Un sector del 15M ayudó a la Policía a detener a los saboteadores del Metro de Madrid

MADRID.- La colaboración de miembros de un sector del 15M fue clave para la detención esta madrugada de las seis personas acusadas de los sabotajes del Metro, también pertenecientes a este movimiento de protesta, según ha destacado este viernes la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y el jefe superior de la Policía de Madrid, Alfonso José Fernández Díez.

   La delegada del Gobierno ha calificado de "positivo" el hecho de que a los detenidos se les haya podido identificar gracias a la colaboración de varios 'indignados' "que tienen unas reivindicaciones que son muy legítimas y que no están en absoluto de acuerdo con unas acciones, como en este caso, que son violentas en cierto modo y muy perjudiciales para el propio movimiento 15M y para aquellos logros y objetivos que se quiere plantear".

   En este mismo sentido, el jefe superior de la Policía ha manifestado que investigación ha partido de datos proporcionados por miembros de algunos sectores del 15M "que reniegan de este tipo de acciones violentas, ya que son contraproducentes para el futuro del propio movimiento".

   Fernández Díez ha señalado que estos sabotajes estaban organizados "de forma perfectamente coordinada, siguiendo un plan exhaustivo con distribución de funciones en células integradas por dos personas, las cuales, con un modo de actuación idéntico, consiguieron llevar a cabo el primer sabotaje de abril".

   Tras esta acción, la Policía detuvo en pocas horas a tres personas y prosiguió la investigación policial por parte de la Brigada Provincial de Información de la Policía de Madrid, especialmente después de que el movimiento 'Toma el Metro' dañara tornos de entrada al Metro y accionara los frenos simultáneamente en una decena de trenes del suburbano a finales de mayo.

   Los agentes conocieron que todo el entramado tenía su origen en personas participantes en el movimiento 15M, integrados en la asamblea del barrio de Lavapiés. "La operación policial se ha culminado hoy con la detención de los principales líderes del movimiento 'Toma el Metro'", ha apuntado el jefe policial.

   La Policía ha hecho público ante los medios de comunicación un vídeo en el que más de una decena de agentes entraron en la casa de los acusados de sabotaje de Metro esta misma mañana en el madrileño barrio de Lavapiés. "En la vivienda se realizaron todas las labores de organización de acciones de este grupo delictivo y es donde se coordinaban para llevar a cabo estos sabotajes y reparto de funciones", ha afirmado Fernández Díez.

   De los seis detenidos en las últimas horas, dos de ellos forman parte del grupo del conocido grupo de hip hop canarios 'Me cago en tu padre', formado por Niño Maldito y Calido Lehamo. De hecho, el cartel del grupo lucía en la casa en la que ha entrado la Policía.

   El resto de los arrestados estudiaban en diferentes universidades madrileñas. Dos de los detenidos habían participado en las dos acciones de sabotaje de los frenos del Metro. Las edades de los apresados van de los 20 a los 27 años. Además de los dos canarios, hay otros oriundos de Navarra, Murcia y Madrid.

   Serán puestos próximamente, con las pruebas, identificaciones, vigilancias y seguimientos hechos por la Policía, a disposición de la autoridad judicial. En el día de hoy permanecen prestando declaración en la Brigada Provincial de la Policía de Madrid.

   "Todos los indicios apuntan a que se trataría de un salto cualitativo en el tipo asociativo concertado para el desarrollo de actividades delictivas y todas las pruebas detenidas de esta organización, porque cada uno sabía lo que tenía que hacer en cada momento. Por todo ello estaríamos ante una presunción importante de que se traba de un grupo organizado", ha indicado.

   Además, Fernández Díaz ha relatado que este grupo iba adoptando sucesivamente mayores medidas de seguridad en sus actuaciones. El primer sabotaje la Policía identificó a tres de ellos porque iban a cara descubierta, pero en la segunda actuación se cubrieron con pasamontañas. "Eso implica una voluntad de ir perfeccionándose en este tipo de sabotajes callejeros", ha añadido.

   Por su parte, la delegada del Gobierno en Madrid ha indicado que los sabotajes de los pasados meses de abril y mayo no fueron acciones de vandalismo, "sino una actuación controlada que causó un perjuicio notable" para los usuarios del Metro, aparte de haber puesto en riesgo su seguridad e integridad física.

