lunes, 30 de septiembre de 2013

El CGPJ sufre un recorte del 7,7%, aunque su presidente continúa cobrando más de 130.000 euros

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sufrirá un recorte del 7,7 por ciento en 2014, al pasar de 62,7 a 57,8 millones de euros. No obstante, el presidente de esta institución seguirá percibiendo un sueldo de 130.152,62 euros.

   El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año recoge además una disminución del 2,7 por ciento en la partida dedicada al Tribunal Constitucional, que dispone de 23,57 millones de euros frente a los 24,24 millones del ejercicio anterior.
   Con todo, el Gobierno mantiene el salario de los presidentes que dirigen ambas instituciones. Si el presidente del órgano de gobierno de los jueces cobra 130.152 euros, su homólogo en el Alto Tribunal recibe un total de 129.271,46 euros.
   Las retribuciones de los vocales del Consejo del Poder Judicial quedan congeladas en los 112.249,60 euros y la del secretario general en 109.662 euros al año. Sin embargo, el próximo Consejo será más austero ya que la mayoría de sus miembros compaginará el cargo con el ejercicio de su profesión, percibiendo dietas por la asistencia a plenos.
   La contención del gasto también se revela en otros aspectos, como la variación de los horarios del comienzo de las acciones formativas de los jueces con el objetivo de "disminuir los gastos de alojamiento y manutención". "Sin perjuicio de la disminución general que se ha producido en los cotes de alojamiento en Madrid", recoge el articulado.
   En lo que respecta al Tribunal Constitucional, su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, cobrará 129.271,46 euros, el vicepresidente hasta 121.865,78 euros y el presidente de cada Sección un total de 116.192,90 euros.
   Cada magistrado tiene asignada una retribución de 110.520,02 euros, mientras que la del secretario general del Alto Tribunal se eleva hasta los 96.643,60 euros.
   Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, el presidente de Sección y los consejeros cobrarán un salario anual de 112.578,34 euros, mientras que el secretario general de esta institución será remunerado con 96.921,72 euros.

El Gobierno español reduce en un 2,7% el gasto en Justicia

MADRID.- El gasto español en políticas de Justicia se situará en 1.500,75 millones de euros en 2014, lo que representa una caída del 2,7% respecto al año anterior. El presupuesto en Justicia Gratuita y en atención a víctimas de delitos violentos o sexuales se mantiene, aunque disminuye la inversión en nuevas tecnologías u obras en edificios judiciales.

   El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) dedica una dotación de 1.442,80 millones de euros para que el Ministerio de Justicia desarrolle esta política, y de 57,96 millones para que lo haga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
   El grueso del presupuesto se destina, como es habitual, a gastos de personal, que decrecen de 1.259 a 1.227 millones de euros. El Gobierno contempla la convocatoria de oposiciones de ingreso a las Carreras Judicial y Fiscal para dar cabida a 50 nuevos aspirantes --30 plazas en lo judicial y 20 en la fiscal-- y tiene en cuenta que se incorporarán 204 nuevos jueces a la Escuela Judicial el próximo año.
   Para afrontar la reforma del Registro Civil y las actuaciones competenciales de los Registros Vinculados con la Fe Pública, la asignación presupuestaria se eleva a 24,46 millones de euros.
   El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha mantenido en 34,15 millones de euros la partida dedicada a sostener el sistema de asistencia jurídica gratuita para que se beneficien las personas que acreditan una insuficiencia de recursos económicos o están incluidas entre los colectivos beneficiados por la ley. Justicia revisará el modelo para hacerlo "más eficiente" y comprobará la "existencia real de este derecho, imposibilitando el fraude".
   La contribución del Estado permanece también intacta en materia de asistencia jurídica y psicológica a víctimas de delitos violentos y sexuales y violencia doméstica, que cuenta con una dotación de 1.18 millones de euros.
   En el otro extremo, el dinero que el Estado transferirá a la implantación de nuevas tecnologías en los juzgados se sitúa en los 43,3 millones de euros. Esta partida ya sufrió un pequeño recorte el pasado ejercicio cuando pasó de 53,57 a 52,15 millones.
   El total de los créditos asignados a equipamiento e infraestructura alcanza la cifra de 18,25 millones. En 2013, se contempló una dotación inicial de 22,5 a las obras de rehabilitación y ampliación de la Audiencia Nacional y otras sedes judiciales.
   En 2014, continuará la ejecución de la obra de rehabilitación en la Audiencia Nacional, así como las obras de mejora en el Palacio de Justicia de Soria, "previas a la intervención integral prevista para ejercicios futuros", y se entregarán los proyectos de Valladolid, Badajoz, Ibiza y Guadalajara.
    El Ejecutivo seguirá desarrollando planes de optimización de lso espacios disponibles e incorproando medidas que permitan obtener un ahorro energético.

