Imputadas tres primas del Rey de España en la trama de blanqueo de Gao Ping

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados el próximo 17 de junio a 12 empresarios y tres familiares del Rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama china dirigida por el empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la rama hebrea de la organización, informaron fuentes jurídicas. 

   Entre los imputados, a los que se atribuye un delito contra la Hacienda pública y otro de cooperación para el blanqueo de capitales, se encuentran el constructor Antonio Banús Ferré, el industrial Enrique Ortega y tres parientes del monarca, María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska, su hermana María Inmaculada, y la hija de ésta, María Ilia García de Sáez.

   Banús Ferré y Ortega Cedrón han quedado estes lunes en libertad con comparecencias mensuales a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su ingreso en prisión eludible con sendas fianzas de 50.000 y 80.000 euros.

   El primero ha admitido durante su declaración, según han señalado las citadas fuentes jurídicas, que tenía cuentas en Suiza y que se acogió a la amnistía fiscal, aunque ha asegurado que no recibió dinero de los responsables de la trama desmantelada con la 'operación Emperador'. Ortega Cedrón, por su parte, se ha negado a declarar.

   El juez Andreu, que investiga estos hechos en una pieza separada del 'caso Emperador' que estaba secreta, no citará de momento a María Inmaculada y María Margarita Borbón Dos Sicilias Lubomiska porque sufren problemas de salud, aunque María Ilia García de Saéz Borbón Dos Sicilias declarará este martes ante el juez instructor.

   También han sido imputados José Velasco Meseguer y Santiago Calle Quirós, que declararán el próximo miércoles; José Antonio Fernando Gil González y Enrique Lasarte Pérez Arregui, que lo harán el jueves; y José Leandro Torrontegui y José Luis Torrontegui Fierro, que acudirá a la Audiencia Nacional el viernes.

   El lunes 17 de junio el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 interrogará a Franscisco de Borja Otero, María Mercedes Gómez Arbex, Ignacio Miguel Bernar Elorza e Inmaculada Gómez Arbex.

   La trama hebrea de la supuesta red de evasión fiscal liderada por Gao Ping blanqueaba dinero a "reputados" joyeros de la comunidad judía que estaban asentados tanto en España como en Israel, según un oficio del Cuerpo Nacional de Policía contenido en el sumario de la 'operación Emperador'.

   En las conversaciones telefónicas intervenidas a la trama se desprende que María Margarita y María Inmaculada, primas lejanas del Rey, se relacionaban con la trama a través de la empresaria María Ilia García de Sáez.

   Las actividades de la trama hebrea corrían a cargo de la rama empresarial dirigida por la ciudadana israelí Malka Mamman Levy, a la que la Fiscalía Anticorrupción considera "eje vertebrador de la organización criminal especializada en blanqueo de capitales", "nexo de unión" entre la estructura internacional y los clientes españoles, y "enlace de una serie de intermediarios de ámbito nacional dedicados al mercado del dinero negro".

   La imputada tenía una relación directa con el experto en diamantes Menachem Casif Fouzailoff, al que solía referirse con el apodo de 'Meni'. Se trata, según los fiscales del caso, Juan José Rosa y José Grinda, de "un reputado joyero y experto diamantero" que era "popular entre los miembros de la comunidad hebrea en España" y actuaba como "intermediario" para el blanqueo de capitales de joyeros asentados en el Diamond District, de Tel Aviv, el complejo más grande del mundo de producción de diamantes.

   El joyero se habría granjeado "éxito en su ramo, no sólo por su pericia y profesionalidad" sino también por su "influyente posición en un entramado criminal de origen hebreo asentado en España" dedicado al contrabando y la evasión fiscal, según un informe del Ministerio Público que obra en la causa.

   El escrito de los fiscales también destaca que Casif Fouzailoff era miembro de la bolsa de diamantes de Tel Aviv, a través de la cual realizaba "operaciones para los clientes de la organización". De esta forma, la red de Gao Ping utilizaba su posición para "la realización de transferencias internacionales destinadas a ocultar el origen y destino del capital utilizado, blanqueando su procedencia y evadiendo el control y fiscalización gubernamental".

