El juez Elpidio Silva reclamará fortalecer la Oficina contra el Fraude si logra un escaño en el Parlamento Europeo con 'Movimiento Red'

MURCIA.- El juez Elpidio Silva, candidato por España al Parlamento Europeo, ha anunciado hoy que "la primera medida" que impulsará, en caso de lograr el escaño, será reclamar que se "fortalezca" la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF). El magistrado granadino ha cerrado en Murcia su campaña electoral de la mano del abogado regeneracionista Diego de Ramón en un acto celebrado en Zarandona.

"Tiene una dotación de escasamente 50 empleados, lo que explica el desacierto, los desmanes y el campo ancho por el que han discurrido los corruptos en este país", ha indicado el juez suspendido provisionalmente de funciones.

En ese sentido ha manifestado que "la responsabilidad política --de la Unión Europea, al no auditar las inversiones y las ayudas ejecutadas en España--, debe traducirse con una quita de la deuda española", que ha calculado "entre un 20 y un 25 por ciento".
El juez ha reiterado que el Movimiento Red, por el que se presenta a las elecciones europeas del domingo, lo hace "sin dopajes" económicos e "íntegramente ciudadano" porque "no cree en los políticos", con excepciones como "Miguel Ángel Revilla, que merecen nuestro respeto".
Elpidio Silva dijo este viernes en Murcia que su partido presentará candidatura a los comicios locales, autonómicos y legislativos venideros para luchar contra la corrupción "por la ciudadanía decente que ha hecho que España no se derrumbe antes".
El juez dijo haber elegido Murcia para el cierre de campaña por estar en una zona "especialmente castigada por el régimen y una forma de gobernar que ha arruinado España en la que se puede pasar de la riqueza al empobrecimiento por estar en malas manos".
En su opinión, "la única posibilidad de España para salir adelante es la gestión adecuada de la quita de la deuda soberana, que genera intereses de pago muy por encima de un hipotético crecimiento del producto interior bruto del país, que está de rodillas ante los mercados y que en la práctica ha perdido su soberanía", por lo que hay que luchar "decididamente contra los que la ha convertido en un corralón en manos de corruptos".
"La corrupción que empobrece y permite la compra de un país a precio de saldo", añadió, "emana de corpúsculos de alto rango que no sobrepasan las 2.000 personas".
También denunció el silenciamiento al que los medios de comunicación de masas están sometiendo a su partido, que calificó de "tongo" y "broma política y macabra de un régimen que falsea las encuestas de organismos públicos como el Centro de Investigaciones Sociológicas", cuando son la formación política "con mayor impacto en las redes sociales".
Silva ha manifestado que le consta por "un compañero militante del Movimiento Red en Murcia que con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) pasa algo similar a lo sucedido en Caja Madrid. Es el mismo proceso de promiscuidad entre lo político, entendido de una manera perversa, y la gestión bancaria, que en el caso de las cajas es la gestión del patrimonio de todos", ha asegurado.
Ha subrayado que "la reapertura judicial del caso Blesa permitirá que no se sustraiga al conocimiento de los españoles que la gestión desacertada manifiestamente de Caja Madrid pudo ser constitutiva de un delito societario cometido en régimen de organización criminal y que pudo ser la causa del rescate bancario y de la quiebra del sistema financiero español".
A su juicio, "este relato es imprescindible, porque en este relato posiblemente esté introducido el tripartito constitutivo del régimen que nos ha llevado a esta situación, puesto que es imposible en una gestión bancaria de esta naturaleza sin que, de alguna manera, no estén implicados tanto el PP como IU y el PSOE".
"Ni izquierdas ni derechas, este tipo de actividad política está detrás y hay que investigarlo muy severamente en la quiebra de Caja Madrid y, me imagino, que con las demás cajas de ahorro que han ido a la quiebra habría que hacer algo parecido", ha apuntado.
Silva ha anunciado que este mismo viernes el Movimiento Red Contra la Corrupción ha presentado ante el Banco de España la petición formal para que la entidad reguladora emita una certificación de irregularidad de la concesión del crédito de 26,6 millones de euros por parte de la entidad Caja Madrid al exjefe de la patronal y antiguo consejero, Gerardo Díaz Ferrán.
Silva ha destacado que, este reconocimiento por parte del Banco de España, a su juicio, permitirá reabrir el 'caso Blesa', después de que la Audiencia de Madrid anulara la investigación sobre este préstamo en junio de 2013, que realizó Silva.
Además, el candidato al Parlamento Europeo ha solicitado al Banco de España que certifique que "todas y cada una de las alertas" fueron "socavadas" por Caja Madrid para conceder el crédito.
A juicio de Silva, el Banco de España "sabe" y le "constan" las irregularidades y "lo sabe como poco" por la declaración del inspector que redactó esa certificación. En esta línea, sostiene que, de la mano de ese reconocimiento, se reabrirá la causa por la "clamorosa irregularidad en que incurre ese crédito" y junto con el informe de la Intervención General del Estado "acreditativo de que la gestión del Banco era como poco manifiestamente infractora de todo tipo de alertas y protocolos bancarios".
El juez ha indicado que la petición al Banco de España responde a la necesidad de que "declare que la certificación que emitió en su día, acreditativa supuestamente, de que el crédito concedido por Caja Madrid a Díaz Ferrán no reunía ninguna irregularidad es como poco una certificación manifiestamente errónea". El juez ha señalado además que hacen suyos los argumentos del sindicato Manos Limpias sobre que la quiebra de Marsans, empresa de Díaz Ferrán, "sea declarado culposa y ahí se pone de manifiesto que cuando se le presta dinero, Caja Madrid ya debería saber que la empresa de base, Air Comet, ya estaba quebrada".
Silva, que actualmente está apartado de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial, aguarda que se fije de nuevo el juicio contra él por presunta prevaricación en su investigación al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