La partida para investigación militar sube en España un 39,5%; la civil apenas un 1,3%

MADRID.- El presupuesto que el Gobierno español destinará a políticas de investigación en 2014 aumentará con respecto al año anterior. Sin embargo, mientras la partida para investigación civil sube un 1,3%, la militar experimentará un incremento del 39,5%, según se refleja en los Presupuestos Generales del Estado que el ministro Montoro ha presentado este lunes.

No obstante, en términos absolutos, la asignación para el I+D+i civil sigue siendo significativamente mayor que la militar, 5.633,15 millones de euros, frente a 506,84. En 2013, la Investigación, Desarrollo e Innovación civil recibió una asignación de 5.562, 45 millones de euros; mientras que la militar se quedaba con un 363, 38 millones.
En total, para las políticas de Defensa el Ejecutivo de Mariano Rajoy destinará el 1,6% del presupuesto general, es decir, 5.654,45 millones de euros, que supone una reducción del 2,3% con respecto al año anterior (5.786,01 millones de euros).
De esta cantidad, algo más de 4.728 millones de euros estarán destinados a la "profesionalización de las Fuerzas Armadas", que se repartirán, según se detalla en los Presupuestos, entre los 4.036,56 millones de euros  para gastos de personal y los 692, 57 millones para gastos operativos y de funcionamiento.
Para 2014, el límite máximo de efectivos de tropa y marinería, que se establece en  la Ley de Presupuestos Generales de cada año, es de 79.000

Emerge una "nueva pobreza" entre ancianos que sustentan a sus familias en España

BARCELONA.- La presidenta de Entidades Catalanas de Acción Social (Ecas), Teresa Crespo, ha alertado este lunes de la emergencia de una "nueva pobreza" en Cataluña de la mano de los ancianos pensionistas que han agotado sus ahorros y recursos intentando ayudar a sus familiares castigados por el paro y la crisis.

   Durante su participación en la jornada 'Pobreza y desigualdad, la situación en el Área Metropolitana de Barcelona', del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB), ha recordado que muchos ancianos destinan sus pensiones a sustentar a hijos y nietos, e incluso algunos han asumido deudas "estratosféricas" ajenas tras haber avalado a sus familiares en ciertas adquisiciones de elevadas cantidades económicas, como las viviendas y automóviles.
   "Los ancianos ya no son el cojín social. Ya no pueden aguantar más", ha aseverado Crespo, que ha pedido más protección para este colectivo, además de para los menores, muy afectados también por el empobrecimiento de las familias.
   Ha coincidido en esta valoración el profesor de Sociología de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Sebastià Sarasa, encargado de analizar los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida y Hábitos de la Población (ECVHP), de 2011: "Se ha caído en el error de esperar que los ancianos lo aguantaran todo, y no ha sido la solución".
   Sarasa ha destacado que la ECVHP apunta a que los ancianos han mejorado su capacidad adquisitiva entre 2006 y 2011 debido al empobrecimiento del resto de colectivos de edad, pero "las próximas recopilaciones de datos mostrarán que esto ha cambiado".

La partida para partidos políticos se incrementa en un 27,9% por las elecciones europeas

MADRID.- La dotación de los Presupuestos Generales del Estado de 2014 para la financiación de las formaciones, correspondiente al Ministerio del Interior, se incrementará un 27,9% con respecto a este año, al pasar de los 66,2 millones de 2013 a los 84,7 del próximo ejercicio. 
 