   "Esto no es una travesura, esto no es una gamberrada, sino una acción concertada por un grupo de personas que deciden hacer un boicot a un medio de transporte que utilizan muchas personas y a las que provoca unos perjuicios económicos, a las empresas en las que trabajan y a su vida cotidiana", ha añadido Cifuentes.

   Por otro lado, y tras ser preguntada por la repercusión mediática de este operación policial, ha defendido la política informativa "de transparencia absoluta" de la Delegación del Gobierno en Madrid y de la Jefatura Superior, "que facilita todos los datos que pidan siempre cuando no perjudique actuaciones judiciales que están en marcha".

   Por último, Cifuentes ha apuntado que lo que se pretende con este tipo de operaciones policiales es "avisar que cuando se cometen este tipo de actos, estos van a ser perseguidos, como se dijo". Además, ha valorado la "eficacia en su trabajo" para identificar a los responsables, "un trabajo importante porque estas personas iban encapuchadas".

La web Sueldos Públicos informa del salario de los políticos españoles

MADRID.- Carles Torrijos es el fundador de la plataforma Sueldospublicos.com, "el primer diario que informa del salario de los políticos en España". Con estas palabras se autodefine la página web que dedica todo su espacio a informaciones relacionadas con los sueldos que cobran los cargos públicos que representan a la ciudadanía española. Es un directorio y, a la vez, un necesario altavoz de información.

   Sueldos Públicos ha sido creado con el objetivo de dar a conocer los sueldos de los políticos españoles a través de un medio tan universal como es Internet. En esta web lleva trabajando el periodista y politólogo Carles Torrijos desde hace varios meses desde Valencia para recopilar todas y cada una de las cantidades salariales de los representantes políticos de España

   "Transparencia y libertad en la red" son los dos conceptos con los que se resume la iniciativa de Sueldos Públicos. De hecho, cuentan con una sección denominada Transparencia que consiste en dar noticias de actualidad relacionadas con esta cuestión y, especialmente ahora, con la Ley de Transparencia.

   La web incorpora múltiples noticias, pero también información directa sobre cuánto cobran, en bruto, los cargos públicos de nuestro país. "Invito a todos los políticos a que faciliten datos de su salario aunque muchos se resisten", ha dicho Torrijos a Voz Populi.

   La web está totalmente conectada con el mundo de los 'social media'. Sueldos Públicos dispone de una cuenta de Twitter, con 8.048 seguidores, y una página de Facebook con más de 800 "Me gusta" por el momento.

   Las noticias en las que se centra este nuevo medio son divididas en tres secciones en función del departamento al que pertenezca el político en cuestión: administración central, autonomías, ayuntamientos, diputaciones e internacional. En estos apartados es donde distribuyen los redactores las informaciones salariales sobre los políticos españoles.

   Lo que Carles Torrijos denuncia a través de su web son los, en ocasiones, desorbitados salarios que cobran los políticos españoles. Porque, para este periodista, "hay gente que trabaja en la empresa pública y no va ni por el despacho".

   Como el objetivo de este proyecto es informar sobre los salarios de los cargos públicos, Sueldos Públicos dedica en cada sección un apartado en forma de cuadrícula con el nombre y cargo de cada uno de los que forman ya sea la administración central o un ayuntamiento.

   En el caso del gobierno de España, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cobra 68.981,88 euros anuales, una cifra que concuerda con la de sus homólogos. Ya que, según la base de datos de Sueldos Públicos, los ministros junto con su presidente y vicepresidenta tienen unos salarios que superan los 60.000 euros al año.

   Hay otros cargos que llaman un poco más la atención. Por ejemplo , el presidente de la Diputación de La Coruña, Diego Calvo Pouso, cobra 71.593 euros brutos anuales y los trece directivos de la funeraria del Ayuntamiento de Madrid, 130.000 euros cada uno.

Cuatro jueces del TS dicen que Dívar pudo cometer malversación y denuncian la "opacidad" de sus viajes

MADRID.- Un total de cuatro magistrados del Tribunal Supremo han destacado la existencia de indicios de que el hasta ayer presidente del alto tribunal Carlos Dívar pudo incurrir en la comisión de un delito durante los viajes realizados en los últimos tres años y han criticado la "opacidad" que envuelve estos desplazamientos. 

  Los magistrados Joaquín Giménez, José Manuel Maza, Alberto Jorge Barreiro y Perfecto Andrés Ibáñez se opusieron mediante la redacción de votos particulares al auto por el que el Pleno de la Sala de lo Penal rechazó admitir a trámite una querella presentada contra Dívar por la Asociación Preeminencia del Derecho.