Biografía

Elpidio José Silva (Granada, 1959) estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, donde fue el número uno de su promoción y obtuvo el premio extraordinario de licenciatura en la especialidad de Derecho Público.
Lleva veintidós años en la judicatura, desde mayo de 1991, cinco de ellos ejerciendo como magistrado-juez de instrucción en Madrid, y es experto en delitos económicos.
Ha sido  juez de Primera Instancia e Instrucción, encargado del Registro Civil, presidente de diversas Juntas Electorales, magistrado-juez de lo Penal y de Vigilancia Penitenciaria en Ceuta, además de magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas y de la Audiencia Provincial de Cuenca, así como del Jurado Provincial de Expropiación de esa provincia. Desde el año 2008 ejerce como magistrado-juez de Instrucción en Madrid capital.
Se formó en la Université Panthéon-Assas (París 2), en la Universidad de Cádiz y en la Università di Bologna (Italia).
También ejerció un mes como juez del Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, en Córcega (Francia).
Ha ejercido como profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz. Para doctorarse obtuvo una ayuda del Consejo de Europa, que le permitió realizar estudios de Derecho Comparado en Francia e Italia.
Actualmente es profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte cursos y dirige estudios de grado y postgrado sobre Derecho Penal y Criminología.
También ha sido docente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ponente y conferenciante en numerosas seminarios y congresos nacionales e internacionales.

Ha publicado dos libros de poesía en la editorial sevillana Qüásyeditorial: 'Memoria Inconjugable' (finalista del Premio Adonais) y 'Memoria del Olvido'.
Más recientemente, en 2014, ha publicado 'La justicia desahuciada. España no es país para jueces', donde realiza un análisis de la situación de la Administración de Justicia española.
Desde el 1 de abril de 2014 se encuentra en Excedencia Voluntaria en la carrera Judicial, situación administrativa que le fue concedida con motivo de su candidatura en las Elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014, bajo las siglas del partido Renovación Democrática Ciudadana (RED). Este partido fue constituido por un grupo de ciudadanos con el ánimo de luchar contra la corrupción.
Silva fue elegido mediante aprobación de actas en las que se le nombra presidente por consenso por la junta la junta de gobierno de movimiento red.
El 29 de abril se hizo público el documento oficial que figura en la web del Movimiento RED recogiendo un método basado en el esquema problema-solución-método. Este programa se presenta en las Elecciones al Parlamento Europeo de 2014.

Movimientos europeos piden frenar la Alianza Trasatlántica de Comercio

MADRID.- Movimientos sociales europeos alertaron sobre los peligros de la Alianza Transatlántica de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos que concluye hoy su quinta ronda de negociaciones. 

 Un manifiesto firmado por grupos ecologistas, asociaciones de consumidoras, organizaciones de defensa de la democracia y derechos humanos y sindicatos, asegura que si se firma, el tratado será la mayor transferencia de poder al capital en generaciones.

Los candidatos al Parlamento Europeo en las próximas elecciones deberían tomar nota y rechazar el proyecto, expresa la campaña No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones.

