martes, 22 de julio de 2014

Diego Torres dice ahora que Felipe VI sabía de los negocios de Urdangarin

PALMA DE MALLORCA.- El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha entregado al juez del caso Nóos, José Castro, varios correos electrónicos con los que trata de probar que el Rey Felipe VI conocía las actividades de su cuñado y que toda la Casa Real las amparaba.

En el recurso de apelación contra la imputación de Torres y su esposa, Ana María Tejeiro, su abogado defensor incorpora misivas remitidas por el esposo de la infanta Cristina al entonces Príncipe de Asturias, con las que intenta demostrar que entre ambos había una relación de confianza.

Entre otros, presenta correos referidos a la participación de Urdangarin en la organización de la despedida de soltero del Príncipe, además de un mensaje supuestamente enviado a Don Felipe por su cuñado en el que intercede para que mantenga un encuentro en Moscú con Joaquín Boixareu, el empresario que constituyó la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, que el juez Castro considera parte del entramado de Nóos.

En las misivas, que incluyen comentarios jocosos de Urdangarin sobre los entonces Príncipes de Asturias, se pondría de manifiesto, según la tesis de la defensa, que "la relación entre cuñados era fluida", que el esposo de la infanta informaba de sus actividades a los miembros de la Familia Real, que se relacionaba con los amigos íntimos de Don Felipe y que incluso pedía ayuda a Don Juan Carlos para algunos de sus proyectos.

Con todo ello, Torres busca reforzar su argumento de que no tenía ninguna conciencia de que las actividades del Instituto Nóos pudieran tener ningún aspecto irregular porque eran objeto de un "exquisito y escrupuloso seguimiento" por parte de la Casa del Rey.

El letrado que defiende a Torres, Manuel González Peeters, advierte en su recurso de que cuando se celebre el juicio por este caso propondrá la comparecencia como testigos de "todos y cada uno de los citados en todos y cada uno de los correos electrónicos facilitados (...) con las limitaciones que la legislación vigente impone", relación que incluye a los actuales y los anteriores Reyes, entre otras muchas personas.

La defensa del exsocio de Urdangarin reitera en esencia la argumentación que planteó en el recurso de reforma rechazado por el juez Castro el pasado día 17, también en la comparación entre Ana María Tejeiro, imputada por más delitos, y la infanta Cristina.

Según su criterio, la participación de la mujer de Torres en la presunta trama corrupta es marginal frente al papel de la hija del entonces Rey, que fue vocal del Instituto Nóos, apunta.

El letrado sostiene que la infanta y su esposo gozan de una "posición de privilegio absoluto" respecto a sus representados, como a su juicio lo demuestra que mientras la vivienda de Torres-Tejeiro fue registrada por la Policía, el chalé de los duques de Palma en Barcelona, donde tenía su sede la empresa familiar Aizoon, nunca fue objeto de investigación.

Otro de los correos aportados en el recurso está dirigido por Urdangarin a la infanta Cristina y alude a una factura cargada a una tarjeta de crédito ligada a una cuenta de Aizoon. Con ello, la defensa de Torres busca aportar más pruebas de que la duquesa de Palma "usaba con gran dedicación y frenesí" los fondos de la empresa que compartía con su esposo.

También se refiere González Peeters a la confesión del excontable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro, "obtenida extramuros del procedimiento, al margen de su judicialización", y acusa al "arrepentido" de mentir "más que habla" porque minimiza su responsabilidad en el instituto cuando antes se "pavoneaba" de ser el gerente.

"Quien realmente gestionaba, dirigía y disponía era Iñaki Urdangarin y su entorno, sea de forma directa, sea a través de su fiel edecán hasta fechas relativamente recientes en las que le ha visto las orejas al lobo, Mario Sorriba, sea de modo consensuado con su esposa a la que de todo informaba y con la que todo compartía y decidía (...) sea mediante la obtención del plácet del secretario de esta, Carlos García Revenga, insigne asesor de la Casa de su Majestad el Rey", afirma el defensor.

Podemos pide paralizar la ley hipotecaria en la Eurocámara

BRUSELAS.- El portavoz de Podemos, Pablo Iglesias, informó este martes de que busca el apoyo de otros partidos políticos españoles representados en el Parlamento Europeo para que el Gobierno de España suspenda los desahucios.