  En ellos, Maza llega a asegurar que existen indicios de que Dívar pudo cometer un delito de malversación, tipificado en el artículo 433 del Código Penal y destaca la existencia de datos "que hacen abrigar de forma suficientemente consistente la posibilidad de que los gastos se correspondían a actividades ajenas a la función propia de la autoridad".

  También Jorge se refiere al delito de malversación y sostiene que puede hablarse de ella porque "los gastos realizados con fines aparentemente privados sí suponían un beneficio económico para el querellado".

   Por su parte el magistrado Joaquín Giménez considera que la información recabada sobre los viajes realizados Dívar proyecta no sólo "una sospecha" sino "una probabilidad" de que incurriera en un desvío de fondos oficiales para financiar sus viajes privados.

  Andrés se refiere a que los datos sobre la actuación de Dívar "presentan una clara apariencia de delito" que tiene como soporte "una documentación de fuente oficial muy elocuente y dotada de notable fiabilidad".

  Giménez incide en la "total falta de explicación plausible del gasto" reseñada por Dívar y agrega que sus desplazamientos realizados pintan "un escenario de opacidad" que "exige" una investigación por parte del Supremo.

  Los votos particulares incluyen también una crítica al sistema de control del CGPJ que permite que no se reseñe el motivo de los viajes de sus integrantes. Así, Giménez cuestiona la actuación de los órganos de intervención del CGPJ que --dice-- blindan toda investigación y se pregunta: "¿dónde queda el principio de transparencia presupuestaria?". Agrega que la sospecha de que "otros miembros del Consejo" hayan incurrido en "situaciones de semejante laxitud" no es argumento para impedir la apertura de una investigación.

  En su opinión el acuerdo del CGPJ de septiembre de 1996 que regula los gastos "facilita extraordinariamente" que se destinen fondos públicos a atenciones privadas. Pone también de manifiesto que la documentación remitida a la Fiscalía por el CGPJ sobre los viajes del hasta ayer presidente quedaba patente que en ninguno de los casos Dívar expresó por escrito el motivo de sus desplazamientos, es decir, no detalló que actividad los había provocado.

  En la misma línea que su compañero Giménez, Maza asegura que "la no necesidad de justificar el motivo del viaje" --en cumplimiento de los usos del CGPJ-- no puede constituir "autorización para que se convierta en la aplicación de fondos públicos para satisfacer gastos privados". Denuncia "el régimen opaco" del Consejo y reclama que se envíe "un mensaje general del rigor con el que ha de producirse cualquier disposición de dinero público".

   Jorge también hace referencia a esta normativa y asegura que opera "como una especie de 'claúsula de autoblindaje' que impide o cercena el control del uso de los fondos públicos que hacen los representantes del Poder Judicial", pero que "no puede, sin embargo, bloquear una investigación penal cuando concurren indicios delictivos".

  "En efecto, la falta de transparencia que genera un acuerdo de esa índole no puede afectar a las investigaciones judiciales de hechos delictivos. Tan es así que el propio CGPJ ha estimado excesivas la oscuridad y el descontrol que genera una resolución de esa naturaleza, según se constata en el nuevo Plan de transparencia", indica.

   Jorge menciona incluso de la sentencia del Supremo que ordenó desclasificar los "papeles del CESID" a petición del juez Baltasar Garzón y dice que si entonces las normas sobre secretos oficiales "cedieron" ante una investigación judicial, también debe ocurrir así ahora, "máxime si el acuerdo resulta cuestionado por los propios miembros del CGPJ debido a la opacidad que genera en el control del uso y destino de los caudales públicos".

   Por su parte Andrés habla del peligro de crear "un atípico fuero excepcional y superprivilegiado" que rija sólo para las autoridades y que transmuta la naturaleza pública de los fondos "en un recurso apropiable, de libre disposición".

  Dos de los magistrados reflejan, además, en sus votos su sospecha de que los supuestos viajes oficiales tuvieran un tinte personal dado que todo parece apuntar a que Dívar comía siempre con la misma persona.

   Así, Maza se refiere a que los viajes del expresidente se producían de forma reiterada a un mismo lugar (Marbella y sus alrededores). Destaca también que los desplazamientos se prolongaban cuatro o cinco días y que los gastos consignados correspondían a consumos en establecimientos de restauración y presentaban "una persistente similitud en las consumiciones" lo que indica que los desembolsos "podrían referirse a gastos producidos por las mismas dos personas".  