El incremento se debe a la "subvención de gastos electorales", por los comicios europeos que se celebrarán el próximo mes de mayo, a los que van destinados 29 millones de euros. Con todo, la partida total es considerablemente inferior a la de 2012, cuando se destinaron a los partidos políticos 113,7 millones de euros.
Las cuentas públicas de 2014 incluyen una partida de 2,7 millones de euros para sufragar gastos de seguridad de los partidos políticos, exactamente la misma que este año y 600.000 euros menos que en 2012, cuando se consignaron 3,3 millones en esta partida.
También aumenta considerablemente la asignación para procesos electorales y consultas populares, que pasa de los 3.000 euros de este año a los 75,1 millones del próximo. Se debe también a las elecciones europeas, mientras que este año no ha habido ninguna cita electoral en las urnas a nivel nacional.

La deuda pública española alcanzará el 99,8% del PIB en 2014

MADRID.- La deuda pública española acabará este ejercicio en el 94,2% del PIB y cerrará 2014 en el 99,8% del PIB, según el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, que cifra en 243.888 millones de euros la necesidad de financiación neta y las amortizaciones del Tesoro Público para 2014, un 17,7% más que este año.

Al igual que en ejercicios precedentes, prácticamente la totalidad de las emisiones brutas previstas se concentrarán en las letras del Tesoro y en bonos y obligaciones del Estado.

Como alternativa, el Gobierno contempla también la posibilidad de realizar una emisión de hasta 7.000 millones de euros en otras deudas y divisas por si surgieran oportunidades interesantes de financiación en otros instrumentos o en mercados distintos al del euro.

El Gobierno afirma que el aumento del ratio deuda pública/PIB tanto en 2013 como en 2014 viene principalmente determinado por las necesidades de endeudamiento de las administraciones públicas, si bien precisa el menor impacto en 2014 en la deuda de instrumentos como el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, el plan de pago a proveedores, la parte asignada a España relativa a los préstamos a Grecia, Portugal e Irlanda o el préstamo para la recapitalización del sistema financiero español.

A pesar de que el coste de refinanciación de la deuda ha descendido en 2013, el incremento de la deuda en circulación en 2014 implica que la carga financiera de la deuda aumentará de nuevo en 2014 en términos de PIB, con un pago por intereses de 36.590 millones de euros, el 3,5% del PIB.

El juez imputa al arquitecto que renovó la sede del PP en Génova 13 por cobrar en negro el 30 % de la obra

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió el proyecto de renovación de la sede del Partido Popular en la calle Génova en el año 2008, al considerar que podría haber cobrado en negro el 30 % del coste de la obra, que fue recogido en tres apuntes de los denominados 'papeles de Bárcenas'.

En un auto dictado este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 imputa a Urquijo como responsable de la mercantil Unifica, cuya sede en la calle Conde de Peñalver de Madrid fue registrada el pasado viernes, por los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable.
Ruz, que acuerda esta medida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y después de analizar un informe de los peritos de Hacienda, acuerda la imputación "con vista a clarificar la existencia o no de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas".
El extesorero del PP Luis Bárcenas aseguró en su declaración ante Ruz que los populares habían pagado en negro a Urquijo el 30 % del valor total de la obra de renovación de su sede nacional.
El instructor de la Audiencia señala en su resolución que se han recabado "indicios suficientes" de la comisión por parte de Urquijo de "uno o varios delitos contra la Hacienda Pública" en los que podrían haber participado asimismo como cooperadores necesarios "aquellas personas que hubieran contribuido activamente a realizar actos que eventualmente resulten integradores de ese delito".
 Ruz acordó el pasado viernes el registro de la sede de la empresa Unifica Servicios Integrales S.L., propiedad de Urquijo. El registro, llevado a cabo en las oficinas que la sociedad tiene en la calle Conde de Peñalver de Madrid, tuvo lugar el mismo viernes y se prolongó hasta el sábado. Su objetivo fue buscar documentación que acredite el presunto fraude fiscal. La imputación de Urquijo tiene lugar a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y a la luz del informe presentado por la Agencia Tributaria el pasado 25 de septiembre.
El citado informe analiza el estado de la causa y establece que se han corroborado la autenticidad de lo 'papeles de Bárcenas' así como la veracidad de algunos de los apuntes contables. Los peritos de Hacienda señalan la existencia de "una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas".