   El joyero, que está imputado por el juez Fernando Andreu, tenía capacidad "ilimitada" para realizar transacciones internacionales. A cambio obtenía "dinero en metálico para la compra-venta fuera del mercado lícito de piedras preciosas y otros materiales valiosos", al tiempo que utilizaba a otros miembros de la organización como Malka Mamman Levy para "transportar por contrabando piedras y metales preciosos".

El juez Andreu investigará a los directivos de Bankia que diseñaron las preferentes

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión de las preferentes tras admitir a trámite una querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra cargos directivos de Caja Madrid, Bancaja y Bankia.

   Según especifica en un auto hecho público este lunes, el magistrado investigará por la presunta comisión delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas a los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García. Especifica que la admisión a trámite de la querella "no constituye aún un acto de imputación".

   No obstante, ha rechazado incluir en la investigación, como solicitaba la formación querellante, al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, por la presunta comisión por su parte de un delito de encubrimiento. Al considerar que este tipo penal "difícilmente es encuadrable" en las conductas que llevaron a cabo, respectivamente, como gobernador del Banco de España y presidente de la CNMV.

   "En el propio escrito de querella se advierte y enumeran los informes, advertencias y recomendaciones que ambos organismos fueron realizando en el ámbito de sus competencias sobre el particular que nos ocupa", señala el juez antes de añadir que "no procede" admitir la querella interpuesta contra los mismos al configurarse "ni siquiera de forma indiciaria" su participación en la comisión de los hechos investigados.

   Andreu ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción le informara el pasado 31 de mayo que el lanzamiento y la venta de preferentes no constituye delito ni se puede determinar que hubiera "un plan preconcebido" para su gestión y diseño. "Nos encontramos con un producto que en sí mismo no puede considerarse fraudulento y que, a la fecha de su comercialización, se encontraba autorizado y regulado por la CNMV", señalaba el Ministerio Fiscal en cuatro escritos presentados al juez.

   El magistrado basa su decisión, tomada contra el criterio fiscal, en que los delitos que se investigarán son competencia de la Audiencia Nacional ya que "las participaciones preferentes fueron adquiridas por una multiplicidad de personas que resultaron perjudicadas en su inversión habiendo perdido todo o parte del dinero que destinaron a la adquisión del producto".

   Indica que establecerá en la instrucción si los cinco directivos investigados tenían, antes de producir "el engaño denunciado" el propósito "de no cumplir con las condiciones anunciadas" ya fuera por su voluntad o por otro tipo de imposibilidad.

  "No se trata de que el producto financiero fuera legal, que lo era, sino que si su comercialización y negociacióm se ocultó la verdadera situación de las entidades participadas por los preferentistas y el verdadero riesgo en que se incurría al invertir en dichos productos".

   El auto recuerda que nos encontramos en la fase inicial de la investigación y que "de verificarse en fase de instrucción indicios racionales sobre la comisión de los hechos que son objeto de denuncia, no puede descartarse su relevancia penal y aún menos sin haberse efectuado un mínimo de actividad de instrucción sumarial".

   El magistrado indica que comparte con el Ministerio Fiscal que la separación en este tipo de hechos entre el ilícito penal y el civil es sólo "una delgada línea" pero precisa que "no es en absoluto descartable la existencia del primero". Al igual que Anticorrupción, considera que debe romperse el mito de acudir preferentemente a la vía penal cuando se puede obtener respuesta más eficaz ante la vía civil y contenciosa.

   No obstante, precisa que este criterio basado únicamente en la eficacia y rapidez "lo es sólo en lo que se refiere a la reparación indemnizatoria y no puede servir de excusa para crear espacios de impunidad si es que se ha cometido algún ilícito penal".

   En este sentido concreta que la tutela judicial debe amparar a quien acude a los tribunales a fin de que se investigue si en el lanzamiento de estos productos financieros pudiera haberse incurrido en delito.

   El magistrado, que incorporará la querella a la causa principal en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia como una pieza separada.

   Recuerda, además, a los perjudicados no tienen obligacion de acudir a la via penal y que tienen a su disposición las vias civil e incluso el arbitraje. "En la voluntad de los perjudicados se encuentra elegir que tipo de reparacion pretenden ejercer", dice.