El portavoz de Podemos invitó a una reunión esta tarde a todos los demás portavoces de partidos en la Eurocámara con la intención de "alcanzar un acuerdo que permita plantear al Gobierno la posibilidad de acabar con algo que desean todos los ciudadanos españoles independientemente de cada opción política".
Iglesias dijo que el objetivo es exigir al Gobierno que acate la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sobre ejecuciones hipotecarias y para que suspenda todos los desahucios en España.
El eurodiputado se mostró "seguro" de que los europarlamentarios de otras formaciones "primarán que se trata de un tema de Estado" y "dejarán a un lado los intereses partidistas".
En la reunión también participará el abogado experto en derecho hipotecario Rafael Mayoral, que explicó que el Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado que la actual ley española, que venía a modificar la anterior normativa hipotecaria, "deja claro que España viola sistemáticamente los derechos humanos" en referencia a que se incumpliría el artículo 47 de la Carta de Derechos Humanos de la UE.
El letrado dijo que tras las recientes sentencias del Tribunal de Luxemburgo, los jueces españoles "tienen la obligación de cumplir con el Estado de Derecho y suspender la aplicación de la ley española" y parar los desahucios.
Mayoral hizo mención a la reciente respuesta de ese Tribunal ante una cuestión prejudicial planteada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón en relación con las posibilidades que tiene una persona afectada por un proceso de ejecución hipotecaria para oponerse a determinadas decisiones judiciales.
El Tribunal Europeo ha estimado que los ejecutados también deben tener el derecho de oponerse a una decisión judicial desfavorable.
Sólo los bancos podían ejercer hasta ahora ese derecho.
La última revisión de la norma hipotecaria española se produjo después de que en marzo de 2013 la Corte declarase "abusivas" las cláusulas hipotecarias españolas con una sentencia que fue bautizada con el nombre del demandante, Mohamez Aziz.
Iglesias lamentó que la propia Comisión Europea no haya impulsado la paralización de la aplicación de las ejecuciones hipotecarias tras las sentencias de Luxemburgo contra la ley española y lo achacó a que el Ejecutivo comunitario forma parte de la troika, en que también están el BCE y el FMI.
"Es evidente que ninguna de las instituciones de la troika han estado a la altura a la hora de responder a los desafíos democráticos de Europa en un momento en que muchos derechos de los europeos han sido vulnerados", señaló el eurodiputado.
Agregó que la obligación de los eurodiputados, "que representan a los ciudadanos y no a los poderes financieros", es "reivindicar esta Eurocámara como espacio en que no se abandone a los ciudadanos".

Sale de la cárcel el simpatizante del 15-M condenado por actuar de piquete

GRANADA.- La sección primera de la Audiencia provincial de Granada ha dictado un auto para poner en libertad a Carlos Cano, el joven estudiante de Medicina simpatizante del 15-M, condenado a tres años de cárcel tras participar en un piquete informativo en la huelga general de marzo de 2012. 

Cano ha salido del centro penitenciario de Albolote (Granada) a las 15.45 horas, donde lo esperaban decenas de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Está acusado de atentar contra los derechos de los trabajadores de una cafetería de la capital granadina. Él ha negado esta acusación en todo momento.
El auto judicial lo deja en libertad hasta la resolución del indulto que solicitó tanto él como Carmen Bajo, la otra mujer condenada a prisión por los mismos hechos y que tenía una prórroga para entrar a la cárcel hasta finales del presente mes de julio.
Esta puesta en libertad ha coincidido con una protesta de 40 miembros del SAT liderados por Diego Cañamero, que se concentraron en la puerta de la prisión para exigir la puesta en libertad de Carlos Cano.
Carlos Cano ingresó en la cárcel el pasado 14 de julio, cuando se entregó voluntariamente en cumplimiento de una providencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 apremiando la ejecución de la sentencia que lo condenaba.
Tanto Carlos como la otra condenada, una leonesa de 56 años afincada en Granada y de profesión animadora sociocultural aunque actualmente en paro, están acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores, por el que fueron condenados a tres años y un día de prisión. La sentencia fue dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada y ratificada posteriormente por la Audiencia Provincial.
Una vez agotada la vía judicial, ambos decidieron interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), de cuyo pronunciamiento están aún a la espera, y en el que reclaman medidas cautelares de suspensión de la ejecución de su condena hasta finalizar el tramite.
También, y para tratar de invalidar parte del proceso en el que se les condenó, ambos presentaron un recurso de incidente de nulidad de actuaciones ante la Audiencia de Granada que no fue admitido a trámite.