ánimo exaltado "ladrones" y "chorizos".
El secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Julián Gutiérrez ha señalado que el Gobierno debe subir las pensiones con respecto a la inflación porque "es de justicia" y ha pedido derogar el factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida ya que los pensionistas cobrarán en 2050 alrededor del 50 % de su salario.
"Menos palabrería y más reuniones con los agentes sociales. Siempre que ha habido acuerdo en pensiones ha ido bien la Seguridad Social", ha urgido al tiempo que ha exigido un alza en las pensiones mínimas y ha recordado que "viudas con pensiones bajas no pueden encender la calefacción".
Por su parte, el secretario de política Social de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, Dimas Delmazo, ha pedido al Gobierno que "deje de tomar el pelo a los pensionistas" porque "no podemos vivir de limosnas".
Ha recordado que hay que revalorizar las pensiones según el IPC y ha hecho un llamamiento a las fuerzas de la izquierda para ponerse de acuerdo y adoptar decisiones políticas "contundentes" para que "las personas vivan dignamente, con trabajo y con pensiones".
Asimismo, ha señalado que si hay que poner impuestos para pagar las pensiones "habrá que ponerlos", tal como plantea el PSOE, y ha recordado que en España hubo hasta 27 tramos del IRPF y mientras el que más ganaba pagaba el 65 % el que menos pagaba el 13 %.
"Ahora el que mas gana paga el 45 % y el que menos el 19 %", ha puntualizado, a la vez que ha señalado que la propuesta del Ministerio de Hacienda de plantear incentivos fiscales para las personas de "mayor edad" deja fuera al 63 % de los pensionistas.
Muchas jubiladas han criticado que la subida del 0,25 % sea inferior a la subida de la luz o del gas y han gritado que son ellas las que han sostenido a sus hijos y nietos.

Todos los cónsules en Barcelona se solidarizan con su colega de Finlandia


MADRID.- El Gobierno de Finlandia informó el martes, a través de un comunicado volcado en la página web de su embajada en Madrid, sobre que había decidido cesar a su cónsul general honorario en Barcelona, Albert Ginjaume Egido, a partir de este primero de marzo "a petición del gobierno español", publica hoy El País