La ONU insta a España a juzgar la desapariciones del franquismo sin ampararse en la Ley de Amnistía

GINEBRA.- El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de Naciones Unidas, que ha visitado España durante la última semana y se ha reunido con distintas autoridades y con asociaciones de víctimas del franquismo, ha instado al Estado español a juzgar las desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la Dictadura, así como a emprender las reformas necesarias para que éstas no se consideren crímenes sujetos a la Ley de Amnistía de 1977.

Así consta en el informe preliminar aprobado por los dos miembros de este grupo de trabajo -Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky- que han mantenido contactos con representantes del Gobierno central y de varias comunidades autónomas, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y la sociedad civil.
El objetivo de su visita, que tiene su base en una invitación del Gobierno, era examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias, en particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas de estos crímenes.
En su primer informe, el grupo de trabajo constata que en España no se tiene en cuenta "el carácter de delito de lesa humanidad" en el caso de las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura. "Esta interpretación es contraria a las obligaciones internacionales de España y se recomienda su modificación", reza el texto.
En concreto, instan "al Estado español a juzgar las desapariciones forzadas a la luz de estas obligaciones internacionales y a establecer legislativamente la imprescriptibilidad de las desapariciones forzadas o la determinación de que la prescripción solo puede comenzar a computarse a partir del cese de la desaparición forzada".
En paralelo, solicitan la puesta en marcha de medidas legislativas y judiciales, para asegurar que las desapariciones forzadas "no sean crímenes sujetos a amnistía, en particular privando de todo efecto la Ley de Amnistía de 1977", como, según recalcan, ya han recomendado distintos organismos internacionales.
Asimismo, constatan que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2009 restringió "manera considerable la competencia de los tribunales españoles y la aplicación del principio de jurisdicción universal", en contraste con la legislación anterior.
De hecho, subraya que antes de esa reforma España había realizado "importantísimas contribuciones al desarrollo de la jurisdicción universal" mediante por ejemplo la investigación de crímenes de las dictaduras latinoamericanas", lo que demuestra "la capacidad de la judicatura española de investigar seria y sancionar cabalmente las graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas".
Por ello, el grupo de trabajo llama a los tribunales españoles a asegurar que aquella reforma de 2009 "no obstaculice el ejercicio de su jurisdicción universal sobre actos de desaparición forzada". También anima a España a ratificar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y a incluir en el nuevo Código Penal como delito autónomo la "desaparición forzada".
En su informe también remarcan que, ante la "situación de impunidad de los responsables de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la dictadura", las víctimas españolas han "solicitado a los tribunales de Argentina ejercer la jurisdicción universal" y emplaza al Gobierno a "prestar todo el auxilio judicial en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a delitos de desaparición forzada que se lleve a cabo en cualquier país por casos de desapariciones forzadas en España".
Para los expertos de la ONU, la avanzada edad de muchos de los familiares y testigos que vieron por última vez con vida a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura hace necesario que el Estado actúe "urgencia y celeridad" en esta materia.
El grupo de trabajo también llama al Estado a proporcionar los fondos adecuados para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse eficazmente, a abrir un proceso regular de consulta con los familiares y las asociaciones así como a proporcionarles un mayor apoyo institucional y financiero.
Además, abogan por la creación de una entidad estatal "con pleno apoyo institucional" que se encargue de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento y la gestión de una base de datos central sobre las desapariciones con los datos que ya tienen distintas asociaciones y expertos.
En este punto, defienden que la base de datos elaborada por el Juzgado de Instrucción Penal número cinco --que en su momento ocupó el juez Baltasar Garzón que inició una investigación sobre los crímenes del franquismo-- contiene información sobre más de 114.000 victimas, "debería ponerse a disposición del publico de manera inmediata".
También demandan desde la ONU un "plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas", que garantice la coordinación de las actividades de exhumación e identificación y actualización de los Mapas de fosas desarrollados de acuerdo a Ley de Memoria Histórica. Recomiendan, asimismo, que responsables de la administración y la Justicia "se personen en el momento de las realizaciones de las exhumaciones y luego analicen y actúen sobre los resultados que las mismas arrojan".
"El Estado Español debería asumir el liderazgo y comprometerse de manera más activa y urgente para atender la demanda de miles de familiares que buscan conocer la suerte o el paradero de sus seres queridos desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura. Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de desaparecidos tienen que ser parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa", reza el informe preliminar.

