España es vista en el exterior como "un país honesto" pese a la corrupción

MADRID.- La imagen de España en el exterior se ha mantenido en el último año en un notable y ha dejado de asociarse con la "crisis", apareciendo como "un país tradicional, confiable, honesto, fuerte, rico, religioso y tolerante", donde la corrupción no tiene un impacto detectable en la percepción desde fuera.

Así lo recoge la séptima oleada del Barómetro Imagen de España (BIE) realizado por el Real Instituto Elcano, encuesta efectuada en once países (Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos, China, Chile, Ecuador, Marruecos y Turquía) que mide desde 2012 la evolución de la imagen del país.

La valoración de España en esta encuesta, presentada hoy por la investigadora Carmen González Enríquez, es de 7,1 sobre 10, una décima por debajo con respecto a 2016.

Se produce un aumento de la imagen de España en Europa y Estados Unidos, que se ve compensada en la media por la menor valoración que se hace desde Marruecos, Turquía o Japón.

Según la encuesta, Italia es el país que otorga la nota más alta a España, que es el país europeo peor valorado por Marruecos, el Estado que valora más negativamente a España.

Un año más, España es valorada sobre todo como destino turístico. En esta ocasión se ha introducido como elemento nuevo a valorar el de la comida española y su puntuación resulta muy alta, ocupando el segundo lugar, por encima incluso de la que se da a los deportistas.

Existe unanimidad entre los ciudadanos de los diferentes países en su evaluación del atractivo turístico como el principal activo de España y sólo en un caso, el de Ecuador, hay otro elemento que alcanza una nota tan alta: las infraestructuras.

Como en anteriores oleadas, el fútbol se ha convertido en uno de los principales signos de identidad y origen de prestigio internacional para España.

En cuanto a los estereotipos, España ha dejado de estar asociada con la palabra "crisis" que aparecía de forma notoria en la oleada de 2015.

Se comprueba además que cuanto más lejano es un país, más peso tienen en la imagen de España el fútbol y todo lo relacionado con los toros y el flamenco.

En Alemania, Reino Unido y Francia, los países cuyos ciudadanos son los que con más frecuencia visitan España como turistas, el país aparece asociado a elementos que componen el turismo: sol, playas, ciudades, fiesta y paella, aunque los toros también se mencionan.

En Estados Unidos, Chile, China, Japón y Turquía la primera imagen asociada a España es el toro, "como icono y no sólo como corrida", precisa la investigadora de Elcano.

Sin embargo, la imagen de España en Ecuador se aleja de estos estereotipos y también de los turísticos y utiliza los términos "moderno" en primer lugar y "migración" en segundo.

En Marruecos, el fútbol es más importante en la imagen de España que los toros, y le siguen las menciones al islam. En conjunto, un 10 % de los entrevistados en este país árabe plantean referencias al pasado árabe y musulmán español.

Según el barómetro, España es vista como un país más tradicional que moderno en los países más ricos. Hay un gran acuerdo en los países de la muestra respecto a que España inspira confianza, y sólo en Reino Unido, Marruecos y Chile hay porcentajes cercanos al 25 % de los entrevistados que eligen la opción "no inspira confianza".

En el par rico-pobre, España sigue alejándose del extremo "pobre" que en 2015 muchos europeos identificaban con el país. Todavía un 63 % de los alemanes y de los franceses definen España como pobre.

Entre los elementos negativos destaca la imagen de "ociosa" que caracteriza a España en Japón.

El PP pide que Rajoy testifique por videoconferencia en 'Gürtel'

MADRID.- El PP ha pedido al tribunal que juzga el caso Gürtel que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda declarar como testigo en la vista oral por videoconferencia, ya que la "posición institucional" del testigo así lo "aconseja".

En un escrito dirigido al tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel,  el abogado del PP Jesús Santos alega que a tenor de "la legislación aplicable y las circunstancias concretas" procede acordar la declaración por videoconferencia "dado que, sin conculcar el derecho de las partes a un proceso con todas las garantías, es el medio que menos perjudica o perturba el ejercicio normal de su cargo como Presidente del Gobierno".
El representante legal del PP expone además, para reforzar su petición, que la "agenda del Presidente del Gobierno, de este o de cualquier otro país, es un asunto de Estado que afecta a la totalidad de los ciudadanos".
"Tan solo basta consultar la agenda publicada por el Palacio de la Moncloa en su página web para confirmar el perjuicio evidente que causaría al desempeño de dicho cargo público la paralización de su actividad para comparecer en persona" ante el tribunal, alega.
El abogado del PP critica que la acusación popular que ejerce Adade, que fue la que solicitó la testifical de Rajoy, haya querido "imponer" al tribunal "una serie de consideraciones en relación con la forma en que ha de practicarse la declaración de un testigo, como es la del Presidente del Gobierno".
Considera Santos que esta acusación se equivoca al entender que el tribunal ha decidido ya que ese testimonio debe darse en persona ante los magistrados, "olvidando la regulación existente, la práctica judicial, así como que esa es una decisión discrecional del Tribunal que debe acordar de oficio o a instancia del interesado".