   Explica también que por el hecho de incoarse un proceso penal no se limitan los derechos indemnizatorios de los posibles perjudicados sino que se les abre únicamente un camino mas para la satisfaccion de sus derechos, "sin cegarse aquellas que ya estan en su mano".

   El juez debe aún pronunciarse sobre otras tres querellas, entre ellas una presentada por el movimiento 15-M y otra de un particular qur solicita que se investigue al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa. Las denuncias también se dirigen contra "todos los consejeros y directivos de las anteriores entidades que hubieran intervenido, consciente y deliberadamente, en el diseño, implantación y comercialización de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos".

Aznar exige a Rajoy una bajada de impuestos y reducir la administración

MADRID.- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha enumerado este lunes un "profundo" programa de reformas que debe llevar a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy para "dar continuidad al proyecto nacional que formuló el PP ante los españoles". Dentro de ese "reformismo de alta intensidad", ha citado medidas como una reducción del tamaño de las administraciones públicas que ordene "eficientemente" el reparto de competencias y un sistema fiscal "al servicio del empleo y el crecimiento".

Aznar ha hecho estas consideraciones durante su intervención en el Club Siglo XXI en el marco del ciclo de conferencias organizado por el exministro Eduardo Zaplana con motivo del trigésimoquinto aniversario de la Constitución, un acto que ha contado con la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Industria, José Manuel Soria. En representación del PP ha acudido el vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano.

Entre los asistentes también se encontraban su esposa y alcaldesa de Madrid, Ana Botella; los empresarios Luis de Rivero, Fernando Fernández Tapias y Enrique Cerezo; el exportavoz del Ejecutivo Pío Cabanillas; el exsecretario de Comunicación del PSOE Fernando Moraleda; el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty; y los parlamentarios Gabriel Elorriaga, Ana Torme y Pilar Marcos, entre otros.

Alrededor de mil personas han escuchado esta conferencia de Aznar, que se produce tres semanas después de las duras críticas que él mismo lanzó en una entrevista en Antena 3 contra la gestión de Mariano Rajoy. En aquella aparición televisiva pidió bajar ya los impuestos, cumplir el programa electoral y llevar a cabo una acción política más decidida frente a la "languidez de la resignación". También dejó abierta la posibilidad de volver a primera línea de la política activa, una opción que no ven viable en su partido.

Aznar, más suave en las formas en su conferencia de hoy, ha recordado que el PP es el partido "que ha mantenido un voto más fiable incluso en las circunstancias menos favorables" y ha añadido que "la responsabilidad" con los electores y con España en las elecciones generales de 2011 es "histórica". Y por eso ha dicho que ese voto debe entenderse como "un mandato para retomar un programa de reformas tan profundo como lo requiere el contexto nacional e internacional" y para dar continuidad al proyecto nacional que formuló el PP ante los españoles y en el que los votantes se reconocieron".

Dicho esto, el expresidente del Gobierno ha dedicado el grueso de su intervención a enumerar las medidas que deben emprenderse para "revitalizar los cinco compromisos fundamentales que definieron la Transición". A su entender, hay que "renovar para actualizar los objetivos históricos de la Transición", así como "atender y encauzar la voluntad de cambio de la que está dando muestras inequívocas la sociedad española".

En primer lugar, José Maria Aznar ha pedido dejar claro que "no está abierta la discusión sobre la Nación española ni sobre su soberanía", asegurando que "cualquier acuerdo nuevo se haga para reforzar la nación y no para debilitarla".

En segundo lugar, ha apostado por "renovar y fortalecer" el funcionamiento del sistema democrático y el respeto al Estado de Derecho, ya que, según ha señalado, hay una crisis política que exige soluciones y reformas políticas. "Reformas incisivas para reforzar y modernizar la democracia representativa, no para liquidarla", ha avisado, para precisar que esas reformas significan "mucho más que el adelgazamiento del aparato público o el incremento de la eficacia administrativa".

Se trata, ha proseguido, de asegurar la división de poderes, mejorando los procedimientos democráticos, corrigiendo la fragilidad de numerosas instituciones y reformando a fondo la organización y funcionamiento de la Justicia. Es más, ha dicho que los partidos tienen que ser "el cauce de las reformas", "no su dique de contención".