El acuerdo que se discute en Arlington, Estados Unidos, agrega, afectaría a la seguridad alimentaria, los derechos de privacidad y protección de datos, las normas sociales y laborales y leyes de protección ambiental.

La coalición europea denuncia también que el tratado está siendo negociado únicamente en nombre de los intereses de las grandes corporaciones, mercados financieros e industrias, a expensas de la ciudadanía.

Las organizaciones firmantes critican el proceso antidemocrático de las negociaciones, que -asegura- buscan eliminar o disminuir normas sociales, laborales y ambientales por el momento garantes de los derechos de la población y el medio ambiente.

La declaración demanda suspender las negociaciones y critica el mecanismo de solución de controversias que permite a las transnacionales demandar a los gobiernos por políticas públicas que pudieran significar un detrimento en sus beneficios económicos.

Asimismo demandan se abandone la propuesta de constituir un Consejo de Cooperación Regulatoria que daría a las corporaciones y los tecnócratas no electos poderes sin precedentes de determinar la regulación europea, estatal y local.

Perderemos leyes que protegen la salud y la seguridad en los alimentos o los productos químicos, porque el objetivo del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos es adaptar las normas en beneficio de las multinacionales, agrega el documento.

Las organizaciones alertan que el proyecto es visto como un modelo para los acuerdos comerciales en todo el mundo, por lo que socavará aún más la capacidad de los países empobrecidos para hacer frente a las grandes corporaciones.

Casi 220.000 jóvenes españoles emigraron entre 2009 y 2013, la mayoría a Reino Unido y Alemania

MADRID.- El Instituto de la Juventud de España (Injuve) cifra en más de 218.000 los jóvenes españoles que emigraron entre 2009 y 2013, la mayor parte de los cuales se ha trasladado a Reino Unido (105.000) y Alemania (25.000), países que captaron el 85 por ciento del exilio juvenil en este periodo, una salida motivada en la mayoría de los casos por la búsqueda de empleo.

   Así lo recoge en un estudio sobre la emigración de la juventud española en tiempos de crisis, que, a partir de un millar de encuestas en redes sociales, revela que desde 2007, tres de cada cinco españoles que abandonan el país tienen entre 15 y 29 años, por lo que la edad media de los emigrantes se sitúa en los 26.

   El análisis muestra que dos tercios de los jóvenes que abandonaron España lo hicieron con los estudios ya terminados, es decir, en busca de un empleo, y sin tener claro el tiempo que pasarían en el extranjero: la emigración se supedita a la mejora de la situación económica española, de la que "tienen una visión negativa".

   En este sentido, el informe concluye que el proyecto migratorio de estos jóvenes "es el resultado de un planteamiento basado en los factores de expulsión en España (push) y de atracción (pull) en el escenario internacional" y, en muchos casos, coincide con el proceso de emancipación.

   Según explica el INJUVE, los jóvenes emigrados defienden que salir del país ha sido "una buena estrategia" y, aunque en general perciben haber cumplido sus expectativas, "una buena parte de los entrevistados pensaba que iba a ganar más dinero". Con todo, "algunos tienen buenas perspectivas para encontrar otro trabajo aún mejor en un plazo de doce meses" y, en general, perciben mayor facilidad para encontrar o cambiar de empleo que los que no emigran.

   También sobre el perfil del joven que se marcha, el estudio apunta que la mayor parte viajaron con un acompañante y muy pocos tienen hijos, aunque son mayoría quienes tienen pareja. En seis de cada diez casos conocían el país de acogida previamente por actividades turísticas, mientras que el un 20% había realizado becas de estudios y el resto había pasado una temporada viviendo en él.

   Una vez allí, los emigrantes se sirven más de las conversaciones instantáneas en el ordenador que del teléfono para comunicarse con sus familiares y amigos en España, especialmente cuando se trata de hablar con la pareja (94,4%). De hecho, según la encuesta, los españoles tienen más contacto con las personas que dejaron atrás que con los extranjeros de los que se rodean: "la mayoría de los jóvenes españoles emigrados no tienen redes sociales directas con personas del país de acogida".

   En cuanto a los jóvenes que están en España, de los que el 75% tiene intención "acentuada" de emigrar en algún momento, el 67,57% señala como principal motivación las expectativas laborales, aunque el 94,4% de quienes tienen a su pareja en el extranjero han indagado sobre sus opciones de marcharse del país.