Partiendo de esa premisa, que el PP considera errónea, Adade se opuso a la videoconferencia al entender que ese sistema no suponía "la comparecencia presencial del testigo ante el tribunal".
Así, "de modo cuando menos aventurado, viene Adade a erigirse como sabedor de la voluntad de los miembros del Tribunal" y proponer la posibilidad de que el tribunal y las partes se trasladen "al despacho oficial del testigo" como se hizo durante la instrucción de los papeles de Bárcenas con el expresidente del Senado Pío García Escudero.
El representante del PP difiere por tanto de esa interpretación, de que el testimonio debe realizarse en persona, y alega que ni en el auto en el que se admite la testifical, ni las leyes, ni la jurisprudencia, exigen "la declaración presencial del presidente del Gobierno ante un tribunal por petición de una acusación popular", que no contó con el respaldo de la Fiscalía.
Cree que el tribunal no adoptó decisión alguna al respecto y añade que uno de los magistrados, el presidente Ángel Hurtado, que se opuso a la declaración de Rajoy, señaló en su voto particular que existen "suficientes razones" para hacerlo por videoconferencia y lamentaba que sus compañeros, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, no hubieran dicho en su auto nada "al respecto".
Entiende que es el tribunal "el que debe resolver,bien de oficio, o bien a instancia del interesado, la posibilidad de declarar mediante el sistema de videoconferencia u otro de características similares" y considera que en el citado auto los magistrados no resolvieron la forma en que se debía tomar declaración a Rajoy como testigo.
Además, el abogado destaca que el tribunal y Adade "han omitido mencionar el artículo 731 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) y ello, a pesar de que se dan las razones de utilidad y orden público a tenor de las cuales debería practicarse la meritada declaración por medio de videoconferencia".
"La posibilidad de realizar actuaciones judiciales a través de videoconferencia está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico y es una práctica cada vez más extendida en el proceso penal", observa.

La delegada del Gobierno en Madrid, imputada

MADRID.-Un Juzgado ha incoado diligencias previas para investigar por delito societario a 16 exmiembros del Consejo de Administración de Mercamadrid, entre ellos la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González.

Se trata de un auto del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, que les da traslado de la denuncia formulada contra ellos por la Fiscalía y les advierte de que figuran como investigados (imputados), y que además ofrece acciones a los posibles perjudicados de Mercamadrid, informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Las diligencias se abren respecto a Concepción Dancausa, Pablo González -hermano de Ignacio González, en prisión provisional por otra causa de corrupción, el caso Lezo-, José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz.

Además, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez Guijarro, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Álvarez y José Domingo Rodríguez Losasa, todos los cuales integraban en 2013 el Consejo de Administración de la empresa pública Mercamadrid.

En su denuncia la Fiscalía solicita al juez que se les tome declaración en calidad de investigados por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L., que habrían supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio".
Para la Fiscalía, el "enriquecimiento ilícito" de Mercaocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar 698.397,70 euros por cánones impagados, al tiempo que asumió la obligación de pagar a dicha empresa 592.208 euros más IVA desde el 1 de octubre de 2013, cantidad que dos años más tarde ascendió hasta los 623.377 euros y cuya obligatoriedad de pago abarca hasta 2032.
En total, hasta octubre de 2016, Mercaocio recibió 2.255.349 euros "para obtener el uso de dos salas -de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno", según la Fiscalía.
El Ayuntamiento de Madrid llevó a la Fiscalía en enero de 2016 el informe con las conclusiones de la investigación que realizó para averiguar si antiguos gestores de la empresa municipal Mercamadrid cometieron delito al firmar un acuerdo extrajudicial "lesivo" que le costó 623.000 euros al año.

Catalá no dimitirá porque tiene "la confianza de Rajoy''

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado hoy que no va a dimitir y que piensa seguir trabajando por el interés de los ciudadanos como ha hecho en los últimos treinta años porque tiene "la confianza" de quien tiene que tenerla, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Catalá se ha pronunciado así en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde el PSOE y Ciudadanos le han hecho tres preguntas sobre su gestión del caso Lezo, las presuntas injerencias del Ejecutivo en la actuación de la Fiscalía y su relación con Ignacio González, detenido por corrupción y en prisión provisional por el referido procedimiento judicial.

Y lo ha hecho pese a que el PSOE, a través de la diputada Isabel Rodríguez, le ha advertido de que si no dimite hoy planteará la próxima semana en la Cámara su reprobación para exigir su relevo, y de que Ciudadanos, por boca de José Manuel Villegas, haya puesto en duda que pueda seguir al frente del Ministerio si no da explicaciones suficientes.

"Estoy nombrado por el presidente del Gobierno; tengo la confianza de quien tengo que tenerla", ha recalcado Catalá, quien ha defendido de nuevo la autonomía de la Fiscalía y ha prometido dar todas las explicaciones que se le pidan, siempre y cuando sean de sus actos.