Y en medio de los numerosos casos de corrupción que salpican la vida política española, ha defendido la necesidad de llevar a cabo reformas para "asegurar el cumplimiento de la ley y la honradez en la gestión de lo público". Según ha dicho, "sin ley no hay democracia" y los que dicen "apelar a la democracia para que se prescinda de la ley están amenazando gravemente los fundamentos más elementales del Estado democrático de derecho".

En tercer lugar, el expresidente ha urgido a "estabilizar definitivamente la estructura territorial", de modo que, garantizado la unidad nacional tanto como la autonomía, se "supere el vaciamiento creciente de lo común y se asegure la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos y la solidaridad de todos los españoles". En su opinión, es hora de incrementar la racionalidad organizativa y económica del modelo territorial, tanto en lo que se refiere al Estado Autonómico como a los entes locales.

Según Aznar, reducir el tamaño de las administraciones públicas, restablecer la estabilidad y el control presupuestario de todas ellas, garantizar la unidad de mercado y ordenar "eficientemente" el reparto de competencias "parece hoy indispensable" para consolidar el Estado de las Autonomías. "Y habrá que instrumentar para ellos los cambios normativos que resulten precisos", ha indicado.

Sáenz de Santamaría, que escuchaba atentamente su conferencia en primera fila, presentará antes del 30 de junio el informe sobre la reforma de las administraciones públicas del Gobierno en el que un grupo de trabajo liderado por el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, lleva trabajando desde hace varios meses.

Ante el órdago soberanista de Artur mas, ha afirmado rotundo que el esfuerzo que los españoles han realizado para alcanzar el compromiso que equilibra unidad y diversidad en el Estado Autonómico "no puede ser malbaratado por la gravísima deslealtad de algunos".

 "Y en nuestra Constitución, tanto como en la decidida voluntad de convivencia de los españoles, hay resortes suficientes para evitarlo", ha proclamado.

En cuarto lugar, Aznar ha apostado por "flexibilizar y estabilizar la economía" alegando que es "lo que necesitan las clases medias y lo que hará posible el bienestar". Y en este punto, ha pedido de nuevo una bajada de impuestos.

"Nuestro sistema fiscal no se adapta a la sociedad de hoy. Es necesario cambiarlo y ponerlo al servicio del empleo y del crecimiento, no al servicio de las administraciones. No podemos resignarnos a ser la sociedad que nuestras administraciones nos imponen. Ellas tienen que servir a la sociedad que queremos", ha aseverado.

Además, el expresidente del Gobierno ha asegurado que es "preciso" renovar el pacto social para adaptarlo a tres circunstancias que no se votan en las elecciones sino que son realidad: la unión monetaria, una economía global y una demografía y una esperanza de vida que "obligan a cambiar políticas y modelos" para hacer sostenible el Estado de Bienestar.

Finalmente, como quinto objetivo nacional Aznar ha asegurado que hay que "recobrar" la posición de España en Europa y en el mundo. "Alcanzar esos objetivos exige de todos una actitud constructiva y decidida, la actitud de no estar contra nadie sino de estar con los españoles", ha proclamado.

Durante su intervención, Aznar ha lanzado duras críticas contra el PSOE y la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero, acusando a la izquierda de no adaptarse a los cambios globales, no "anticipar" la crisis e iniciar, junto al nacionalismo, "el camino de vuelta hacia políticas de exclusión" como el Pacto de Tinell.

García-Escudero no declaró un préstamo del PP pues creía que no debía hacerlo

MADRID.- El presidente del Senado, Pío García-Escudero, admitió en su declaración judicial ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que no declaró en el Impuesto de Patrimonio los 24.000 euros que le dejó en el año 2000 su partido, el PP, porque pensó "que no había que declarar el préstamo".

   García-Escudero declaró el mes pasado en su despacho en el Senado como testigo de la pieza separada del 'caso Gürtel' en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP atribuida al extesorero Luis Bárcenas. El dirigente 'popular' admitió ante el juez haber recibido ese préstamo para rehabilitar su vivienda tras sufrir un atentado de ETA y que ascendió a 24.000 euros y no a 30.000, como se recogía en los llamados 'papeles de Bárcenas'.