El Estado pagará 13,2 millones al mes a la Iglesia católica española

MADRID.- El Estado español abonará mensualmente 13,2 millones de euros a la Iglesia católica durante el año 2014 (158,4 millones de euros al año) como anticipo del dinero que previsiblemente le entregarán los contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia del IRPF por la que otorgan el 0,7% a la institución, según los datos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado para el 2014. Se trata de la misma cantidad entregada en 2012 y 2013.

La ley señala que antes del 30 de noviembre de 2015, se efectuará una liquidación provisional de la asignación correspondiente a 2014, practicándose la liquidación definitiva antes del 30 de abril de 2016.
En ambas liquidaciones, una vez efectuadas, se procederá por las dos partes a regularizar, en un sentido o en otro, el saldo existente, de forma que si la Iglesia recibió más dinero del que luego le han concedido los contribuyentes, se lo devolverá al Estado y viceversa.
Además, el Gobierno ha vuelto a retrasar un año el plazo previsto en la Ley de Patrimonio Histórico Español en relación con el Inventario de Bienes Muebles de la Iglesia.
La disposición transitoria quinta de la Ley del Patrimonio Histórico Español dicta que en los diez años siguientes a la entrada en vigor de la ley, lo dispuesto en el artículo 28.1 de la misma se entenderá referido a los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Español en posesión de las instituciones eclesiásticas.
Concretamente, este artículo establece que los bienes muebles declarados de interés cultural y los incluidos en el Inventario General que estén en posesión de instituciones eclesiásticas, en cualquiera de sus establecimientos o dependencias, no podrán transmitirse por título oneroso o gratuito ni cederse a particulares ni a entidades mercantiles.
Además, precisa que dichos bienes sólo podrán ser enajenados o cedidos al Estado, a entidades de Derecho Público o a otras instituciones eclesiásticas.
También se modifica la disposición adicional sexagésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, que queda redactada como sigue: 'Beneficios fiscales aplicables a la celebración del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús en el año 2015'.
Así, señala que esta celebración tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
Además, establece que la duración del programa de apoyo a este acontecimiento abarcará desde el 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y que las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecuado desarrollo del acontecimiento.

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE contra la Ley Antidesahucios

MADRID.- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, la llamada Ley Antidesahucios, que fue interpuesto el pasado agosto por el PSOE.

Según el principal partido en la oposición, la última reforma realizada en relación con las hipotecas vulnera el principio constitucional de participación de la sociedad en la política del país al olvidar el millón y medio de apoyos que obtuvo el texto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La normativa aprobada por el Gobierno, cuya constitucionalidad será estudiada ahora por el tribunal de garantías, es el resultado de la suma de dos textos, uno elaborado por el propio Ejecutivo y otro presentado como Iniciativa Legislativa Popular por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que obtuvo el apoyo de un millón y medio de firmas.

Las iniciativas de la PAH, sin embargo, fueron eliminadas del texto final sin que los grupos minoritarios pudieran hacer aportaciones ni el pleno del Congreso volviese a debatir, por lo que el PSOE entiende que se vulneraron principios constitucionales.

El recurso del PSOE recoge vulneraciones de 14 artículos de la Constitución y también atiende argumentos jurídicos defendidos por la PAH. Entre ellos está cuestión referida a la tutela judicial efectiva y ha criticado que los jueces "no puedan considerar las condiciones de una familia que va a ser expulsada de su vivienda".

Según el PSOE, la ley permite la paralización de los lanzamientos, no de los procesos de desahucio, por lo que no apoya las últimas medidas de reforma.