Además, ha pedido a los diputados -en concreto a Villegas- pruebas de sus acusaciones de que él ha filtrado datos del caso Lezo o ha avisado a Ignacio González. Isabel Rodríguez ha comentado que "hay algo más grave que su partido esté carcomido por la corrupción y es que desde el Ministerio de Justicia se estén nombrado a aquellos fiscales que están protegiendo la corrupción del PP".

"La única respuesta que merece esta Cámara y este país es saber si usted va a dimitir como ministro de Justicia", ha insistido. Isabel Rodríguez ha considerado que "el caso Lezo tiene que ser el último capítulo en la injerencia del Ministerio de Justicia y del Ministerio Fiscal en los casos de corrupción".

"Yo estoy nombrado por el presidente del Gobierno, intento cumplir cotidianamente con mis obligaciones y tengo la confianza de quien tengo que tenerla y por tanto seguiré trabajando como lo llevo haciendo desde hace más de treinta años al servicio del interés general del conjunto de los ciudadanos", ha mantenido el ministro.

Ha estimado que "acusar gravísimamente a profesionales servidores públicos como los fiscales de que protegen la corrupción no es precisamente una declaración de confianza en las instituciones".

Por su parte el diputado socialista Rafael Simancas ha preguntado a Catalá por qué se ha nombrado fiscal jefe Anticorrupción a Moix, del que ha comentado que fue el encargado de "enterrar" cualquier prueba que hubiera del "golpe antidemocrático" que supuso el "tamayazo", el episodio que le impidió ser presidente de la Comunidad de Madrid.

El ministro ha recordado que Moix es un fiscal con treinta años de carrera y que "si algo está haciendo al frente de la Fiscalía Anticorrupción es promover la acción de la justicia como es su obligación".

"Esa persona que se supone que tenía mucho interés en que fuera Moix el fiscal jefe Anticorrupción está en la cárcel porque los fiscales han pedido que se decrete prisión contra ese señor", ha destacado Catalá en referencia a Ignacio González.

José Manuel Villegas ha señalado al ministro que "va a tener que dar explicaciones sobre si filtró o no información sensible a su compañero de partido Pedro Antonio Sánchez -el anterior presidente de Murcia- y sobre si se ha presionado a la Fiscalía para que actúe favoreciendo los criterios procesales de sus compañeros de partido investigados por corrupción",

"También sobre si ha filtrado información a Ignacio González, sobre su SMS de apoyo al mismo y sobre por qué éste tenía un plan para zafarse de la justicia y contaba con usted como colaborador principal, como pieza clave", ha concluido, ante lo que Catalá le ha advertido de que para acusarle de todo ello debería tener pruebas.

Caso Lezo: Rajoy defiende a Moix y dice que actúa con independencia

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido hoy al fiscal anticorrupción, Manuel Moix, y ha asegurado que es un "profesional con amplia y exitosa trayectoria" que actúa con "total independencia y plena responsabilidad".

En la sesión de control del Congreso, Rajoy ha insistido en la "independencia absoluta de la fiscalía" y en su respuesta al líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado a éste de no tener la misma posición porque en su momento, cuando buscó una coalición con el PSOE abogó por jueces y fiscales "comprometidos" con el "gobierno de cambio" que quería formar.

Iglesias, por su parte, ha recordado a Rajoy las grabaciones del expresidente madrileño Ignacio González apostando por el nombramiento de Moix por ser su "preferido" y le ha explicado que la moción de censura que va a presentar contra él no se impulsa por diferencias ideológicas, sino porque los populares están "parasitando las instituciones del Estado".

Tres semanas después de que se desarrollara la operación Lezo, la oposición examina hoy de forma exhaustiva la gestión del Ejecutivo y del fiscal general del Estado en ese caso, de la que tendrán que dar cuenta el sede parlamentaria desde el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, hasta el propio José Manuel Maza, pasando por el ministro del Interior, José Antonio Zoido y el de Justicia, Rafael Catalá.

Además del 'caso Lezo', el Congreso debate también las últimas propuestas del Gobierno en vivienda y la situación en Cataluña:

"Creo que está funcionando muy bien la fiscalía anticorrupción, usted debería alegrarse", le ha dicho Rajoy a Iglesias, quien en su réplica ha recurrido al pasado del presidente como líder de la oposición para reprocharle su posición en este caso.

Así, el líder de Podemos ha recordado el episodio de 2009 cuando se supo que el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo había coincidido en una cacería con el juez Baltasar Garzón.

Aquel encuentro fue definido como "un atentado a la calidad democrática" por Rajoy, quien como ha recordado Iglesias dijo entonces que era también "motivo más que suficiente" para la dimisión del ministro y advirtió de que se estaba "liquidando la separación de poderes".

"Tenía usted razón", le ha dicho Iglesias a Rajoy, para citarle después las conversaciones de Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana en las que decía que Moix es "un tío serio" y que sería "cojonudo" que fuese nombrado fiscal anticorrupción.