   Según informa la Cadena Ser, que ha difundido la grabación de dos momentos de la declaración ante el juez, García-Escudero fue preguntado acerca de si hizo declaración de Patrimonio de aquel dinero, a lo que García-Escudero respondió que no. "Yo pensé que no había que declarar el préstamo", afirmó.

   En otro momento de su comparecencia, el presidente del Senado explicó que recibía una vez al mes los emolumentos que le pagaba el Grupo Parlamentario del PP por su trabajo en la Cámara, además de unos gastos de representación, ambos conceptos añadidos a su salario y repartidos en 14 pagas.

   Con respecto a los gatos de representación, Pío García-Escudero aseguró que "siempre eran bajos".

 "En el año 2006, ya estamos hablando en euros, serían mil euros o mil y pico euros", dice el dirigente 'popular' en el audio difundido por la Ser.

   García-Escudero fue interrogado en el Senado como testigo el pasado mes de mayo. Aseguró entonces que además de su sueldo, cobraba un total de 14 pagas de 550.000 pesetas (unos 3.400 euros) que le abonaba el grupo parlamentario y otras 14 de 150.000 (unos 900 euros) que le transfería el partido como "gastos de representación", informaron tras aquella declaración fuentes jurídicas.

   Con respecto al citado préstamo, García-Escudero explicó que las condiciones de la entrega las negoció con el entonces secretario general, Javier Arenas, y que el dinero se lo debieron de entregar el que era tesorero Álvaro Lapuerta y su número dos, Luis Bárcenas, aunque dijo no recordar con claridad los detalles de la operación.

   El dirigente 'popular' añadió que la devolución del préstamo la realizó a través de cuatro talones del Santander o del BBVA --las dos entidades en las que tenía cuentas-- que entregó en la sede del PP en la calle Génova de Madrid.

El PP alega que el alquiler del piso de Pons en 2008 es para usos de organización

MADRID.- El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, ha asegurado que el piso en el que vive el vicesecretario popular Esteban González Pons está alquilado desde el año 2008 por el PP para el "uso" y las "necesidades" que pueda tener la organización. Pero ha eludido responder sobre si es ético que el PP pague el apartamento mientras su compañero cobra la dieta por alojamiento del Congreso o el por qué el PP sigue manteniendo relaciones comerciales con una empresa que podría estar vinculada a la trama Gürtel.

   Floriano ha respondido así a las numerosas preguntas que le han dirigido hoy los periodistas en relación con el piso en el que vive González Pons. Según publica hoy el periódico digital 'eldiario.es', el citado dirigente popular vive en una vivienda alquilada a Everland SL, una empresa de la mujer del ex diputado Jesús Merino, imputado en el caso Gürtel. que cuesta 1.455 euros mensuales. No obstante, González Pons cobra las dietas por alojamiento que paga el Congreso de los Diputados a los parlamentarios de fuera de Madrid y que ascienden a 1.823 euros al mes.

   La única explicación de Carlos Floriano dio al respecto es que el PP tiene alquilado ese apartamento a efectos de que "lo pueda ocupar gente de la organización". Precisó que el piso está alquilado desde el año 2008. Y al ser preguntado si se alquiló expresamente para Pons, ya que éste accedió al cargo en la dirección del PP justo en esas fechas, insistió en que se trata de un piso alquilado por la organización, para usos de la organización y "en este momento lo usa González Pons".

 "Yo no he dicho que se alquilara para Pons, eso lo ha dicho usted y no yo", apostilló.

   Además y en su caso, ha asegurado que él no necesita usar ningún apartamento de la organización y que en el caso de Javier Arenas, desconoce la situación de éste.

   Ante la pregunta si González Pons incluye en la declaración de la renta el pago del alquiler del apartamento como renta en especie, dijo desconocerlo pero afirmó estar seguro de que su compañero de partido cumple con sus obligaciones tributarias. "Los datos fiscales los desconozco pero seguro que son correctos", apostilló.

  Pero Floriano ha eludido responder a otras preguntas como si le parece ético que su compañero tenga pagado el apartamento y a la vez siga cobrando las dietas que paga el Congreso para alojamiento de los diputados que no son de Madrid.