En el mismo texto se indicaba que el Gobierno español consideraba que ese cónsul había "ejercido actividades inadecuadas" para su función "relacionadas con la situación política que vive Cataluña en la actualidad". 
El cónsul afectado denunció este miércoles a El Paísque desconoce las razones verdaderas de su cese, lamentó que nadie, ni su embajadora ni el Ministerio de Exteriores, se las hayan explicado y las atribuyó a un "aviso a navegantes" para que tomen nota los demás representantes y diplomáticos internacionales destinados en España. 
El cónsul cesado niega ser independentista y ha sido respaldado por escrito por la decana y la ejecutiva de los 94 cónsules ubicados en Barcelona. Es el cuarto cónsul en Barcelona cesado por el rechazo del ejecutivo español.
El comunicado de la embajada de Finlandia aclara que el trabajo de los cónsules honorarios está legislado por la Convención de Viena y precisa que ejercen su cargo bajo una autorización (exequatur) otorgada por el país receptor. 
En esa línea señala que "sin la aprobación del país receptor el cónsul honorario no tiene condiciones de seguir en el cargo" y que "es imprescindible que el cónsul honorario disfrute de la confianza del país receptor". 
El texto hace todas esas aclaraciones para subrayar que hasta ahora Albert Ginjaume había realizado su trabajo "de forma ejemplar durante los diecinueve años que ha ejercido funciones de vicecónsul honorario (10 años) y después de cónsul general honorario (nueve) de Finlandia en Barcelona".
La embajadora de Finlandia en Madrid,Tiina Jortikka-Laitinen, está estos días de viaje fuera de España y no regresará hasta la semana que viene. Pero el número dos y encargado de negocios de la embajada ratificó a El País que hasta ahora no habían tenido queja en la labor de Ginjaume y que siempre había desarrollado "sus actividades muy bien y de forma ejemplar". 
La única explicación que los responsables del departamento de asuntos europeos y de protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores español les dieron fue que su malestar hacia Ginjaume no se habían originado por una causa concreta "sino por un comportamiento durante un tiempo prolongado".
Pero el propio Albert Ginjaume y el comité ejecutivo del Cuerpo Consular en Barcelona, que forman 10 miembros que representan a los 94 cónsules reconocidos en la ciudad, sí tienen una explicación muy concreta sobre el detonante de esta crisis. Ginjaume es además el secretario de ese organismo, que se creó para regular y organizar las actividades institucionales y representativas de ese colectivo.
Desde hace años ese comité ejecutivo de los cónsules catalanes es el que se reúne y entre otros actos programa una comida al mes con personalidades diferentes de la vida política, económica, social, cultural y deportiva catalana. 
La prevista para el mes de enero era con el presidente de las Cámaras de Comercio de España, el empresario del cava José Luis Bonet, uno de los más firmes aliados del Gobierno central de Mariano Rajoy frente al desafío independentista. La cita con Bonet al final se frustró por un problema de agenda y se fijó otro almuerzo para el 1 de febrero con la presidenta de la Diputación y alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa, del PdeCat.
Una semana antes de esa comida con Conesa llamaron desde la Embajada de Finlandia en Madrid a su cónsul en Barcelona, que había enviado la carta de invitación como secretario del Cuerpo Consular, y le alertaron de que en el Ministerio de Exteriores español no gustaba nada esa iniciativa con una dirigente independentista. 
El cónsul explicó directamente a su embajadora en Madrid que la idea no era suya particular sino del colectivo y añadió que a ese tipo de eventos había acudido hacía poco también la alcaldesa de Hospitalet, la socialista Núria Marín.
El almuerzo se celebró y tras el mismo su embajadora volvió a llamarle para trasladarle otra recriminación del departamento español de Exteriores. El cónsul Ginjaume pidió la oportunidad de dar sus razones al Ministerio y al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, pero se rechazó esa idea porque se consideró que la interlocución debía efectuarse únicamente con la Embajada. A los pocos días la embajadora le comunicó verbalmente su cese, que este miércoles aún le había llegado formalmente.
El excónsul de Finlandia interpreta que ha sido cesado por presiones del Gobierno español, que le acusa de mantener posiciones políticas próximas al independentismo catalán. Ginjaume lo niega. Asegura que nunca se ha manifestado en ese sentido aunque sí ha conversado con Millo sobre que “la solución al conflicto catalán no puede provenir de actuaciones judiciales sino en algún grado de cesiones políticas porque ahora esta sociedad está dividida al 50%”.
Albert Ginjaume se siente estos días desconcertado pero dice que también respaldado por la mayoría de sus compañeros en Cataluña. Argumenta que le animan en privado pero que no hablan en público por miedo a que les quiten sus cargos. Los que sí se han expresado y por escrito han sido la decana de la Asociación Consular en Barcelona, la embajadora de Perú, Franca Lorella Deza, para alabar ante la embajadora de Finlandia la actuación “correcta, responsable, seria, eficiente, serena y ecuánime” y siempre como secretario de ese colectivo del cónsul Ginjaume.
Lau Andersen, cónsul honorario de Dinamarca y responsable de relaciones institucionales de ese Cuerpo Consular en Barcelona, le escribió otra misiva a la embajadora de Finlandia en la que, además de ensalzar a Ginjaume, aprovechó para reafirmar que todas sus gestiones no se habían realizado a título particular sino en nombre del colectivo. 
 Y ahí detalla que además de a la presidenta de la Diputación se ha invitado a esas comidas a otras alcaldesas, al delegado del Gobierno, al responsable de la Casa Asia, a dirigentes del Fútbol Club Barcelona, del Comité Olímpico o de la patronal empresarial.
Aunque el Ministerio de Asuntos Exteriores no facilita más explicaciones oficialmente, a Ginjaume se le reprocha que promoviera la entrega de una placa de recuerdo de su estancia en Barcelona del anterior cónsul honorario de Filipinas, Jordi Puig, que fue cesado tras ser visto en una manifestación en Barcelona junto a banderas separatistas y una pancarta con el lema “Keep calm”. 
La ejecutiva del Cuerpo Consular aprobó darle esa placa porque se entendió que acudió a ese acto en un homenaje a los atentados del pasado verano en Cataluña y no a favor de la independencia. El Gobierno logró también el cese como cónsules honorarios de Letonia de Xavier Vinyals, por poner una bandera estelada en la fachada de su piso, y del exfutbolista del Barça Hristo Stoichkov, representante honorífico de Bulgaria, que tildó en septiembre pasado a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de franquista.

Antonio García-Trevijano, el hombre que sabía demasiado / Hermann Tertsch *

Eran las once en esta noche de perros cuando sonó el teléfono, vi en la pantalla quién era y me pregunté qué querría Antonio García-Trevijano a esas horas. No era él sino su fiel ayudante Elena que me anunciaba que el maestro, como le llamaban y seguirán llamando sus muchos discípulos, acababa de morir. 