  "Resulta por ello difícil de entender que se tuviera que celebrar tan reiterados encuentros con la misma persona para tratar asuntos de carácter oficial", dice el magistrado que indica que según dos documentos unidos al expediente "el otro comensal" era "una persona del servicio de seguridad" del propio Dívar.  

  Opinión similar refleja Alberto Jorge Barreiro que señalaque "la mayoría de las facturas de los restaurantes están referidas solo a dos comensales, aparentando por la repetición de consumiciones que se trata de las mismas personas y no de actuaciones protocolarias con diferentes autoridades que residen en la zona".

   Sobre la cuantía de los gastos en los que incurrió Dívar --28.000 euros--, Jorge recuerda que se han dictado condenas por prevaricación por cantidades de 3.000 euros, aunque admite que el presidente del CGPJ se pueda sentir "personalmente discriminado" o "chivo expiatorio de intereses cruzados ajenos a su persona", porque en otros casos similares no se hayan denunciado los hechos.

El juez Garzón confirma a Justicia la petición de un indulto "en su nombre"

MADRID.- El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha confirmado al Ministerio de Justicia que la petición de indulto formalizada por la Asociación de Magistrados Europeos para la Democracia (MEDEL) se ha realizado "en su nombre" y cuenta con su consentimiento previo, según han confirmado fuentes gubernamentales.

   El exmagistrado ha remitido una misiva al Ministerio en contestación a la carta en la que se le preguntada si la solicitud de indulto presentada contaba con su aval. Garzón ha contestado positivamente y ha precisado que aunque la petición es "libre y soberana", cuenta con su aval.

  Garzón precisa, además, que agradece a MEDEL la iniciativa y especifica que la petición va acompañada de "argumentos dignos de ser valorados". Confirma también que la asociación le consultó antes de poner en marcha la iniciativa.

  El visto bueno del exjuez a la solicitud supone el inicio de la tramitación oficial de la petición de indulto que podría prolongarse durante aproximadamente un año.

   El ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña José María Mena y el presidente de MEDEL, Antonio Cluny, presentaron el pasado 18 de mayo ante el Ministerio de Justicia la petición de indulto detallada en un  escrito de 16 páginas dirigido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

   En él pedían la remisión total de la pena a 11 años de inhabilitación especial impuesta al exmagistrado por permitir la intervención de las conversación de los acusados de la trama 'Gürtel' con sus abogados.

  MEDEL tomó la decisión hace unos meses y construyó su solicitud sobre la base de que la sentencia contra el extitular del Juzgado Central de Instrucción nº 5, fue "manifiestamente desproporcionada".

 "La gravedad intensa de la condena, que viene a ser algo así como una cadena perpetua, por una interpretación discutible de una norma, es desproporciona y pedimos al Gobierno que lo proponga y al Rey que firme un indulto en virtud de la desproporción", indicaba la petición.

La deuda es ya insostenible, España necesita una quita / Roberto Centeno *

“El rescate de la banca en España arruinará los servicios básicos”. Esta era la conclusión del editorial de The New York Times el pasado lunes, a la que añadía: “España necesita de un segundo rescate”. O sea, la intervención y la sustitución de irresponsables por profesionales. Afirmaciones ambas a las que llega cualquiera que se tome la molestia de sumar y restar. Resulta grotesco que, en los días posteriores, Gobierno y tertulianos televisivos de uno u otro bando, donde la mayoría no tienen la menor idea sobre lo que habla, centraran sus debates en si era un rescate, una línea de crédito o la abuela de Caperucita cuando lo único relevante es que se trata de un dinero que los españoles tendremos que devolver con sus correspondientes intereses –no los bancos, como mendazmente afirma Rajoy- y que la cifra es claramente insuficiente, los pisos van a bajar un 35%, eso no está contemplado, y la subida brutal de la mora tampoco. Para Barclays el agujero real es de 210.000 millones, de los que 38.000 son de Santander y BBVA.