  Tampoco ha aclarado por qué Génova continúa teniendo relaciones comerciales con empresas presuntamente vinculadas a Gurtel, ya que la vivienda pertenece a la mujer del ex diputado Jesús Merino y al ser preguntado si es estrategia habitual del PP alquilar pisos para sus dirigentes, Carlos Floriano ha zanjado la rueda de prensa alegando que ya había respondido varias veces sobre ese asunto.

El juez Ruz imputa tres nuevos delitos a Bárcenas y su mujer

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado tres nuevos delitos al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas y a su mujer, Rosalía Iglesias, tras la declaración de la falsa marchante de arte Isabel Mackinlay, quien aseguró haber participado en la venta ficticia de cuatro cuadros con los que el matrimonio presuntamente blanqueó casi 560.000 euros.

En un auto dictado este lunes a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor imputa los delitos de falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa al matrimonio Bárcenas Iglesias y encuentra nuevos datos que refuerzan el blanqueo de capitales por el que el extesorero ya estaba imputado y que se atribuye por primera vez a su mujer.

El juez, que volverá a interrogar a Bárcenas y su esposa el próximo día 27 de junio, señala que los supuestos contratos de mediación, fechados en Madrid en noviembre de 2004 y en enero de 2006, "no reflejarían operaciones reales" sino que se habrían elaborado para "inducir a error a los órganos jurisdiccionales y obtener el archivo de la causa respecto al delito fiscal" que se imputaba a Iglesias.

Así se deduce, según el magistrado instructor, del hecho de que las fechas en las que se elaboraron los contratos fueran "presuntamente alteradas", según la declaración de Isabel Mackinlay (antes llamada Ardanaz), y se estampara una firma que ella "niega rotundamente haber realizado".

El juez también ordena en su auto, a petición del Ministerio Público, que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía elabore un informe sobre los viajes que Bárcenas realizó a Argentina desde el 1 de enero de 2006.

La testigo, que declaró por videconferencia desde Buenos Aires (Argentina) el pasado 5 de junio, admitió que recibió un total de 1.500 dólares por figurar como intermediaria en la venta de los cuadros, en una operación que llevó a cabo el presunto testaferro de Bárcenas en Argentina, Patricio Edgardo Bel, que trabajaba en la empresa La Moraleja del extesorero 'popular' Ángel Sanchís, también imputado en el 'caso Gürtel'. De igual modo, reconoció que no es marchante sino pintora y restauradora de iglesias y hojas de paño de oro.

La mujer de Bárcenas está imputada un delito de fraude fiscal que la Agencia Tributaria cuantificó en junio de 2011 en 222.112,58 euros. Los cuadros supusieron al matrimonio Bárcenas Iglesias unos ingresos de 558.196,97 euros, que ambos vincularon a la venta de una serie de cuadros adquiridos el 15 de mayo de 1987.

Según se recoge en el auto, la defensa de Bárcenas aportó el 20 de junio de 2011 los dos contratos firmados con Isabel Mackinlay junto a un escrito presentado el 29 de julio de 2011 ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que se solicitaba que la investigación por fraude fiscal se devolviera a la vía administrativa.

La Fiscalía Anticorrupción recordaba en el escrito en el que solicitó las nuevas imputaciones que a partir de estos dos contratos la defensa de Bárcenas y su mujer solicitaron el archivo de la causa en lo relativo al delito fiscal, llegando a denunciar en uno de sus últimos recursos "la ocultación torticera" por parte del Ministerio Público y la Agencia Tributaria de esa documentación.

El juez Ruz también destaca en su auto que en 2004 el matrimonio consignó en su declaración conjunta de IRPF la venta de otro lienzo adquirido en 1983 por el que habrían obtenido unos ingresos de 270.000 euros. En ese caso, la plusvalía no fue declarada a Hacienda al entender que la operación no estaba sujeta a impuestos debido a su antigüedad. Según recoge el auto, esta transacción coincide con un ingreso en efectivo de 120.000 euros en la cuenta que Iglesias tenía en Caja Madrid en ese ejercicio.