Por complicaciones con el implante de un catéter. No se puede improvisar de madrugada la necrológica de un coloso, de un hombre completo como surgen muy pocos en una nación en un siglo. 

Hoy la mayor parte de los españoles apenas conocen la figura de este inmenso intelectual y pensador, pero también hombre de acción que tuvo inmensa relevancia en esa transición política española tan manoseada y usurpada tantas veces por personajes menores.

Antonio Garcia-Trevijano Forte, nacido en Granada el 18 de julio de 1927 en una familia de juristas, funcionarios e intelectuales, estudió Derecho, aprobó notarías en cinco meses por tranquilizar a su padre y se lanzó a una vida trepidante y fascinante, merecedora de decenas de ensayos, biografías y novelas. Lo leyó todo, lo conoció todo, lo viajó todo y como abogado ganó fortunas. Pero su pasión eran el pensamiento político y España. 

Jugó un papel tan importante en los años del tardofranquismo y transición que nadie quiere recordarlo. Ha pasado cuarenta años en el ostracismo por ser el hombre que sabía demasiado. Desde su papel como hombre de confianza de Don Juan desde Estoril, su trato con el Rey Juan Carlos desde épocas de la Academia Militar de Zaragoza, su liderazgo en los planes primero de crítica y oposición real al régimen de Franco y después en la transición elegida. 

Creó la Junta Democrática de España, protagonizó su fusión con la Plataforma de Convergencia Democrática para la Platajunta. Redactó un proyecto rupturista de Constitución y fracasó al ser arrollado por las fuerzas reformistas. Todos se conjuraron contra él tras el pacto de Adolfo Suárez con Santiago Carrillo y Felipe González y lo metieron en la cárcel de Carabanchel para que no entorpeciera los pactos. 

Estuvo en la operación del diario «Madrid». Y pudo haberse quedado con «El País», cuyos directivos lo consideraron siempre el enemigo número uno. Como los servicios de información de Carrero. Para la CIA era «Maverick», la única oposición real y seria al franquismo.

No se dio por vencido tampoco tras su derrota en la transición. Tuvo un papel clave como jefe del llamado «sindicato del crimen» en la caída de Felipe. Escribió algunas de las obras más importantes de pensamiento político publicadas en lengua española. Y muchos de nuestros males serían menores de habérsele hecho un poco de caso. 

Con una cultura enciclopédica, hacía vida de sabio patricio, marginado por la España oficial y admirado por un sinfín de estudiosos e intelectuales. Su legado además de sus libros y una vida arrolladora llena de fuerza, espíritu y tesón creador es el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC), que pretende reformar el régimen de la partitocracia a una democracia representativa. 

Su 90 cumpleaños, celebrado por un nutrido grupo de admiradores suyos en Santo Domingo de la Calzada el pasado verano, resultó ser su gran despedida de un mundo en el que pudo serlo todo de haber querido comerciar con sus ideas. Republicano combativo como era, con serios desencuentros con Juan Carlos I, queda en la memoria su precioso llamamiento al Rey Felipe VI a ponerse enfrente de la manifestación de la Nación para salvar la Corona y a España ante la amenaza separatista. 

Descanse en paz un grandísimo español al que la patria no correspondió su inmenso amor desplegado.


(*) Periodista


Antonio García-Trevijano, el ex notario que pudo ser presidente y magnate de la prensa

MADRID.- La polémica rodeó siempre a Antonio García-Trevijano Fortes, que en el terreno mediático pasó por intentar de ser gestor para acabar finalmente como columnista. En el terreno político intentó erigirse en defensor del republicanismo anti-borbónico a pesar de sus grandes vínculos con la realeza en su juventud, para que se estableciera una democracia 'verdadera' en España, pero nunca gozó de demasiado aprecio de las fuerzas de izquierda, tal como recuerda hoy Periodista Digital.