Y lo que ya es letal, el dinero esta saliendo de España aceleradamente. Los extranjeros, los ricos o los moderadamente acomodados están sacando su dinero tan rápido como pueden, prefieren tener sus euros en Frankfurt, Londres o Zurich, y cuanto más dinero sale más insostenible es la situación. Es ridículo hablar de una deuda de 775.000 millones, porque es la “computable”, una mera convención contable de los burócratas de Bruselas. ¡Fíjense lo que le han importado a los mercados y a las agencias de “rating” la diferencia entre computable y no, entre rescate y línea de crédito! Ni siquiera el hecho, en este caso significativo, de la prelación a la hora de cobrar ha tenido  importancia. La clave para el mercado es la deuda real, la de verdad, la que tienen que devolver esta y las generaciones futuras, que es lo que el BdE denomina “pasivos en circulación”, y que supera ya de largo el billón de euros, una cantidad que España no puede devolver. Y los más de 40.000 millones en concepto de intereses en los próximos doce meses que tampoco podremos pagar aún liquidando los servicios básicos, que los liquidarán.

Los pasivos en circulación a finales de 2011 ascendían, según el BdE, a 932.151 millones de euros, de los cuales 649.000 corresponden al Estado; 192.000 a las CCAA; 64.000 a las Corporaciones Locales; y 27.000 a la Seguridad Social. Pero ahí faltan varias cosas. La primera es que han pasado cuatro meses y medio desde entonces y si suponemos la misma tendencia de crecimiento que en el cuarto trimestre de 2011 -en realidad ha sido mayor-, tenemos que la deuda real hoy es 81.000 millones mayor, luego los avales del Estado, fundamentalmente a la banca, 135.000 millones, y que sí necesita un rescate de 100.000 millones, adivinen ustedes quién va a pagar las cantidades avaladas. La segunda es los miles de facturas en los cajones de CCAA y Ayuntamientos que hay sin contabilizar ¿A cuánto asciende? No lo sabemos, pero si suponemos que la Comunidad de Madrid ha dicho toda la verdad con sus nuevas cifras y lo extrapolamos al total de España estamos hablando de unos 20.000 millones.

Sumamos y tenemos 1,17 billones de euros. Ahora añadan el rescate y estamos en 1,27 billones, que si nos creyéramos la cifra que el Gobierno utiliza para el PIB, 1,073 billones, falsa de toda falsedad, la deuda pública total sería del 118 % del PIB. Una cifra inasumible en principal y en intereses, lo que en opinión del WSJ hace inevitable la intervención. Un país no puede pagar el 7% de interés en los bonos 10 años sin ser intervenido, ninguna economía puede sostenerlo, por más que la mafia política esté dispuesta a mantener a toda costa su botín, sus blindajes y sus dos millones de paniaguados nombrados a dedo. La desfachatez, la desvergüenza y el cinismo de esta mafia dilapidando el dinero de los españoles, blindando sus privilegios y los de sus familias carecen de precedentes en el mundo democrático. Y mientras tanto, ni un sólo euro irá a la economía real. Y lo que es peor, Rajoy está decidido a salvar a los bancos insalvables, lo que equivale a tirar el dinero al fregadero. Espero que Bruselas impida tal locura. 

Bancos quebrados sosteniendo a un Estado quebrado

Decía la pasada semana que uno de los tres factores esenciales que hacía el rescate bancario completamente insuficiente era el hecho de que estaban financiando la deuda del Estado para evitar su quiebra y que este, a su vez, tenía que endeudarse para financiar a los bancos y evitar la suya. Todo un dislate tan clamoroso que resulta inaudito que no hayan exigido lo obvio: el rescate de ambos, de España y de la banca. Algo que los principales bancos de inversión estiman de momento en 350.000 millones y subiendo. Un día después, el martes, el premio Nobel Joseph Stiglitz y Moody´s afirmaban exactamente lo mismo. El tema es tan disparatado que sólo el apego enfermizo al poder de Rajoy –“yo soy el Presidente”,  recuerda cada poco– explica que se haya resistido a los dos, porque ningún Gobierno sobrevive a un rescate. Y como dirían en Bloomberg asombrados “y Mr. Rajoy en medio de la crisis haciendo juegos de palabras y yéndose a ver un partido de fútbol”. Lo que la agencia ni siquiera imagina es que para una mayoría de españoles es más importante el fútbol que el futuro de sus hijos.

Pero no hay disparate en España que no sea susceptible ser multiplicado por la mafia política. Ahora nos enteramos, o al menos un servidor, que quienes están comprando deuda masivamente no son los grandes bancos sino los nacionalizados . O sea,  bancos quebrados, nacionalizados con nuestro dinero, los utilizan para que el Tesoro les de unos papeles que nadie quiere, que estos llevan a Frankfurt y los irresponsables del BCE le cambian por dinero en efectivo que jamás podrán devolver, para que la mafia política mantenga íntegro su botín de dimensiones épicas. 