La resolución judicial también refleja que la mujer de Bárcenas no sólo conocía las cuentas en Suiza que había abierto su marido sino que tenía poderes en dos de las que gestionaba en el Dresdner Bank de Ginebra. Estos datos, según Ruz, "vienen a cuestionar la versión ofrecida" por Bárcenas, que negó el pasado 25 de febrero ante el juez que su mujer tuviera conocimiento de la existencia de esos depósitos.

Según consta en la documentación remitida al juez Ruz por las autoridades helvéticas, el banco contaba con fotocopias del pasaporte de Iglesias entre la documentación personal adjunta a los depósitos, que fueron abiertos el 15 de julio de 1994 y el 29 de enero de 2001.

El matrimonio realizó en el periodo 2000-2005 ingresos en efectivo en estas cuentas por un importe total de 3.987.772,24 euros, que, según el auto, tenían un "origen desconocido" y que los titulares trataron de justificar "aludiendo a operaciones de compra-venta de obras de arte".

El auto también pone de manifiesto que en la cuenta más antigua destacan tres ingresos de efectivo que suman un total de 204.043,61 euros mientras que en la segunda aparecen documentados 28 ingresos en efectivo por un importe total de 3.783.728, 63.

En el 'caso Gürtel' el titular del Juzgado de Instrucción número 5 investiga las supuestas actividades de la trama empresarial de Francisco Correa y los sobornos que presuntamente ofrecían a cargos públicos del PP para obtener contratos en administraciones de Madrid y la Comunidad Valenciana.

¿El Club Bilderberg y David Rockefeller contra El Corte Inglés? 1/ Francisco Poveda*

La clausura en Londres este fin de semana de las sesiones anuales del enigmático Club Bilderberg, sin conclusiones públicas sobre los temas realmente tratados y las recomendaciones finalmente hechas a los 140 escogidos invitados por quienes detentan las riendas estratégicas de la situación mundial, nos dejan sin saber sobre la certeza o no de las revelaciones previas de varios autores especializados, en el sentido de que el gran patrón David Rockefeller, anciano banquero estadounidense, quiere reducir la demanda universal de bienes y, en consecuencia, la desaparición de la clase media consumista con el objetivo de atrasar el momento de la eclosión de la energía fósil y evitar así una gran hecatombe planetaria en torno al año 2045. Si faltase energía, ¿sobraría gente?, parece que se preguntan los amos del Mundo.

Hace unos días, el nuevo primer ministro italiano Enrico Letta revelaba, para justificar la urgencia de un plan de empleo juvenil en su país, por qué las clases pudientes y menos afectadas por la crisis también estaban dejando de consumir: les preocupa el futuro de unos hijos sin trabajo a pesar de sus cualificaciones universitarias  y profesionales. Letal para la ciencia del marketing, si es que existe. Pero mucho más para el Estado-nación, que tanto parece estorbar en el diseño de un nuevo orden mundial dictado desde Londres y Nueva York por los banqueros judíos Rothschild y Rockefeller, según certeza de los conspiranoicos.

Extrapolado a España este extremo, el vértice de la construcción desde tiempos del general Franco de una amplia clase media ha sido, es y puede dejar de ser El Corte Inglés, gran templo del consumismo inducido y sostenido para y por los grandes beneficiados del desarrollo económico de la primera parte de la segunda mitad del siglo XX. Y el gran icono hoy de la España sin control presupuestario privado y público.

Hoy El Corte Inglés vive los peores momentos desde su creación en 1940. No es ajeno a los vaivenes internos por la crisis y su proceso de toma de decisiones, como el de todo gran saurio, es lenta y no ajustada al devenir continuo de acontecimientos. Como fórmula de salvación primero aprieta a proveedores y luego a empleados y hasta clientes; algo impensable hace unos años lo de restringir crédito a los titulares de sus tarjetas o enviar a factoring sus recibos emitidos ante la creciente ruina de su público objetivo.

Un modelo desarmado por la crisis

La manida 'marca España' es hoy menos El Corte Inglés que Zara. Y es que el modelo de gran almacén evolucionado desde los ejemplos norteamericanos de antes de la II Guerra Mundial y trasladado a Madrid por los asturianos Pepín Fernández y Ramón Areces, parece conocer el principio del fin de todo un ciclo de vida.

Lo primero que ha recomendado su banca acreedora para recuperar con cierta garantía el pasivo oficial de 5.000 millones de euros (El Corte Inglés sostiene, sin contraste auditor externo alguno, que sus activos en balance están por encima de los 7.450 millones) es que frene en seco la expansión sin cabeza en España y que se olvide de la ocurrencia corporativa de una fuga hacia delante en América Latina.

Porque la alocada expansión interior y lusa de El Corte Inglés en los últimos cinco años, hasta rozar los 100.000 empleados y los 15.777,75 millones declarados de facturación en 2011, no se entendía bien desde fuera por las claras manifestaciones de la crisis desde 2007 y una brutal recesión del consumo desde 2010. Aventuras erradas como las de Cartagena, El Ejido, Oporto, El Tiro, Elche... y tantas otras no se explican con una mínima aplicación de la ciencia del mercado y la posesión de una elemental información de calidad  y valor añadido para los negocios.

Lo cierto es que, dirigido por una especie de gerontocracia comercial, El Corte Inglés no demuestra gran capacidad de adaptación ni siquiera de reacción. Excepto en la más reciente oferta del supermercado, mes tras mes se muestra incapaz de taponar la gran hemorragia que le han producido Zara, Mercadona, Media Markt, Ikea, Leroy Merlin, Carrefour y la variada oferta de moda, calzado, textil y hogar en los cientos de grandes centros comerciales que han proliferado en todas las regiones españolas en los últimos 25 años.

Uno de sus lastres es que El Corte Inglés sigue resultando caro en comparación con sus competidores. Parece que no le resulta fácil ajustar sus costes estructurales y sus márgenes comerciales lo que, de entrada, le impide seducir a ese casi 30% de desempleados españoles y sus familias aparte de a un funcionariado castigado en sus nóminas por una drástica política de recortes, que asusta a los más endeudados de todos ellos pese a que la mayoría son pareja de otra/o funcionaria/o.

La desaparición, además, de la conocida como 'tarjeta del gerente' (dádiva libre de impuestos de muchas empresas a sus gestores para que, con cierto límite, sus esposas o ellos mismos pudiesen comprar en El Corte Inglés, en una especie de fidelización sobrevenida) como efecto inmediato del desastre en la cuenta de resultados de una buena parte de las medianas empresas españolas, ha restado igualmente masa crítica de clientela estable desde el año 2010.

Uno de los síntomas más preocupantes de la crisis propia de El Corte Inglés es una especie de maltrato, manifestado en privado por proveedores, a los que parece estar arrastrando en su dinámica con la consiguiente escasez de algunos productos corrientes en todos o algunos de sus más de 80 grandes almacenes en España y Portugal. Y una política, aún más extrema, de personal, con preeminencia de la retribución variable sobre la fija, más turnos sin cobrar los fines de semana por la apertura en domingos y muchos festivos desde enero de 2013.

De prestamista a prestatario

El reciente anuncio de la emisión de bonos de El Corte Inglés por valor de un millón de euros para financiar las ventas a plazos de sus tarjetas de compra, las rigideces aparecidas para la ampliación del límite de crédito de esas mismas tarjetas y una caída general de ventas en todos sus centros, estimada entre el 40-60% con base en las de 2009, lo ha convertido de prestamista de las administraciones públicas en base a su exceso de liquidez, en prestatario de los bancos y financieras para poder digerir el momento histórico más adverso de toda su existencia.

En su actual derrota hacia no se sabe bien dónde, El Corte Inglés se encuentra, además, con tres tendencias muy adversas desde el punto de vista estratégico que, de momento, no sabe o no puede conjurar y que comprometen de forma grave y severa su existencia a medio y largo plazo: 1.- Sus ventas on line son caras y con mucha competencia.- 2.- Su imagen pública percibida como corporación de su tiempo ha recibido un dardo mortal tras descubrirse, a raiz del incendio en Bangla Desh, a que precios y en qué condiciones de explotación, seguridad e higiene laboral fabrica directamente en el Tercer Mundo.- Y 3.- Las nuevas generaciones, obviamente, no suelen ser clientes declarados y los segmentos sociales más concienciados, tampoco.

(*) Periodista y profesor