Sus principales polémicas y aspiraciones político-mediáticas dieron mucho de qué hablar.
Asesor del dictador Macías de Guinea Ecuatorial
Ser asesor de un dictador no parece la mejor carta de presentación para un defensor de una democracia plena y a Trevijano le recordaron toda la vida su condición de asesor de Macías.
Que lideraba la delegación rebelde a las propuestas de Constitución de la delegación española. 
Fue José María Carrascal en el diario Pueblo el que destapó a aquel ex notario que asesoraba - y pagaba - contra la posición del Gobierno español, porque así se lo chivaron dos miembros más de esa delegación, Atanasio Ndongo y Saturnino Ibongo.
Trevijano demandó a Carrascal, a Ndongo y a Ibongo. El proceso contra estos dos últimos no duraría mucho porque una vez Macías tomara el poder, serían dos de las personas a las que liquidaría, una práctica que Macías ejerció con frecuencia, Trevijano dedicaría toda su trayectoria a tratar de desvincularse de los crímenes de Macías asegurando que su proyecto de Constitución no fue el que se aplicó en aquel país.

Apoderado del Diario Madrid
Antonio García-Trevijano también fue asesor de Rafael Calvo Serer, el propietario del Diario Madrid, periódico del que acabó siendo apoderado y al que el relato oficial de la historia del periodismo presenta como un medio mítico "que fue cerrado por criticar el franquismo".
Trevijano, en cambio, sostiene que el cierre se debió a que el medio iba a morir por estar en quiebra y que trató de disimular esa quiebra provocando al régimen para darle un final más romántico. De hecho la celebre 'voladura' del edificio del periódico fue también obra de Trevijano, aunque se atribuya al franquismo y un ‘pelotazo' vía Sagar.
"Los redactores de aquel periódico, Miguel Ángel Aguilar, José Oneto, Miguel Ángel Gozalo...etc, siempre han rechazado la versión de Trevijano y prefieran una más romántica sobre el fin de aquel diario".
Trevijano estaba orgulloso de haber conseguido el cierre del periódico frustrando una operación de salvar el medio a cambio de que pasara a estar controlado por la Organización Sindical (es decir, Emilio Romero), operación que, de haber triunfado, hubiera salvado los puestos de trabajo pero impedido el símbolo de la 'voladura' del Madrid.

Portavoz de la Junta Democrática
El cargo más elevado que tuvo Trevijano en política fue cuando consiguió que le hicieran 'portavoz' de la Junta Democrática, una curiosa plataforma de partidos de oposición al franquismo en la que había partidos que demostrarían tener peso electoral (como el PSOE, el PCE y el PSP) con grupos que demostrarían ser irrelevantes a efectos electorales (Izquierda Democrática, democristianos, carlistas... o hasta José Luis de Vilallonga).
Calvo Serer y Trevijano aspiraban a liderar aquella plataforma en consideración a su gran nivel intelectual, capacidad económica y poder de comunicación que se atribuían.
Llegaron a intentar que Don Juan de Borbón aceptara ser el presidente de aquella plataforma y el Conde de Barcelona, según Trevijano llegó a estar a punto de aceptar (lo cuál hubiera sido un mazazo para el modelo de Transición que tramaban Don Juan Carlos, Suárez y Fernández Miranda).
Al final el conde se lo pensó mejor... o se lo hicieron pensar mejor los Sainz Rodríguez de turno y dejó tirado a Trevijano que, a pesar de haber sido asesor del Borbón padre y del Borbón hijo, a partir de ese momento fue firme opositor de la monarquía.

"El Dossier Trevijano"
Tampoco su carrera en la Junta Democrática duró mucho más, porque entonces se filtró a todos los medios el 'Dossier Trevijano' que redactó Donato Ndongo.
Un dossier que recordaba la asesoría de Trevijano al ahora sanguinario Macías y especulaba sobre negocios del hombre en aquel país. Aquel dossier fue aireado por los grandes periodistas de la época (Pedrojota Ramírez, José Oneto, Javier Nart, Jesús de las Heras, Carlos Semprún...).
Trevijano les demandó a todos, pero no pudo impedir que el PSOE, PCE y PSP rompieran con él por declararse ‘moralmente incompatibles' con él. En realidad el modelo de ‘las platajuntas' había muerto conforme iba evidenciándose que sólo socialistas y comunistas tenían peso electoral real de los que allí estaban.
A partir de quedar excluido de la Transición, Trevijano denunciaría que aquello no era una democracia real, sino una oligarquía de partidos encabezados por el PSOE.

Operación El País
Antonio García-Trevijano reapareció en titulares cuando se conoció su intento de comprar el periódico El País, cuyo accionariado estaba en aquellos momentos en pie de guerra entre Jesús Polanco por un lado y los areilcistas y fraguistas por el otro.
Aunque Trevijano llegó a tener un importante capital (con ayuda de Dario Valcárcel y Pérez Escolar, con los que luego acabó fatal) Polanco tenía el apoyo de la redacción (Juan Luis Cebrián) lo que fue decisivo para frustrar la operación. Trevijano no logró quedarse con PRISA, pero al menos sí hizo negocio con las plusvalías por la venta de sus acciones a afines a Polaco, concretamente Ramón Mendoza.

Operación Informaciones
Los intentos de Sebastián Auger por formar un grupo mediático en los años setenta encabezado con el diario Informaciones acabaron con un hundimiento total a principios de los ochenta.
El papel de Trevijano, abogado de Auger, en aquella historia no está claro. En sus memorias uno de los directores de Informaciones, Romero Gómez, lo cita como co-responsable del tema. En una entrevista en PD reconoce que Auger le ofreció dejarse asesorar intelectualmente por él, pero rechaza que tuviera un papel relevante en aquel proyecto.

AEPI: La conspiración republicana contra Juan Carlos I
Antonio García-Trevijano pasó entonces a ser columnista y tertuliano. José Luis Balbín le llevó varias veces a 'La Clave', alguna en TVE; pero en especial a la de Antena 3 TV. Como columnista, estuvo primero en el diario El Independiente, que cerró en 1991 por discutidos motivos. De ahí pasó a El Mundo de Pedrojota Ramírez donde adquirió cierta notoriedad.
Fue entonces cuando aceptó ser co-fundador de la AEPI, que venía a ser la plataforma de figuras de la prensa que tenían dos enemigos en común: el PSOE y el Grupo PRISA. Su presencia sirvió a que un viejo conocido de Trevijano, José Luis de Vilallonga, le presentara como un conspirador que con ayuda de Pedrojota quería tumbar al Rey Juan Carlos para ponerse en su lugar.
Aquella peculiar teoría - reproducida por PRISA y La Vanguardia - sirvió para que Trevijano sacara por aquellas un libro que tendría notorio éxito en ventas, 'El Discurso de la República' - gracias a la publicidad que le hicieron aquellos. Al final la AEPI se fue a hacer puñetas por las peleas internas de sus miembros, peleas en las que Trevijano rehusó participar.

Sogecable: La conspiración mediática contra Polanco y Cebrián
García-Trevijano fue señalado como ‘el cerebro' de una peculiar operación que pretendía presentar el uso de los depósitos de los descodificadores de los directivos de PRISA como una ‘apropiación indebida' y ‘falsedad documental' en un proceso llevado a cabo por el juez Javier Gómez de Liaño, que acabaría expulsado de la carrera judicial por intentar aquello. El ex amigo de Liaño, Baltasar Garzón, aseguró que este actuaba asesorado en todo momento por Trevijano que hasta supervisaba sus resoluciones. Trevijano, preguntado por PD, sólo reconoció haber sido consultado.
¿Y por qué lo hacía Trevijano? Según Garzón porque era asesor de Televisa España / Vía Digital, que competía con la plataforma de PRISA y, si se quería algo más romántico: porque liquidando a PRISA se impulsaba según aquella versión, el ‘cambio de régimen de España'.

El caso Villapalos
El nombre de Antonio García-Trevijano volvería a salir cuando el rector de la Complutense Gustavo Villapalos tuvo que sentarse en el banquillo por determinados pagos realizados a abogados para solucionar problemas de querellas, en los que aparecían nombres vinculados a Banesto, Manuel Garrido o el citado Trevijano (al que Villapalos habría pagado 15 millones de pesetas por servicios). El PSOE y el fiscal Bermejo llevaron a Villapalos a los tribunales, pero fue absuelto.

A la radio y con seguidores
Trevijano rompió con la AEPI de Pablo Sebastián y rompió con El Mundo de Pedrojota Ramírez, con el que no quedó demasiado contento.
Pero en cambio siempre mantuvo una estima hacia Luis María Anson (fue colaborador de La Razón), que probablemente le dedique una de sus canelas en breve.
No obstante se aparató de toda colaboración mediática que no fuera controlada por él, estableció una radio para poder dar su opinión sobre la actualidad y sobre la prensa y demostró que tenía a su alrededor un grupo de incondicionales dispuestos a defenderle a muerte en las redes.
Elogiado siempre por una prodigiosa memoria aceptaba con gusto resolver dudas y dar su versión de sucesos y hechos de los que fue protagonista. En su currículum queda haber sido abogado de relevantes causas y haberse codeado con poderosos, pero no haber sido ni presidente de la República, ni propietario de El País.