Claro que de nuevo la culpa es de quien pone el dinero, el BCE ¿Cómo es posible que estos insensatos que imprimen billetes como si fueran cromos hayan entregado hasta mayo 288.000 millones, el 82,8 % de lo que adeuda toda Europa,  a estos irresponsables y sin control ni condición alguna? ¿Es que se cree el BCE que España va a poder devolver en 30 meses tal cantidad de dinero mas los 140.000 adicionales que Rajoy necesita antes de final de año, 85.000 para amortizar vencimientos y el resto deuda nueva para seguir financiando al sistema? El problema no es solo de volumen, que también, es sobre todo de coste, ¡estamos pagando el doble de lo que pagamos por lo que se amortiza! Aunque de repente alguien ha dicho que los 100.000 millones están condicionados a cerrar todos los bancos inviables no sistémicos, y ocho de diez lo son, empezando por los nacionalizados que deben cerrase de inmediato: Novagalicia, Banco de Valencia y Catalunya Bank. Y dentro de los sistémicos está Bankia, con más de 150.000 millones de euros en activos, que se resiste a cerrar el 80% de las participadas inviables solo porque el megalómano de Rodrigo Rato las juntó para ser un gran banquero sin molestarse siquiera en analizarlas. Y el Gobierno se ha apresurado a decir que eso ni se plantea. Normal, sin el canal preferente para estafar al BCE,  bancos nacionalizados y los quebrados, el chiringuito se iría al garete.

Ni tienen plan alguno, ni tienen pensado tenerlo

Como diría Rosa Díez mientras a Mariano le salía espuma por la boca, que el presidente del Gobierno coja un lápiz y un papel y escriba conmigo: “La deuda con el BCE en mayo ha subido en 14.500 millones, cinco veces más que en mayo 2011”. El déficit público en el primer cuatrimestre es un 54% mayor que el del año pasado –un 10 % del PIB en términos anualizados–, aunque la excusa son los “adelantos” a CCAA y Seguridad Social, una burla porque no solo no los van a devolver, es que necesitan mucho más porque siguen gastando un 50% más de lo que ingresan, y tampoco pueden amortizar los casi 30.000 millones de vencimientos de deuda. Y la Seguridad Social igual, los gastos crecen al 4,5% e ingresos caen al 1,6%. Es decir, la deuda de España no sólo es ya inasumible, está creciendo a gran velocidad y los desequilibrios estructurales también. El descontrol del gasto es absoluto: 115.000 millones más de lo que ingresaremos extrapolado a nivel año.

Pero hagamos ciencia ficción y supongamos que se decide recorte de gasto para situar la deuda en un nivel asumible, en torno al 60% del PIB en 20 años ¿Cuál sería la cuota anual? Unos 75.000 millones. Ahora súmele el sistema financiero, cuya deuda es el 109% del PIB, el doble de Francia o Alemania y el triple de EEUU, y un 165% del PIB de empresas no financieras y familias, la mayor del mundo: más de 250.000 millones. Nadie puede pagar el 25% del PIB durante 20 años, y Rajoy en lugar de explicar a Europa que España necesita urgentemente una quita, como Grecia, Irlanda o Portugal, sólo piensa en cómo conseguir más dinero de Europa para mantener el botín y el poder, pero ni tiene plan alguno ni tiene pensado tenerlo. La gestión de Rajoy es una auténtica tragedia, ha mantenido y agravado la de Zapatero, la falta de realismo, la improvisación y el caos en la toma de decisiones son ya escandalosas.

Decir, cómo hacen hoy estos insensatos y sus palmeros, que “remediar esto ya no depende de nosotros” cuando mantienen intacto un despilfarro autonómico y local de 120.000 millones de euros, cuando las medidas tomadas van todas contra el consumo y de la economía productiva, cuando la gestión de la crisis de Bankia ha sido un monumento a la incompetencia y al disparate, es un insulto inaceptable a los españoles y al resto de Europa, y lo mejor que nos puede ocurrir es que sustituyan a este Gobierno de incapaces y mentirosos por tecnócratascomo en Italia hoy o España en los 60. La solución no es el BCE, la solución no es más dinero sin control, la solución es acabar con un modelo de Estado corrupto hasta la médula que ni España ni nadie pueden seguir manteniendo.

(*) Catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid